jueves, 23 de diciembre de 2021

 

CAMBIO CLIMÁTICO, INUNDACIONES, EMBALSES Y TRASVASES

Los expertos del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) aseguran que sus modelos de estudio del cambio climático predicen que, si continúa el calentamiento de la atmósfera, se dará una mayor frecuencia de fenómenos extremos como son las lluvias torrenciales causantes de inundaciones y las sequías, entre otras consecuencias.

Parecen confirmar esta teoría los episodios de inundaciones acaecidos el pasado verano en Alemania y Bélgica con graves daños personales y materiales, así como los acontecidos en los últimos años en España y los de hace unos días en Navarra, Aragón y La Rioja en donde el río Ebro ha inundado y arruinado miles de hectáreas de cultivo, por tercera vez en unos años, y, anegado cascos urbanos de diferentes localidades entre ellas Tudela y Zaragoza. También parece avalar las predicciones del IPCC el bajo nivel actual de reservas en los embalses de las cuencas hidrográficas del sur de España, especialmente en las del Guadiana y Guadalquivir, que son heraldo de una cercana sequía.

Hay otro grupo de especialistas que aseguran que estos fenómenos vienen ocurriendo hace muchos años debido a la variabilidad climática natural que se da en la Tierra a causa de cambios en la actividad del Sol.

Tengan razón unos u otros, parece necesario que haya que tomar algunas medidas para defendernos de los posibles efectos del cambio climático o de la variabilidad climática en relación con estos fenómenos extremos.

En mi opinión se debiera actuar en varios frentes. Los detallo a continuación.

Mitigar los efectos del cambio climático disminuyendo las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEIs);  laminar las avenidas abordando las obras hidráulicas de regulación necesarias y acondicionar los cursos de agua para que sus secciones hidráulicas puedan evacuar el máximo de caudal; regular mejor las cuencas de modo que podamos almacenar agua en épocas de lluvias torrenciales, para usarla en los períodos de sequía y por último estudiar posibles trasvases desde cuencas con altos excedentes a otras que son deficitarias.

Con la adopción de estas medidas de mitigación y adaptación es probable que podamos reducir los efectos del cambio climático y minimizar las consecuencias de las inundaciones por lluvias torrenciales, a la par que almacenamos y distribuimos estos excesos de lluvia para defendernos de las sequías que puedan producirse.

Además, habría que delimitar las posibles zonas inundables utilizando períodos de retorno mayores para determinar las precipitaciones de diseño, prohibiendo nuevas construcciones permanentes en estas áreas y amortizando progresivamente las que existan actualmente

Estas medidas conjuntas hay que acometerlas a la mayor brevedad. La disminución de emisiones de GEIs ya está en marcha con objetivos marcados en París y Glasgow para evitar que la temperatura se eleve más de 1,5 ºC lo que en opinión de los expertos aminoraría los efectos del cambio climático y nos situaría en un escenario más favorable. Escenarios con elevaciones de la temperatura por encima de esa cifra provocarían efectos más graves.

Para mitigar el cambio climático hay puestas en marcha un buen número de medidas que pretenden la descarbonización de la sociedad con horizontes en los años 2030 y 2050 de modo que se reduzcan las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y de otros GEIs (metano, fluorocarbonados…etc.).

Otro tipo de medidas a llevar a cabo, que serían de adaptación, es el control de las avenidas producidas por las lluvias torrenciales mediante nuevas obras de regulación, embalses bien diseñados que laminarían los efectos de aquellas y al tiempo acumularían agua para usarla en los períodos de sequía, asegurando de paso los caudales ecológicos necesarios para conseguir el buen estado de las masas de agua que propugna la Directiva Marco del Agua (DMA). En este sentido hay que mejorar la regulación de todas las cuencas en general y especialmente de aquellas cuya regulación es menos completa como son: Guadiana, Guadalquivir y las cuencas internas de Andalucía.

Se completarían las actuaciones con la ejecución de labores de limpieza y mantenimiento de los cauces de modo que su sección hidráulica se encuentre siempre expedita para evacuar el máximo de avenida posible y evitar o reducir los efectos perniciosos de la inundación.

La ejecución de estas obras hidráulicas no gusta a las organizaciones ecologistas que prefieren que los ríos discurran en su estado natural con el riesgo que esto conlleva en el control de las avenidas y en los efectos de las inundaciones.

Respecto a los trasvases que es un tema muy controvertido, parece ilógico que excesos notables de agua se viertan al mar, si puede hacerse un aprovechamiento racional de estas aguas excedentarias. Sin que ello deba suponer afecciones medioambientales ni a las cuencas cedentes ni a las desembocaduras de los ríos que cedan las aguas.

Quizá habría que retomar el trasvase del Ebro a Levante, asegurando que no hay efectos medioambientales negativos ni en la cuenca en general ni en la desembocadura y el Delta en particular. Este trasvase creo que fue derogado precipitadamente por un tema de ideología y no de racionalidad. Otra solución podría consistir en incorporar el exceso del agua del Ebro al sistema Entrepeñas – Buendía llevándolo al río Tajo a través de su afluente el río Gallo. Hay otras posibles soluciones que podrían estudiarse. Insisto que ha de tratarse siempre de aguas claramente excedentarias. No puede perjudicarse a la cuenca cedente. En ningún caso.

Todas estas medidas hay que ponerlas en marcha con prontitud. Todo menos esperar mano sobre mano que se produzca otra “dana” o gota fría que arruine la economía de miles de familias, con el riesgo de producir daños personales como ha ocurrido en otras ocasiones.

Suspenderé la publicación del blog hasta el viernes 7 de enero. Doy las gracias por su atención a los lectores y les deseo una Feliz Navidad y que el año 2022 sea excelente para todos.

 

viernes, 17 de diciembre de 2021

 

REGADÍOS EN EL CANDELERO: LA JORNADA TÉCNICA DE FENACORE

FENACORE es el acrónimo de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes. Están asociadas a ella la inmensa mayoría de comunidades de regantes de España y sus federaciones de cuenca, agrupando a miles de regantes y millones de hectáreas de riego. FENACORE es una genuina y potente representación del regadío español.

Hace unos días ha celebrado en Madrid su XX Jornada Técnica bajo el lema: El Regadío, Una respuesta a la Agenda del Gobierno.

Tuve la oportunidad de asistir a la jornada. Se apreciaba en el ambiente una gran preocupación en relación con el contenido de los planes hidrológicos actualmente en exposición pública. Esta inquietud de los regantes quedó reflejada con meridiana claridad en el discurso del presidente de FENACORE, Andrés del Campo.

En la redacción actual de los planes hidrológicos, que corresponden al tercer ciclo de planificación y que se extenderán al período 2022 – 2027, el Ministerio de Transición Ecológica y del Reto Demográfico (MITERD) sin tapujos ni disimulo alguno pone los aspectos ambientales del agua por encima de cualquier otro objetivo, dejando en un segundo orden de jerarquía un aspecto tan importante en la planificación hidrológica como es el de la satisfacción de las demandas de los usos socioeconómicos entre ellos el regadío, lo cual afecta sensiblemente a los regantes y por tanto a sus comunidades y a FENACORE.

Un segundo aspecto que preocupa es cómo quedará en su redacción final el Plan Estratégico para España que regulará la Política Agraria Común (PAC) a partir de 2023 y especialmente la trascendencia de los nuevos ecoesquemas que se introducen y que suponen un giro medioambiental más en la política agraria europea.

La mesa redonda de más interés fue, en mi opinión, la denominada: Los caudales ecológicos en la planificación hidrológica. La impartieron dos expertos de un gran nivel como son Antonio Fanlo, catedrático de la universidad de la Rioja y Luis Garrote catedrático de la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid.

Antonio Fanlo destacó los aspectos jurídicos del régimen de caudales ecológicos que fueron introducidos en España incluso antes de la promulgación de la Directiva Marco del Agua (DMA) pues ya el gobierno de Aznar en 1998 – 99 introdujo los caudales ecológicos como restricción previa a los sistemas de explotación. Este aspecto fue empeorado por el gobierno de Zapatero y Rajoy lo empeoraría todavía más.

En la actualidad estamos ante un perverso escenario que en resumen es: primero se atienden los caudales ecológicos y lo que resta lo empleamos en la satisfacción de las demandas de los usos socioeconómicos entre ellos el regadío. Todo ello sin estudio económico alguno previo que recogiera el coste de introducir con el grado excluyente de preferencia los caudales ecológicos y su afección a concesiones preexistentes.

La falta de este estudio, junto al carácter retroactivo de la aplicación podrían ser algunas de las bases para exigir indemnizaciones en caso de perjuicios a los usos socioeconómicos.

Ante esta anomalía jurídica que afecta a usos preexistentes (la mayoría de las zonas regables españolas) que son anteriores a la introducción con carácter retroactivo de la preferencia de los caudales ecológicos en la normativa española, ahora se pretende llevar a cabo una concertación “manu militari” que dada la preferencia de los caudales ecológicos puede convertirse en un chalaneo sin ninguna base jurídica ni técnica.

Del aspecto técnico se encargó Luis Garrote que nos alertó de dos cuestiones principales. Una es que la aplicación a los mismos tramos de río de métodos hidrológicos o hidrobiológicos da resultados dispares que pueden variar del orden de 5 y 25 veces. Lo cual nos da idea de que no existen métodos homogéneos y homologados para estimar o calcular los caudales ecológicos. Nos aseguró que no hay un modelo definitivo de cálculo y que los obtenidos por métodos hidrobiológicos son incompatibles con el régimen natural de los ríos.

La segunda e importante cuestión tratada fue la constatación de cómo afecta el régimen de los caudales ecológicos a la disponibilidad de agua para otros usos socioeconómicos y por tanto para los regadíos. Ya que los caudales ecológicos hay que suministrarlos desde las estructuras de regulación (embalses) que se hicieron para atender las garantías de los usos socioeconómicos.

La regulación media en régimen natural en España es del orden del 9 % de la aportación por lluvias. Gracias a la regulación artificial construida, esta regulación es del 44 % de la aportación como media nacional. Hay variaciones entre cuencas que han de tenerse en cuenta.

Pues bien, según sus cálculos y referido a la media de España (regulación del 44 % de la aportación por lluvias) si se usa como caudal ecológico el percentil del 5 % la regulación disponible bajaría al 30 %, si se usa el percentil 10 % se reduce al 27 % y si se toma el percentil del 15 % queda reducida al 25 %. Tremenda la afección a las garantías de los usos y por tanto a los regadíos que dispondrán de mucha menos agua.

El ministro de Agricultura, cerró la sesión con un extenso discurso, destacando la importancia del regadío sostenible y rentable, y dando cuenta de las cantidades del Fondo Europeo Next Generation que se destinarán a la modernización de los regadíos (563 M€) que permitirá la actuación sobre unas 100.000 ha, más las inversiones propias de su ministerio que se estiman en 410 M€ para el período (2018 – 2027). Quitó importancia a posibles problemas de la nueva PAC.

 Lo que no explicitó es en que forma su ministerio, de quien dependen los regadíos, defenderá a estos frente a decisiones de otros ministerios como el de Transición Ecológica con sus planes hidrológicos totalmente ambientalistas o el de Consumo con sus ataques indiscriminados a productos tales como el aceite de oliva, el jamón, las carnes rojas o el azúcar.

En conclusión, hay que felicitar a FENACORE por su XX Jornada Técnica y desear que este acontecimiento se repita en años próximos. Es vital para los regantes poder intercambiar impresiones en este foro.  

 

viernes, 10 de diciembre de 2021

 

REBELIÓN EN EL SECTOR AGRARIO

Hay inquietud y una gran preocupación en el sector agrario. Un sector que es estratégico para la economía nacional y vital para muchas regiones españolas, ve como de un tiempo a esta parte surgen amenazas a su supervivencia, ante la indiferencia de una sociedad mayormente urbanita que ignora qué es y qué hace el sector.

A esta sociedad que reside en la ciudad le queda muy lejos el medio rural tanto en distancia física como en empatía con él. No le da importancia. Y eso que sus mesas siempre han estado bien abastecidas gracias a unas producciones agroalimentarias que han llegado a precios razonables para estos urbanitas. Incluso en épocas tan difíciles como la pandemia.

Un conjunto de decisiones tomadas tanto en Europa como en España por unos burócratas muy ecologizados que parece que desconocen lo que es el sector agrario, y su importancia estratégica, están haciendo un apreciable daño al campo español.

Funcionarios de la UE que dictan normas sin tener en cuenta las peculiaridades de unos países como son los del arco mediterráneo europeo, con una climatología absolutamente distinta a la que existe en Centroeuropa, a los que se les exige comportamientos que a veces son de imposible cumplimiento. Es el caso de España que está ubicada en ese arco mediterráneo. Es muy grave que los dirigentes de la administración española no hayan sido capaces de explicar en Bruselas estas diferencias. Muy al contrario, aplican las normas europeas con la fe del converso.

Durante años se ha dado un marco de precios estabilizados de los productos agrarios y subidas imparables de los precios de los insumos, especialmente los habidos en los últimos tiempos con escandalosos incrementos de precios en la electricidad, los combustibles, los fertilizantes, las semillas, los fitosanitarios, el coste del agua de riego y los costes salariales entre otros. Este escenario perverso está llevando contra las cuerdas a la capacidad de pago de las explotaciones agrarias y, en consecuencia, a su rentabilidad, de modo que, a pesar de los esfuerzos llevados a cabo para modernizarse, no ven la manera de obtener unos beneficios que proporcionen un nivel de vida digno a sus titulares.

Un Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación empequeñecido y con cada vez menos competencias, que es el que debiera defender al sector agrario, aunque lo intenta y creo en la buena fe del ministro, está sometido a decisiones de otros ministerios que dictan normas que afectan gravemente al sector agrario sin que desde el departamento que lo tutela se haga nada eficaz para impedirlo.

Les pongo un par de ejemplos. Pero hay muchos más.

A un sector de importancia fundamental para la economía española como es el regadío, desde el Ministerio de Transición Ecológica, curiosamente también denominado del Reto Demográfico, lo están hundiendo con decisiones tomadas en los planes hidrológicos en donde se priorizan los aspectos ambientales del agua sobre la satisfacción de las demandas de los usos socioeconómicos entre ellos el regadío.

En España, en donde en régimen natural durante el estiaje, la mayoría de los ríos presenta un caudal que tiende a cero, se implantan en ellos caudales ecológicos durante todo el año como restricción previa a los sistemas de explotación. Un barbaridad jurídica y técnica denunciada por muchos especialistas, pero a la que hacen caso omiso desde el Ministerio de marras que más parece estar conducido por ecologistas radicales que por dirigentes imparciales.

Se aplica un principio funesto: primero se aseguran los caudales ecológicos y con el agua que sobra se atienden los usos socioeconómicos. Sólo se exceptúan los abastecimientos urbanos, cuando no haya recursos alternativos. Faltaría más.

Estos caudales ecológicos se suministran desde los embalses que se construyeron precisamente para asegurar las garantías de los usos socioeconómicos entre otros el regadío, sin que se prevean nuevas estructuras de regulación ya que nos les gustan a los ecologistas. Con lo cual se disminuyen las garantías de los regadíos sin buscar solución al problema.

Desde el Ministerio de Consumo, sin encomendarse a Dios ni al diablo, se pretende aplicar el NutriScore que contiene unos semáforos de colores para los productos agroalimentarios. El aceite de oliva y el jamón salen malparados y figuran como productos poco menos que peligrosos para la salud. Cuando forman parte de la dieta mediterránea que siempre ha sido considerada como saludable. Y desde el departamento se ataca sin piedad a las carnes rojas o al azúcar.

Ahora se va a poner en marcha una nueva ley de la cadena alimentaria en la que se asegurará un precio mínimo a los productos en origen para que al menos se cubran los costes de producción. Porque los incrementos de precios en los insumos los repercute al consumidor la distribución principalmente, sin que el sector primario pueda hacerlo en la mayor parte de los casos. Ya que no comercializa directamente.

A todo esto, se une un descontrol en las importaciones de productos agrarios extranjeros a los que no se les exige las mismas condiciones laborales, de sanidad o trazabilidad que a los españoles. Y eso es competencia desleal.

Por todas estas causas el sector agrario se rebela contra aquello que considera una flagrante injusticia. Y de ahí el notable número de manifestaciones que están teniendo lugar a lo largo y ancho de España, las cuales irán en aumento si no se toman medidas eficaces por parte de la administración.

España no puede permitirse el lujo de destruir un sector agrario que es estratégico para la sociedad y así está considerado es los países más avanzados que mantienen sectores agrarios muy potentes. Si por desgracia sucediera que España en lugar de exportar alimentos como ocurre ahora, pase a depender su alimentación de terceros países, los consumidores españoles lo pasarán mal.

Así que los ciudadanos deberían conocer mejor el sector agrario y apoyarlo. Es de un alto interés para ellos que se mantenga como un sector potente y respetado.

viernes, 3 de diciembre de 2021

 

INJUSTA SITUACIÓN DE LA SANIDAD PÚBLICA EN PLASENCIA

En una entrada de hace un tiempo en este mismo blog dábamos cuenta del lamentable estado en que se encontraba la sanidad pública en el área de salud de Plasencia.

En esta área de salud y en su hospital principal han sucedido episodios esperpénticos. Continuada falta de especialistas de diversas áreas; varios, creo que 6, quirófanos cerrados e inoperantes durante años por problemas administrativos. En fin, un cúmulo de adversidades de difícil explicación.

Es sabido que Plasencia queda muy lejos de Mérida y de los jerarcas del SES que allí moran y deciden, y que el problema viene de lejos, pero es que la situación actual de la sanidad pública en el área de salud placentina roza la desvergüenza y muestra la desigualdad existente entre extremeños en la prestación de un fundamental servicio como es la sanidad.

He examinado los datos de la Memoria de la Defensora de los Usuarios del Sistema Sanitario Público de Extremadura del año 2020 (último publicado) y lo que ocurre en el área de salud de Plasencia es sencillamente injusto a fuer de vergonzoso.

Veamos la penosa situación que viven los placentinos y los habitantes de su área de salud con datos oficiales.

Examinaremos los aspectos más importantes y decisivos para la atención a los pacientes que son las listas de espera quirúrgicas y el tiempo de espera para primera consulta con especialista.

El tiempo de espera quirúrgica en el área de salud de Plasencia es de 246,78 días el máximo de Extremadura, seguida por el área de salud de Cáceres con 228,06 días ambas muy por encima de los 180 días que se considera el máximo de espera. En el área de Mérida la capitalidad autonómica el tiempo de espera es de 81,49 días. Quiere decirse que un enfermo del área de salud de Plasencia tarda un tiempo en ser atendido 3 veces mayor que uno del área de salud de la capital autonómica.

Si examinamos la ratio número de pacientes en espera quirúrgica por 1.000 habitantes Plasencia vuelve a ocupar el primer lugar con un valor de 39,62 seguida otra vez de Cáceres con 38,88. Para la capital autonómica este valor es de 12,18. Esta ratio es 3,25 veces superior en la capital del Jerte que en Mérida.

Como dato vergonzante aquí tienen los tiempos de espera de algunas especialidades quirúrgicas en Plasencia extraídos de la Memoria que estamos analizando:

·        Hiperplasia Benigna Próstata, 855,71 días.

·        Hernia inguinal/crural, 609,98 días.

·        Sinuspilonidal, 599,22 días.

·        Túnel carpiano, 584 días.

·        Prótesis de cadera, 571 días.

En cuanto a pacientes en espera para primera consulta de especialista, Plasencia con 87 pacientes por cada 1.000 habitantes es la que presenta mayor número de enfermos en espera seguida de Don Benito-Villanueva, con 77 pacientes por cada 1.000 habitantes. Mérida presenta un valor de 20 para este índice. Esta ratio es 4,35 veces mayor en Plasencia que en Mérida.

Plasencia lidera una vez más la clasificación con 191,5 días de espera media para una primera consulta con especialista. La sigue el área de Don Benito – Villanueva con 176,53 días de espera. Ambas exceden ampliamente el período máximo de 60 días recogido en la Ley 1/2005 de tiempos de respuesta en la atención sanitaria especializada en el Sistema Sanitario Público de Extremadura. La capital autonómica presenta un valor de 38,01 días, el más bajo de Extremadura. En este aspecto un enfermo placentino tarda 5 veces más en ser atendido que uno emeritense.

Como se ve hay una absoluta desigualdad entre los tiempos de atención a los pacientes según pertenezcan a una u otra área de salud de Extremadura, siendo el caso placentino especialmente grave. Parece que a los jerarcas del SES y de la Consejería en Mérida les importa un pimiento lo que ocurre en Plasencia. No así lo que ocurre en el área de Mérida que tiene un trato privilegiado.

Creo que sería urgente que el SES lleve a cabo una serie de acciones en el área de salud de Plasencia, para revitalizar su hospital y sus centros de salud, de modo que el paciente de dicha área reciba al menos el mismo trato que la media del resto de áreas de salud extremeñas.

Es una injusticia social lo que está ocurriendo en el área placentina y han de tomarse medidas inmediatas para corregir estos despropósitos que se están padeciendo en Plasencia y su área sanitaria.

Me llama la atención la paciencia del alcalde de Plasencia y de los del área de salud consintiendo esta desigual situación de sus ciudadanos que están discriminados del resto de extremeños. Es inexplicable este grado de resignación y poca reivindicación para mejorar la situación. Deberían recordar el conocido refrán que dice: El que no llora, no mama.

Los jerarcas del SES no deberían olvidar que los pacientes del área de salud placentina pagan los mismos impuestos que los del resto de Extremadura y en consecuencia deberían recibir un tratamiento similar. Este gobierno autonómico que tanto lucha por la igualdad debería hacérselo mirar. Y actuar en consecuencia.

 

 

viernes, 26 de noviembre de 2021

 

REGADÍOS MÁS EFICIENTES

El regadío tanto en España como en Extremadura está mejorando claramente su eficiencia y su sostenibilidad.

El proceso de modernización de regadíos se inició en 1998, tanto a nivel nacional como en el ámbito autonómico con la publicación de los primeros decretos de la Junta de Extremadura de ayudas a la modernización de las redes de riego titularidad de las comunidades de regantes. También la comunidad autónoma extremeña publicó decretos que establecían auxilios económicos a los agricultores para mejora y modernización del riego en parcela. Esta normativa ha dado sus frutos y hoy día tenemos unos regadíos mucho más eficientes en el uso del agua.

En este caminar de la modernización ha sido fundamental la actuación de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA) que ha llevado a cabo las actuaciones más importantes acometidas en las grandes zonas regables nacionales y extremeñas.

Los regantes han apostado fuerte por este proceso de modernización de sus regadíos aportando cuantiosos fondos, con el objetivo de mejorar la eficiencia del riego ahorrando agua y utilizando la energía de la forma más eficaz posible.

He llevado a cabo un estudio sobre la evolución de las superficies regadas y volúmenes de agua consumidos en el regadío en el período comprendido entre los años 2002 y 2018 (no hay datos del año 2017), tiempo en el que se dispone de datos completos tanto en España como en Extremadura. He utilizado para este estudio las cifras publicadas por el INE (Instituto Nacional de Estadística) en cuanto a consumos de agua y por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en sus Encuestas sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos en España (ESYRCE) en lo que concierne a las superficies de riego.

El parámetro a analizar más revelador de cómo ha evolucionado la situación es el consumo unitario (volumen de agua utilizado por unidad de superficie de riego, expresado en m3/ha: metros cúbicos por hectárea)

Para evitar las influencias climáticas variables de un año a otro he calculado las medias de los períodos (2006 – 2010) y (2013 – 2018, sin datos en 2017) que son las que he comparado para ver la evolución experimentada en los consumos de agua.

Los resultados que, resumidos, se exponen a continuación, no dejan lugar a dudas: los regantes españoles y en mayor medida los extremeños han ahorrado agua y han introducido con preferencia métodos de riegos de alta eficiencia como es el riego por goteo.

Teniendo en cuenta el consumo total de agua y la superficie total de riego, en España se ha pasado de consumir 4.808,1 m3/ha a utilizar 4.197,1 m3/ha lo que ha supuesto un ahorro de 610,9 m3/ha que representa un 12,7 %.

En Extremadura se ha pasado de un consumo de 6.833 m3/ha a utilizar 5.954,7 m3/ha lo que supone un ahorro de 878,3 m3/ha equivalente al 12,9 %.

La conclusión a la que nos llevan estos valores del consumo unitario es que los procesos de modernización han producido importantes ahorros de agua tanto en los regadíos de España como en los de Extremadura.

En cuanto a la introducción de métodos de riego de alta eficiencia como es el riego por goteo en España en 2002 había 992.560 ha de riego por goteo que suponían el 29,59 % del total del riego y en 2018 estas cifras eran de 1.917.780 ha que equivalían al 51,79 % de la superficie total de los regadíos.

En Extremadura se ha producido un notable incremento en el uso del riego por goteo pasando de 30.543 ha equivalentes al 11,7 % que había en el año 2002 a 150.101 ha o lo que es lo mismo el 53,56 % datos del año 2018.

Como se ve tanto en España como en Extremadura se ha apostado por el riego por goteo que utiliza mucha menos agua que el riego por aspersión e infinitamente menos que el de gravedad.

Hay que subrayar el importante incremento experimentado por el riego por goteo en Extremadura que ya supera en porcentaje del total de riego 53,56 % al existente en España que es el 51,79 %.

Estas cifras tan claras nos indican que hay que seguir en la senda de la modernización, cambiando los riegos por gravedad a los métodos de aspersión o goteo y especialmente a este último método que es el que presenta una mayor eficiencia en la aplicación del agua.

Hay que subrayar que en España se riegan todavía por gravedad 908.075 ha que representan el 24.52 % del total de la superficie de riego, mientras que en Extremadura se riegan por gravedad 89.858 ha que equivalen al 32,06 % del total. Sobre estas superficies es sobre las que hay que continuar con la modernización para conseguir un regadío más sostenible tal y como piden los poderes públicos y desean los regantes.

En este proceso de mejora de la eficiencia del riego han jugado un papel importante el uso por los regantes y por sus comunidades de las nuevas tecnologías. Especialmente la utilización de datos meteorológicos de las estaciones agrometeorológicos de la red SIAR del Ministerio de Agricultura y de la REDAREX de la Junta de Extremadura, junto al uso de imágenes satelitales de Landsat, Spot o Sentinel y programas asociados para determinar los coeficientes de cultivo (Kc) así como el uso del telecontrol para los riegos. Esta forma de actuar ha permitido fijar con precisión los consumos reales de agua de los cultivos y, en consecuencia, mejorar la eficiencia del riego, lo que permite ahorrar agua y energía y mejorar la sostenibilidad de nuestros regadíos.

 

viernes, 19 de noviembre de 2021

 

¿CUÁL SERÁ EL FUTURO DEL TRASVASE TAJO - SEGURA?

El trasvase Tajo – Segura lleva en funcionamiento 42 años. Fue diseñado, proyectado y construido en su mayor parte durante la dictadura franquista, aplicando el ordeno y mando de la época.

El diseño y la justificación del trasvase presentan algunas trampas. La primera de ellas, la de mayor enjundia, consistió en que en el balance hídrico inter cuencas solamente se tuvieron en cuenta las aguas superficiales, dejando de lado las subterráneas de gran importancia en el Levante español.

La segunda trampa también de gran calado consistió en que se inflaron los datos de las aportaciones de las lluvias, no sé si por error o a sabiendas, para poder justificar un trasvase de 1.000 hm3 /año, luego reducido a un máximo de 600 hm3/año. Más tarde en 1985 sería incrementado en 50 hm3/año a trasvasar a la cuenca del Guadiana para salvar las Tablas de Daimiel, cosa que no se ha conseguido a tenor de la reducida superficie inundada en la actualidad: 65 ha. de las más de 2.000 ha inundables. ¿Qué fue del Plan Especial del Alto Guadiana y de la ingente cantidad de dinero gastado en la compra de derechos de agua?

El trasvase se proyectó con estudios hidrológicos equivocados. Se demuestra el error porque la serie hidrológica utilizada que comenzaba en 1941, a partir de 1980 ha sufrido una repentina disminución de aportaciones del 30 %. Lo que demuestra que se utilizaron datos inflados porque es prácticamente imposible que se produzca esa reducción tan drástica en las aportaciones en un corto período de tiempo.

En los 42 años de trasvase solamente se ha llegado una vez al máximo autorizado de 600 hm3/año y el trasvase medio está en el entorno de unos 320 hm3/año.

El segundo aspecto a considerar es la legalidad del trasvase. La ley del Plan Hidrológico Nacional de 2001 establece que una cuenca hidrográfica sólo puede ceder agua a otra si existen excedentes. Y en la cuenca del Tajo no hay agua excedentaria.

El Plan Hidrológico del Tajo 2015 - 2021 que se está revisando para el período 2022 - 2027 reconoce al menos cuatro sistemas de explotación deficitarios: Henares, Alberche, Tiétar y Árrago, en los cuales los usos de regadío no pueden ser atendidos con las garantías establecidas en la Instrucción de Planificación Hidrológica. Pues bien, a pesar de eso y en contra de la normativa vigente se mantiene el trasvase.

Parece disparatado que, desde el territorio de la cuenca comprendido entre la cabecera y Talavera de la Reina, el cual aporta solamente el 45 % de los recursos hídricos totales, pero que concentra el 85 % de las demandas, se trasvase un importante volumen de agua a otro ámbito de planificación hidrológica como es la cuenca del Segura.

El resultado es que en el tramo Aranjuez – Toledo – Talavera de la Reina, el río Tajo difícilmente puede mantener un caudal suficiente para conservar el curso de agua en unas condiciones ecológicas mínimamente aceptables y además transfiere a Extremadura un agua de muy baja calidad. Aquí también habría de tenerse en cuenta si la depuración en la conurbación de Madrid funciona adecuadamente.

Si se resolviera la situación de los sistemas deficitarios del Tajo, cosa que no se prevé en el borrador del nuevo Plan Hidrológico 22 – 27, podría pensarse en mantener un trasvase hacia Levante, siempre que a su vez se diera solución al problema de calidad y cantidad de agua que circula en el tramo Aranjuez, Toledo y Talavera estableciendo unos caudales ecológicos mínimos que habría que calibrar muy bien. Y asegurar también que el trasvase no afecta a los 2.700 hm3/año que hay que suministrar a Portugal por el Convenio de Albufeira. Ni condiciona los abastecimientos y usos de los núcleos de la cabecera del Tajo próximos al trasvase.

Por otra parte, habría que exigir a los usuarios levantinos disciplina en el uso del agua trasvasada. Me refiero con esto a la necesidad de clausurar los riegos ilegales que se llevaron a cabo a partir del año 1986 en que estaban prohibidos salvo casos excepcionales. Y eliminar el uso del agua para urbanizaciones y campos de golf que se han puesto en marcha sin que ese fuera el objetivo del trasvase.  

No obstante, el asunto presenta una gran complejidad, por los intereses existentes en el Levante español generados en estos 42 años de funcionamiento, que se mezclan con el inadecuado uso del agua que se hace cuando esta se aplica a riegos ilegales, que, en los planes hidrológicos del Segura se tratan de legalizar, cuando antes se estuvo mirando para otro lado y consintiendo su ejecución.

La desalación puede ser una solución complementaria al problema si se lleva a cabo un estudio racional del uso de todas las aguas: las del trasvase que previsiblemente habrá que reducir algo, lo que dependerá en gran medida de los caudales ecológicos que se fijen finalmente en el Plan Hidrológico del Tajo 22 – 27 en el eje Aranjuez – Toledo – Talavera; las subterráneas levantinas que han de utilizarse sin sobreexplotar los acuíferos y las desaladas cuyo proceso de obtención resulta ser más caro.

Aunque es comprensible la postura de Castilla la Mancha de derogar el trasvase en un cierto plazo, debería ser revisada y buscar junto con Extremadura, Madrid y las comunidades autónomas levantinas afectadas, un consenso que permita salvaguardar todos los intereses. Eso va a exigir cesiones parciales, solidaridad y generosidad por parte de todos. Y cumplir las condiciones antes enunciadas.

En las comunidades favorecidas por el trasvase debieran entender que, aunque paguen su tarifa, no se puede trasvasar un recurso como el agua, necesario para el desarrollo de una cuenca cedente deficitaria que, salvo Madrid y entorno, tiene un marcado carácter rural y unos niveles de desarrollo inferiores a los de las cuencas receptoras. No se debe desnudar un santo para vestir a otro.

 

 

viernes, 12 de noviembre de 2021

 

EL COSTE DE LOS MATERIALES Y LA OBRA PÚBLICA

La relación contractual en las obras públicas más importantes en España, tiene su base en un pliego de cláusulas administrativas, un proyecto de ejecución debidamente aprobado con su pliego de prescripciones técnicas y una oferta económica de ejecución de la obra por parte del contratista adjudicatario, completado con unas fórmulas de revisión de precios.

También se establecen penalizaciones al contratista si se rebasan el plazo de ejecución de las obras o sus prórrogas legalmente concedidas.

En este proceso contractual se aplican dos principios básicos: Uno es el llamado Pacta sunt servanda: los pactos están para cumplirlos y de ahí nacen las obligaciones de las partes: la administración y el contratista. Pero también se aplica otro principio importante de la contratación. Se trata del denominado Rebus sic stantibus. Es decir, se mantiene todo mientras permanezcan las circunstancias en las que se suscribió el contrato. Por eso se incluyen en los contratos de obras públicas más importantes las cláusulas de revisión de precios. Para adaptar el contrato a las posibles oscilaciones de precios tanto al alza como a la baja que puedan tener lugar a lo largo del tiempo de vigencia del mismo.

Si hay estabilidad de precios de los materiales a lo largo del contrato, porque la inflación está próxima a cero, las cláusulas de revisión de precios dejan de tener importancia, pues las variaciones de los precios de los materiales influyen nada o muy poco en el coste final que la obra supone para el contratista y por tanto no tendrán repercusión práctica en los beneficios que el empresario tenga previsto obtener.

Pero en una situación como la que se está dando actualmente en España en la que los precios de las materias primas más importantes que se usan en las obras públicas, como son el aluminio, el acero, el cemento, los áridos, los asfaltos y betunes, la madera, los plásticos, la energía eléctrica y los combustibles, están experimentando incrementos notables e incluso existen ciertas dificultades de aprovisionamiento de alguno de ellos, la aplicación de las cláusulas de revisión de precios en los contratos de las obras públicas adquiere una notable importancia para asegurar que el beneficio empresarial no resulta menoscabado por esas alzas desmesuradas e imprevistas en los precios.

Los contratistas están haciendo patente su preocupación por estos importantes incrementos de los precios de los materiales que les afectan negativamente porque tienen que financiar las compras anticipadas de los mismos, antes de que se le apliquen las fórmulas de revisión de precios una vez que las publique el ministerio de Hacienda. Y cuando estas elevaciones en los costes son de gran calado como las que se están dando en estos momentos, el problema se agrava mucho más.

La situación del mercado de las obras públicas ha determinado que las bajas aplicadas por los contratistas para hacerse con los contratos han sido, en general, bastante fuertes, con lo que el beneficio empresarial que está por esta razón muy ajustado, se ve sensiblemente afectado por el importante encarecimiento experimentado en el coste de los principales materiales.

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) de España estima unos aumentos de precios muy considerables que están incrementando sensiblemente el coste de las obras. El precio de la madera se ha elevado en un 120 %, el del acero en un 55 %, los plásticos PE y PVC alrededor de un 45 %, el aluminio, los productos bituminosos y la electricidad lo han hecho en un 40 %, los combustibles en un 37 % y el hormigón en un 30 %.  Estos notables incrementos en los precios de los materiales que forman parte muy importante de las obras públicas están elevando los costes para el contratista en cantidades muy significativas, que están muy por encima de los precios del proyecto que sirvió de base a la contratación y por descontado del presupuesto de adjudicación.

 Pues bien, el ministerio de Hacienda no actualiza los índices de revisión de precios desde diciembre de 2020. Esta y las anteriores circunstancias han hecho que, según la CNC, el 25 % de las obras públicas han sido paralizadas por las contratas en espera de que se dé una solución a estos problemas de precios, a su revisión y también a los de suministro de determinados materiales.

Esta situación es de especial gravedad porque el final de la misma puede suponer importantes penalizaciones para los contratistas en la forma que figuren en los pliegos de prescripciones por rebasamiento de los plazos y prórrogas autorizadas en la ejecución, o lo que todavía es peor, puede llegarse a la rescisión del contrato.

Esta última circunstancia originará unos perjuicios notables no sólo al contratista sino también a la administración. El proceso de terminación de una obra que ha sido rescindida supone para la administración un coste final que supera con creces el del presupuesto de adjudicación inicial. Además, hay que habilitar un procedimiento de rescisión y poner en marcha un nuevo expediente de adjudicación, lo que origina importantes retrasos en la puesta en servicio de las obras.

viernes, 5 de noviembre de 2021

 

EXTREMADURA EN LA CUMBRE HISPANO - PORTUGUESA DE TRUJILLO

Hace unos días se ha celebrado en Trujillo la XXXII cumbre hispano – portuguesa en versión española, luso – española para los portugueses. Se trata de una reunión de alto nivel que congrega a los presidentes de gobierno de ambos países en esta ocasión Pedro Sánchez y António Costa, y a los titulares de diferentes departamentos ministeriales de las administraciones española y portuguesa.

Como acuerdo más importante de la misma se ha complementado el Tratado de Amistad y Cooperación que suscribiera en 1977 en nombre de España el presidente Adolfo Suárez, para adaptarlo a las nuevas circunstancias.

Para Extremadura, esta cumbre era una ocasión de oro para introducir en los acuerdos bilaterales que se toman alguna actuación relevante que afecte a la región.

Los acuerdos tomados más importantes que afectan a Extremadura positivamente se han referido al estatuto del trabajador transfronterizo y a temas de energías renovables, baterías y coches eléctricos con especial relevancia del Centro Nacional de Investigación y Almacenamiento de Energía de Cáceres que tiene prevista una inversión de 70 Millones de euros que ya estaba comprometida por el gobierno de España.

Entre los acuerdos sobre infraestructuras se ha firmado un Memorándum de entendimiento en la materia y se recogen algunos acuerdos que transcribo de la información facilitada por la Moncloa:

“A título de ejemplo, los ministros han compartido que ya está en redacción el estudio informativo del proyecto de la salida Sur de Vigo, que en este trimestre se pondrá en servicio el tramo de carretera que conecta Fuentes de Oñoro y Vilar Formoso, que el avance de las actuaciones ferroviarias en el eje Lisboa - Madrid permitirá una disminución del tiempo de recorrido del 40% a corto plazo o que en junio terminaron las obras de rehabilitación del Puente Internacional sobre el Río Guadiana entre Ayamonte y Vila Real de Santo Antonio.

Además, han adoptado dos acuerdos que recogen el compromiso de ambos países con el objetivo de conseguir una mayor sostenibilidad y digitalización del transporte.”

De su lectura deduzco algunas consecuencias que no son nada favorables para Extremadura.

La primera es que el AVE Madrid - Lisboa no pasará por Extremadura. Puede afirmarse esto porque lo que se está construyendo entre Plasencia y Badajoz no puede calificarse de un AVE como puedan ser las líneas Madrid – Sevilla o Madrid – Barcelona que es lo que habría que exigir a un AVE que una las dos capitales ibéricas. Este tren que tanto tiempo está costando construir en Extremadura no será el AVE Madrid – Lisboa. Será otra cosa. El tramo en construcción entra Badajoz y la capital del Jerte no está dotado del ancho internacional, ni siquiera está hoy día duplicado entre Montijo y Badajoz. Así que como nos temíamos el AVE de verdad trascurrirá con alta probabilidad por Salamanca y ya en Portugal se bifurcará en dos ramales uno a Oporto y otro a Lisboa.

Aquí en Extremadura se sigue distrayendo al personal por parte de unos y otros sobre si lo que se está construyendo es AVE, AVE, pero menos, tren de altas prestaciones o tren digno y mareando la perdiz con fechas y más fechas, que nunca se cumplen. Para al final, allá por 2030 en que parece que llegará a Madrid, dotarnos de un tren que indiscutiblemente será mejor que la desgracia de la que disfrutamos, faltaría más, pero no será el AVE entre Madrid y Lisboa.

Manifestaciones del presidente portugués Antonio Costa sobre la construcción para mercancías y pasajeros del tramo entre Évora y Badajoz parecen corroborar lo anterior. El primer ministro portugués habla de alta velocidad (250 km/h máximo) pero no del AVE que todos conocemos en España. Con lo cual se refuerza la tesis de que el AVE entre Madrid y Lisboa que sólo tiene justificación con la unión de ambas capitales europeas no circulará por Extremadura. A Portugal por ahora le interesa más reforzar el transporte de mercancías hasta el puerto de Sines.

Otra cuestión preocupante es que en el Memorándum no se dice nada concreto sobre la continuidad de la autovía autonómica EX – A1, desde Moraleja Oeste hasta la frontera portuguesa en Monfortinho y su enlace desde allí por autovía, con la A – 23 lusa en Castelo Branco. Solamente en el apartado 42 del documento de declaración conjunta de la cumbre, se hace una referencia muy difusa a esta iniciativa.

Esta autovía nace de la A5 en Navalmoral de la Mata, y es fundamental para el norte de Extremadura, ya que une las cuatro ciudades de más población (Navalmoral, Plasencia, en donde enlaza y cruza con la A66 Vía de la Plata, Coria y Moraleja). Es una infraestructura que completada hasta la A 23 portuguesa favorecería a muchos sectores como la agricultura y la ganadería, la industria agroalimentaria, nuevas industrias que puedan instalarse relacionadas con las nuevas tecnologías y el turismo, siendo el trayecto más corto por carretera entre Madrid y Lisboa. Aspecto muy importante porque conllevaría una sensible disminución de emisiones de CO2 en unos tiempos en que hay que buscar fórmulas que mitiguen el cambio climático. Asimismo, traería consigo un importante ahorro de combustible y de tiempo para quienes opten por utilizar esta vía.

Concluyo en que una vez más Extremadura no ha salido nada bien parada de esta cumbre hispano – portuguesa en materia de infraestructuras de transporte. Otra oportunidad perdida. Y van….

 

viernes, 29 de octubre de 2021

 

SINE AGRICULTURA NIHIL

Sin agricultura nada. Ya sentenció Cicerón (106 – 43 a.C.), hace más de 2.000 años, que “la agricultura es la profesión propia del sabio, la más adecuada al sencillo, y la ocupación más digna para todo hombre libre”.

Agricultores y ganaderos a lo largo de los siglos han sido respetuosos con el medio ambiente, por una razón elemental: este es su sustento y su negocio. Por eso el sector agrario que agrupa a las dos actividades más importantes del sector primario ha realizado una explotación sostenible de los recursos naturales. Este modo de actuar ha permitido a los movimientos ecologistas y a los gobiernos por ellos abducidos, poder introducir “a posteriori” figuras de protección territorial que en muchos casos son innecesarias y en algunos otros contraproducentes.

Los urbanitas de las grandes ciudades, que son uno de los grupos que más contribuyen a la contaminación ambiental, tratan de imponer sus tesis ecologistas al medio rural en el que todavía viven, ya veremos por cuanto tiempo, los agricultores y ganaderos. Sin, en muchos casos, conocer la realidad de este medio. Que cada vez tiene menos peso poblacional y político pero que es estratégico ya que el trabajo de sus habitantes junto con la industria agroalimentaria, asegura la alimentación de la población. Por eso Sine Agricultura Nihil.  

Un ecologismo radical y en muchos casos sin fundamento científico alguno, se extiende por las administraciones, comenzando por la de la UE. Unos urbanitas con pocos conocimientos de lo que es el medio rural, a tenor de las decisiones que toman, están llevando a la agricultura y la ganadería con el trampantojo de la concesión de subvenciones, a una reducción de producción - hay autores que a nivel de la UE la estiman en un 15% con las nuevas normativas y con las que se avizoran - sin tener en cuenta que los ciudadanos de estos países han de ser alimentados, cuestión fundamental para la vida. También hay que considerar que con sus exportaciones el sector agrario europeo contribuye a la alimentación del resto del mundo. En donde, hoy día, 2.000 millones de personas tienen dificultades para acceder a una alimentación suficiente.

Las nuevas disposiciones como la Directiva Marco del Agua (DMA) promulgada el año 2000, la PAC que se aplicará en su nueva versión a partir de 2023 y el Nuevo Acuerdo Verde Europeo (Estrategia de la granja a la mesa) muestran una componente ambientalista, la cual pretende la reducción de producciones y en consecuencia una agricultura y ganadería cuyos rendimientos serán insuficientes para alimentar a los ciudadanos europeos, y , como consecuencia, elevarán el coste alimentario para los consumidores al reducirse la oferta local y tener que depender de países terceros.

Estas disposiciones y la transposición a los ordenamientos jurídicos de los estados miembros están generando continuas trabas a una agricultura y ganadería que están tratando de ser cada día más sostenibles. Se están aplicando desde hace un tiempo en las explotaciones e industrias las nuevas tecnologías con el objetivo de mitigar los efectos del cambio climático, aumentar la eficiencia en el uso del agua en los regadíos, racionalizar la aplicación de fertilizantes o de fitosanitarios y digitalizar los procesos productivos e industriales. Todo ello para conseguir más producciones con menos insumos y menos tierra utilizada. Muy pocos ciudadanos y menos los burócratas, agradecen ese esfuerzo innovador.

A los dirigentes y funcionarios de la UE no les parece suficiente. Tratan de que se reduzcan las producciones y no de mejorar la gestión para seguir alimentando a la población a precios razonables. Ellos entienden por sostenible que no se produzca o se reduzca la producción. De ahí, por ejemplo, los nuevos ecoesquemas de la PAC, cuya sibilina filosofía es la de: te doy subvenciones para que produzcas menos.

A la crisis energética que actualmente padecemos por la dependencia exterior, especialmente grave en España, es casi seguro que si se transita por este camino ambientalista seguirá una crisis de alimentos. Los problemas de abastecimiento en los supermercados del Reino Unido con su Brexit y su dependencia alimentaria exterior, pueden ser un adelanto y ejemplo del problema que casi seguro se producirá en el resto de la UE si seguimos el camino trazado.

Olvidan que, en el año 2050, según estimaciones de la ONU, la población del planeta estará muy cercana a los 10.000 Millones de habitantes. A los cuáles hay que alimentar adecuadamente. Y para hacer sostenible el proceso estos alimentos habrá que obtenerlos con menos agua y probablemente con menos tierra cultivada. Lo que exigirá un esfuerzo adicional del sector agrario que tendrá que incrementar su eficiencia y su productividad. Estoy seguro que la agricultura y la ganadería superarán este reto como han hecho otras veces.

Pero no se conseguirá, al menos en la UE, si se le siguen poniendo trabas y más trabas en la normativa que se dicta y que cada vez supone más restricciones y cortapisas al desarrollo del sector. Sería más conveniente dedicar recursos para la introducción de las nuevas tecnologías y la digitalización del agro, para la investigación en la obtención de nuevas variedades más resistentes a las enfermedades y con menos necesidades hídricas, a investigar nuevas variantes de alimentos para la ganadería y a la obtención de nuevos tipos de fertilizantes y biofertilizantes que permitan una mejor sostenibilidad obteniendo mayores y mejores producciones.

Deberían reflexionar y no olvidar nunca que: Sine Agricultura Nihil.

viernes, 22 de octubre de 2021

 

PREOCUPANTE SITUACIÓN HIDROLÓGICA PARA LOS REGADÍOS EN EXTREMADURA

Como es sabido el 30 de septiembre pasado ha concluido el año hidrológico 2020 – 2021, comenzando uno nuevo el día 1 de octubre.

La situación de los embalses extremeños de las cuencas hidrográficas del Tajo y del Guadiana podemos calificarla de preocupante al final del año hidrológico que ha terminado. El nivel de recursos hídricos almacenados en los embalses de riego se ha reducido. Sobre todo, en los embalses de la cuenca del Guadiana, pero también en los del Tajo.

Los embalses principales de riego de la cuenca del Guadiana en Extremadura (Alange, Cíjara, García de Sola, Orellana, La Serena, Sierra Brava y Zújar) a fecha 11 de octubre de 2021, acumulan una reserva de 1.532,28 hm3, 404,22 hm3 menos que en la misma fecha del año anterior.

Los de la cuenca del Tajo (Baños, Borbollón, Gabriel y Galán, Rivera de Gata, Rosarito y Valdecañas) mantienen almacenados 824,15 hm3, 339,02 hm3 menos que hace un año.

Estamos ante una situación que podemos calificar de complicada, en relación con la disponibilidad de recursos hídricos para la próxima campaña de riegos. Si no llueve en cantidades significativas en otoño, invierno y principios de la primavera, del orden de la precipitación media regional, estaremos ante posibles restricciones en zonas regables de ambas cuencas en la próxima campaña de riegos del año 2022.

A fecha 1 de octubre de 2021, el inicio del año hidrológico 21 – 22, en la cuenca del Guadiana sólo existe en situación de sequía prolongada una unidad la UTS (Unidad Territorial de Sequía) 09 Guadiana Medio que se encuentra en Castilla la Mancha. En Extremadura no hay ninguna UTS en situación de un escenario de sequía prolongada.

La cosa es muy distinta si se contempla la escasez que es la situación en la que los usos socioeconómicos del agua (uno de ellos es el regadío) pueden verse afectados. Hay cuatro grados del Índice de Escasez: Normalidad, Prealerta, Alerta y Emergencia. Pues bien, en Alerta se encuentran el Sistema General y Alange – Barros. Y en Prealerta están Alto Zújar, Molinos – Zafra – Llerena y Villar del Rey. El resto se encuentra en situación de normalidad.

Respecto a la cuenca del Tajo y en cuanto al Índice de Sequía Prolongada todos los sistemas de la cuenca están en normalidad.

En lo que se refiere a la escasez se encuentran en situación de Alerta tres sistemas que afectan a Extremadura: Bajo Tajo, Riegos del Árrago y el abastecimiento de aguas a Trujillo.

De todas estas consideraciones podemos deducir que en lo que respecta al regadío nos encontramos con menos recursos almacenados al inicio del año hidrológico que los que había el año anterior y que la perspectiva de riego en la próxima campaña es la de que habrá restricciones.

Y esto lleva a que haya que empezar a tomar algunas cautelas por si la pluviometría no es favorable y hay que reducir las superficies o dotaciones de riego en las diferentes zonas regables de ambas cuencas.

En la del Guadiana las posibles reducciones afectarán a la totalidad de las zonas regables. El tipo de regulación que existe en esta cuenca y la interconexión de sistemas propiciarán en gran medida que la reducción pueda repartirse equitativamente entre todas las zonas. Hay sistemas locales que tendrán que asumir ellos solos la reducción ya que dependen directamente de un embalse como Piedra Aguda, Brovales – Valuengo o Zalamea de la Serena (Docenario).

En el Tajo la cuestión es distinta al serlo el sistema de regulación. Los principales embalses de riego no se encuentran en el curso principal del río sino en sus afluentes (Tiétar, Alagón o Árrago) y además no existe interconexión entre los sistemas como ocurre en el Guadiana. Por esta causa las reducciones afectarán principalmente a los sistemas que son tradicionalmente deficitarios: Tiétar y Árrago y menos a los que no lo son como es el sistema Alagón.

Así que los regantes han de estar preparados para posibles reducciones en las dotaciones de riego si de aquí a últimos de marzo no llueve lo suficiente. Las Comunidades de Regantes han de estar ojo avizor sobre la evolución de recursos hídricos disponibles, para elevar propuestas a las comisiones de desembalse de las confederaciones que son las que han de regular las actuaciones y fijar dotaciones si existen restricciones.

Y, por otra parte, dar cuenta a los regantes de los volúmenes de agua para riego disponibles en cuanto se tenga conocimiento de ellos, para que estos puedan llevar a cabo las reducciones de siembra que correspondan y no generar gastos improductivos e innecesarios.

En estas circunstancias de bajos niveles de disponibilidad de agua es cuando se verá la negativa influencia de mantener unos caudales ecológicos artificiales, los cuales no corresponden con el régimen natural de los ríos, que pueden estar afectando negativamente a las garantías de los regadíos. Y, exigir que se reduzcan al mínimo previsto para situaciones de sequía. O, en su caso, que se anulen.

viernes, 15 de octubre de 2021

 

IV FORO DEL REGADÍO DE EXTREMADURA

Organizado por la Secretaría General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura se ha celebrado, hace unos días, en Cáceres, el IV Foro del Regadío de Extremadura, que ha contado con un elevado número de participantes. Regantes y directivos de sus comunidades, empresarios y técnicos de empresas constructoras y consultoras relacionadas con el sector, directivos y técnicos de las administraciones y empresas públicas, en fin, el mundo del regadío extremeño, se ha dado cita en este evento, en el transcurso del cual se ha analizado la situación actual del regadío y las líneas maestras por las que ha de transitar en el futuro.

Las ponencias se iniciaron con una conferencia magistral de Manuel Pimentel, ingeniero agrónomo, que fuera ministro de Trabajo de España, que versó sobre “La agricultura y el regadío en la sociedad digital”.

A lo largo de su exposición destacó por un lado la importancia del regadío como elemento suministrador de alimentos para la población y por tanto un sector estratégico en la economía nacional. Y más teniendo en cuenta los desajustes que en la actualidad se están produciendo en el proceso de globalización mundial en relación con los alimentos y otras materias primas. También resaltó la necesidad imperiosa de proceder a la digitalización del regadío lo que ha de traducirse tanto en el uso de sistemas de control del riego basados en las nuevas tecnologías, como en cambiar la mentalidad de los regantes para asumir y comprender esta digitalización necesaria para conseguir un regadío eficiente en el uso del agua y además sostenible en relación con el medio ambiente.

La conferencia de Manuel Pimentel fue relevante en mi opinión porque marca dos cuestiones fundamentales: la primera la necesidad de considerar al sector agrario y dentro de él al regadío como un sector estratégico para España indispensable para asegurar nuestra alimentación. No tengo tan claro que el gobierno nacional siga esta línea de potenciar el sector si tenemos en cuenta recientes disposiciones adoptadas que no le benefician en absoluto. Ya traté en este blog el tema a raíz de la reciente normativa sobre el lobo y la deriva ambiental que están tomando los planes hidrológicos.

También apostó por la digitalización que ha de introducirse en el regadío si queremos optar a unos regadíos, rentables, eficientes y sostenibles. Como él recalcó los regantes han de cambiar su mentalidad para entrar en la era digital que les permitirá obtener más y mejores producciones con previsibles aumentos de precios, ahorrar costes y mejorar la rentabilidad de sus explotaciones.

En este sentido ha de destacarse la importancia que desde siempre ha otorgado la Junta de Extremadura a nuestros regadíos. Por una parte, facilitando a los regantes su modernización a través de los decretos de ayudas que funcionan desde 1998 y por otra promoviendo nuevos regadíos como los de Monterrubio, Barros o Arroyo del Campo como elemento de generación de rentas, empleo y fijación de la población en el territorio.

Otra ponencia de gran interés fue la desarrollada por Manuel Mejías, secretario general de Población y Desarrollo Rural. En ella dio cuenta del contenido de un proyecto de decreto de la Junta de Extremadura que se publicará en breve plazo, cuyo fin es el de ordenar la instalación de elementos de energías renovables en las zonas regables definiendo aquellos que son compatibles o complementarios con el uso de regadío, que se considera como uso prioritario.

Desde el Club Senior de Extremadura en mayo de 2021 en nuestro comentario semanal de los viernes en Canal Extremadura Radio, ya advertíamos sobre la necesidad de evitar que en los regadíos se ubicasen sin control instalaciones de producción de energías renovables que, durante su período de explotación generan un reducido empleo unas 0,05 UTA / ha, frente a las 0,15 UTA /ha que genera el regadío, aparte de los empleos indirectos que este último produce en sectores conexos.

Así que la promulgación de este decreto lo consideramos un acierto ya que regulará con claridad lo que puede permitirse y lo que no en nuestras zonas regables tanto de interés nacional, como general de la nación o de interés de la comunidad autónoma, en relación con la instalación de energías renovables en las mismas.

El resto de ponencias fueron impartidas por expertos de alta cualificación y especialistas en sus temas. José Ángel Hernández, subdirector de Obras de SEIASA, excelente técnico y buen conocedor del regadío de Extremadura, explicó las actuaciones exitosas llevadas a cabo en materia de modernización en la zona regable de Orellana, sobre más de 40.000 ha.

Francisco Rodríguez Mulero, presidente de SEIASA expuso las actuaciones en materia de modernización de regadíos, que acogidas al Plan de Recuperación, Resiliencia y Transformación, podrán tener lugar en Extremadura.

Por último, se dio a conocer la situación y características del Proyecto de Transformación en regadío de Tierra de Barros, el proyecto más importante de nuevos regadíos en Extremadura con 15.000 ha, cuyos trabajos son dirigidos desde el Servicio de Regadíos por Julián Gutiérrez Sánchez, jefe de Sección en el mismo y destacado técnico en la materia.

En resumen, el IV Foro del Regadío de Extremadura constituyó un notable éxito tanto por el alto número de participantes, como por la calidad de los ponentes y por la excelente organización del evento.

Es muy conveniente para el regadío extremeño que la Consejería de Agricultura siga promoviendo nuevas ediciones de este foro.

viernes, 8 de octubre de 2021

 

EXTREMADURA ANTE LA NUEVA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Se acerca una revisión del modelo de financiación autonómica y las distintas comunidades autónomas se aprestan a exhibir sus características diferenciales para obtener la máxima tajada posible del nuevo mecanismo que sustituirá al que se implantó en 2009.

El nuevo modelo nace envilecido por dos situaciones excepcionales, una que ya existía y otra de nuevo cuño. Su influencia en el proceso de revisión de la financiación autonómica será difícil de soslayar. La primera es la especial fiscalidad del País Vasco y Navarra que con sus foros y sus fueros gozan de privilegios que incluso están amparados por la Constitución.

La segunda es el chantaje de los separatistas catalanes por el “procés” que, con su amenaza continuada de salirse de España, procurarán mientras intentan conseguirlo, sacar la mayor tajada posible, negociando de manera unilateral con el gobierno central y presionándolo ya que necesita de sus votos para mantenerse en el poder.

Con estos importantes recelos iniciales, la financiación autonómica debería llevar a cabo una serie de acciones previas antes de tomar forma definitiva. Como primer paso ha de procederse a la nivelación de servicios entre todas las comunidades autónomas, habilitando los fondos especiales necesarios para conseguirlo. Si no se hace así Extremadura, junto con otras regiones de parecidas características, partirían desde atrás en este proceso de financiación.

Los fondos especiales de nivelación de servicios habrían de lograr una cierta igualdad previa en cuestiones como la sanidad, la educación o las infraestructuras generales (carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, telecomunicaciones, agua...etc.). Esto traería consigo la necesidad de llevar a cabo una valoración y aporte previo de dichos fondos especiales para estas regiones de modo que todas las comunidades autónomas salieran aproximadamente del mismo punto de partida en el nuevo mecanismo de financiación.

Sería una compensación por el hecho de que la historia trató de manera desigual a unas y otras comunidades autónomas, haciendo perdedoras a las regiones pobres, incluso de una buena parte de su población que pasó a engrosar la de las regiones privilegiadas por los distintos regímenes gobernantes en España, que siempre fueron las mismas. 

Una vez establecidos estos fondos de nivelación inicial, que podrían repartirse en varios ejercicios, habría que diseñar el nuevo mecanismo de financiación que debería ser justo, equitativo y solidario y tener en cuenta un abanico de variables y no sólo el número de habitantes.

La población se revela como una variable de gran importancia, pero no puede ser considerada la única. Si se hace así se beneficiaría a las regiones muy pobladas, generalmente las más ricas, en perjuicio de las regiones menos pobladas, que suelen ser las de menor renta per cápita disponible. Y esto llevaría a incrementar la divergencia y la desigualdad entre unas y otras. La España vaciada o en proceso de vaciamiento se vería sensiblemente perjudicada y se aceleraría su despoblamiento.

Por tanto, además de la población, la financiación habría de tener en cuenta aspectos de gran importancia tales como la densidad de la misma, la dispersión en el territorio, el número de municipios, la insularidad, la tasa de desempleo y el nivel de renta disponible.

Fijando la financiación autonómica en base a este conjunto de variables, podría llegarse a una cierta igualdad entre las comunidades autónomas. Y sería una manera de que no se acrecentasen las diferencias entre unas y otras, evitando que haya españoles de primera y de segunda división.

La propuesta anterior no será fácil de llevar a cabo. Primero por su complejidad, aunque esto sería superable y merecería la pena hacer el esfuerzo y en segundo término porque las regiones con más población intentarán imponer el criterio del número de habitantes o algo próximo a él, que les beneficia.

La solidaridad queda muy bien en los discursos y manifestaciones grandilocuentes de los políticos, pero hay mucha resistencia de las regiones pudientes a ceder algo a las más necesitadas para intentar un equilibrio y que se produzca una mínima convergencia.

Y no digamos la deriva que tomará el nuevo modelo de financiación ante las presiones que sobre el gobierno ejercerán vascos y navarros con sus fueros y ventajas fiscales y el chantaje permanente catalán al que el gobierno cederá con alta probabilidad.

Me temo que Extremadura volverá a salir perjudicada ya que a las regiones ricas y privilegiadas les interesa aplicar el criterio de población de modo casi exclusivo y nos venderán la idea de que las comunidades autónomas menos pobladas ya reciben financiación “per cápita” superior a las más pobladas exhibiendo estas cifras. Una falacia que nunca conseguirá una mínima convergencia entre regiones ricas y pobres.

Con el modelo actual de media en 2019, cada región española recibió 2.833 euros por habitante. Extremadura (3.086 euros por habitante) podría parecer que sale beneficiada, pero no se tienen en cuenta la superficie, dispersión y características de la región, con lo que en realidad sale perjudicada.

Si no hay solidaridad y no se aplican criterios distintos a la población se mantendrá o aumentará la desigualdad interregional, como ocurre en la actualidad.

 

viernes, 1 de octubre de 2021

 

SECTOR AGRARIO: ¿SE LE CONSIDERA UN SECTOR ESTRATÉGICO EN ESPAÑA?

En los momentos más difíciles de la pandemia, y especialmente durante el período de confinamiento, el sector agrario en el que considero incluida a la industria agroalimentaria, con su eficiente trabajo ha demostrado su capacidad para asegurar los alimentos necesarios a la población española. Prácticamente no hubo problema de falta de suministros y los ciudadanos no notamos desde ese punto de vista los efectos de la pandemia.

En los países punteros en el mundo, el sector agrario es considerado como un sector estratégico porque asegura una de las necesidades básicas de la población: su alimentación. Al sector agroalimentario en países de primer nivel económico como Estados Unidos, Francia o Alemania se le considera como un sector prioritario y estratégico ya que evita la dependencia de países terceros de un aspecto tan importante como es el abastecimiento alimentario. Igual que ocurre con sectores como el energético, el químico o el sanitario en el que estos países reducen al máximo la dependencia del exterior. En lo referente al sector agrario esta manera de proceder además de la cantidad de alimentos, asegura la calidad alimentaria y el control de precios al no depender de terceros.

En España si se atiende a las manifestaciones de nuestros gobernantes, da la impresión de que para ellos el sector agrario sí que es un sector estratégico y se les llena la boca, sobre todo cuando van de visita a zonas rurales, de alabanzas al sector y al personal que forma parte del mismo destacando su laboriosidad e importancia estratégica.

En contraposición a estas grandilocuentes declaraciones la realidad es que nuestro gobierno es especialmente beligerante contra el sector agrario, ya que ha abrazado por ideología un ecologismo muy primario que se ha puesto de moda y del que se declara seguidor.

Actuaciones del ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico - que ha jibarizado y reducido a la mínima expresión al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que es quien realmente debía de ocuparse del sector agroalimentario y del medio rural - al que se le han otorgado las competencias en demografía rural y poblamiento, biodiversidad, agua, e incluso del sector forestal que es parte indisoluble del sector agrario, está tomando una serie de decisiones que perjudican sensiblemente a agricultores y ganaderos.

Se ve favorecida su estrategia por la apuesta por lo verde que hacen los burócratas de la UE y que se traslada a disposiciones como el Nuevo Acuerdo Verde Europeo (Green New Deal Europe) o la PAC. A este verdor nos hemos apuntado desde España con furibundo entusiasmo del converso, sin proponer una transición en calma para conseguir un sector agrario más sostenible, pero sin perjudicarle en el camino que ha de recorrer.

Voy a poner dos ejemplos, aunque hay muchos más, de estas actuaciones gubernamentales que están perjudicando sensiblemente al sector agrario y al medio rural.

La reciente disposición de protección del lobo que impide su caza, es un palo a la ganadería extensiva, precisamente la más ecológica. Muchas explotaciones verán impotentes como el lobo ataca a sus ganados, sin que los titulares reciban una indemnización rápida que cubra la totalidad de los daños producidos y asegure la inmediata reposición de las bajas que se produzcan en los rebaños.

Esta norma se ha promulgado en contra de la opinión de varias comunidades autónomas, como Galicia, Cantabria, Asturias, Andalucía, Castilla y León, Madrid y Murcia, así como de todas las asociaciones que agrupan a ganaderos. Ha bastado la presión ecologista para modificar la norma existente que ya protegía al lobo. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de quien depende la ganadería en España, se doblega a las disposiciones del Ministerio de Transición Ecológica, aunque dice estar del lado de los ganaderos. Ya me contarán.

Confiemos en que los recursos contencioso - administrativo anunciados por algunas comunidades autónomas y asociaciones de ganaderos den su fruto. Una cosa es proteger al lobo y otra arruinar a los ganaderos. Aquí no tenemos término medio.

Otro ejemplo es la persecución contra los regadíos y los regantes, que subyace en la nueva revisión de los planes hidrológicos del tercer ciclo de planificación 2022 – 2027.

Estos planes dan preferencia absoluta a la consecución de los objetivos medioambientales de alcanzar el buen estado de las masas de agua, frente al objetivo de satisfacer las demandas de los usos socioeconómicos. El principal perjudicado es el regadío que es el uso que más agua utiliza.

Los objetivos medioambientales dan preferencia a los caudales ecológicos a costa de reducir las garantías de los regadíos. Tampoco se resuelve en estos planes la situación de los regadíos deficitarios, ni se prevén nuevas obras de regulación para asegurar las garantías de los usos y de los caudales ecológicos, ni se dotan adecuadamente en el programa de medidas las de terminación de la modernización de los regadíos para digitalizarlos y hacerlos más sostenibles.

Por el contrario, sin valorar sus consecuencias, se propugna la introducción de nuevos costes ambientales que incrementando el precio actual del agua llevarán a la desaparición de muchas explotaciones de riego por falta de rentabilidad.

El Ministerio de Agricultura está desaparecido ante esta problemática que afecta gravemente a los regadíos que se encuentran adscritos a este departamento.

El gobierno debería reflexionar sobre estos extremos. Debilitar el sector agroalimentario es poner nuestra alimentación en manos de países terceros. Y eso es un error que pagaremos caro. Los consumidores los primeros.