EXTREMADURA ANTE LA NUEVA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Se acerca una revisión del modelo de financiación autonómica y las distintas comunidades autónomas se aprestan a exhibir sus características diferenciales para obtener la máxima tajada posible del nuevo mecanismo que sustituirá al que se implantó en 2009.

El nuevo modelo nace envilecido por dos situaciones excepcionales, una que ya existía y otra de nuevo cuño. Su influencia en el proceso de revisión de la financiación autonómica será difícil de soslayar. La primera es la especial fiscalidad del País Vasco y Navarra que con sus foros y sus fueros gozan de privilegios que incluso están amparados por la Constitución.

La segunda es el chantaje de los separatistas catalanes por el “procés” que, con su amenaza continuada de salirse de España, procurarán mientras intentan conseguirlo, sacar la mayor tajada posible, negociando de manera unilateral con el gobierno central y presionándolo ya que necesita de sus votos para mantenerse en el poder.

Con estos importantes recelos iniciales, la financiación autonómica debería llevar a cabo una serie de acciones previas antes de tomar forma definitiva. Como primer paso ha de procederse a la nivelación de servicios entre todas las comunidades autónomas, habilitando los fondos especiales necesarios para conseguirlo. Si no se hace así Extremadura, junto con otras regiones de parecidas características, partirían desde atrás en este proceso de financiación.

Los fondos especiales de nivelación de servicios habrían de lograr una cierta igualdad previa en cuestiones como la sanidad, la educación o las infraestructuras generales (carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, telecomunicaciones, agua...etc.). Esto traería consigo la necesidad de llevar a cabo una valoración y aporte previo de dichos fondos especiales para estas regiones de modo que todas las comunidades autónomas salieran aproximadamente del mismo punto de partida en el nuevo mecanismo de financiación.

Sería una compensación por el hecho de que la historia trató de manera desigual a unas y otras comunidades autónomas, haciendo perdedoras a las regiones pobres, incluso de una buena parte de su población que pasó a engrosar la de las regiones privilegiadas por los distintos regímenes gobernantes en España, que siempre fueron las mismas. 

Una vez establecidos estos fondos de nivelación inicial, que podrían repartirse en varios ejercicios, habría que diseñar el nuevo mecanismo de financiación que debería ser justo, equitativo y solidario y tener en cuenta un abanico de variables y no sólo el número de habitantes.

La población se revela como una variable de gran importancia, pero no puede ser considerada la única. Si se hace así se beneficiaría a las regiones muy pobladas, generalmente las más ricas, en perjuicio de las regiones menos pobladas, que suelen ser las de menor renta per cápita disponible. Y esto llevaría a incrementar la divergencia y la desigualdad entre unas y otras. La España vaciada o en proceso de vaciamiento se vería sensiblemente perjudicada y se aceleraría su despoblamiento.

Por tanto, además de la población, la financiación habría de tener en cuenta aspectos de gran importancia tales como la densidad de la misma, la dispersión en el territorio, el número de municipios, la insularidad, la tasa de desempleo y el nivel de renta disponible.

Fijando la financiación autonómica en base a este conjunto de variables, podría llegarse a una cierta igualdad entre las comunidades autónomas. Y sería una manera de que no se acrecentasen las diferencias entre unas y otras, evitando que haya españoles de primera y de segunda división.

La propuesta anterior no será fácil de llevar a cabo. Primero por su complejidad, aunque esto sería superable y merecería la pena hacer el esfuerzo y en segundo término porque las regiones con más población intentarán imponer el criterio del número de habitantes o algo próximo a él, que les beneficia.

La solidaridad queda muy bien en los discursos y manifestaciones grandilocuentes de los políticos, pero hay mucha resistencia de las regiones pudientes a ceder algo a las más necesitadas para intentar un equilibrio y que se produzca una mínima convergencia.

Y no digamos la deriva que tomará el nuevo modelo de financiación ante las presiones que sobre el gobierno ejercerán vascos y navarros con sus fueros y ventajas fiscales y el chantaje permanente catalán al que el gobierno cederá con alta probabilidad.

Me temo que Extremadura volverá a salir perjudicada ya que a las regiones ricas y privilegiadas les interesa aplicar el criterio de población de modo casi exclusivo y nos venderán la idea de que las comunidades autónomas menos pobladas ya reciben financiación “per cápita” superior a las más pobladas exhibiendo estas cifras. Una falacia que nunca conseguirá una mínima convergencia entre regiones ricas y pobres.

Con el modelo actual de media en 2019, cada región española recibió 2.833 euros por habitante. Extremadura (3.086 euros por habitante) podría parecer que sale beneficiada, pero no se tienen en cuenta la superficie, dispersión y características de la región, con lo que en realidad sale perjudicada.

Si no hay solidaridad y no se aplican criterios distintos a la población se mantendrá o aumentará la desigualdad interregional, como ocurre en la actualidad.