¿QUIÉN GANÓ EL DEBATE?

En una primera aproximación pareciera que lo ganaron los dos partidos principales. Cada uno venció en opinión de sus respectivos partidarios y de sus medios afines ¿Y los terceros en discordia? Parece que también  triunfaron, porque hablaron de la realidad que vive España y esto siempre lo agradecen los ciudadanos. Parece que vencieron todos, pero yo creo que convencieron pocos.

Es conveniente analizar algunas incongruencias del debate, que tienen sumidos en la perplejidad a muchos españoles imparciales, o sea aquellos que no son acérrimos de uno u otro partido.

La primera incongruencia: si la reforma laboral está creando empleo según asegura el Gobierno, ¿por qué se instaura la tarifa plana de 100 €/mes durante dos años,  que supondría una disminución de ingresos en la Seguridad Social y por tanto aumento de su déficit? ¿Influirá esto en las pensiones? ¿Hay algún estudio que permita conocer cuántas empresas se acogerán realmente a esta medida? Ni noticia de estos extremos.

Otra cuestión importante. La deuda pública se ha elevado al final del 2013 hasta alcanzar más del 94 % del PIB. Si estamos en un entorno de recortes presupuestarios, que se traducen en una bajada en la calidad de los servicios sociales ¿cómo es que la deuda aumenta? Y además lo hace en una media del 11 % del PIB cada año desde que Rajoy llegó a poder, el máximo incremento anual nunca visto. Nadie indagó en este hecho, ni se preguntó por qué ocurre este fenómeno. Probablemente la subida de la deuda proviene del mantenimiento de una estructura de empresas públicas paralela al Estado, de una serie de organismos inoperantes y de la pléyade de políticos que no se han reducido significativamente.

También tendrían que habernos informado de quién tiene en sus manos esta deuda pública ¿Son los bancos españoles los que la soportan de forma mayoritaria? ¿Si es así, cuándo la cobrarán? ¿Será el Estado un moroso más y la morosidad existente crecerá más del 13,6 % en que se encuentra ahora? Nadie informó de esto, con lo cual los ciudadanos nos quedamos a la luna de Valencia.

Con la prima de riesgo en baja en el entorno  de 190 – 200 ¿alguien se preguntó sobre cómo influiría en el pago de intereses esta bajada, si por otro lado la deuda se incrementa?

No se hizo un análisis pormenorizado del desempleo, ni del empleo y de sus cotizantes a la Seguridad Social, con datos reales de la EPA único sistema homologado en Europa. Tampoco de la relación que hay entre la reducción de la población activa y el desempleo y cómo influye en la realidad laboral el proceso de emigración. Nos quedamos a dos velas.

De la exención del IRPF para los que ganen menos de 12.000 € brutos/año, nadie explicó a cuántos nuevos contribuyentes, que no estén ya exentos, afectará realmente y en qué entorno fiscal se lleva a cabo. Si luego se sube el IVA u otros impuestos ¿de qué sirve la exención del IRPF?

Fue un debate parecido a un mitin electoral. Y como pasa en las elecciones, todos dirán que lo ganaron. Las urnas serán finalmente las que dicten sentencia. Entonces se verá quien realmente venció o convenció en el debate.

EL TARIFAZO ELÉCTRICO EN LOS REGADÍOS

 La publicación de la Orden ITC 1857/2008 de 26 de junio (BOE de 28 de junio de 2008) supuso la liberalización del mercado eléctrico en los regadíos y la desaparición, a partir de su entrada en vigor, de las tarifas especiales para riegos agrícolas (R0, R1, R2 y R3) vigentes hasta entonces.

En contra de las promesas de la Administración de que se producirían bajadas en las tarifas eléctricas como consecuencia del proceso de la liberalización, la realidad ha supuesto unos desmesurados incrementos en los precios de la energía eléctrica en nuestros regadíos.

Como ejemplo en la tarifa 6.1 el importe del Término de Potencia ha experimentado un incremento del 1.255 % entre 2007 en que estaban vigentes las tarifas especiales de riego y el 2013. Para las tarifas 6.2 y 6.3 estos incrementos han sido del 707 y del 627 % respectivamente. Con los aumentos de coste que ha experimentado el Término de Energía, la realidad es que la tarifa eléctrica del riego ha aumentado al menos en un 80 %.

Todo esto ha producido que el margen de rentabilidad de las explotaciones de riego cuando estos son presurizados o por gravedad con elevación previa, se haya reducido drásticamente de modo que muchas de ellas están dejando de ser viables.

La Administración y especialmente el Ministerio de Industria, artífice del disparate eléctrico que padecemos, están haciendo oídos sordos a las justas peticiones de los regantes de que se busquen soluciones, que las hay, para reducir el importe de las tarifas. Ante esta actitud de sordera permanente, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE) ha convocado para el día 26 de febrero concentraciones en las Delegaciones del Gobierno donde se ubican las Confederaciones Hidrográficas y en otras con regadíos importantes.

El Gobierno debería ser consciente de la necesidad incuestionable del regadío para nuestra nación. Sin él se vería seriamente en entredicho nuestro abastecimiento alimentario que en cualquier país es considerado un tema estratégico, así como nuestro sector exterior, pues nuestras exportaciones agroalimentarias son unas de los más importantes en la configuración de nuestras ventas exteriores.

Hay soluciones que pasan por tener en cuenta las especificidades eléctricas del regadío, que sólo utiliza la potencia durante 6 o 7 meses, con lo que se podían hacer contratos temporales sin penalización, adaptar la potencia pues de esos meses en sólo dos de ellos se utiliza la potencia máxima, bajar el IVA al 10 % porque la tarifa eléctrica ya está gravada con un impuesto eléctrico y considerar como P6 el consumo en julio (mes de máximo consumo).

Y si no que se vuelvan a poner en marcha las tarifas especiales de riego, que por algo existían. Los regantes fueron engañados con su desaparición y no se merecen este maltrato, que les ha llevado a manifestarse, cosa que suelen hacer sólo en ocasiones excepcionales. Y esta es una de ellas.

LOBBIES Y LOBBISTAS

Un lobby podíamos definirlo como un grupo de personas físicas o jurídicas que presiona y trata de influir en los políticos o en las instituciones y organismos nacionales o internacionales, con el objetivo de que las disposiciones legales que se dictan y en las que estos participan o las decisiones que se adoptan, favorezcan los intereses de aquellas personas, grupos o empresas para quienes el lobby trabaja.

Estos grupos de presión iniciaron su andadura en Inglaterra pero toman carta de naturaleza en USA y  desde allí se han extendido al resto del mundo desarrollado con inusitada velocidad. En la UE hay lobbies especialmente poderosos, que pululan a diario por las instituciones comunitarias para tratar de llevar el agua a su molino.

Hablando en roman paladino, el lobby es una versión civilizada del cohecho y del tráfico de influencias, todo ello bajo una apariencia de legalidad, provocada y consentida por aquellos que participan en el juego. Los lobbies consiguen sus fines y de ello no ha de caber la menor duda, con presiones basadas en una contraprestación al o a los presionados. El pago puede adoptar diversas variantes: dinero contante y sonante, probablemente no sería esta la vía más frecuente por su peligrosidad, generación de relaciones que posteriormente se traducen en poder e influencia, donaciones “legales” a partidos políticos u organizaciones de diverso tipo, ascensos y puestos de trabajo mejor remunerados…En fin una panoplia de posibles contraprestaciones. Do ut des en definitiva.

Este juego perverso, está bien visto e incluso legalizado y hoy día quien no tiene a su servicio uno de estos grupos de presión, podemos considerar que es un don nadie. Por eso valerse de un lobby o formar parte de él es cosa de personas y organizaciones poderosas y potentes que tienen la capacidad de presionar, incluso generando miedo en los sometidos a presión a causa del poder que tienen el propio lobby o aquellos para quien trabaja.

Una presión del lobby, revestida de legalidad, puede cambiar un informe o una resolución a tiempo, lo que a su vez se traduce en la adopción de normativas o decisiones que favorecen al cliente o al propio lobby.

Y de  esta manera, basadas en la presión y revestidas de la correspondiente dosis de hipocresía y cinismo, es como hoy se adoptan normas y providencias que pueden afectar a millones de ciudadanos, sin que estos tengan la menor participación en ellas, sino que son las víctimas propiciatorias de los poderosos que dirigen el mundo.

  

LA HUELLA HÍDRICA: UN NUEVO CONCEPTO SOBRE EL USO DEL AGUA

La huella hídrica (water footprint) concepto de reciente introducción en los ámbitos científicos relacionados con el agua, puede llegar a convertirse en una nueva vía de concienciación ciudadana respecto de su consumo, además de revelarse como un elemento válido de comparación respecto de su uso, entre países, regiones y también entre personas. 

El término huella hídrica, fue acuñado por primera vez en el año 2002 por Arjen Hoekstra. La huella hídrica la definió Hoekstra como el volumen de agua necesario para la obtención de los productos y servicios consumidos por los habitantes de un país (o de una región o por una persona). Relacionado con este concepto y necesario para poder obtener su valor, está el de agua virtual (virtual water) introducido por Allan en 1993, que se define como el volumen de agua necesario para obtener un producto o facilitar un servicio determinado. En resumen la huella hídrica sería un sumatorio de aguas virtuales al nivel que se establezca (país, región o individuo).

En el ámbito de un país, la huella hídrica se obtiene sumando, con su signo, los valores de la Huella Hídrica Interna y de la Huella Hídrica Externa. La primera comprendería la adición del volumen de agua necesario para obtener los productos agrícolas, el que demandan los usos industriales y el correspondiente a los usos domésticos, de la que se deduciría el agua virtual exportada a otros países. La segunda reflejaría el balance entre el agua importada del exterior por el país (productos agrícolas, industriales o servicios) y la reexportada por éste una vez importada.

Examinemos algunos valores destacados de la huella hídrica. Su cuantía a nivel mundial se estima en 7.450 Gm3 por año, lo que supone un valor medio de 1.240 m3 por persona y año. En Estados Unidos, el país del mundo con mayor huella hídrica,  alcanza los 2.480 m3 por persona y año. En los países del sur de Europa su valor oscila entre 2.300 y 2.400 m3 por habitante y año. Se da una correlación positiva entre el valor de la huella hídrica y el PIB de un país, debido al mayor nivel de consumo de productos y servicios de una nación desarrollada.

Veamos datos del agua virtual de algunos productos: 1 Kg. de maíz necesita 900 l de agua para su producción, 1 Kg. de carne de vacuno 16.000 l de agua, 1 l de leche 1.000 l de agua, 1 hoja de papel A4 (80 g/m2) 10 l. Una taza de café o un vaso de vino de (125 ml) necesitan 140 l y 120 l. de agua respectivamente para su obtención.

La conclusión más importante a obtener en relación con este nuevo concepto, es que deberíamos tratar de reducir el valor de nuestra huella hídrica todo lo posible, dado que el agua es un recurso limitado y muchas veces escaso. Por ello hemos de concienciarnos, todos los ciudadanos, de la necesidad de realizar un consumo racional y eficiente del agua en todos los usos y momentos de nuestra vida, con objeto de disminuir todo lo posible el montante de nuestra huella hídrica o lo que es igual el de nuestro consumo de agua.  

VIAJEROS “LOW COST”

Un feliz acontecimiento familiar exigía mi presencia en Bélgica a primeros de agosto de 2013. Me encontraba en una playa de Huelva y por una mayor comodidad contraté un vuelo Sevilla – Bruselas Charleroi con una conocida compañía aérea de las denominadas de “low cost “cuyo nombre voy a eludir pero que está en la mente de todos.

Desde luego te avisan y el que avisa no es traidor. El billete en teoría es barato. Pero adicionalmente te cobran por todo: por ponerte un sms, por reservarte un asiento y además te limitan el peso del equipaje a una maleta de 15 o 20 Kg cobrándote por su facturación 50 o 60 € y si te pasas en el peso, en el “check in” del aeropuerto te cobran 20 € por kg sobrepasado. Además autorizan en cabina, sin coste, un solo bulto por persona de dimensiones prestablecidas (55x40x20 cm) y 10 kg de peso máximo. Y además has de llevar impresa la tarjeta de embarque. De todo eso te avisan y por tanto uno sabe a qué atenerse y acepta el reto. La realidad es que si sumas los importes anteriores el vuelo no es tan de “low cost” como pudiera parecer.

De lo que no te advierten es de que embarcarás por la última puerta del aeropuerto de Sevilla y con 38ºC habrás de desplazarte por la pista del aeropuerto en un circuito previamente diseñado y por el que unas 160 personas, que semejan el coro de esclavos de Nabucco, tratan de alcanzar, cuanto antes, un avión que se ve en lontananza. Todos ellos azuzados por los empleados de la compañía que tratan de hacer el embarque lo más rápido posible. Tras la llegada y ocupar el asiento que puedas, pones tu equipaje de mano en los compartimentos destinados a este fin que estén libres y que son insuficientes casi siempre ya que cada pasajero lleva su correspondiente maletita. Los auxiliares de vuelo las cambian de sitio o las sitúan en el suelo al lado de tu plaza. El asiento no es reclinable y tiene la dimensión mínima para acoger a una persona como yo que mide 1,82 m de altura. La IATA, la OACI o quien sea ¿autoriza esto? Los que midan más de esta altura es imposible que entren allí o pasarán en el viaje las de Caín. Así que jóvenes de elevada talla, prepararse. La distracción del vuelo consiste en asistir a ventas de todo tipo: bebidas, comidas, perfumes y relojes y hasta impresos de rasca con premios.

Cuando llegas a Bruselas Charleroi al filo de las 11 de la noche, hora de tarifas aeroportuarias mínimas supongo, te depositan también en la pista y después de otro periplo terrestre llegas a las cintas de recogida de equipajes. Allí en cada una de ellas se acumulan las maletas de 4 o 5 vuelos de la misma compañía, lo que genera un considerable retraso en la recogida.

En honor a la verdad los vuelos técnicamente fueron buenos y puntuales en mi caso. Pero un consejo, si pueden evitarlo, no vuelen con ellos. Si no tienen más remedio que hacerlo: prepárense, serán viajeros de ”low cost”.

LA SENTENCIA SOBRE LA MARINA DE VALDECAÑAS Y LOS ESPACIOS PROTEGIDOS.

Hace pocos años los terrenos sobre los que hoy se asienta la urbanización de alto standing denominada Marina de Valdecañas, que tiene una superficie de 114 ha, estaban ocupados por eucaliptos y matorrales de dudoso valor ambiental.

En el año 2003 esta área y toda la limítrofe al embalse de Valdecañas, con una superficie de 7.459 ha fue declarada por la Junta de Extremadura como ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves) denominada “Embalse de Valdecañas” e incluida en la Red Europea Natura 2000.

En abril de 2007 la propia Junta de Extremadura declara a la zona objeto de la urbanización como PIR (Proyecto de Interés Regional) con objeto de legalizar su ejecución. Se construye una primera fase con 185 villas de lujo, hotel, campo de golf e instalaciones complementarias: piscinas, playa artificial, jardines, embarcadero…etc. Esta actuación supone la generación de alrededor de 300 puestos de trabajo, que es la solución del paro en los municipios aledaños de El Gordo y Berrocalejo, y una fuente de apreciables ingresos para la comarca.

Asociaciones ecologistas recurren la legalidad de que se autorice un PIR dentro de una ZEPA de la Red Natura 2000. Ganan el pleito en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y pese a que en el paréntesis entre sentencias el ejecutivo autonómico trató de legalizar la situación modificando la Ley del Suelo, el Tribunal Supremo ha ratificado hace unos días la sentencia del tribunal extremeño. Y eso que la superficie afectada representa nada más que el 1,52 % del total de la ZEPA. Pero la ley es la ley: Dura lex, sed lex, como reza el latinajo.

Ante lo ocurrido habría que reflexionar sobre la conveniencia para Extremadura, de continuar con la política de declarar zonas protegidas a troche y moche, y con escaso rigor científico, como ha hecho hasta ahora la Junta Autonómica. Ya tenemos protegido del orden del 33 % del territorio de la región. Y esta circunstancia será, muy probablemente, un corsé para nuestro desarrollo, puesto que en las áreas protegidas sólo pueden llevarse a cabo actividades económicas muy suaves, que no generan prácticamente empleo, ni tienen consecuencias económicas relevantes.

Parece que Extremadura que ocupa el furgón de cola del desarrollo español, con la menor renta y PIB per cápita de España, debería evitar recorrer ese camino si no quiere que la emigración, que ya se está produciendo, alcance límites insostenibles y convierta a la región en un desierto.

Una cosa es proteger las áreas de alto valor ambiental, a lo que nadie debería oponerse, y otra es convertir Extremadura en un parque natural, sin desarrollo posible. Eso tiene un precio y habría que ver si los extremeños estamos dispuestos a pagarlo. Y no sólo los ecologistas.

Por eso tal vez sería conveniente revisar las zonas protegidas actuales liberando de esta protección aquellas que no tengan un valor ecológico destacado. De lo contrario el desarrollo extremeño continuará siendo muy precario. Y como consecuencia Extremadura será difícil que levente cabeza.

TRAMPAS ELÉCTRICAS

El recibo de la electricidad y su generación son un arcano de difícil comprensión para los no iniciados, que es el caso de quien suscribe. La única solución que tenemos los legos en la materia es comparar el importe del recibo de la energía eléctrica y cómo evoluciona a lo largo del tiempo.

En nuestro recibo de la “luz”, existen dos términos fundamentales que junto con los impuestos y otras sumas configuran su importe. Uno es el Término de Potencia que es como si dijéramos la parte fija que nos repercutiría el importe de las obras e instalaciones que nos permiten recibir la luz en nuestros hogares; vendría a ser la parte fija de nuestro recibo. Su importe es independiente de la energía que consumamos y depende exclusivamente del número de kW que tengamos contratados. El otro componente, variable, es el Término de Energía que nos cobraría el importe de la energía realmente consumida: es decir los kWh que realmente gastamos.

Pues bien los señores del Gobierno y de las compañías eléctricas se dedican a hacer juegos malabares con la fijación del precio de los términos de potencia y de energía. El resultado es que siempre se benefician las compañías eléctricas, eso seguro. Luego, según les va, se dedican a subir o reducir el importe del término de energía, de modo que se beneficien determinados consumidores. Muy pocos.

Si analizamos la denominada Tarifa de Último Recurso (TUR), o sea la que se le aplica a unos cuantos millones de hogares españoles con potencia contratada inferior 10 kW (lo normal en un hogar medio español), el Término de Potencia (TP) se ha incrementado desde julio de 2013 (21,89 €/Kw) a febrero de 2014 (42,04 €/Kw) en un ¡92,05 %¡. Es decir en 8 meses escasos casi se ha duplicado. Esto les asegura el cobro a las eléctricas consumamos o no, y no fomenta el ahorro.

Respecto al término de energía ha evolucionado desde una media de 0,13189 €/ kWh a 0,134790, con lo que también se ha incrementado en un 2,19 %.

El resultado ha sido que mi recibo que es el de un hogar medio con dos personas habitando de manera permanente y dos más en vacaciones o períodos muy cortos, con 7,7 kW de potencia contratada, el coste excluidos impuestos, ha pasado de 1,473 € / día a 2,427 €/día, es decir se ha incrementado en un ¡64,76 %¡ Y todo eso en menos de un año.

Y ahora que el Ministro y sus adláteres y los turiferarios del Gobierno nos vengan con la milonga de que el coste de la energía eléctrica se ha reducido. Por eso tenemos la tercera energía eléctrica más cara de Europa. Pregunten a los regantes que tienen riegos presurizados o elevaciones. Verán los que les dicen de cómo se están arruinando sus explotaciones. ¡Así que el Gobierno que siga mintiendo para ver si los incautos tragan ¡

CAMINANDO HACIA ATRÁS

¿Quo Vadis, Hispania?  Pues caminando para atrás, retrocediendo hacia mediados del siglo XX.  Hacia allí nos conduce la mayoría absoluta del PP, que además de generar una gran desigualdad en la riqueza, nunca vista en los tiempos de nuestra juvenil democracia, está prostituyendo a ésta en sus principios democráticos en plena juventud.

Los datos que son irrefutables, a pesar del interesado optimismo de nuestros gobernantes, son claramente negativos. Es inaudito y llega al colmo del cinismo que presuman de sus logros, asegurando además que estamos en la buena dirección.

 Han conseguido que en el tiempo transcurrido de esta legislatura el número de desempleados (según la EPA, único indicador homologado en Europa) haya pasado de 5,273 Millones en diciembre de 2011 a 5,896 en el final de 2013. O sea 623.000 parados más. La tasa de desempleo ha subido del 22,85 % al 26,03 %. El número de afiliados a la Seguridad Social ha decrecido en 1.049.000 cotizantes y el número de hogares con todos sus miembros en paro se ha incrementado en 257.000.  

Una de las consecuencias ha sido que la ratio de la riqueza entre el 20 % de los que más tienen y el 20 % de los que menos poseen ha pasado de 5,5 en 2008 a 7,2 en 2013. En el resto de nuestro entorno europeo su valor está entre 4,3 y 5,5. Hasta Portugal está mejor. Todas las naciones han mantenido o han disminuido el montante de esta ratio. Menos nosotros. Se deduce que la crisis en España, como siempre, ha favorecido a los poderosos. Otra consecuencia es que más de 3 millones de españoles están en la pobreza absoluta.

Y para colmo en un escenario de recortes sin cuento: sanidad, educación, pensiones y atenciones sociales, la deuda pública ha aumentado desde el 72 % del PIB en diciembre de 2011 hasta casi el 95 % del PIB en diciembre de 2013. Un 23 % de incremento en sólo dos años, el cual resulta insólito e inexplicable. ¿Seguro que esta dirección es la adecuada?

Si analizamos la evolución de nuestra calidad democrática el camino recorrido nos conduce, decididamente, hacia la involución. Una reforma laboral con pérdida de derechos fundamentales de los trabajadores y notable reducción de sus salarios, destrucción de la clase media, una ley del aborto retrógrada y clerical que hasta conspicuos dirigentes del PP la contestan y como remate una ley de seguridad ciudadana, que aparte de innecesaria, pues la violencia en las manifestaciones ciudadanas es mínima como indican las estadísticas, recuerda mucho los tiempos del franquismo. Todo esto aderezado de una manipulación intolerable de los órganos directivos del poder judicial y de la mayoría de los medios de comunicación, con el objetivo primordial de salvar la cara a los corruptos y como final un adoctrinamiento, que recuerda el nacional catolicismo, implícito en la ley de educación del inefable Wert.

Como puede deducirse caminamos hacia la pobreza económica y democrática. Y no se ve indicador claro de que esto pueda cambiar a corto plazo. En las próximas elecciones los españoles tendrán que expresar lo que piensan de todo esto. Ya veremos lo que pasa.