En el Día
Mundial del Agua
REGADÍOS
ILEGALES: UNA ASIGNATURA PENDIENTE.
Hay
pocas cosas en las que estoy de acuerdo con los activistas del ecologismo. Una
de ellas es su crítica al uso ilegal del agua que se hace en España en ciertos
aprovechamientos casi todos de riego. Un problema que está ahí, pendiente de
resolver, debido a la dejación de las administraciones hidráulicas que han
mirado para otro lado durante mucho tiempo y también por el miedo de los
políticos a perder votos de los numerosos regantes ilegales que proliferan por
nuestra piel de toro y por las islas.
El
uso ilegal del agua adquiere mayor trascendencia en épocas de sequía como la
que se empieza a vivir en buena parte de nuestro país.
Hace
unos años un estudio de organizaciones ecologistas calculaba que en España
había unos 500.000 aprovechamientos ilegales. Aproximadamente uno por km2 (100
ha) de superficie. Una barbaridad. La administración no desmentía estas cifras.
De estos aprovechamientos ilícitos la gran mayoría se destina a riegos.
En
determinado momento de mi vida profesional (2004 – 2006) ocupé el cargo de
presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana en cuyo territorio el
uso ilegal del agua es muy acusado en los acuíferos de la parte alta de la
cuenca, en Castilla la Mancha. Se estimaba por entonces que existían al menos
26.000 aprovechamientos ilegales en esa zona que operaban sobre unos acuíferos
sobreexplotados. Las consecuencias eran: desaparición de los Ojos del Guadiana,
turbas en ignición y el parque nacional de la Tablas de Daimiel bajo mínimos de
superficie inundada: de más de 2.000 ha teóricamente inundables llegó a tener
menos de 50 ha con agua.
Un
animoso e ingenuo intento para arreglar aquella lamentable situación, trajo
consigo mi destitución del cargo. A día de hoy y a pesar de las compras de
derechos de agua realizadas, la situación en las Tablas de Daimiel es similar a
la que había entonces. Han transcurrido 16 años.
Hemos
de subrayar que los primeros perjudicados por los riegos ilegales, son los
regantes legales, aunque estos últimos no parece que lo tengan en cuenta. Tal
vez por una errónea interpretación de en qué consiste la solidaridad. Por
ejemplo, en los acuíferos del Alto Guadiana, al igual que en otros muchos
casos, las extracciones ilegales originan un descenso del nivel freático lo que
trae consigo un mayor coste del bombeo para aquellos regantes que tienen sus
papeles en orden y sus riegos autorizados con la oportuna concesión. Pero, además, la extracción ilegal de agua
reduce las garantías de suministro hídrico a los riegos legales.
Recientemente
la organización ecologista WWF ha vuelto sobre lo que ellos denominan el
“saqueo del agua” analizando cuatro enclaves en donde adquiere el problema una
gran importancia. Se trata de las Tablas de Daimiel, el Mar Menor, Doñana y los
Arenales en Castilla y León.
Han
detectado en su estudio que se riegan en estos cuatro territorios más de 88.600
ha de regadíos ilegales que extraen un volumen de unos 220 Hm3. Aunque no son
cifras muy importantes si se comparan con la totalidad de superficie regada en
España (3,7 Millones de ha) y del consumo total de agua anual del regadío en nuestro
país, sí son cifras significativas que deberían hacernos reflexionar sobre este
problema que es de especial importancia en determinados territorios.
Claro
que los ecologistas no dan puntada sin hilo y aprovechan para poner en duda,
como hacen siempre, los regadíos en general. En sus manifestaciones en diversos
ámbitos propugnan la reducción de los regadíos sin matices. Es una manera de
presionar a los organismos de cuenca en el proceso de redacción final de los
planes hidrológicos a aplicar en el período 2022 – 2027.
Son
hábiles y como además tienen fácil acceso a los medios de comunicación y
ejercen fuerte presión sobre el ministerio de Transición Ecológica en donde se
ubican, además de la ministra, un buen número de funcionarios y asesores de
tendencias claramente conservacionistas, tratan de llevar el agua a su molino y
mezclan regadíos legales con ilegales para a río revuelto obtener ganancia de
pescadores.
Existen
razones legales, sociales y ambientales por las que los riegos ilegales han de
ser sancionados y clausurados porque así se defiende el medio ambiente y el uso
racional del agua que como todos sabemos es un recurso escaso.
Pero
eso es una cosa y arremeter contra los regadíos en general otra muy distinta.
Máxime cuando los regantes legales han realizado un esfuerzo extraordinario
desde 1998 para modernizar sus regadíos y mejorar la eficiencia en el uso del
agua. Y lo están consiguiendo. Se ha ahorrado alrededor del 16 % del agua que
se consumía. Y además más de 2 millones de hectáreas se riegan en España por
métodos de riego de alta eficiencia, como el goteo. Sólo Israel puede
compararse con nuestro país en el uso eficiente del agua.
Así
que es razonable que las administraciones competentes en el agua persigan y
sancionen los regadíos ilegales. Deberían haberlo hecho hace mucho tiempo y
ahora no estaríamos en la situación en la que nos encontramos, ni se habrían
creado expectativas en los regantes ilegales que han visto como el tiempo
transcurría y no se les sancionaba. Con lo cual han ido consolidando sus
explotaciones agrarias que han pasado a constituir su medio de vida, debido a
la pasividad de las administraciones. Y ahora las consecuencias de la sanción y
cierre, si se llevan a efecto, serán mucho más duras para ellos y sus
economías.
Los
políticos como gestores de estas administraciones deberían pensar más en el
interés general y en la protección de un recurso tan importante como el agua y
menos en la obtención de un puñado de votos.