viernes, 24 de febrero de 2017

“ACAVA CON JAMÓN”

Tranquilos que en el título de esta entrada no hay ninguna falta de ortografía. Si continúan leyendo lo entenderán.

El encabezamiento del post es un eslogan o mensaje que trata de difundir un creativo empresario del vino y del cava extremeños: Marcelino Díaz, de Almendralejo conocida hoy día como la ciudad del cava.

Ingeniero agrónomo de profesión y empresario con importantes iniciativas, fue uno de los primeros bodegueros en producir cava en Extremadura a principios de los años ochenta del siglo pasado. Una revolución en la enología extremeña que por entonces también ya daba a luz buenos caldos tintos. Los vinos blancos venían de tiempo atrás procedentes de la uva Pardina, la variedad que durante muchos años constituyó la base de la viticultura en la Tierra de Barros.

Hace unos días el grupo de trabajo sobre el sector agrario constituido en el seno del Club Senior de Extremadura, celebró una reunión en la industriosa ciudad de Almendralejo para poner en común su análisis del sector primario regional con vistas a presentarlo en el cónclave anual del club que se celebrará en Jerez de los Caballeros el próximo y ya cercano mes de mayo.

Todos los miembros del grupo nos mostramos partidarios de que sería muy conveniente para los intereses regionales que los productos autóctonos de Extremadura se transformaran en la región, para retener en casa el valor añadido que generan, apostando además por la innovación continua en la presentación y consumo de los mismos.

Marcelino además de ofrecernos en su bodega una cata de su cava Puerta Palma y de sus vinos Puerta Palma y Theodosius, durante el almuerzo nos trasmitió varias ideas fuerza sobre el cava, producto con el que está especialmente entusiasmado dado el futuro halagüeño que se vislumbra para él.

Nos apuntó la idea de que el cava no ha de ser un vino de postre sino un caldo que ha de acompañar a las comidas. Esto no es nuevo, en Cataluña, por ejemplo, el cava se toma a lo largo del yantar y no a los postres mezclado con sabores dulces o después del café.

La suavidad de paladar y bajo grado alcohólico del cava lo hace un excelente compañero de nuestros platos principales y es en este ámbito en el que ha de ser consumido preferentemente y no relegado a lo condición de postre o brindis de final de una celebración.

Como es natural durante la reunión hablamos de los productos de nuestra tierra y entre ellos destacamos nuestros magníficos jamones ibéricos de bellota muchos de ellos acogidos a una denominación de origen muy prestigiosa como es Dehesa de Extremadura. Marcelino nos expuso el eslogan que había ideado para promocionar el cava y el jamón conjuntamente. Lema que deberíamos empezar a aplicar y difundir en primer lugar en nuestra comunidad autónoma.

El lema es “Acava con jamón”. Es decir maridar el cava con el jamón ibérico de nuestra tierra. Y esto puede hacerse tanto al final como al comienzo de una buena comida o cena. Un buen jamón y un buen cava constituyen una mezcla ideal para el paladar. Ambos productos los tenemos en Extremadura de una calidad contrastada. Se puede comprobar. Pruébenlo y  verán. Es una magnífica combinación.

Una vez que lo hayan degustado y experimentado que la mezcla de sabores es una delicia para los sentidos, los extremeños hemos de constituirnos en un altavoz de difusión múltiple para dar a conocer primero en Extremadura y luego fuera de ella, esta maravilla que es la combinación de un excelente cava con un sabroso jamón, ambos criados y producidos aquí.

Pero también hemos de llegar al convencimiento de que es un acierto consumir el cava durante las comidas principales. Los componentes del grupo de trabajo lo hicimos en un almuerzo acompañando a dos degustaciones de arroz: con liebre y con zorzales. La combinación es muy agradable. La suavidad del cava contrasta con la fuerza y el especiado del arroz. Pero puede acompañar con éxito a muchos otros platos tanto de vegetales como de carne o de pescado. Y además de al jamón ibérico a otros productos extremeños tan destacados como el lomo embuchado o una buena torta del Casar o de la Serena con los que casa a la perfección.

Por eso confío en que la idea y el eslogan de Marcelino Díaz triunfen primero en Extremadura y fuera de ella después. Sería un éxito de todos los extremeños y una inyección de fortaleza para muchos empresarios de nuestro sector agrario y alimentario.

La Junta de Extremadura debería apoyar campañas de difusión de este lema tan sugerente para favorecer el consumo de cava y de jamón de nuestra tierra. Será un gran beneficio para Extremadura.




viernes, 17 de febrero de 2017

LÍO CON EL AGUA EN LA PENILLANURA CACEREÑA

En varios pueblos de las comarcas de Trujillo y del Tamuja ubicados en la penillanura cacereña, se está gestando una protesta ciudadana a causa del pago de las obras de abastecimiento de aguas a 29 núcleos de población. La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) exige el reintegro a los usuarios una vez construidas las mismas.

En España el agua considerada como líquido elemento es gratuita para el ciudadano. Pero éste ha de abonar el coste del servicio. En él se incluyen el importe de la amortización de las obras e instalaciones de regulación (embalses) o de captación y las de conducción y distribución (redes y depósitos) así como los gastos de explotación, mantenimiento y conservación que anualmente se produzcan. El administrado ha de pagar estos costes en la forma que establece la normativa vigente española, la cual aplica el principio de recuperación de costes que dispone la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea del año 2000.

Cuando se ejecuta una obra de abastecimiento de aguas por parte de la Confederación Hidrográfica correspondiente, en este caso la del Tajo, una vez terminada y confeccionada su liquidación, la Confederación por imperativo legal ha de repercutir su importe a los usuarios en la forma que dispone la normativa en vigor. En este caso la Ley de Aguas y sus Reglamentos.

El problema surge porque hay una absoluta falta de información previa a los ciudadanos y tal vez a algunos alcaldes de los núcleos más pequeños, del montante y modo en el que se repercutirán los costes de las obras y los de su explotación una vez concluidas.

 Todo es de color de rosa para los alcaldes a la hora de anunciar a bombo y platillo la redacción de los proyectos y también cuando se procede a la puesta de la primera piedra o a la hora de inaugurar las obras una vez terminadas con sus fotos incluidas.

La desagradable sorpresa viene después de los fastos, cuando hay que repercutir a los ciudadanos el coste de las obras. Si se les hubiera informado desde el principio con todo detalle del importe que supondría para sus bolsillos y los tiempos de abono, no se hubieran llevado el sobresalto económico con el que ahora se encuentran.

Y es que la legislación de aguas es muy clara en cuanto a la cantidad y los plazos en los que hay que reintegrar al Estado el importe de la inversión realizada.

El artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Aguas explicita con claridad la obligación de pago de los beneficiados por las obras de regulación los cuales han de abonar el Canon de Regulación (CR) así como los beneficiados de otros tipos de obras hidráulicas que abonarán la Tarifa de Utilización del Agua (TUA).

El CR afectaría en el caso de las zonas de Trujillo y Tamuja a las obras de recrecimiento de la presa de Santa Lucía, todavía no ejecutadas y la TUA a las obras e instalaciones de conducción y distribución del agua que al parecer ya están terminadas.

Ambas exacciones se fijan para cada ejercicio presupuestario y tienen tres apartados:

a)    El total previsto de los gastos anuales de funcionamiento y conservación de las obras realizadas.
b)    Los gastos de administración del organismo gestor (en este caso la CHT) imputables a dichas obras.
c)    El 4 % del valor de las inversiones realizadas por el Estado debidamente actualizado, en la forma que reglamentariamente se determine.

No entraré en detalles para no aburrir al lector de lo que especifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico sobre la conformación de estas exacciones que han de abonar los usuarios. Pero a grandes rasgos es lo anteriormente reseñado.

En resumen hay que pagar sin más remedio. Por muchas protestas que lleven a cabo los ciudadanos estos terminarán pagando. Los recursos que se interpongan ante los tribunales, salvo que las liquidaciones de obra están mal valoradas cosa poco probable ya que los técnicos se cuidan de su corrección, están destinados, en mi opinión, al fracaso.

Sólo queda asumir la situación, buscar el máximo ahorro en el consumo de agua y gestionar las obras por las Mancomunidades de la mejor manera posible para abaratar costes de explotación y mantenimiento.

Y exigir eso sí, que se deduzcan de la liquidación de las obras las cantidades financiadas por la Unión Europea a través de los Fondos correspondientes, FEDER u otros. Es una manera de reducir sensiblemente el importe de la amortización y por tanto el montante del CR o de la TUA a abonar por el ciudadano.

Y para el futuro y antes de acometer obras de abastecimiento o depuración de aguas ha de informarse previamente a los usuarios potenciales del coste de las mismas. Para que estos vayan digiriendo con tiempo la que se les viene encima y no les coja por sorpresa.

Aviso a navegantes: los ciudadanos de Cáceres y pueblos de la penillanura cacereña afectados por la conducción desde la presa de Portaje, nos podemos ir preparando  para cuando terminen las obras. El encarecimiento de las mismas se lo deberemos a las organizaciones ecologistas que con sus presiones consiguieron anular la traída de aguas desde una presa a construir en el Almonte, proyecto mucho más barato que el que se ha acometido desde la presa de Portaje.




viernes, 10 de febrero de 2017

TÉCNICOS Y BURÓCRATAS

En los procesos de adjudicación de las inversiones públicas suelen darse criterios dispares entre los órganos técnicos de la administración en los que prestan servicio los funcionarios encargados de dirigir las obras o servicios objeto de la adjudicación y los burócratas que diseñan los pliegos generales de cláusulas administrativas que rigen la contratación e intervienen en los procesos de licitación. Los primeros tienden a dar más peso a la evaluación de las características técnicas de las ofertas de las empresas licitadoras y los segundos a la vertiente económica.

Para los burócratas el tipo ideal de adjudicación sería la subasta pura y dura. El que menos oferte se lleva la obra o servicio sin analizar nada más. Esta tesis es defendida desde la UE regida por burócratas en su mayor parte. Esta postura se adopta porque el procedimiento de subasta teóricamente implica un ahorro de dinero público, pero en muchas ocasiones su resultado deviene en un mayor coste para las arcas de la administración.

Los técnicos miran menos el precio y más la capacidad técnica de la empresa adjudicataria para poder ejecutar las obras con la mejor calidad, aunque el precio de adjudicación pueda resultar algo más elevado. Porque en las direcciones de obra es en donde se sufren las consecuencias de lo que analizaremos a continuación.

En la adjudicación y ejecución de una obra pública hay un principio inexorable: la empresa adjudicataria tratará por todos los medios de obtener un beneficio de la ejecución de una obra o servicio. Ninguna empresa está dispuesta a perder. Esto es un axioma y los dirigentes públicos deberían tenerlo muy claro.

Una empresa  puede ofertar por debajo del coste real de una obra para hacerse con ella. Una vez conseguido su objetivo y para no entrar en pérdidas el adjudicatario tratará de rebajar calidad para disminuir costes y salvar los muebles. Otra vía para que el adjudicatario evite las pérdidas transformándolas en ganancias es la de que aprovechando posibles lagunas de los proyectos, que suele haberlas, trate de obtener el beneficio previsto mediante la generación de proyectos modificados, reformados o complementarios durante el plazo de ejecución.

Nada más tomar posesión de su cargo el nuevo ministro de Fomento, Sr. De La Serna, se ha dado de bruces con este problema en la ejecución de las obras del AVE en España que se encuentran en marcha. ADIF adjudicó las mismas dando tres veces más importancia a la valoración de la oferta económica que a la técnica. Para asegurarse su adjudicación y dada la sequía de inversiones en obra pública hundida por los recortes, los licitadores bajaron mucho las ofertas.

La realidad hace ver a los adjudicatarios que es imposible realizar la obra al precio ofertado sin que se produzcan cuantiosas pérdidas. Y a partir de ahí comienzan las presiones al ministerio para evitar la debacle a través de la redacción de proyectos reformados o complementarios de las obras. Llegando a retrasarlas o detenerlas como mecanismo de presión del contratista para conseguir sus propósitos. Como consecuencia muchas de estas obras están empantanadas con ritmos lentos en su ejecución o detenidas.

La administración sólo tiene dos salidas: o transige con los reformados y complementarios para que la empresa pueda terminar las obras en los plazos previstos o con una prórroga razonable de los mismos o toma el camino de la rescisión. En ambas situaciones la obra saldrá más cara de lo inicialmente previsto por la administración.

En el primer caso porque esos nuevos proyectos reformados o complementarios implicarán con absoluta seguridad, más coste para las arcas públicas. En el segundo porque el procedimiento de rescisión es de tal complejidad y lentitud, que la nueva adjudicación que se haga, una vez resuelta la rescisión, además de un retraso muy notable en disponer de la obra terminada trae consigo una sensible elevación del coste.

Por eso en los procesos de adjudicación de una obra o servicio hay que establecer los siguientes principios:

Exigir la mayor calidad en la redacción de los proyectos para que no tengan lagunas técnicas o económicas que puedan ser utilizadas por los adjudicatarios en su beneficio.

Utilizar preferentemente la forma de concurso en el proceso de licitación dando un peso semejante a la oferta técnica y a la económica. Advirtiendo a los licitadores de la imposibilidad de acceder a la redacción de proyectos reformados o complementarios.

Cuando existan bajas temerarias eliminar a las empresas licitadoras que incidan en ellas sin posibilidad de justificación de las mismas.

Establecer cuantiosas penalizaciones por retrasos injustificados.

Es posible que así se redujeran sensiblemente los chantajes que está sufriendo la administración y por ende el bolsillo de los españoles. Pero….


jueves, 2 de febrero de 2017

EXTREMADURA VERDE, DESPOBLADA Y POBRE

Extremadura está pagando las consecuencias de apostar por políticas de fuerte contenido proteccionista del medio ambiente, en lugar de diseñar un modelo de desarrollo industrial basado en sus recursos endógenos: suelos, agua, sol o patrimonio histórico, paisajístico y monumental y en industrias de nuevo cuño.

Las secuelas de estas erróneas políticas ya se están percibiendo. Es la única región que no ha creado empleo en 2016 y presenta un saldo a fin de año de 141.300 parados teniendo la tasa de desempleo más alta de España (28,3 %). Asimismo ha disminuido su población activa en dicho ejercicio en 14.500 personas.

Paralelamente Extremadura se está despoblando. En 2011 albergaba una población de 1.109.367 habitantes. En 2016 la población es de 1.087.778 personas. En este período de tiempo ha perdido 21.589 habitantes.

En el avance del INE para 2015, el PIB “per cápita” de Extremadura es el menor de España con 15.882 €, el 68,5 % de la media española.

Estos son datos oficiales inobjetables que deberían llevar a la reflexión de todos.

Los políticos extremeños han dado la espalda a diseñar un nuevo modelo de desarrollo potente fundado en bases sólidas de economía productiva y no demandador de subvenciones.

El primer componente del modelo sería la industria agroalimentaria transformadora de la infinidad de productos agrarios necesarios para la alimentación que se producen en sus tierras de regadío y en sus secanos. Productos como tomate, arroz, frutales en los que somos pioneros (ciruelas, melocotones, nectarinas y cerezas), maíz y sus derivados, productos hortícolas, y  también vino, aceite y carnes de porcino ibérico, vacuno u ovino. Hay que optar por un modelo de industrialización basado en la transformación y comercialización buscando retener el valor añadido de los productos, abandonando un patrón de sólo producción y venta a granel.

El segundo recurso endógeno sería el turismo aprovechando nuestros bellos paisajes, el patrimonio histórico y gastronómico y nuestros recursos naturales como la caza y la pesca para fomentarlo y desarrollarlo. Para ello es necesario introducir a Extremadura en rutas internacionales explotadas por diversos tour operadores. El eje Madrid  - Lisboa podría ser el marco en donde se ubicara la región. Hoy nuestro turismo no está incluido en ningún eje internacional y sería necesario actuar en esta dirección. Si no se hace así el número de visitantes será escaso como ocurre ahora.

Hay que dotar a Extremadura de un modelo de industrialización moderno basado en las nuevas tecnologías: informática, nanotecnología, biotecnología y biomedicina. Este modelo industrial podría ser una buena salida para la región. Para ello la universidad ha de orientar a sus alumnos en esta dirección y preparar unos excelentes profesionales. Paralelamente la administración ha de facilitar la ubicación de emprendedores en nuestra región eliminando trabas burocráticas innecesarias.

En la industrialización de Extremadura habrían de ocupar un lugar destacado las energías renovables. Somos una de las regiones españolas que dispone de más horas de sol y tenemos algunas zonas de viento. Y también es una de las regiones con mayores posibilidades de aprovechamientos hidroeléctricos en nuestra red de embalses.

Pero para conseguir desarrollar este modelo productivo es necesaria una buena infraestructura de comunicaciones de la que hoy sólo parcialmente disponemos.

La red de autovías (A5, A66, A58 y las autonómicas EX A1 y EX A2) junto a la red secundaria de carreteras son suficientes por el momento siempre que se aplique sobre ellas una adecuada conservación. En medio o largo plazo había que pensar en la autovía a Córdoba y Granada y en la Cáceres – Badajoz o la de Huelva.

En ferrocarril tenemos una deficiente red y un deplorable servicio. Hay que implementar con urgencia doble vía electrificada entre Badajoz y Madrid por Cáceres, recuperar la Ruta de la Plata con esas mismas características para enlazar con el eje Atlántico y Europa por el norte y con los puertos de Huelva, Sevilla y Algeciras por el sur, así como el trayecto Mérida – Brazatortas como salida a Levante y al eje Mediterráneo. Estas actuaciones son indispensables para facilitar el tránsito tanto de personas como de mercancías.

Las comunicaciones aéreas son otro déficit no resuelto. El aeropuerto de Badajoz no es la solución pues ocupa una posición excéntrica en la región. Debería volver a su uso militar. Y exigir al Estado la construcción de un aeropuerto público de la red de AENA. Sin grandes pretensiones iniciales pero susceptible de ampliación. Construir un aeropuerto funcional no es tan costoso. Los he visto en Brasil o en la India. Habría de ubicarse entre Cáceres y Mérida que es el sitio más favorable en la relación habitantes – distancia.

Extremadura no puede seguir así. Tiene que abandonar las políticas exclusivamente ambientales y optar por políticas decididas de industrialización apoyadas en las nuevas tecnologías. Con las políticas seguidas hasta ahora Extremadura se convertirá en un desierto poblacional en un corto espacio de tiempo. Será verde, excepto en verano, y además pobre.