SECTOR AGRARIO: ¿SE LE CONSIDERA UN SECTOR
ESTRATÉGICO EN ESPAÑA?
En
los momentos más difíciles de la pandemia, y especialmente durante el período
de confinamiento, el sector agrario en el que considero incluida a la industria
agroalimentaria, con su eficiente trabajo ha demostrado su capacidad para
asegurar los alimentos necesarios a la población española. Prácticamente no
hubo problema de falta de suministros y los ciudadanos no notamos desde ese
punto de vista los efectos de la pandemia.
En
los países punteros en el mundo, el sector agrario es considerado como un
sector estratégico porque asegura una de las necesidades básicas de la
población: su alimentación. Al sector agroalimentario en países de primer nivel
económico como Estados Unidos, Francia o Alemania se le considera como un
sector prioritario y estratégico ya que evita la dependencia de países terceros
de un aspecto tan importante como es el abastecimiento alimentario. Igual que
ocurre con sectores como el energético, el químico o el sanitario en el que
estos países reducen al máximo la dependencia del exterior. En lo referente al
sector agrario esta manera de proceder además de la cantidad de alimentos,
asegura la calidad alimentaria y el control de precios al no depender de
terceros.
En
España si se atiende a las manifestaciones de nuestros gobernantes, da la
impresión de que para ellos el sector agrario sí que es un sector estratégico y
se les llena la boca, sobre todo cuando van de visita a zonas rurales, de
alabanzas al sector y al personal que forma parte del mismo destacando su
laboriosidad e importancia estratégica.
En
contraposición a estas grandilocuentes declaraciones la realidad es que nuestro
gobierno es especialmente beligerante contra el sector agrario, ya que ha
abrazado por ideología un ecologismo muy primario que se ha puesto de moda y
del que se declara seguidor.
Actuaciones
del ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico - que ha jibarizado y
reducido a la mínima expresión al Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación que es quien realmente debía de ocuparse del sector agroalimentario
y del medio rural - al que se le han otorgado las competencias en demografía
rural y poblamiento, biodiversidad, agua, e incluso del sector forestal que es
parte indisoluble del sector agrario, está tomando una serie de decisiones que perjudican
sensiblemente a agricultores y ganaderos.
Se
ve favorecida su estrategia por la apuesta por lo verde que hacen los
burócratas de la UE y que se traslada a disposiciones como el Nuevo Acuerdo
Verde Europeo (Green New Deal Europe) o la PAC. A este verdor nos hemos
apuntado desde España con furibundo entusiasmo del converso, sin proponer una
transición en calma para conseguir un sector agrario más sostenible, pero sin
perjudicarle en el camino que ha de recorrer.
Voy
a poner dos ejemplos, aunque hay muchos más, de estas actuaciones gubernamentales
que están perjudicando sensiblemente al sector agrario y al medio rural.
La
reciente disposición de protección del lobo que impide su caza, es un palo a la
ganadería extensiva, precisamente la más ecológica. Muchas explotaciones verán
impotentes como el lobo ataca a sus ganados, sin que los titulares reciban una indemnización
rápida que cubra la totalidad de los daños producidos y asegure la inmediata reposición
de las bajas que se produzcan en los rebaños.
Esta
norma se ha promulgado en contra de la opinión de varias comunidades autónomas,
como Galicia, Cantabria, Asturias, Andalucía, Castilla y León, Madrid y Murcia,
así como de todas las asociaciones que agrupan a ganaderos. Ha bastado la
presión ecologista para modificar la norma existente que ya protegía al lobo.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de quien depende la
ganadería en España, se doblega a las disposiciones del Ministerio de
Transición Ecológica, aunque dice estar del lado de los ganaderos. Ya me
contarán.
Confiemos
en que los recursos contencioso - administrativo anunciados por algunas
comunidades autónomas y asociaciones de ganaderos den su fruto. Una cosa es
proteger al lobo y otra arruinar a los ganaderos. Aquí no tenemos término
medio.
Otro
ejemplo es la persecución contra los regadíos y los regantes, que subyace en la
nueva revisión de los planes hidrológicos del tercer ciclo de planificación
2022 – 2027.
Estos
planes dan preferencia absoluta a la consecución de los objetivos
medioambientales de alcanzar el buen estado de las masas de agua, frente al
objetivo de satisfacer las demandas de los usos socioeconómicos. El principal
perjudicado es el regadío que es el uso que más agua utiliza.
Los
objetivos medioambientales dan preferencia a los caudales ecológicos a costa de
reducir las garantías de los regadíos. Tampoco se resuelve en estos planes la
situación de los regadíos deficitarios, ni se prevén nuevas obras de regulación
para asegurar las garantías de los usos y de los caudales ecológicos, ni se dotan
adecuadamente en el programa de medidas las de terminación de la modernización
de los regadíos para digitalizarlos y hacerlos más sostenibles.
Por
el contrario, sin valorar sus consecuencias, se propugna la introducción de
nuevos costes ambientales que incrementando el precio actual del agua llevarán
a la desaparición de muchas explotaciones de riego por falta de rentabilidad.
El
Ministerio de Agricultura está desaparecido ante esta problemática que afecta
gravemente a los regadíos que se encuentran adscritos a este departamento.
El
gobierno debería reflexionar sobre estos extremos. Debilitar el sector agroalimentario
es poner nuestra alimentación en manos de países terceros. Y eso es un error
que pagaremos caro. Los consumidores los primeros.
Coincido plenamente J.I.
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