DOS ILUMINADOS EN EL PARLAMENTO EUROPEO

El Parlamento Europeo es la más alta institución legislativa de la Unión Europea (UE), la cual está conformada actualmente por 28 estados miembros que con el inminente Brexit pronto serán 27. La Eurocámara está formada por 750 parlamentarios más el presidente, cargo que en la actualidad ocupa el italiano Antonio Tajani del Grupo Popular.

Sus miembros son elegidos directamente por los ciudadanos europeos en unos comicios que se celebrarán en España el próximo 26 de mayo.

Pues bien, en esta noble institución e invitados por un parlamentario flamenco belga y uno esloveno (recuerden lo de Eslovenia), dos iluminados secesionistas catalanes Puigdemont y Torra han pretendido celebrar allí una conferencia bajo el título: Cataluña y el juicio sobre el referéndum: Un reto para la Unión Europea.

Inmediatamente de conocer este propósito, Iratxe García (PSOE), Esteban González Pons (PP) y Javier Nart (Ciudadanos), diputados españoles en el Parlamento Europeo, han advertido por escrito al presidente Tajani de la inconveniencia de autorizar este evento dados la personalidad y situación procesal del principal interviniente Puigdemont, ya que Torra es un acólito suyo, y el tema a tratar. Por todo ello han solicitado la denegación del permiso para llevar a cabo dicha conferencia.

El señor Tajani aplicando un exceso de diplomacia propio de estas instituciones, ha considerado conveniente no autorizar la conferencia de Puigdemont y Torra, aduciendo como causa principal la de que podría alterarse el orden público.

En mi modesta opinión el presidente Tajani se ha quedado corto en la justificación para desautorizar esta intervención. El orden público no puede ser la única razón por la que a estos dos iluminados se les haya impedido su participación ante el Parlamento Europeo.

A un fugado de la justicia de un país de la UE, en este caso España, como es Puigdemont no puede permitírsele la entrada en esta institución y mucho menos pronunciar una conferencia que para mayor “inri” trata sobre unos hechos sobre los cuáles actualmente tiene lugar un juicio oral en España.

Alguien se imagina que el señor Macron o la señora Merkel consintieran que un separatista corso o bávaro huido de la justicia pronunciase una conferencia en el Parlamento Europeo. Sería impensable.

Esa conferencia, charla o mitin, como quiera llamársele, no se puede autorizar porque con su puesta en escena se estaría infligiendo una vejación intolerable a España, un país miembro de la UE que tiene su sistema constitucional y judicial perfectamente homologado y homologable con el resto de países de la Unión.

La dejadez de la diplomacia española y de la representación permanente de España ante la UE, está permitiendo la internacionalización de la cuestión catalana, cuando se trata de un asunto interno de España, que con su normativa constitucional y su poder judicial totalmente equiparados con los del resto de países de la UE ha de solucionar el problema.

La situación en Cataluña es fruto de la actuación, entre otros, de estos dos iluminados que, transgrediendo la Constitución española, las leyes del sistema normativo español e innumerables sentencias judiciales han dado un golpe de estado, declarando unilateralmente a Cataluña como una república independiente con menos de la mitad de los votos de los catalanes.

Está declaración de independencia está basada en un pretendido derecho de autodeterminación que no reconoce nuestra Carta Magna aprobada por una mayoría apabullante del pueblo español, incluido el catalán, en el año 1978. 

La secesión de Cataluña hubiera supuesto además una desestabilización para Europa. Tal vez algunos países como Rusia estén detrás de este episodio. Ya intervinieron en 1936.

Es lógico por tanto que se haya impedido que estos dos iluminados, presenten unos alegatos ante el Parlamento Europeo con la pretensión de internacionalizar un conflicto interno, buscando el amparo de diputados europeos que apoyan o han apoyado secesiones en sus respectivos países (Bélgica y Eslovenia) y que son minoría en la Eurocámara. La libertad de expresión no debe justificar todo.

Lo que resulta alarmante a la par que sospechoso es la inacción y el silencio de las embajadas españolas y del Ministerio de Asuntos Exteriores que deberían estar realizando una operación informativa en toda Europa y ante algunas potencias mundiales y organismos como la ONU, para desmontar la trama de mentiras y falsedades que los independentistas están lanzando por todo el mundo y que desprestigia a España y a sus instituciones. Y para más “inri” esta maniobra independentista está financiada con dinero del FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) facilitado a los golpistas y sobre los que el gobierno sanchista ha levantado el control que había. Una vergüenza.

El ejecutivo español con una desidia impropia de una país democrático y civilizado, está consintiendo que los golpistas campen a sus anchas, llevando al extranjero un mensaje mendaz, que no está siendo desmontado ni rebatido por la diplomacia española. Parece que el sanchismo estuviera justificando el golpismo con su inacción.

En el colmo de la incuria diplomática el ministro de Asuntos Exteriores Borrell califica de “razonable” que Tajani haya suspendido la conferencia. ¿Sólo es razonable esta suspensión señor Borrell? Quien te ha visto y quien te ve. ¿No debería haber sido usted el primero que iniciara acciones ante las instituciones comunitarias para impedir la intervención en el Parlamento Europeo de estos dos iluminados?

LA CRUDA REALIDAD DE EXTREMADURA EN CIFRAS

Para conocer la situación real de Extremadura, se desarrolla en lo que sigue un somero análisis de algunos indicadores socioeconómicos de la situación extremeña y su comparación con los de España. Los índices y datos utilizados son oficiales obtenidos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Examinemos alguno de ellos. Todos son índices normalmente utilizados para determinar el grado de desarrollo de un territorio y realizar comparaciones entre ellos.

En el período 2000 – 2017 el PIB extremeño ha crecido un 75,31 %, mientras que el PIB español lo ha hecho en un 80,47 %. El PIB extremeño ha pasado de representar el 1,66 % del nacional al 1,62 % en este mismo período.Extremadura sólo supera en valor absoluto del PIB a Cantabria, La Rioja y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Si se estudian los valores del PIB “per cápita” los resultados son también poco esperanzadores para nuestra región.

El PIB “per cápita” medio de España ha pasado de 15.935 € a 25.064 € creciendo un 57,28 %. El PIB por cabeza extremeño ha pasado de 10.145 € a 17.554 € incrementándose en un 73,03 %.  Durante todo el período 2000 - 2017 Extremadura ha ocupado el último lugar del ranking español en cuanto a este indicador.

La diferencia con el PIB “per cápita” medio español ha pasado de 5.790 € en el año 2000 a 7.510 € en el año 2017. No se produce convergencia en este parámetro.

Veamos otro indicador muy interesante para el ciudadano extremeño. No es otro que la Renta Bruta Disponible “per cápita”.

En el período 2000 - 2016 la Renta Bruta Disponible per cápita ha pasado en Extremadura desde 7.669 € a 11.310 €. Supone un incremento de 3.641 € para ese período. En el mismo lapso de tiempo el dato medio en España ha pasado de 10.428 € a 14.781 € con un aumento de 4.353 €. Como vemos no se produce convergencia de Extremadura con el resto de España en valor absoluto. Si que el incremento porcentual sobre la situación inicial ha sido mayor en Extremadura (47,47 %) que en España (41,74 %) Algo es algo. Aunque hay que tener en cuenta las variaciones de población.

En valores de este indicador Extremadura se sitúa en el último lugar de la clasificación española por detrás incluso de las ciudades autónomas.

Un valor muy indicativo ligado a la actividad económica es la Tasa de Paro. Tampoco en este indicador Extremadura sale bien parada. Veamos.

Con datos de la EPA (Encuesta de Población Activa), referidos siempre al primer trimestre de cada año la Tasa de Paro en Extremadura al comienzo de la crisis 2007 era del 12,75 %, mientras la media de España era del 8,42 %. La diferencia era del 4,33 %. Solo nos superaban en desempleo las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En el momento peor de la crisis, primer trimestre de 2012 la Tasa de Paro en Extremadura era del 35,67 % y la de España del 26,94 %. Diferencia del 8,73 %.

Y en el primer trimestre de 2018 los valores eran de 25,94 % para Extremadura y de 16,74 % para España. Diferencia del 9,2 %. Sólo estaban peor que Extremadura las ciudades de Ceuta y Melilla.

En el cuarto trimestre de 2018 (última EPA) los valores eran del 23,1 % para Extremadura y del 14,45 % para la media de España. Diferencia: 8,65 %. Algo se ha mejorado.

Respecto a la evolución de la población residente, la región aumentó el número de habitantes entre los años 2002 (1.057.795 habitantes) y 2012 (1.104.343 habitantes). A partir de 2012 se produce un importante descenso y en 2018 la población extremeña alcanza 1.070.453 habitantes habiendo perdido 33.890 habitantes desde que alcanzara ese máximo. En el año 2002 la población extremeña representaba el 2,57 % del total nacional. En 2018 este porcentaje ha descendido al 2,29 %.

Como puede apreciarse por el cúmulo de índices analizados la situación de Extremadura es harto preocupante.

A los poderes públicos y a la sociedad civil nos corresponde buscar soluciones para remontar esta situación. En mi opinión las líneas de trabajo a seguir son de dos tipos. El primero consistiría en aprovechar nuestros recursos endógenos: industrializar, transformar y comercializar nuestros productos agrícolas y ganaderos por medio de la industria agroalimentaria, terminar los regadíos pendientes, promocionar el turismo y nuestro patrimonio monumental, cultural, paisajístico y gastronómico haciéndole formar parte de rutas internacionales (el eje Madrid – Lisboa por ejemplo) y aprovechar de forma equilibrada la introducción de energías renovables con vista a la transición energética que se avecina, pero sin generar una nueva burbuja.

El segundo sería buscar la industrialización regional a través de las industrias ligadas a las nuevas tecnologías: TICs, biotecnología, biomedicina, nanotecnología. Es un reto regional pendiente. Sin industria Extremadura será difícil que salga del furgón de cola en el que se encuentra hundida.

Hay que abandonar las políticas conservacionistas desarrolladas hasta ahora que se ha demostrado no son la solución por sí solas para la región. A los anteriores datos me remito.

Nadie nos va a regalar nada y tendremos que llevar a cabo un esfuerzo ímprobo todos los extremeños.  Sólo así será posible salir del pozo en el que nos encontramos. ¿Seremos capaces?

¿QUÉ HA OCURRIDO REALMENTE EN CATALUÑA?

Pues cosas gravísimas que no se veían en España desde tiempos de la II República, en la que por cierto no se llegó a tanto. La culminación ha sido una Declaración Unilateral de Independencia (DUI) de Cataluña que fue precedida de un referéndum ilegal llevado a cabo el 1-O. Todo ello ante la pasividad del gobierno central dirigido por el presidente Rajoy que débil y dubitativo se limitó a hacer el Don Tancredo, pasándole la patata caliente al poder judicial.

Gracias al discurso del Rey y a la independencia de actuaciones del poder judicial, se pudo reconducir la situación y enchironar a parte de los cabecillas de esta rebelión. Otra parte se fugó con Puigdemont a la cabeza cuando se olieron la tostada judicial. Y andan por ahí fuera denigrando a España y a su sistema democrático un día sí y otro también.

Tras muchas vacilaciones Rajoy aplicó el dichoso artículo 155 de la Constitución Española, que está ahí para precisamente evitar los desmanes producidos y corregirlos. Pues bien, el popular aplicó el artículo, pero poquito. Lo hizo tan mal que convocando unas apresuradas elecciones consiguió con su torpeza que los separatistas las volvieran a ganar. Les dejó en sus manos todos los resortes especialmente los medios de comunicación altavoces del golpismo como son TV3 y Cataluña Radio. Como era previsible los separatistas volvieron a ganar. ¿Es que alguien lo dudaba?

En su continuada torpeza Rajoy en lugar de convocar elecciones generales tras la sentencia Gürtel, se atrincheró en la poltrona, dando lugar a la moción de censura que se tradujo en un gobierno ¿socialista? apoyado por un heterogéneo conjunto de partidos: podemitas radicales y sus mareas diversas, golpistas catalanes y futuros golpistas vascos. Es decir que el gobierno que tiene que hacer frente a los gravísimos hechos acontecidos en Cataluña resulta que está sustentado por los separatistas responsables de los mismos. Ya me contarán.

Y a partir de ahí comenzó el guateque. El presidente cuando sólo era Pedro Sánchez consideró que los hechos acontecidos en Cataluña podían ser calificados como delitos de rebelión. En cuanto tomó el poder consideró que no era así. Algunos juristas de la cuerda, pocos en realidad, empezaron con el mantra de que no existía delito de rebelión y que la cosa no era para tanto. Siguiendo las tesis separatistas parece que lo acontecido en Cataluña ha sido una pacífica fiesta de la democracia. Al abogado del Estado que había calificado los delitos como de rebelión, tal y como hiciera el presidente del gobierno en su día, lo destituyeron “ipso facto”.

Al parecer, asediar a las fuerzas de orden público destrozando sus vehículos, escrachar al juez Llarena en diversas ocasiones o cortar carreteras, vías férreas o calles cuando le viene en gana a los CDR o la CUP, animados por Torra, eso no es violencia, es cariño.

Incluso adelantándose a futuras sentencias, varios miembros del consejo de ministros y la delegada del gobierno en Cataluña, así como el eximio bailarín Iceta, entre otros, propugnaban posibles indultos para los presuntos golpistas, en una intromisión intolerable en las actuaciones de los jueces. Estos hasta el momento han mostrado una total independencia y una elevada profesionalidad, gracias a las cuales se ha podido instruir el procedimiento. Además, han mantenido en prisión provisional a los golpistas no huidos, ante el elevado riesgo de fuga y de destrucción de pruebas si los ponían en libertad.

El gobierno para mantenerse en el poder ha entrado en un proceso que ellos llaman de “diálogo” con los golpistas. En realidad, es un proceso de cesión continuada del gobierno central a los chantajes de Torra y de la Generalitat, que aprietan al mandatario con la posible retirada de su apoyo a la aprobación de los presupuestos para 2019. En los que por cierto les regalan miles de millones de euros para que sigan jugando a la independencia. Con lo cual después de varios espectáculos circenses los apoyarán por los beneficios recibidos.

Las cesiones del gobierno son de tal entidad que consideran a Cataluña como si fuera un estado soberano, en igualdad con España y pretenden nombrar un mediador como si esto fuera un conflicto entre dos estados.

Esta última concesión y la publicación de los 21 puntos que Torra exige al gobierno central, todos inmersos en una total inconstitucionalidad, han colmado la paciencia de algunos barones socialistas y de muchos militantes significativos del partido. Las líneas rojas que se han rebasado son de una gravedad extrema y parte del partido socialista que durante toda la transición ha sido un partido defensor de la Constitución, no está de acuerdo en esta deriva. Consideran que puede traer consigo grandes perjuicios para esa formación en los resultados de las próximas elecciones.

Entretanto los españolitos contemplan atónitos y perplejos el esperpento catalán, confiando en que el poder judicial meta en el talego a estos desaprensivos a raíz del juicio que se inicia el 12 de febrero. Veremos.

De todos modos, a los golpistas siempre les quedarán los tribunales europeos. Allí ganan fijo. Como san Otegui. Y es que por Europa se deben estar haciendo cruces de lo que ocurre en España. Un gobierno favorable a los golpistas (presuntos, claro) y que pacta con ellos. Así que probablemente de nuevo los tribunales de la UE nos dejarán en ridículo ante tanta incoherencia.

LECCIONES DE UNA TRAGEDIA EVITABLE

España es un país en el que se legisla de manera exhaustiva. Casi todo está regulado con minuciosidad incluso de forma prolija. Disponemos de normativa europea y nacional, autonómica y local para dar y tomar. No será por falta de leyes.

El problema surge cuando esta legislación no se cumple y al infractor no le pasa nada o le ocurre muy poco. Ahí está el ejemplo paradigmático de Cataluña. Allí sus órganos de gobierno, legislación y administración se pasan las leyes por el arco del triunfo sin consecuencias para los que las infringen. Sólo cuando la cosa es tan gorda como una declaración unilateral de independencia, se produce una intervención a fondo del poder judicial. Que ya veremos en qué queda.

La reciente tragedia que ha costado la vida al niño Julen Roselló en Málaga, es un ejemplo de lo que digo. Un sondeo de 25 cm de diámetro seco y además ilegal, queda sin sellar y tapar. En sus juegos, el crío se desliza por los bordes y cae en el mismo. Rescate dificilísimo en el que se han empleado todos los medios personales y técnicos posibles. Sobre eso no hay nada que objetar. En mi opinión las cosas se han hecho correctamente dadas las dificultades existentes y la premura necesaria en las actuaciones. Pero el resultado ha sido el peor imaginable. Por desgracia.

Solamente ha sobrado una cobertura mediática desmesurada, en muchos casos con participación de tertulianos que no tenían idea del tema y acompañada en algunas ocasiones de la publicación de “fake news” (noticias falsas).

Un sondeo ilegal, sin permiso alguno, se ha cobrado la muerte de un niño y ha dejado sumida a la familia en el dolor y la desesperación.

Es seguro que, si se hubiera cumplido la legislación en materia de alumbramiento de aguas esta desgracia podía haber sido evitada. El Texto Refundido de la Ley de Aguas y sus reglamentos, junto a la legislación de minas indican claramente, los permisos y actuaciones que han de llevarse a cabo cuando se realiza una perforación en busca del líquido elemento. Se obtenga o no se obtenga agua. El pozo o sondeo ha de quedar protegido si se encuentra el preciado líquido o sellado si la perforación es negativa.

En nuestro país, desde hace mucho tiempo se vienen haciendo sondeos ilegales, sin que los organismos competentes tomen cartas en el asunto. Se ha instaurado la política de mirar para otro lado sin sancionar a los infractores. Y sé de lo que escribo. Por las razones que sean especialmente por la búsqueda del voto, los pecadores se van de rositas. Y esta afición al sondeo ilegal sigue en pie y se ha extendido cual mancha de aceite por toda España, especialmente por las regiones áridas o semiáridas con acuíferos potentes: La Mancha, Andalucía, Levante y Cataluña, por ejemplo. Pero se da en todo nuestro país sin distinción de regiones.

Dentro del conjunto de pozos o sondeos ilegales, cuyo número estimado por el Ministerio de Medio Ambiente en 2006 era de unos 500.000, debe de existir un buen porcentaje de ellos que está en las mismas condiciones de peligrosidad que el que se ha cobrado la vida de Julen. Y que son una amenaza potencial para la integridad de los ciudadanos. La cifra de 500.000 pozos ilegales significa que aproximadamente hay en España 1 pozo ilegal por km2. Equivale a uno cada 100 ha. Preocupante como mínimo.

La vigilancia de estas actuaciones ilegales ha ido a menos en la medida en que las Confederaciones Hidrográficas y sus Comisarías de Agua encargadas de esta misión han ido disponiendo cada vez de menos medios para llevarla a cabo. Los políticos se han dedicado a mirar para otro lado, reduciendo al mínimo el número de sanciones por la apertura de estas obras ilegales. Les importan mucho más los votos que las vidas de los Julen de turno o que los daños que estos pozos ilegales causan en los acuíferos de los que extraen el agua. La sobreexplotación de estos mantos de agua subterránea les trae al fresco a los dirigentes, que pasan olímpicamente tanto del perjuicio que causa a los usuarios legales del agua, como del daño medioambiental que producen en la masa de agua subterránea.

Nadie se preocupa de solucionar el problema. Este se ha convertido en una bola de nieve que en estos momentos tiene muy difícil solución. No se vigilan estas obras en el medio rural: la guardería rural que podía haber llevado a cabo una importante labor de detección en esta materia ha desaparecido y los medios con los que cuentan las comisarías de agua o el Seprona son cada vez más escasos. La culpa como siempre de la crisis. Aunque esta situación viene de mucho antes de las vacas flacas. Este cáncer lleva instalado en España desde hace un montón de años.

¿Y qué hacemos ahora?  Pues como primera medida aplicar con rigor las leyes existentes. Eso sería lo menos que habríamos de hacer. Y lo segundo vigilar el estado de todos estos pozos y sondeos, denunciando la situación y obligando a los propietarios o titulares a tomar urgentes medidas de protección de estas instalaciones cuando no dispongan de ellas.

Me temo que la sensibilidad social por la muerte de Julen durará unos pocos días. Y luego volveremos a las andadas, a mirar para otro lado y a consentir que cada uno haga de su capa un sayo sin cumplir las leyes. Es lo nuestro. La picaresca se inventó en España. El Lazarillo de Tormes y compañeros mártires son españoles. Y en consecuencia somos destacados maestros en la materia.