ARDEN DE NUEVO LAS HURDES Y SIERRA DE GATA

Un incendio forestal, al parecer intencionado ha calcinado, hace unos días, extensas superficies de las Hurdes y de la Sierra de Gata. Dos comarcas extremeñas del norte de la provincia de Cáceres de extraordinaria belleza por su fragosidad y verdor.

No es la primera vez que acontecen incendios forestales en estas comarcas ni en el norte de Extremadura. Sin ir más lejos, el año pasado tuvieron lugar importantes incendios en Santa Cruz de Paniagua y sierra de Gata, en Las Hurdes saltando de la provincia de Cáceres a la de Salamanca, en Casas de Miravete afectando al Parque Nacional de Monfragüe y en el valle del Jerte.

Los expertos en incendios forestales hacen uso de la regla 30 – 30 – 30 (más de 30 km/h de velocidad del viento; más de 30 º C de temperatura ambiente y una humedad relativa menor del 30 %) como límites de las condiciones idóneas para que se produzcan incendios forestales y se haga complicada su extinción. En este reciente incendio hurdano y serragatino, ha sido la persistencia del fuerte viento la causa meteorológica que ha impedido poder extinguir el fuego con prontitud, a pesar del despliegue de medios aéreos, terrestres y personales que se ha hecho. Comenzado un miércoles por la tarde, había destrozado entre 10.000 y 12.000 hectáreas hasta el domingo en el que los mandos consideraban el incendio como estabilizado, que no extinguido. La junta de Extremadura había declarado el nivel 2 de peligrosidad por su cercanía a cascos urbanos y viviendas.

Los pinos en combustión, han hecho el incendio más virulento todavía si cabe, con sus piñas incandescentes volando para propagar las llamas y aumentar el desastre. Tal vez un cambio de especies forestales repoblando con castaños, robles y otras especies autóctonas, en sustitución de los pinos, podría aminorar las consecuencias de los incendios.

Existe un dicho en el argot forestal que reza: los incendios del verano, se apagan en invierno. Y aquí parece que estamos fallando una vez más en aplicar esta máxima avalada por la experiencia. Por razones que no acabo de entender, de unos años a esta parte se ha dejado de lado la gestión del monte y las actuaciones que, hace un tiempo, en las épocas fuera del verano, se llevaban a cabo en el mismo.

El sotobosque proporciona una buena parte del material inflamable que condiciona la mayor o menor facilidad de combustión cuando se produce un incendio forestal. El pastoreo del monte con ganado vacuno u ovino, pero especialmente con la especie caprina, aseguraba que la materia inflamable del sotobosque quedaba reducida a su mínima expresión, ya que estos animales tienen una gran facilidad para alimentarse de las plantas y arbustos que forman el piso inferior de nuestro bosque, con lo cual el nivel de gravedad de los incendios se reducía sensiblemente.

La acción del ganado se completaba con labores de limpieza y mantenimiento llevadas a cabo por personal desempleado que antiguamente era dirigido por el ICONA, hoy desparecido, y que prácticamente no se llevan a cabo en la actualidad. El despoblamiento masivo del mundo rural puede ser otra de las causas del abandono de las labores de limpieza, junto a la disminución del número de ganaderos.

En muchas zonas forestales protegidas declaradas como ZEPAS, LICS, o Parques naturales o nacionales, una presión ecologista absurda está llevando a la prohibición de las labores que tradicionalmente se hacían en nuestros montes: caza para control de las especies cinegéticas; pastoreo que limpiaba la maleza y reducía la carga combustible y la realización de cortafuegos que servían para dividir el territorio y manteniéndolos limpios, limitaban la propagación de los incendios.

Todas estas prácticas están casi en su totalidad en desuso, porque la presión de los lobbies ecologistas, que disponen de una fuerza desmesurada, subvencionada por la propia administración, están imponiendo a los poderes legislativo y ejecutivo unas ideas falsas, de las que no se han analizado sus consecuencias, ni se saben sus efectos. Y los políticos que tienen pánico a los ecologistas han cedido a estas presiones. Y estamos pagando las consecuencias.

El sector forestal es una parte del sector agrario y forma parte del medio rural. Tradicionalmente su gestión y los medios de extinción de incendios han estado encomendados al departamento de agricultura. El ICONA, ente especialista en la extinción de incendios forestales, fue un organismo autónomo adscrito al ministerio de Agricultura.

En Extremadura se mantiene este acertado principio, pero no así a nivel central en donde todo el sector forestal ha sido desgajado del sector agrario y encomendado al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, probablemente para inflarle de competencias y poder darle una vicepresidencia a una señora cuya gestión está siendo de lo más deficiente por calificarla de una manera benévola. Tanto el sector forestal que no puede desligarse de la agricultura y la ganadería, como el reto demográfico deberían estar adscritos al ministerio que se ocupa del medio rural que es el de Agricultura.

Incendios forestales los ha habido siempre. Ciclos de temperaturas elevadas en verano y de sequedad ambiental, también. Tal vez ahora lo sean más frecuentes, pero eso no justifica los importantes incendios forestales que estamos teniendo en Extremadura, pero también en otras partes de España. Y echar las culpas de los incendios forestales al cambio climático, mueve a risa.

El hecho de que muchos incendios forestales sean intencionados complica las cosas. Es incomprensible que el ser humano pueda quemar el monte. Pero pirados y locos de atar los hay en todos los estratos sociales. Y los pirómanos forestales están ahí. Y lo que debe hacerse es controlarlos, en los núcleos rurales se conoce todo el mundo, y perseguirlos con la ley en la mano hasta conseguir que dejen de actuar.

 

 

 

TREN EXTREMEÑO: ALTA VELOCIDAD, LENTA EJECUCIÓN

Dos expertos profesionales del Club Senior de Extremadura del que soy socio, Norberto Díez y Antonio González ambos Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos con dilatada experiencia laboral sobre el tema, vienen desde hace tiempo haciendo un seguimiento de las obras de construcción del tren de alta velocidad, que ha de unir Badajoz con Madrid.

Su trabajo viene marcado por el rigor técnico y el conocimiento que tienen de los procedimientos administrativos de contratación y ejecución de estudios, proyectos y obras relativos a esta infraestructura, que es vital para Extremadura.

Hace unos cuantos días el Club Senior de Extremadura ha presentado en Badajoz el 9º Informe de Situación de la ejecución del ferrocarril Madrid – Badajoz, redactado por estos dos expertos.

Las conclusiones del mismo son demoledoras, pues los autores, después de un análisis muy riguroso y pormenorizado del estado actual de las obras y los tiempos que faltan, concluyen que este añorado tren de los extremeños, no estará finalizado en su totalidad hasta el año 2033 o 2034. El tren que según algunos políticos de Madrid iba a estar terminado en 2010, no lo hará como mínimo hasta 23 años después. Un desastre para la región que necesita con urgencia esta infraestructura, que es vital para impulsar su desarrollo.

Las conclusiones del estudio han tenido una amplia difusión mediática, yo creo que es la vez en que el informe ha tenido una mayor repercusión, y ha supuesto un jarro de agua fría para todos los extremeños incluido el que suscribe. Aunque nos temíamos algo parecido.

Veamos el resumen de la situación de la ejecución de esta infraestructura, de acuerdo con el contenido del informe del Club Senior.

Se espera que el próximo verano esté electrificado el tramo Badajoz – Plasencia. Adif ha anunciado estos días que pone en tensión la catenaria de este tramo, pero sólo en 120 kilómetros. O sea que este proceso de electrificación va también por fases, dentro de un tramo que fue inaugurado a bombo y platillo hace ya un tiempo.

Del tramo Plasencia – Talayuela se estima que las obras de la plataforma de vía se terminen en 2026 y la electrificación subsiguiente en 2028. Aquí quedan por resolver diferentes problemas como el entorno de Navalmoral de la Mata, en donde hay cierta controversia sobre el trazado en esta localidad.

El tramo Talayuela – Madrid está sumido en una total incertidumbre. No se conoce si la línea transcurrirá por Pantoja para enlazar con la vía del AVE Madrid – Sevilla o irá por Toledo, ni cuando se emitirá la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). De este tramo se hizo estudio informativo entre 2001 y 2003 y tuvo declaración de impacto ambiental en 2008. En 2010 se contrató la redacción de los proyectos de 8 subtramos entre Pantoja y Talayuela.

La DIA ante la falta de actividad decayó en 2013. El segundo estudio informativo se contrató en 2018 y se sometió a información pública en 2021. Todavía no tiene DIA a pesar de que la documentación se remitió para evaluación ambiental en julio de 2022. Como puede verse las cosas de palacio van despacio.

Con todo lo que queda por hacer se estima que la ejecución total de la nueva conexión entre Badajoz y Madrid electrificada se demorará hasta 2033/2034. Un despropósito.

Sigue vigente el problema de las estaciones en línea. Los accesos al centro de las ciudades especialmente en el caso de Plasencia y Mérida suponen 45 minutos más de duración del trayecto, lo que es inadmisible en un tren de alta velocidad. En el caso de Plasencia parece que se está estudiando una nueva estación en línea, cuando en el proyecto inicial se había fijado una en Plasencia – Fuentidueñas que fue eliminada y que habría de retomarse. Esperemos que al menos el problema de Plasencia se resuelva en el menor tiempo posible.

Aunque el informe no lo detalla, probablemente porque es un problema puntual, suponemos que se está trabajando en solucionar otro despropósito como es la situación en el túnel de Santa Marina de 3,5 kilómetro de longitud, destinado a salvar el puerto de los Castaños, que no cumple las especificaciones para evacuación de los pasajeros en caso de avería o accidente dentro del mismo, porque los andenes interiores, quedan muy lejos de las puertas de salida de los vagones.  

La situación descrita en el interior del túnel implica que cada vez que un convoy, que circule entre Cáceres y Monfragüe o Plasencia y viceversa atraviesa este conducto, unos cuantos efectivos de personal auxiliar contratado por RENFE, toman las salidas de los vagones, provistos de plataformas portátiles, e incluso de una camilla, por si durante el trayecto del tren en el interior del túnel, se produce una avería, accidente u otro tipo de incidencia y hay que evacuar a los pasajeros del convoy.

Como puede deducirse de todo lo anterior, la construcción de este ferrocarril de alta velocidad entre Badajoz y Madrid, no estará concluida hasta 2033, si todo va bien y no se producen nuevos retrasos de acuerdo con el Informe del Club Senior. Podemos concluir que se trata de un tren de alta velocidad y lenta ejecución.

Sólo puedo concluir que toda esta situación es una falta de respeto a los extremeños. Y lo triste es que desde la región no se toman medidas contundentes para solucionarlo. Y por eso Adif y el Ministerio de Transportes nos siguen tomando el pelo.

 

 

 

INJUSTIFICABLE DEMOLICIÓN DE PRESAS

Este tema ya lo he tratado en otras ocasiones. Pero tengo que volver sobre la cuestión, ya que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico con la ministra al frente, persiste en su idea de demoler obras hidráulicas ubicadas en los ríos españoles, en una deriva ecologista incomprensible y absurda.

En 2021 ha destruido 108 infraestructuras hidráulicas en España, de las 239 que se han demolido en toda la Unión Europea (UE). Más del 45 % del total.

El comisario de aguas de la Confederación Hidrográfica del Duero, sentencia que se derriban esas infraestructuras porque a ellos - ¿a quienes, a los ecologistas? - les gustan los ríos y no los “cacharros” y que está todo lleno de “cacharros”. Con este argumento tan endeble, pedestre y dictatorial y tan falto de fundamentos técnicos, ya me dirán en manos de quiénes estamos. Supongo que cuando se produzcan problemas de falta de agua, este ciudadano y los que le mantienen en el cargo, no se harán responsables de sus consecuencias. Como siempre pasa.

Y es que este Ministerio, prioriza los intereses e ideología de los lobbies ecologistas, frente a los intereses generales de los españoles.

No debemos oponernos a que alguna infraestructura haya quedado obsoleta y tenga que ser demolida. Hay casos en que puede resultar razonable su eliminación. Pero esto tiene que ser la excepción y no la norma. Por mucha Estrategia de Restauración de Ríos que se haya diseñado, que sigue un modelo europeo que no es aplicable a nuestro país, ni a la zona sur mediterránea de la UE.

Vuelvo a insistir en mis argumentos. El clima mediterráneo que afecta a la mayor parte de España, obliga a acumular agua artificialmente, por la irregular distribución de las lluvias en el espacio y en el tiempo. Gracias a los embalses construidos en España la capacidad de regulación ha pasado del 9 % de la aportación de las lluvias que habría en régimen natural, al 44 % de media en España que tenemos ahora.

Esto no ocurre en la mayor parte de Europa en donde el clima es totalmente distinto y necesitan mucha menos capacidad de regulación artificial (embalses) para garantizar sus usos socioeconómicos, porque disponen de una elevada capacidad de regulación natural. El régimen hidrológico de los ríos Sena, Rin, Danubio o Ródano, es totalmente distinto al de los ríos Guadiana o Guadalquivir, por poner algunos ejemplos. La Estrategia de la UE para 2030, que es la de recuperar 25.000 km de ríos, aplica recetas uniformes cuando se dan situaciones muy diferentes entre el centro y norte de Europa, y en el sur y el mediterráneo, por lo que es un tremendo error aplicar las mismas normas de actuación en todo el territorio.

Dos circunstancias sobrevenidas avalan la necesidad de regular toda el agua que podamos en España. La primera es los efectos del cambio climático que auguran mayores períodos de sequía y lluvias torrenciales según los expertos. La segunda está relacionada con la obligatoriedad de mantener caudales ecológicos para mejorar el estado de las masas de agua. Como en régimen natural nuestros ríos aportan caudales muy bajos o nulos durante los períodos de estiaje, es preciso suministrar los caudales ecológicos - introducidos de manera sorprendente por la normativa española en 1999 - desde los embalses y esto exige aumentar la capacidad de regulación, si no queremos disminuir las garantías de suministro al resto de usos.

Un ejemplo de despropósito lo tenemos en la intención de Ministerio de demoler la presa de Valdecaballeros en la provincia de Badajoz, que se construyó para refrigerar los grupos de una central nuclear que nunca se puso en marcha. Es una estructura de hormigón con aliviadero de labio fijo, capaz de almacenar 70 Hm3 de agua, de excelente calidad del río Guadalupejo, de donde se abastecen pueblos como Valdecaballeros o Castilblanco.

Esta masa de agua que se extiende en medio de un secano rabioso, ha generado a lo largo de los 40 años que lleva construida, un nuevo ecosistema con abundante flora y fauna y es un lugar en el que se practican actividades recreativas por los habitantes de los pueblos cercanos. Sirve también como abrevadero de la ganadería de la zona. Y puede proporcionar agua para futuras concesiones de regadío sostenible de zonas próximas.

También llevaría a cabo funciones de laminación de avenidas cuando aparezcan las lluvias torrenciales que anuncian los expertos del cambio climático. Y a mayor abundamiento puede servir como un importante reservorio para suministrar agua a los elementos aéreos y terrestres de extinción de incendios forestales, ya que existen importantes zonas boscosas muy cercanas.

En Extremadura la sociedad civil ha reaccionado contra el grave error de la demolición de la presa de Valdecaballeros y diversos colectivos se oponen a la misma. La Junta de Extremadura, que, según el Ministerio, había admitido inicialmente el derribo de la presa, a la vista de la presión social y con unas elecciones próximas, ha presentado un recurso para evitar el estropicio.

Lo previsible, es que el Ministerio endilgará la titularidad de la presa y su mantenimiento a la Junta de Extremadura. Pero eso no debe ser problema, porque los servicios técnicos extremeños tienen sobrada experiencia en la explotación y mantenimiento de presas, ya que la administración autonómica es titular de un buen número de embalses tanto de regadío como de abastecimiento urbano.

Será lo menos malo, si se salva la presa y puede seguir cumpliendo sus importantes funciones.

Y en cuanto a demoler infraestructuras sería más racional que el Ministerio de marras, llevase a cabo un estudio pormenorizado en el que, caso a caso, se estudiase el derribo y se explicase a los españoles las consecuencias técnicas, hidrológicas, económicas, sociales y ambientales de llevarlo a cabo.

Pero, por lo que se ve, eso es mucho pedir.

 

 

SEQUÍA: MEDIDAS URGENTES

Nos encontramos ante un período de sequía que empieza a resultar agobiante. Aunque la falta de lluvias es algo que suele suceder en un clima mediterráneo como el que se da en España. Podemos recordar períodos de sequía como el de 1982 – 83 y sobre todo el de los años 1992 – 1995 que fue una de las sequías de mayor gravedad, y posteriormente entre 2004 – 2005 y en los últimos tiempos.

La sequía comienza siendo meteorológica por la ausencia de precipitaciones, y en este estadio causa daños de manera especial a los cultivos y pastos de secano. Si la ausencia de lluvias persiste en el tiempo, la sequía pasa a ser hidrológica o escasez, ya que entonces afecta a la disponibilidad del agua regulada en los embalses y por tanto a los diferentes usos hídricos que dependen de los mismos.

Debido a la irregularidad en la distribución de las lluvias en el espacio y en el tiempo, que se da en la mayor parte de España, ha sido preciso que a lo largo de la historia los españoles hayamos tenido que dotarnos de más de 1.200 embalses, imprescindibles para poder regular agua con la que hacer frente a las necesidades hídricas de un país moderno: abastecimiento urbano, regadíos, usos industriales, aprovechamientos hidroeléctricos y usos recreativos. Hemos pasado de una regulación natural del 9 % de la aportación por lluvias, al 44 % de media gracias a las obras de regulación construidas.

Pero si no llueve y entramos en sequía hidrológica (escasez) la situación se vuelve agobiante porque no hay agua para atender a los diferentes usos. Y como es prioritario el abastecimiento urbano, empiezan a verse afectados los otros usos y especialmente el regadío, el uso que más agua utiliza, y en consecuencia se reducen o anulan superficies de riego según sea la disponibilidad de agua.

En 1999 entró es escena un factor imprevisto: los caudales ecológicos. Ignorando el régimen natural de nuestros ríos, la administración española, más papista que la Directiva Marco del Agua, que ni los define, determinó que estos caudales son prioritarios y una restricción previa a los sistemas de explotación. Con lo cual entraron en el juego e influyen en agravar aún más las consecuencias de la sequía. Los caudales ecológicos han reducido un 16 % la disponibilidad de agua para el resto de usos, al tener que suministrarlos desde los embalses durante los períodos en los que, en régimen natural de los ríos, su caudal es prácticamente nulo.

Se debería haber apostado por una política de incremento de la capacidad de regulación para defendernos mejor de los períodos secos que los expertos en cambio climático anuncian como más frecuentes. Hace años que en España no se construyen las presas necesarias. Al contrario, pretenden derribar algunas como la de Valdecaballeros en Extremadura. Un disparate.

En sequía hay que extremar las medidas en el uso racional del agua. En los abastecimientos urbanos evitar el despilfarro y reducir las pérdidas en las redes, en regadío continuar los procesos de modernización y digitalización para hacer un uso más eficiente del agua y, cosa que hasta ahora no se ha hecho, debería llevarse a cabo la reducción al máximo de los caudales ecológicos, aunque esto pueda suponer un deterioro transitorio del estado de las masas de agua.

Con la sequía vamos a sufrir todos. Muchos abastecimientos urbanos se verán afectados y habrá que implementar obras de emergencia o de suministro mediante cisternas. Los cultivos de secano tendrán producciones muy inferiores a las normales por la falta de humedad del suelo. Los regadíos verán sensiblemente disminuidas, cuando no anuladas, sus superficies de riego. Y por tanto las pérdidas económicas serán de una gran magnitud para el sector agrario. La producción de alimentos se verá sensiblemente reducida, con lo que es de esperar una subida de precios sobre los que ya padecemos. Y los usos recreativos también lo pasarán mal.

Cuando se da una situación de sequía como la que vivimos, aparecen los salvadores de la patria, casi siempre grupos ecologistas o científicos de despacho abducidos por esta ideología que, aprovechando esta situación coyuntural, empiezan a dar soluciones mágicas. Cuando llueve se mantienen callados a la espera de la sequía.

He leído con asombro, que un biólogo, con un montón de distinciones, para hacer frente a la sequía, propugna la sustitución de cultivos de regadío por los de secano. Nadie le debe haber explicado que, si no llueve, tampoco habrá producciones agrarias en secano.

El lobby ecologista es más drástico. Quiere cargarse un millón de hectáreas de regadío, para resolver el problema. Y así lo va anunciando en cuanto tiene ocasión. Así sin anestesia. Yo creo que no quieren reconocer el carácter estratégico del sector agrario y la necesidad de que España sea soberana desde el punto de vista agroalimentario. Cuando dejemos de producir alimentos en España y tengamos que comprar productos fuera, nos vamos a enterar.

En el Guadiana Occidental (Extremadura) los embalses se encuentran al 31,95 % y no he visto hasta ahora que nadie tome medidas reductoras de los caudales ecológicos y sí de reducción en los volúmenes para riego. Claro que según la Confederación a 1 de abril sólo un sistema en Extremadura se encontraba en situación de sequía prolongada. Además de revisar dichos indicadores de sequía, también habría que revisar el convenio de Albufeira en esta y en otras cuencas hidrográficas.

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes, ha propuesto al gobierno un amplio programa de medidas para aminorar las consecuencias de la sequía sobre la economía de las explotaciones agrarias. Esperemos que el gobierno sea sensible a las peticiones de los regantes, que reflejan las del sector agrario en general.

Me temo que en lugar de aumentar la capacidad de regulación y diseñar un nuevo Plan Hidrológico Nacional, imprescindible para mejorar la gestión del agua, llevarán a cabo algunas medidas cosméticas, a la espera de tiempos meteorológicamente mejores.