TRIBULACIONES DEL SECTOR AGRARIO ESPAÑOL

 El sector agrario español vive momentos muy difíciles. Aunque bastantes dirigentes de la política española parecen ignorarlo, el sector agrario se configura como un sector estratégico en la economía de nuestro país, siendo insustituible para asegurar la soberanía alimentaria de los españoles y de los millones de turistas que nos visitan.

Un alto número de explotaciones agrarias de diverso tipo y especialmente granjas de vacuno de leche, de producción de huevos o de carne de abasto, abandonan la actividad ya que la relación coste – beneficio está disminuyendo su capacidad de pago y no pueden seguir produciendo a pérdidas. Pero también el problema afecta a otro tipo de explotaciones que se mueven en el límite de la rentabilidad y tienen un futuro poco halagüeño si las circunstancias no cambian en un breve plazo.

Los motivos que dan lugar a esta situación son diversos y se concatenan para generar la difícil coyuntura por la que atraviesa el sector.

La primera causa, y en mi opinión la más importante, es el desmesurado incremento del coste que han experimentado los insumos que las explotaciones agrarias necesitan para obtener sus productos.

El primer “meneo” se produjo en el año 2008 con la supresión de las tarifas eléctricas especiales de riego R0 y R1 que daban lugar a unos costes razonables para las explotaciones de regadío. Estas tarifas desaparecieron, bajo la promesa de que la liberación de tarifas en el sector eléctrico produciría una reducción en el importe de las mismas. Ocurrió todo lo contrario y el coste del término de potencia se elevó en un 1.000 % y el término de energía también se encareció. El resultado fue que el coste de la electricidad en los regadíos se duplicó.  

A partir de aquí, y tras un período de una cierta estabilización, desde comienzos del año 2021 y debido a circunstancias en la globalización y a la guerra de Ucrania de febrero de 2022, a la que se echa la culpa de todos los males sin tenerla, se han producido unas desmesuradas subidas de costes de los insumos, con gran alborozo de los especuladores.

Con datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, entre octubre del año 2021 y el mismo mes del año 2022, los costes de los insumos agrarios han experimentado la siguiente variación: Piensos compuestos: + 32,46 %; Alimentos para el ganado: +33,03 %; Fertilizantes: + 54,01 %; Productos fitosanitarios: +20,21 %; Carburantes: +63,42 %; Semillas y Plantones: +3,12 %. Solamente la electricidad había disminuido un 11,49 % en este período, pero tras unas espectaculares subidas experimentadas con anterioridad. A todo esto, hay que sumar el incremento de los costes laborales por el alza en el importe del Salario Mínimo Interprofesional.

Los costes de producción también se han elevado en los procesos industriales, necesarios para obtener los productos transformados y esto produce subidas de los precios finales en la cadena alimentaria.

Otra razón que justifica la situación del sector agrario, es la deriva ambientalista por la que caminan la totalidad de las normas emanadas de la UE, como la Estrategia de la Granja a la Mesa, la nueva PAC o la Directiva Marco del Agua (DMA) sobre cuyas disposiciones se basan los planes hidrológicos.

En toda esta normativa comunitaria hay una presión ambiental excesiva sobre el sector agrario al que se obliga, en base a la concesión de unas subvenciones que año tras año van a la baja, como es el caso de la nueva PAC, a llevar a cabo una serie de prácticas ambientales, denominadas eco regímenes, que traen como consecuencia la reducción de producciones. Puede estimarse una posible baja en la producción en torno a un 15 % según diversos autores. Esta disminución de la oferta supone una tendencia a la elevación de precios para los consumidores. Que ya lo están pagando por la subida del coste de la cesta de la compra. Un 15,7 % en el año 2022.

También se establecen para el año 2030 limitaciones poco racionales, fruto de un ecologismo que parece responder a espurios intereses, en la utilización de fertilizantes o fitosanitarios, reducción en el tamaño de las granjas de producción intensiva y en una apuesta desorbitada por la agricultura y ganadería ecológicas, objetivos que tienden a la disminución de las producciones y al encarecimiento de los productos en origen y, por consiguiente, a través de la cadena agroalimentaria, en destino.

El panorama se completa con las limitaciones que los caudales ecológicos de nuevo cuño, al considerarse como restricciones previas a los sistemas de explotación, suponen para el resto de usos, de los cuales el principal afectado es el regadío.

Es razonable que se mejore la eficiencia del riego y en este sentido el regadío español ha respondido al reto, y llevado a cabo un profundo proceso de modernización, de modo que hoy día España es junto a Israel el país que, proporcionalmente, más riego de alta eficiencia tiene instalado.

Esta modernización se ha llevado a cabo, en base a presurizar los riegos y gastar más energía para poder ahorrar agua y usarla de un modo más eficiente. Pues bien, hecha la modernización se produce una desmesurada subida de los precios de la energía, y, en consecuencia, un incremento del coste de uno de los insumos más importantes de las explotaciones, lo que tiende a que los precios de los productos se incrementen en perjuicio del futuro consumidor en destino.

Algunos ideólogos del radicalismo ecologista apelan a la globalización como solución de todos los males del sector agrario y agroalimentario. No se dan cuenta de que en el momento que la alimentación española pase a depender de países terceros, no tendremos el control ni de la cantidad, ni de la calidad y trazabilidad, ni de los precios de los alimentos. Les invito a que reflexionen sobre el hecho de que los países más potentes mantienen sectores agrarios que les aseguran su soberanía alimentaria.  Ellos consideran al sector agroalimentario como estratégico. Aquí, vamos por el camino contrario.

 

DEMOLICIÓN DE LA PRESA DE VALDECABALLEROS: UN GRAVE ERROR

Hay organizaciones ecologistas que propugnan que los ríos funcionen en su estado natural, y por eso presionan para que se derriben estructuras de presas y embalses que hay construidas en ellos.

En España, estas infraestructuras son imprescindibles, dadas las características climáticas de la mayor parte de nuestro territorio, que presenta una distribución irregular de la lluvia en el espacio y en el tiempo. Esto obliga a tener que acumular agua en los períodos húmedos para utilizarla en los secos. Por esta causa a lo largo de la historia, en España se han construido más de 1.200 presas que son indispensables para poder atender los usos del agua en nuestro país.

 Gracias a estos embalses, la regulación natural que en España sería de un 9 % de la pluviometría anual, se eleva de media hasta un 44 %, lo que permite, mediante esta regulación artificial, atender los usos hídricos propios de un país moderno: abastecimiento urbano, regadíos, usos industriales, usos hidroeléctricos y recreativos como la navegación o la pesca. Además, estos embalses mejoran las condiciones ambientales de las masas de agua, al poder suministrar agua regulada en períodos estivales en los que, en régimen natural, el caudal en muchos de nuestros ríos tiende a cero.

Si se dejaran los ríos sin la regulación artificial de la que disponemos, no podríamos atender los usos de una sociedad moderna y volveríamos a la época de las cavernas, época ideal para los ecologistas, siempre que las limitaciones afecten a otros.

Siempre proclive a la presión y a las teorías de los ecologistas, el Ministerio de Transición Ecológica a través de la Dirección General del Agua, ha dictado una resolución para demoler la presa de Valdecaballeros en la provincia de Badajoz, dando seis meses de plazo a los titulares de la concesión, las empresas eléctricas Endesa e Iberdrola, para presentar el proyecto de demolición de esta infraestructura, puesto que la concesión otorgada en el año 1982 ha llegado a su fin.

La presa de Valdecaballeros se construyó con vistas a refrigerar dos grupos de una central nuclear, que nunca llegó a ponerse en marcha. Se ubica sobre el río Guadalupejo, un afluente del Guadiana e inicialmente tenía una capacidad de 70 Hm3. Ante la falta de uso para la central nuclear los ayuntamientos de Valdecaballeros y Castilblanco decidieron abastecerse desde este embalse dada la buena calidad del agua del río y la distancia a las poblaciones. Lo hacen desde una ataguía relacionada con la presa que mantiene una lámina de agua suficiente.

La resolución de demoler esta presa adoptada por la Dirección General del Agua, consideramos que es un grave error y más teniendo en cuenta las nuevas situaciones sobrevenidas relativas al cambio climático, que se caracterizará por períodos de sequía y lluvias torrenciales más frecuentes, y al establecimiento en los planes hidrológicos de caudales ecológicos, que además se consideran una restricción previa a los sistemas de explotación, es decir son prioritarios.

La demolición de esta infraestructura traería bastantes perjuicios y pocos beneficios al interés general, que no ha de confundirse con el interés de algunas organizaciones ecologistas.

La primera razón para mantener esta infraestructura es que habrá de modificarse el abastecimiento de agua a los núcleos de Valdecaballeros y Castilblanco, que se verán obligados a traer el agua de más lejos, cuando no haya agua en la ataguía que será lo más frecuente si se elimina la presa, desde la de García de Sola, siendo este tipo de agua de calidad inferior y más lejana. Por esta importante razón para los intereses de sus pueblos, los alcaldes se oponen a la puesta fuera de servicio de la presa.

La segunda cuestión es que se pierde capacidad de laminación de futuras avenidas aspecto siempre importante para evitar daños personales y materiales. Una función complementaria muy importante de las presas construidas en España es su capacidad para laminar avenidas y evitar o reducir los daños que puedan producirse. Sobre todo, teniendo en cuenta que los expertos en cambio climático prevén una mayor frecuencia de los períodos de lluvias torrenciales.

El tercer aspecto de importancia es que, con su demolición, se pierde capacidad de regulación y teniendo en cuenta que deben suministrarse los caudales ecológicos con carácter prioritario, también se disminuye la garantía para otros usos concesionales que puedan existir en el área, actuales o futuros.

Y por último se modificará el ecosistema actual existente al que se han adaptado diferentes especies de fauna y de biodiversidad vegetal, después de casi 40 años de funcionamiento del embalse.

Es razonable que la Junta de Extremadura haya presentado un recurso contra la demolición de esta infraestructura, cuya permanencia considera beneficiosa para la región. Ojalá prospere e impida que se lleve a cabo este dislate hidrológico.

El Ministerio de Transición Ecológica, ha de defender el interés general de España y no los intereses de grupos ecologistas por muy respetables que puedan ser, y por mucha capacidad de presión que puedan ejercer sobre la administración, de la que a su vez reciben sustanciosas subvenciones que les permiten actuar como lobbies muy potentes.

Si se trata de cumplir ciertas consignas de la Unión Europea, sobre eliminación de estructuras en los cursos de agua, creemos que este no es el camino, puesto que las circunstancias climatológicas de la mayor parte de España no son las que predominan en la Europa central y norte, en donde la regulación natural es muy alta. Y aquí necesitamos toda la regulación artificial posible. Y más teniendo en cuenta los nuevos efectos del cambio climático.

 

 

REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES ENGAÑOSA

Los pensionistas han recibido un incremento en el importe bruto de sus pensiones del 8,5 % para el ejercicio 2023. Es lo que se ha incrementado el IPC general en España en el año 2022. En principio es una buena noticia para el bolsillo de los jubilados, que la han recibido con alegría, aunque como veremos cuando entremos en detalles, que la cosa no va a ser para tanto.

Llama poderosamente la atención el hecho de que mientras a los pensionistas les incrementan la pensión en un 8,5 %, la subida media de los salarios de los empleados públicos o privados está en el entorno del 3 %. Y, salvo reclamo electoralista que pensamos es de lo que se trata, no parece justa ni equitativa esta discriminación entre pasivos y activos que se va a dar en España este año. Lo que ocurre es que casi 10 millones de votantes pesan mucho en las decisiones.

Este importante incremento en las pensiones va a servir para acrecentar aún más la ya elevada deuda pública que tiene España y que mes a mes y año a año crece imparable. La pagaremos entre todos. Al tiempo.

Según datos del Ministerio de la Seguridad Social de diciembre de 2022, había en España 9.994.836 pensionistas, alrededor del 20 % de la población total, que perciben una pensión media de 1.094,27 € al mes (esta media incluye todo tipo de pensiones, contributivas o no) alcanzando la pensión media de jubilación la cantidad de 1.259,79 € mensuales. Las pensiones medias mensuales más altas se dan en el País Vasco 1.357,32 € con la media de jubilación en 1.543,82 € y en la Comunidad de Madrid con 1.272,04 € de pensión media y 1.460,37 € de pensión media de jubilación. Las más bajas corresponden a Extremadura con 906,51 € de pensión media y 1.049,37 € de pensión media de jubilación.

Para poder valorar bien la influencia real que la subida de las pensiones tiene en la economía de nuestra población retirada, es preciso analizar los componentes principales del gasto que han de afrontar aquellos que se han jubilado de la actividad laboral.

El componente de gasto de un jubilado medio, no es exactamente igual que el de un ciudadano medio que esté activo en España. La fracción de alimentación es bastante alta en el caso de los pensionistas, a lo que hay que añadir los gastos del hogar: agua, gas, electricidad, calefacción, gastos de comunidad y alquiler de vivienda en algunos casos y los relativos a la salud. Estos serían los gastos más importantes para ellos.  

Considerando una pensión media de jubilación en España, el incremento del 8,5 % para el año 2023, supondrá la cantidad de 107,08 € mensuales, lo que representa 3,57 € /día considerando meses de 30 días.

Pero veremos a continuación, que debido a la peculiaridad del tipo de gastos que tiene un jubilado español, este tan cacareado incremento de las pensiones, es en realidad bastante menos recuperador del poder adquisitivo de nuestros jubilados, de lo que pudiera parecer.

Si consideramos que un jubilado medio destina la cuarta parte de su pensión (25 %) en gastos de alimentación para llenar su despensa – los estudios estiman una horquilla entre el 33 % y el 21 % para este fin - y la inflación en la componente de los alimentos ha subido un 15,7 % en el año 2022, la inflación real a la que tienen que hacer frente el jubilado es del 10,3 %. Este valor resulta de aplicar a la cuarta parte de la pensión (25 %) un valor de la inflación del 15,7 % por alimentación y para el resto (75 %) mantener el valor medio general del 8,5 %. Por lo tanto, la subida de su pensión del 8,5 % no llega a cubrir la inflación real a la que tienen que hacer frente. El pensionista tiene un déficit del 1,8 % que no le cubre la subida de su pensión. Esto si sólo consideramos el componente alimentario.

Algo parecido podría decirse de sus gastos en energía: gas, electricidad o calefacción que han experimentado subidas muy superiores a ese 8,5 % y que forman parte destacada del tipo de gastos a los que el pensionista tiene que hacer frente.

El coste de la electricidad se ha incrementado en un 34 % a lo largo del año 2022. Si consideramos que aproximadamente el pago por electricidad representa para un jubilado el 10 % de su pensión, tendríamos, aplicando los criterios anteriormente descritos, que en realidad la inflación soportada por un jubilado sería del 12,85 % en lugar del 8.5 % que es el valor del incremento.

Así que el desfase considerando la inflación real de la alimentación y de la energía sería de un 4,35 %, que no queda cubierto por la subida. Eso, para la media española.

En Extremadura, la situación es aún peor porque la inflación alimentaria alcanzó el 19,3 % y si mantenemos la de la energía, la inflación real de los pensionistas extremeños sería del 13,75 % por lo que tienen una brecha real sin cubrir del 5,25 %.

Como puede deducirse de todo lo anterior, los jubilados pueden estar relativamente satisfechos si se comparan con el resto de la población, pero seguirán perdiendo poder adquisitivo. Así que la revalorización de las pensiones, es favorable si se considera que los pensionistas suelen ser un sector muy necesitado, pero que no es como para lanzar las campanas al vuelo, ni tirar cohetes.

Además, ya veremos cuál es el resultado final para muchos pensionistas, si retocan los tipos del IRPF. Ya he comprobado que lo han hecho y en lugar del 8,5 % de incremento muchas pensiones se quedarán en un 7 o 7,5 % de subida real. Aunque aquí influirán distintas situaciones personales respecto de dicho impuesto.

Así que, esto es lo que hay. Es evidente que podría haber sido peor.

 

 

 

 

FERROCARRILES EXTREMEÑOS: CONTINÚA EL ESPERPENTO

Los episodios de anomalías acontecidos en la línea férrea Madrid – Badajoz y en otras líneas del ferrocarril en Extremadura no conocen límites. La verdad es que esta bendita y hermosa tierra extremeña no tiene suerte con el tema ferroviario. Cada día que pasa nos enteramos de un nuevo estropicio, al que, con seguridad, Valle - Inclán incluiría entre sus esperpentos.

La casuística es amplia y comprende importantes retrasos, averías en los convoyes un día sí y otro también, fallos de control en la línea y también, en ocasiones, se han vendido más billetes que asientos y algunos pasajeros han tenido que ir sentados en el suelo. Asimismo, se ha dado el caso de no presentarse el maquinista a su puesto de trabajo.

Del último despropósito nos ha dado cuenta un importante diario extremeño. Y es que, al parecer, uno de los túneles de la línea Badajoz - Madrid, el más largo en territorio extremeño, el de Santa Marina de 3,5 km de longitud, destinado a salvar el puerto de los Castaños, no cumple las especificaciones para evacuación de los pasajeros en caso de avería o accidente dentro del mismo, porque los andenes interiores, quedan muy lejos de las puertas de salida de los vagones. Increíble, si no fuera porque la noticia la conocemos a través de un medio de comunicación de prestigio.

La situación descrita en el interior del túnel implica que cada vez que un convoy, que circule entre Cáceres y Monfragüe o Plasencia y viceversa atraviesa este conducto, unos cuantos efectivos de personal auxiliar contratado por RENFE, toman las salidas de los vagones, provistos de plataformas portátiles, e incluso de una camilla, por si durante el trayecto del tren en el interior del túnel, se produce una avería, accidente u otro tipo de incidencia y hay que evacuar a los pasajeros del convoy.

Este despliegue de medios, es debido a que, entre las puertas de los vagones y los andenes del túnel hay mucha distancia, lo que dificulta que el abandono del tren pueda tener lugar en condiciones de seguridad suficiente para los sufridos pasajeros. Por esto han de habilitarse plataformas que unan el tren y el andén, para que pueda descender el pasaje sin riesgo adicional, al que ya está corriendo debido a la incidencia que se haya producido en el interior del túnel.

Con la presteza, habilidad y eficacia que le caracteriza ADIF ya ha encargado el proyecto para resolver este despropósito. Cuatro meses de nada para su redacción. Y lo que luego tarden en ejecutarse las obras de acondicionamiento del túnel de marras. Que ni se sabe. Porque lo del tren entre Madrid y Badajoz no tiene horario, ni fecha del calendario, en su terminación hasta la capital del reino. Ni en los tramos intermedios en donde falta la electrificación entre Badajoz y Plasencia. Y prácticamente falta todo en el nuevo trazado entre Plasencia y Madrid.

Y yo me pregunto: ¿cómo se inauguró hace casi un año, el tramo Badajoz – Plasencia, de esta línea con este riesgo para los pasajeros existente en el túnel?  

Una vez defenestrados el presidente de Renfe y la secretaria de Estado del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a causa de otra chapuza como es la de los trenes de Cantabria y Asturias, yo me pregunto ¿a quién toca ahora ser destituido?

Aunque tratándose de asuntos extremeños, no parece que minucias como la del túnel impliquen ceses. Eso sólo ocurre en las comunidades autónomas de primera división. Y los extremeños hace ya mucho tiempo que jugamos en segunda categoría. Y no hay manera de que ascendamos.

De modo que los usuarios del ferrocarril en Extremadura, tendremos que seguir aguantando carros y carretas y teniendo que circular por una línea peligrosa, diga lo que diga esa malhadada Agencia de Seguridad o lo que sea, que consiente que los trenes circulen en estas lamentables condiciones.

ADIF argumenta que el túnel se proyectó y ejecutó con una normativa europea del año 2007, la cual cambió en el año 2014. Y yo me pregunto: ¿no ha habido tiempo suficiente para adaptar el túnel a la nueva normativa en nueve años y antes de ponerlo en servicio? ¿cómo los dirigentes de ADIF, RENFE y el Ministerio de Transportes consienten que los pasajeros corran estos riesgos?

Ha sido ahora cuando ha trascendido a la opinión pública semejante estropicio en este túnel, cuando se acomete el arreglo. Es toda una vergüenza sin límites.

Yo espero que en Extremadura haya suerte y no ocurra una catástrofe como la de la curva de Angrois en Galicia donde hubo 80 muertos, de modo que no tengamos que lamentar tanta incuria, negligencia y falta de profesionalidad, como la que están demostrando ADIF y RENFE.

Porque las consecuencias de estas imprevisiones no se arreglan, poniendo velitas en el lugar del accidente, ni echando la culpa a un pobre maquinista de la falta de controles y de seguridad en la línea. Se solucionan tomando medidas y siendo eficaces. Y, aun así, pueden ocurrir accidentes, de los que por desgracia no estamos libres, ni cuando se hacen las cosas bien.

Tal vez los dirigentes extremeños, en vez de resignarse con todas estas situaciones esperpénticas que se dan en nuestros ferrocarriles, debieran poner pie en pared, como han hecho los presidentes de Asturias y Cantabria, plantarse en el ministerio y en la presidencia del Gobierno y exigir de una vez por todas que se termine con tanta ineficacia, torpeza y negligencia como las que se dan en las líneas ferroviarias de Extremadura. Que ya va siendo hora.

 

 

LOS PRECIOS EN LA CADENA AGROALIMENTARIA

La cadena agroalimentaria está formada por un ciclo de producción – transformación - comercialización, muy complejo. Se inicia en los productores, agricultores y ganaderos, se continúa con la industria agroalimentaria cuando hay selección, acondicionamiento o transformación del producto y finaliza en la distribución. En muchos casos pueden participar intermediarios.

Debido a su complejidad, cualquier actuación sobre la cadena y especialmente el intento de “topar”, verbo que se ha puesto de moda, el precio de los productos finales, tal y como propugna algún partido populista del gobierno de coalición, puede traer consecuencias negativas para los componentes de la misma y especialmente para el productor, que es la parte más débil y la que asume más riesgos en la cadena de alimentación.

El precio que deberían recibir los productores, ha de estar basado en los costes de producción que soportan, incrementado en un beneficio razonable, de modo que la renta de las explotaciones agrarias permita un nivel de vida digno a agricultores y ganaderos.

Influirán también en la formación del precio percibido, el nivel de cosecha que haya en una campaña determinada, volumen de existencias sin vender de campañas anteriores, o importaciones de terceros países. Y en último extremo influirá la renta de los consumidores que adaptarán su consumo al nivel de disponibilidad que tengan. Es decir, actúa la ley de la oferta y la demanda.

A partir del productor y hasta llegar al consumidor los precios se incrementan por el coste de las operaciones de acondicionamiento, transformación, transporte y mermas, a las que ha de añadirse el beneficio de los intermediarios que actúan y el de la distribución que pone el producto fresco o transformado en manos del consumidor final.

Desde mediados del año 2021, por la situación geo política del mercado mundial y por la influencia de la guerra de Ucrania, se ha producido un desmesurado incremento de los costes de producción en origen.

Con datos oficiales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, entre octubre del año 2021 y el mismo mes del año 2022, la variación de costes de los insumos agrarios ha experimentado la siguiente variación.

Piensos compuestos: + 32,46 %; Alimentos para el ganado: +33,03 %; Fertilizantes: + 54,01 %; Productos fitosanitarios: +20,21 %; Carburantes: +63,42 %; Semillas y Plantones: +3,12 %. Solamente la electricidad había disminuido un 11,49 % en este período, pero ha de tenerse en cuenta las espectaculares subidas experimentadas con anterioridad. A esto ha de añadirse el incremento de los costes laborales por el alza en el importe del Salario Mínimo Interprofesional.

Analicemos los datos del IPOD (índice de Precios en Origen y Destino) editado por la organización agraria COAG. Veamos cómo han evolucionado los precios de algunos productos esenciales considerando los precios medios del primer y cuarto trimestre del año 2022.

En origen, precios percibidos por los productores, la evolución de los precios ha sido la siguiente:

Aceite de Oliva Virgen Extra: + 48,83 %; Patata: + 94,12 %; Tomate ensalada: -30,22 %; Plátano: + 57,69 %; Ternera: +14,71 %; Pollo + 3,03 %; Cerdo: + 38,25 % Huevos: +29,28 % y Leche de vaca: + 34,26 %.

En destino, precios pagados por los consumidores, la evolución de precios para estos mismos productos ha sido:

Aceite de Oliva Virgen Extra: +29,26 %; Patata: +35,59 %; Tomate ensalada: - 3,78 %; Plátano: +16,19 %; Ternera: +12,92 %; Pollo: + 6,71 %; Cerdo: + 5,25 %; Huevos: +28,89 % y Leche de Vaca: +23,81 %.

Entre origen y destino, entre el productor y el consumidor, los precios agrícolas se incrementaron 4,56 veces de media durante el año 2022 y los ganaderos 2,84 veces.  

Estos fuertes incrementos de los precios entre origen y destino son típicos, de siempre, en la cadena agroalimentaria y muchas veces no se encuentra explicación a estas grandes diferencias entre los precios que perciben los productores y lo que le cuesta el producto al consumidor, salvo el hecho de que haya intermediarios en el proceso que se estén forrando.

Las cifras anteriormente consideradas explican que el IPC de la alimentación en el año 2022 haya subido hasta el 15,7 %, poniendo el coste de la cesta de la compra para los consumidores en niveles que no se daban desde hace muchos años.

Las posibles soluciones para poder reducir el montante de la cesta de la compra están basadas en que los costes de los insumos que necesita el productor para obtener sus productos, vuelvan a precios razonables, como estaban antes de esta crisis de precios y que los altos beneficios que se llevan algunos intermediarios en la cadena agroalimentaria se moderen a niveles razonables. Esta reducción sería más factible si hubiera relación lo más directa posible entre el productor y la distribución o el consumidor, eliminando intermediarios.

Por último, el Estado puede echar su cuarto a espadas, reduciendo el IVA de productos de primera necesidad sobre los que todavía no ha actuado como la carne, el pescado o las conservas.

Si se trabaja conjuntamente en estas tres líneas, es posible que la cesta de la compra vuelva a niveles parecidos a los que había antes de esta crisis. Pero si los precios de insumos básicos como los piensos, fertilizantes, carburantes, energía o agua no se moderan, el objetivo casi con toda seguridad será inalcanzable.

Y un aviso a navegantes: la apuesta que están haciendo políticas como la PAC o los planes hidrológicos, por dar prioridad al medio ambiente sobre las producciones agrarias, colaboran, al reducirse la oferta de productos en origen, al incremento de los precios. Esta cuestión no debieran olvidarla los políticos que dirigen el cotarro.