REGADÍOS MÁS EFICIENTES

El regadío tanto en España como en Extremadura está mejorando claramente su eficiencia y su sostenibilidad.

El proceso de modernización de regadíos se inició en 1998, tanto a nivel nacional como en el ámbito autonómico con la publicación de los primeros decretos de la Junta de Extremadura de ayudas a la modernización de las redes de riego titularidad de las comunidades de regantes. También la comunidad autónoma extremeña publicó decretos que establecían auxilios económicos a los agricultores para mejora y modernización del riego en parcela. Esta normativa ha dado sus frutos y hoy día tenemos unos regadíos mucho más eficientes en el uso del agua.

En este caminar de la modernización ha sido fundamental la actuación de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA) que ha llevado a cabo las actuaciones más importantes acometidas en las grandes zonas regables nacionales y extremeñas.

Los regantes han apostado fuerte por este proceso de modernización de sus regadíos aportando cuantiosos fondos, con el objetivo de mejorar la eficiencia del riego ahorrando agua y utilizando la energía de la forma más eficaz posible.

He llevado a cabo un estudio sobre la evolución de las superficies regadas y volúmenes de agua consumidos en el regadío en el período comprendido entre los años 2002 y 2018 (no hay datos del año 2017), tiempo en el que se dispone de datos completos tanto en España como en Extremadura. He utilizado para este estudio las cifras publicadas por el INE (Instituto Nacional de Estadística) en cuanto a consumos de agua y por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en sus Encuestas sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos en España (ESYRCE) en lo que concierne a las superficies de riego.

El parámetro a analizar más revelador de cómo ha evolucionado la situación es el consumo unitario (volumen de agua utilizado por unidad de superficie de riego, expresado en m3/ha: metros cúbicos por hectárea)

Para evitar las influencias climáticas variables de un año a otro he calculado las medias de los períodos (2006 – 2010) y (2013 – 2018, sin datos en 2017) que son las que he comparado para ver la evolución experimentada en los consumos de agua.

Los resultados que, resumidos, se exponen a continuación, no dejan lugar a dudas: los regantes españoles y en mayor medida los extremeños han ahorrado agua y han introducido con preferencia métodos de riegos de alta eficiencia como es el riego por goteo.

Teniendo en cuenta el consumo total de agua y la superficie total de riego, en España se ha pasado de consumir 4.808,1 m3/ha a utilizar 4.197,1 m3/ha lo que ha supuesto un ahorro de 610,9 m3/ha que representa un 12,7 %.

En Extremadura se ha pasado de un consumo de 6.833 m3/ha a utilizar 5.954,7 m3/ha lo que supone un ahorro de 878,3 m3/ha equivalente al 12,9 %.

La conclusión a la que nos llevan estos valores del consumo unitario es que los procesos de modernización han producido importantes ahorros de agua tanto en los regadíos de España como en los de Extremadura.

En cuanto a la introducción de métodos de riego de alta eficiencia como es el riego por goteo en España en 2002 había 992.560 ha de riego por goteo que suponían el 29,59 % del total del riego y en 2018 estas cifras eran de 1.917.780 ha que equivalían al 51,79 % de la superficie total de los regadíos.

En Extremadura se ha producido un notable incremento en el uso del riego por goteo pasando de 30.543 ha equivalentes al 11,7 % que había en el año 2002 a 150.101 ha o lo que es lo mismo el 53,56 % datos del año 2018.

Como se ve tanto en España como en Extremadura se ha apostado por el riego por goteo que utiliza mucha menos agua que el riego por aspersión e infinitamente menos que el de gravedad.

Hay que subrayar el importante incremento experimentado por el riego por goteo en Extremadura que ya supera en porcentaje del total de riego 53,56 % al existente en España que es el 51,79 %.

Estas cifras tan claras nos indican que hay que seguir en la senda de la modernización, cambiando los riegos por gravedad a los métodos de aspersión o goteo y especialmente a este último método que es el que presenta una mayor eficiencia en la aplicación del agua.

Hay que subrayar que en España se riegan todavía por gravedad 908.075 ha que representan el 24.52 % del total de la superficie de riego, mientras que en Extremadura se riegan por gravedad 89.858 ha que equivalen al 32,06 % del total. Sobre estas superficies es sobre las que hay que continuar con la modernización para conseguir un regadío más sostenible tal y como piden los poderes públicos y desean los regantes.

En este proceso de mejora de la eficiencia del riego han jugado un papel importante el uso por los regantes y por sus comunidades de las nuevas tecnologías. Especialmente la utilización de datos meteorológicos de las estaciones agrometeorológicos de la red SIAR del Ministerio de Agricultura y de la REDAREX de la Junta de Extremadura, junto al uso de imágenes satelitales de Landsat, Spot o Sentinel y programas asociados para determinar los coeficientes de cultivo (Kc) así como el uso del telecontrol para los riegos. Esta forma de actuar ha permitido fijar con precisión los consumos reales de agua de los cultivos y, en consecuencia, mejorar la eficiencia del riego, lo que permite ahorrar agua y energía y mejorar la sostenibilidad de nuestros regadíos.

 

 

¿CUÁL SERÁ EL FUTURO DEL TRASVASE TAJO - SEGURA?

El trasvase Tajo – Segura lleva en funcionamiento 42 años. Fue diseñado, proyectado y construido en su mayor parte durante la dictadura franquista, aplicando el ordeno y mando de la época.

El diseño y la justificación del trasvase presentan algunas trampas. La primera de ellas, la de mayor enjundia, consistió en que en el balance hídrico inter cuencas solamente se tuvieron en cuenta las aguas superficiales, dejando de lado las subterráneas de gran importancia en el Levante español.

La segunda trampa también de gran calado consistió en que se inflaron los datos de las aportaciones de las lluvias, no sé si por error o a sabiendas, para poder justificar un trasvase de 1.000 hm3 /año, luego reducido a un máximo de 600 hm3/año. Más tarde en 1985 sería incrementado en 50 hm3/año a trasvasar a la cuenca del Guadiana para salvar las Tablas de Daimiel, cosa que no se ha conseguido a tenor de la reducida superficie inundada en la actualidad: 65 ha. de las más de 2.000 ha inundables. ¿Qué fue del Plan Especial del Alto Guadiana y de la ingente cantidad de dinero gastado en la compra de derechos de agua?

El trasvase se proyectó con estudios hidrológicos equivocados. Se demuestra el error porque la serie hidrológica utilizada que comenzaba en 1941, a partir de 1980 ha sufrido una repentina disminución de aportaciones del 30 %. Lo que demuestra que se utilizaron datos inflados porque es prácticamente imposible que se produzca esa reducción tan drástica en las aportaciones en un corto período de tiempo.

En los 42 años de trasvase solamente se ha llegado una vez al máximo autorizado de 600 hm3/año y el trasvase medio está en el entorno de unos 320 hm3/año.

El segundo aspecto a considerar es la legalidad del trasvase. La ley del Plan Hidrológico Nacional de 2001 establece que una cuenca hidrográfica sólo puede ceder agua a otra si existen excedentes. Y en la cuenca del Tajo no hay agua excedentaria.

El Plan Hidrológico del Tajo 2015 - 2021 que se está revisando para el período 2022 - 2027 reconoce al menos cuatro sistemas de explotación deficitarios: Henares, Alberche, Tiétar y Árrago, en los cuales los usos de regadío no pueden ser atendidos con las garantías establecidas en la Instrucción de Planificación Hidrológica. Pues bien, a pesar de eso y en contra de la normativa vigente se mantiene el trasvase.

Parece disparatado que, desde el territorio de la cuenca comprendido entre la cabecera y Talavera de la Reina, el cual aporta solamente el 45 % de los recursos hídricos totales, pero que concentra el 85 % de las demandas, se trasvase un importante volumen de agua a otro ámbito de planificación hidrológica como es la cuenca del Segura.

El resultado es que en el tramo Aranjuez – Toledo – Talavera de la Reina, el río Tajo difícilmente puede mantener un caudal suficiente para conservar el curso de agua en unas condiciones ecológicas mínimamente aceptables y además transfiere a Extremadura un agua de muy baja calidad. Aquí también habría de tenerse en cuenta si la depuración en la conurbación de Madrid funciona adecuadamente.

Si se resolviera la situación de los sistemas deficitarios del Tajo, cosa que no se prevé en el borrador del nuevo Plan Hidrológico 22 – 27, podría pensarse en mantener un trasvase hacia Levante, siempre que a su vez se diera solución al problema de calidad y cantidad de agua que circula en el tramo Aranjuez, Toledo y Talavera estableciendo unos caudales ecológicos mínimos que habría que calibrar muy bien. Y asegurar también que el trasvase no afecta a los 2.700 hm3/año que hay que suministrar a Portugal por el Convenio de Albufeira. Ni condiciona los abastecimientos y usos de los núcleos de la cabecera del Tajo próximos al trasvase.

Por otra parte, habría que exigir a los usuarios levantinos disciplina en el uso del agua trasvasada. Me refiero con esto a la necesidad de clausurar los riegos ilegales que se llevaron a cabo a partir del año 1986 en que estaban prohibidos salvo casos excepcionales. Y eliminar el uso del agua para urbanizaciones y campos de golf que se han puesto en marcha sin que ese fuera el objetivo del trasvase.  

No obstante, el asunto presenta una gran complejidad, por los intereses existentes en el Levante español generados en estos 42 años de funcionamiento, que se mezclan con el inadecuado uso del agua que se hace cuando esta se aplica a riegos ilegales, que, en los planes hidrológicos del Segura se tratan de legalizar, cuando antes se estuvo mirando para otro lado y consintiendo su ejecución.

La desalación puede ser una solución complementaria al problema si se lleva a cabo un estudio racional del uso de todas las aguas: las del trasvase que previsiblemente habrá que reducir algo, lo que dependerá en gran medida de los caudales ecológicos que se fijen finalmente en el Plan Hidrológico del Tajo 22 – 27 en el eje Aranjuez – Toledo – Talavera; las subterráneas levantinas que han de utilizarse sin sobreexplotar los acuíferos y las desaladas cuyo proceso de obtención resulta ser más caro.

Aunque es comprensible la postura de Castilla la Mancha de derogar el trasvase en un cierto plazo, debería ser revisada y buscar junto con Extremadura, Madrid y las comunidades autónomas levantinas afectadas, un consenso que permita salvaguardar todos los intereses. Eso va a exigir cesiones parciales, solidaridad y generosidad por parte de todos. Y cumplir las condiciones antes enunciadas.

En las comunidades favorecidas por el trasvase debieran entender que, aunque paguen su tarifa, no se puede trasvasar un recurso como el agua, necesario para el desarrollo de una cuenca cedente deficitaria que, salvo Madrid y entorno, tiene un marcado carácter rural y unos niveles de desarrollo inferiores a los de las cuencas receptoras. No se debe desnudar un santo para vestir a otro.

 

 

 

EL COSTE DE LOS MATERIALES Y LA OBRA PÚBLICA

La relación contractual en las obras públicas más importantes en España, tiene su base en un pliego de cláusulas administrativas, un proyecto de ejecución debidamente aprobado con su pliego de prescripciones técnicas y una oferta económica de ejecución de la obra por parte del contratista adjudicatario, completado con unas fórmulas de revisión de precios.

También se establecen penalizaciones al contratista si se rebasan el plazo de ejecución de las obras o sus prórrogas legalmente concedidas.

En este proceso contractual se aplican dos principios básicos: Uno es el llamado Pacta sunt servanda: los pactos están para cumplirlos y de ahí nacen las obligaciones de las partes: la administración y el contratista. Pero también se aplica otro principio importante de la contratación. Se trata del denominado Rebus sic stantibus. Es decir, se mantiene todo mientras permanezcan las circunstancias en las que se suscribió el contrato. Por eso se incluyen en los contratos de obras públicas más importantes las cláusulas de revisión de precios. Para adaptar el contrato a las posibles oscilaciones de precios tanto al alza como a la baja que puedan tener lugar a lo largo del tiempo de vigencia del mismo.

Si hay estabilidad de precios de los materiales a lo largo del contrato, porque la inflación está próxima a cero, las cláusulas de revisión de precios dejan de tener importancia, pues las variaciones de los precios de los materiales influyen nada o muy poco en el coste final que la obra supone para el contratista y por tanto no tendrán repercusión práctica en los beneficios que el empresario tenga previsto obtener.

Pero en una situación como la que se está dando actualmente en España en la que los precios de las materias primas más importantes que se usan en las obras públicas, como son el aluminio, el acero, el cemento, los áridos, los asfaltos y betunes, la madera, los plásticos, la energía eléctrica y los combustibles, están experimentando incrementos notables e incluso existen ciertas dificultades de aprovisionamiento de alguno de ellos, la aplicación de las cláusulas de revisión de precios en los contratos de las obras públicas adquiere una notable importancia para asegurar que el beneficio empresarial no resulta menoscabado por esas alzas desmesuradas e imprevistas en los precios.

Los contratistas están haciendo patente su preocupación por estos importantes incrementos de los precios de los materiales que les afectan negativamente porque tienen que financiar las compras anticipadas de los mismos, antes de que se le apliquen las fórmulas de revisión de precios una vez que las publique el ministerio de Hacienda. Y cuando estas elevaciones en los costes son de gran calado como las que se están dando en estos momentos, el problema se agrava mucho más.

La situación del mercado de las obras públicas ha determinado que las bajas aplicadas por los contratistas para hacerse con los contratos han sido, en general, bastante fuertes, con lo que el beneficio empresarial que está por esta razón muy ajustado, se ve sensiblemente afectado por el importante encarecimiento experimentado en el coste de los principales materiales.

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) de España estima unos aumentos de precios muy considerables que están incrementando sensiblemente el coste de las obras. El precio de la madera se ha elevado en un 120 %, el del acero en un 55 %, los plásticos PE y PVC alrededor de un 45 %, el aluminio, los productos bituminosos y la electricidad lo han hecho en un 40 %, los combustibles en un 37 % y el hormigón en un 30 %.  Estos notables incrementos en los precios de los materiales que forman parte muy importante de las obras públicas están elevando los costes para el contratista en cantidades muy significativas, que están muy por encima de los precios del proyecto que sirvió de base a la contratación y por descontado del presupuesto de adjudicación.

 Pues bien, el ministerio de Hacienda no actualiza los índices de revisión de precios desde diciembre de 2020. Esta y las anteriores circunstancias han hecho que, según la CNC, el 25 % de las obras públicas han sido paralizadas por las contratas en espera de que se dé una solución a estos problemas de precios, a su revisión y también a los de suministro de determinados materiales.

Esta situación es de especial gravedad porque el final de la misma puede suponer importantes penalizaciones para los contratistas en la forma que figuren en los pliegos de prescripciones por rebasamiento de los plazos y prórrogas autorizadas en la ejecución, o lo que todavía es peor, puede llegarse a la rescisión del contrato.

Esta última circunstancia originará unos perjuicios notables no sólo al contratista sino también a la administración. El proceso de terminación de una obra que ha sido rescindida supone para la administración un coste final que supera con creces el del presupuesto de adjudicación inicial. Además, hay que habilitar un procedimiento de rescisión y poner en marcha un nuevo expediente de adjudicación, lo que origina importantes retrasos en la puesta en servicio de las obras.

 

EXTREMADURA EN LA CUMBRE HISPANO - PORTUGUESA DE TRUJILLO

Hace unos días se ha celebrado en Trujillo la XXXII cumbre hispano – portuguesa en versión española, luso – española para los portugueses. Se trata de una reunión de alto nivel que congrega a los presidentes de gobierno de ambos países en esta ocasión Pedro Sánchez y António Costa, y a los titulares de diferentes departamentos ministeriales de las administraciones española y portuguesa.

Como acuerdo más importante de la misma se ha complementado el Tratado de Amistad y Cooperación que suscribiera en 1977 en nombre de España el presidente Adolfo Suárez, para adaptarlo a las nuevas circunstancias.

Para Extremadura, esta cumbre era una ocasión de oro para introducir en los acuerdos bilaterales que se toman alguna actuación relevante que afecte a la región.

Los acuerdos tomados más importantes que afectan a Extremadura positivamente se han referido al estatuto del trabajador transfronterizo y a temas de energías renovables, baterías y coches eléctricos con especial relevancia del Centro Nacional de Investigación y Almacenamiento de Energía de Cáceres que tiene prevista una inversión de 70 Millones de euros que ya estaba comprometida por el gobierno de España.

Entre los acuerdos sobre infraestructuras se ha firmado un Memorándum de entendimiento en la materia y se recogen algunos acuerdos que transcribo de la información facilitada por la Moncloa:

“A título de ejemplo, los ministros han compartido que ya está en redacción el estudio informativo del proyecto de la salida Sur de Vigo, que en este trimestre se pondrá en servicio el tramo de carretera que conecta Fuentes de Oñoro y Vilar Formoso, que el avance de las actuaciones ferroviarias en el eje Lisboa - Madrid permitirá una disminución del tiempo de recorrido del 40% a corto plazo o que en junio terminaron las obras de rehabilitación del Puente Internacional sobre el Río Guadiana entre Ayamonte y Vila Real de Santo Antonio.

Además, han adoptado dos acuerdos que recogen el compromiso de ambos países con el objetivo de conseguir una mayor sostenibilidad y digitalización del transporte.”

De su lectura deduzco algunas consecuencias que no son nada favorables para Extremadura.

La primera es que el AVE Madrid - Lisboa no pasará por Extremadura. Puede afirmarse esto porque lo que se está construyendo entre Plasencia y Badajoz no puede calificarse de un AVE como puedan ser las líneas Madrid – Sevilla o Madrid – Barcelona que es lo que habría que exigir a un AVE que una las dos capitales ibéricas. Este tren que tanto tiempo está costando construir en Extremadura no será el AVE Madrid – Lisboa. Será otra cosa. El tramo en construcción entra Badajoz y la capital del Jerte no está dotado del ancho internacional, ni siquiera está hoy día duplicado entre Montijo y Badajoz. Así que como nos temíamos el AVE de verdad trascurrirá con alta probabilidad por Salamanca y ya en Portugal se bifurcará en dos ramales uno a Oporto y otro a Lisboa.

Aquí en Extremadura se sigue distrayendo al personal por parte de unos y otros sobre si lo que se está construyendo es AVE, AVE, pero menos, tren de altas prestaciones o tren digno y mareando la perdiz con fechas y más fechas, que nunca se cumplen. Para al final, allá por 2030 en que parece que llegará a Madrid, dotarnos de un tren que indiscutiblemente será mejor que la desgracia de la que disfrutamos, faltaría más, pero no será el AVE entre Madrid y Lisboa.

Manifestaciones del presidente portugués Antonio Costa sobre la construcción para mercancías y pasajeros del tramo entre Évora y Badajoz parecen corroborar lo anterior. El primer ministro portugués habla de alta velocidad (250 km/h máximo) pero no del AVE que todos conocemos en España. Con lo cual se refuerza la tesis de que el AVE entre Madrid y Lisboa que sólo tiene justificación con la unión de ambas capitales europeas no circulará por Extremadura. A Portugal por ahora le interesa más reforzar el transporte de mercancías hasta el puerto de Sines.

Otra cuestión preocupante es que en el Memorándum no se dice nada concreto sobre la continuidad de la autovía autonómica EX – A1, desde Moraleja Oeste hasta la frontera portuguesa en Monfortinho y su enlace desde allí por autovía, con la A – 23 lusa en Castelo Branco. Solamente en el apartado 42 del documento de declaración conjunta de la cumbre, se hace una referencia muy difusa a esta iniciativa.

Esta autovía nace de la A5 en Navalmoral de la Mata, y es fundamental para el norte de Extremadura, ya que une las cuatro ciudades de más población (Navalmoral, Plasencia, en donde enlaza y cruza con la A66 Vía de la Plata, Coria y Moraleja). Es una infraestructura que completada hasta la A 23 portuguesa favorecería a muchos sectores como la agricultura y la ganadería, la industria agroalimentaria, nuevas industrias que puedan instalarse relacionadas con las nuevas tecnologías y el turismo, siendo el trayecto más corto por carretera entre Madrid y Lisboa. Aspecto muy importante porque conllevaría una sensible disminución de emisiones de CO2 en unos tiempos en que hay que buscar fórmulas que mitiguen el cambio climático. Asimismo, traería consigo un importante ahorro de combustible y de tiempo para quienes opten por utilizar esta vía.

Concluyo en que una vez más Extremadura no ha salido nada bien parada de esta cumbre hispano – portuguesa en materia de infraestructuras de transporte. Otra oportunidad perdida. Y van….