REBELIÓN EN EL SECTOR AGRARIO

Hay inquietud y una gran preocupación en el sector agrario. Un sector que es estratégico para la economía nacional y vital para muchas regiones españolas, ve como de un tiempo a esta parte surgen amenazas a su supervivencia, ante la indiferencia de una sociedad mayormente urbanita que ignora qué es y qué hace el sector.

A esta sociedad que reside en la ciudad le queda muy lejos el medio rural tanto en distancia física como en empatía con él. No le da importancia. Y eso que sus mesas siempre han estado bien abastecidas gracias a unas producciones agroalimentarias que han llegado a precios razonables para estos urbanitas. Incluso en épocas tan difíciles como la pandemia.

Un conjunto de decisiones tomadas tanto en Europa como en España por unos burócratas muy ecologizados que parece que desconocen lo que es el sector agrario, y su importancia estratégica, están haciendo un apreciable daño al campo español.

Funcionarios de la UE que dictan normas sin tener en cuenta las peculiaridades de unos países como son los del arco mediterráneo europeo, con una climatología absolutamente distinta a la que existe en Centroeuropa, a los que se les exige comportamientos que a veces son de imposible cumplimiento. Es el caso de España que está ubicada en ese arco mediterráneo. Es muy grave que los dirigentes de la administración española no hayan sido capaces de explicar en Bruselas estas diferencias. Muy al contrario, aplican las normas europeas con la fe del converso.

Durante años se ha dado un marco de precios estabilizados de los productos agrarios y subidas imparables de los precios de los insumos, especialmente los habidos en los últimos tiempos con escandalosos incrementos de precios en la electricidad, los combustibles, los fertilizantes, las semillas, los fitosanitarios, el coste del agua de riego y los costes salariales entre otros. Este escenario perverso está llevando contra las cuerdas a la capacidad de pago de las explotaciones agrarias y, en consecuencia, a su rentabilidad, de modo que, a pesar de los esfuerzos llevados a cabo para modernizarse, no ven la manera de obtener unos beneficios que proporcionen un nivel de vida digno a sus titulares.

Un Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación empequeñecido y con cada vez menos competencias, que es el que debiera defender al sector agrario, aunque lo intenta y creo en la buena fe del ministro, está sometido a decisiones de otros ministerios que dictan normas que afectan gravemente al sector agrario sin que desde el departamento que lo tutela se haga nada eficaz para impedirlo.

Les pongo un par de ejemplos. Pero hay muchos más.

A un sector de importancia fundamental para la economía española como es el regadío, desde el Ministerio de Transición Ecológica, curiosamente también denominado del Reto Demográfico, lo están hundiendo con decisiones tomadas en los planes hidrológicos en donde se priorizan los aspectos ambientales del agua sobre la satisfacción de las demandas de los usos socioeconómicos entre ellos el regadío.

En España, en donde en régimen natural durante el estiaje, la mayoría de los ríos presenta un caudal que tiende a cero, se implantan en ellos caudales ecológicos durante todo el año como restricción previa a los sistemas de explotación. Un barbaridad jurídica y técnica denunciada por muchos especialistas, pero a la que hacen caso omiso desde el Ministerio de marras que más parece estar conducido por ecologistas radicales que por dirigentes imparciales.

Se aplica un principio funesto: primero se aseguran los caudales ecológicos y con el agua que sobra se atienden los usos socioeconómicos. Sólo se exceptúan los abastecimientos urbanos, cuando no haya recursos alternativos. Faltaría más.

Estos caudales ecológicos se suministran desde los embalses que se construyeron precisamente para asegurar las garantías de los usos socioeconómicos entre otros el regadío, sin que se prevean nuevas estructuras de regulación ya que nos les gustan a los ecologistas. Con lo cual se disminuyen las garantías de los regadíos sin buscar solución al problema.

Desde el Ministerio de Consumo, sin encomendarse a Dios ni al diablo, se pretende aplicar el NutriScore que contiene unos semáforos de colores para los productos agroalimentarios. El aceite de oliva y el jamón salen malparados y figuran como productos poco menos que peligrosos para la salud. Cuando forman parte de la dieta mediterránea que siempre ha sido considerada como saludable. Y desde el departamento se ataca sin piedad a las carnes rojas o al azúcar.

Ahora se va a poner en marcha una nueva ley de la cadena alimentaria en la que se asegurará un precio mínimo a los productos en origen para que al menos se cubran los costes de producción. Porque los incrementos de precios en los insumos los repercute al consumidor la distribución principalmente, sin que el sector primario pueda hacerlo en la mayor parte de los casos. Ya que no comercializa directamente.

A todo esto, se une un descontrol en las importaciones de productos agrarios extranjeros a los que no se les exige las mismas condiciones laborales, de sanidad o trazabilidad que a los españoles. Y eso es competencia desleal.

Por todas estas causas el sector agrario se rebela contra aquello que considera una flagrante injusticia. Y de ahí el notable número de manifestaciones que están teniendo lugar a lo largo y ancho de España, las cuales irán en aumento si no se toman medidas eficaces por parte de la administración.

España no puede permitirse el lujo de destruir un sector agrario que es estratégico para la sociedad y así está considerado es los países más avanzados que mantienen sectores agrarios muy potentes. Si por desgracia sucediera que España en lugar de exportar alimentos como ocurre ahora, pase a depender su alimentación de terceros países, los consumidores españoles lo pasarán mal.

Así que los ciudadanos deberían conocer mejor el sector agrario y apoyarlo. Es de un alto interés para ellos que se mantenga como un sector potente y respetado.