HAY QUE PONER LÍMITES A LA MAYORÍA ABSOLUTA.

El PP y sus coaliciones obtuvieron en las últimas elecciones generales de diciembre de 2011, un total de 10.866.566 votos, traducidos en 186 escaños, lo cual constituye una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Con este resultado los populares ganarán en el Congreso, por ostentar dicha mayoría, todas las votaciones que se celebren a lo largo de esta legislatura, sin necesidad de recabar el voto de ningún otro partido.

La población española a 1 de noviembre de 2011 ascendía a 46.815.916 habitantes. En relación con este último valor los votos obtenidos por el PP en las elecciones de diciembre representaban el 23,21 % del total del censo español.

Es decir, con menos del 25 % de votos sobre la población total, el PP podría imponer a todos los ciudadanos españoles, los cuáles sufrirían sus consecuencias positivas o negativas, cualquier iniciativa que se le ocurriera, estuviese o no incluida en su programa electoral, ya que estaría legitimado para ello por las urnas.

Pero cuestiones tan trascendentes o sensibles para la población como son la sanidad, la educación o las pensiones no deberían estar dependientes de una mayoría absoluta, que representa a un porcentaje tan exiguo de la población.

Modificar el carácter público de la sanidad para privatizarla, parece que debería ser objeto de un consenso mayor, que una simple mayoría absoluta, puesto que la decisión que se tome influye en un elemento decisivo para toda la población como es la salud. Y más si esto se hace sin estudios suficientes que demuestren incuestionablemente que el sistema privado es más eficiente y más barato que el público. Esto sería aplicable a la situación existente en las Comunidades Autónomas que tiene transferidas las competencias en sanidad. Por cierto, es un craso error que esas competencias incluyan la capacidad de desmantelar la sanidad pública para pasarla a manos privadas. Esa potestad, en todo caso, habría de corresponder a una competencia estatal de carácter básico.

Por eso habría que modificar de manera urgente la normativa, empezando por la Constitución, para establecer que la modificación del status legal de cuestiones tan fundamentales y sensibles como las anteriores u otras de gran trascendencia para la población, exigiera mayorías cualificadas de 2/3 (66,66 %) o de 3/4 (75 %) de los votos de una cámara sea nacional o autonómica para poder ser modificadas. Y que las competencias autonómicas no incluyeran la capacidad de alterar sustancialmente sistemas trascendentes para los ciudadanos.

En el caso de Madrid, cuyo proceso de privatización de la sanidad se ha frenado gracias a la presión del personal sanitario y de los pacientes, junto a la sensatez de los jueces, se iba a cometer un despropósito al que era contraria la mayoría de la población, aunque no lo fuera la mayoría absoluta del PP. Y esto es inadmisible. Sobre todo si los políticos que adoptan estos acuerdos son irresponsables de las consecuencias de sus actos. Su única responsabilidad sería perder las siguientes elecciones. Y eso no es suficiente. Tendrían que hacerse cargo del coste de los platos que rompan. Si así ocurriera, romperían muy pocos. Seguro.

 

¿SALIMOS DE LA CRISIS?
 Soslayando la euforia de nuestros gobernantes, se atisban algunos datos que parecen anunciar que hemos tocado fondo y empezamos a remontar, aunque muy suavemente, esta terrible crisis que nos aflige desde hace casi 7 años. El débil crecimiento del PIB en los dos últimos trimestres, daría idea de una incipiente mejora en nuestra economía. La bajada de la prima de riesgo hasta el entorno de 200 puntos, puede constituir un alivio para el pago de los intereses de nuestra deuda, siempre que ésta no aumente.
Estos alentadores datos macroeconómicos, no parecen haber llegado a traducirse todavía en una mejora de la situación de las familias y empresas españolas, salvo en lo concerniente a algunas multinacionales y a los poderosos: la ratio de riqueza entre el 20 % de los que más poseen y el 20 % de los que menos tienen, se sitúa en  España en un índice de 7,2. En países de nuestro entorno está entre 4,3 y 5,5. El número de parados a final de 2013, según la EPA, asciende a 5.896.000. Y además lo que ha disminuido en 2013, unos 200.000, es el número de cotizantes a la Seguridad Social, que ese sí que es un indicador preciso de los que realmente trabajan. Por otra parte la población activa ha caído en 268.000 personas a lo largo del último año..
Hay otros índices que continúan, impertérritos, arrojando valores alarmantes. El crecimiento de la deuda pública hasta casi el 95 % del PIB a final de 2013, lo que la sitúa más de 22 puntos porcentuales por encima de la que dejó Zapatero en diciembre de 2011, es una noticia preocupante. Es ilógico que en un contexto de recortes del gasto público en el que llevamos inmersos estos dos últimos años, la deuda pública continúe creciendo en proporciones desmesuradas. Si se suma a ella la deuda privada nos situamos en torno al 300 % del PIB, lo cual aumenta la alarma. ¿Cómo y cuándo pagaremos semejante pufo? Para rematar, la morosidad en la banca ha crecido hasta casi el 13 %, máximo histórico.
Esta crisis nos ha metido en un pozo muy profundo. Parece que hemos llegado al fondo. Pero ahora hay que salir de él. Puede que hayamos empezado a ganar altura, pero de un modo muy débil. Cualquier pequeño éxito se airea a bombo y platillo. Un ejemplo: las ventas de coches antes de la crisis estaban alrededor de 1,6 Millones de unidades anuales. En 2013 se han vendido alrededor de 750.000 unidades; el 47 % que antes de la crisis. Como las ventas han aumentado ligeramente sobre 2012 esto se airea como un gran logro, sin serlo.
Por tanto hemos de ser optimistas, pero con mucha mesura. Y rezar para que el PIB europeo crezca, de modo que los países poderosos tiren del carro de la economía de la zona y favorezcan nuestras exportaciones. La demanda interna, con los salarios y pensiones congelados o en baja, y casi sin crédito bancario, todavía no se ha reactivado. Será difícil que lo haga si no cambian las políticas aplicadas. Y así no habrá crecimiento suficiente y continuará el desempleo. Seguiremos en el pozo. Y a bastante profundidad. A pesar de la euforia de nuestros dirigentes.

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¿POR QUÉ HE ABIERTO ESTE BLOG?

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La razón fundamental es para poder expresarme libremente. Mi libertad de expresión tendrá como norma el respeto a personas e instituciones y a las opiniones discrepantes de las mías. Para ello basaré mis escritos en el análisis de datos contrastados y veraces y no en creencias, convicciones, convencimientos u ocurrencias.

El Blog de José Ignacio será un cauce de expresión que no estará mediatizado ni condicionado por posibles ideologías editoriales de los medios de comunicación, ni por lo políticamente correcto.

Expresaré mis opiniones con la mayor honestidad y teniendo como principio inspirador que lo importante es el interés general de los ciudadanos y no el particular de partidos, corporaciones, lobbies o grupos de presión.

Mi agradecimiento anticipado a todos los que me concedáis el honor de leerme y de expresar vuestra opinión sobre mis escritos.

Así que ahí va mi primer artículo.