HAY QUE ESCUCHAR AL SECTOR AGRARIO
El
sector agrario pasa por momentos muy difíciles y lo exterioriza con
manifestaciones cada día más frecuentes, que se llevan a cabo en diferentes
lugares a lo largo y ancho de España y que culminarán en una gran manifestación
en Madrid el próximo 20 de marzo.
Este
sector suele tener comportamientos tranquilos, se dedica a lo suyo y en general
se manifiesta cuando ya está harto y no puede más. Y ahora parece que está
llegando a una situación límite y exterioriza su descontento. A veces, como en
Lorca o hace unos días en Don Benito, puede que se hayan extralimitado en sus
protestas, pero no es lo normal en el sector. Pierden los nervios porque están
desesperados y no se les escucha. Y para rematar tenemos sequía. Confío en que
mantengan la línea pacífica. Obtendrán mejores resultados en sus justas
reivindicaciones.
La
agricultura y la ganadería están llegando a una situación crítica por una serie
de causas. Examinemos algunas.
Existe
una presión ecologista insólita sobre el sector agrario. Desde los lobbies ambientalistas,
regados de subvenciones oficiales, que lucen gran fuerza y poderío tanto en
Bruselas como en Madrid, se culpabiliza al sector agrario de ser un elemento
agresor del medio ambiente. Cuando es todo lo contrario. Pero la fuerza de estos
lobbies ante el gobierno español y su fácil acceso a los medios de comunicación
y a las redes sociales, está trasmitiendo una imagen negativa del sector a una
sociedad, mayormente urbanita, manipulada y desconocedora de lo que es y
significa el sector agrario y el medio rural.
Se
culpabiliza al sector de llevar a cabo actividades contaminantes respecto a la
emisión de gases de efecto invernadero y, en consecuencia, ser uno de los
culpables del cambio climático, cuando, en realidad, las superficies agrarias
actúan como sumideros de CO2.
Se
acusa al regadío de despilfarrar recursos hídricos por ser el uso que más agua
utiliza. Pero callan el ahorro de agua que se está produciendo por el aumento
de la eficiencia en su utilización como consecuencia de los procesos de
modernización y que se estima en un 16 %. Ocultan interesadamente que en España ya se
riegan por métodos de alta eficiencia, como el goteo, más de 2 millones de
hectáreas y sigue incrementándose esta superficie.
Y
de paso acusan al sector de ser el culpable exclusivo de la contaminación
difusa por nitratos o fosfatos cuando existen más fuentes emisoras de estas
sustancias distintas de la agricultura o de la ganadería. Y, además, las redes
de medida dejan mucho que desear.
Parecen
ignorar que el sector agrario es un sector vital para cualquier país de cierta
importancia: Francia, Alemania o Estados Unidos mantienen sectores agrarios muy
potentes. Porque así aseguran un aspecto fundamental como es la alimentación de
sus habitantes a precios razonables sin tener que depender de países terceros.
El
sector agrario en España ha sido decisivo para suministrar alimentos sin
problemas en los peores períodos de la pandemia. La sociedad parece ignorar
esta importante contribución a que los efectos del virus fueran más llevaderos.
Desde
diferentes instancias y sin contar con el sector agrario y el medio rural se
toman decisiones perjudiciales para sus intereses.
Los
burócratas de Bruselas, muy alejados de la realidad rural, están poniendo
continuas cortapisas de tipo medioambiental a las actividades agrarias que
tienen su reflejo en disposiciones como la Directiva Marco del Agua, la nueva
PAC con sus ecoesquemas o la estrategia de la Granja a la Mesa. Están
introduciendo en la agricultura y la ganadería una serie de restricciones de
tipo medioambiental que reducirán los rendimientos e incrementarán los precios
a los consumidores en perjuicio de las clases menos pudientes. Además, pueden poner en peligro la seguridad
alimentaria de Europa. Esto nos llevará a una dependencia de países terceros que,
cuando nos tengan en sus manos, pondrán sus condiciones. Ahí está el ejemplo
del gas. Parece que no aprendemos.
Pero
tal vez el problema más grave que ahoga al sector agrario es la relación
perversa entre precios percibidos por los productos del campo y el de los
insumos necesarios para conseguirlos.
Frente
a precios estabilizados o con ligeros incrementos, se producen aumentos escandalosos
en los costes de los insumos que se precisan para su obtención. Esta situación
que se mantiene en el tiempo está reduciendo la capacidad de pago de muchas
explotaciones agrarias que están abocadas a su cierre. No se puede percibir precios
por debajo de los costes sin que se resienta la viabilidad del negocio.
En
todo este proceso, la distribución de alimentos aumenta los precios al
consumidor elevando el coste de la cesta de la compra, sin que al productor le
llegue algo de este incremento que pueda producir una rentabilidad mínima de
sus explotaciones.
Una
ley de la Cadena Alimentaria recientemente promulgada trata con más voluntad
que decisión de solucionar el problema. Veremos qué resulta de esta nueva
disposición.
A
esto se unen importaciones y acuerdos sobre productos agroalimentarios con
países terceros que perjudican al sector al no exigirse las mismas condiciones
a los productos foráneos que a los españoles.
Tal
vez el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que representa los
intereses de agricultores y ganaderos debiera ser más activo y evitar que desde
otros ministerios como el de Transición Ecológica o el de Consumo - lo de
Garzón ya es cansino - se tomen decisiones que perjudican al sector agrario,
sin que el ministerio diga esta boca es mía. Por ejemplo, los planes
hidrológicos han optado por una deriva ambientalista que prioriza los caudales
ecológicos frente a la satisfacción de las demandas de agua para el riego.
Si
el sector agrario protesta es porque se ahoga. El gobierno central y los
autonómicos, debieran escuchar sus peticiones y tratar de resolver sus
problemas. Si el sector se reduce o desaparece, lo pagaremos caro.
