RECLAMACIONES RAZONABLES

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en una reciente comparecencia en el prestigioso Club Siglo XXI de Madrid, ha dado cuenta de la situación deficitaria que padece Extremadura, en relación con la media de servicios que disfrutan otras comunidades autónomas de España.

Extremadura ha sido tradicionalmente una región abandonada del poder central. Incluso en el franquismo y a pesar de los planes de regadío de Badajoz y norte de Cáceres, hubo una considerable emigración de población hacia Europa y hacia las regiones privilegiadas por el franquismo: Cataluña y el País Vasco. Alrededor de 500.000 personas hubieron de emigrar de Extremadura.

Los importantes recursos endógenos agroalimentarios que produce, afortunadamente se transforman cada vez más en Extremadura. Pero todavía hay un porcentaje notable que se exporta en bruto en beneficio de otras regiones, que se quedan con el valor añadido. Hay que transformar el máximo posible de ellos en Extremadura, favoreciendo la instalación de nuevas industrias agroalimentarias.

 Algunos de sus recursos han sido colonizados por el resto de España. Hubo primero una colonización hidráulica con la construcción de presas de aprovechamiento hidroeléctrico en cascada, especialmente en el curso del río Tajo. Esta energía hidráulica era exportada para beneficio de otras regiones.

La segunda colonización energética fue la nuclear. Nos colocaron dos grupos en Almaraz, y gracias a Ibarra no nos construyeron otros dos en Valdecaballeros. Esta energía en su mayor parte se exporta a otras regiones de España para beneficio de empresas no extremeñas.

La tercera colonización es la de las energías renovables. Una invasión de paneles solares y aerogeneradores empieza a apoderarse del territorio extremeño. Aproximadamente de la energía producida en Extremadura de exporta un 80 %.

Pues bien, en lugar de recibir contraprestaciones por esta producción masiva de energía, dotando a Extremadura de una infraestructura de comunicaciones que permitieran su industrialización, usando una energía barata producida en la región, el abandono ha sido patente. Especialmente en lo concerniente a infraestructuras ferroviarias.

María Guardiola cifra en 10.553 Millones de euros, la deuda histórica que España le debe a Extremadura. Supongo que sus equipos de trabajo habrán calculado con cierta precisión esta cifra. Había estudios de la Universidad de Extremadura, de hace unos años, que calculaban esta deuda histórica con la región.

Pero en mi opinión más que cifras cerradas, han de reivindicarse acciones concretas que supongan una nivelación de servicios con el resto de España y unas infraestructuras acordes con la media española.

Sugiero algunas.

En carreteras hay que finalizar la autovía autonómica EX A1, llevándola a la frontera portuguesa, para enlazar allí con la red de autovías lusa. Esta infraestructura es vital para el norte cacereño y una vía rápida entre Madrid y Lisboa. Y el gobierno debería ayudar a la Junta para su pronta terminación. Hay que aligerar la construcción de la autovía entre Cáceres y Badajoz, ya iniciada construyendo simultáneamente varios tramos y acometer las autovías A 43 a Castilla la Mancha y la que nos una a Córdoba y Granada.

En ferrocarriles hay que impulsar la terminación a la mayor brevedad de la línea de alta velocidad entre Badajoz y Madrid por Cáceres, resolviendo el tema de las estaciones en línea en Mérida y Plasencia. De igual modo finalizar el acondicionamiento de la vía férrea entre Mérida y Brazatortas. Y conseguir que la reapertura de la Ruta de la Plata, vía férrea cerrada en 1985 entre Plasencia y Astorga, sea incluida en la Red Básica Ampliada de la Transeuropea de Transportes, con vistas a adelantar actuaciones con un horizonte máximo en 2040 y poder acceder a fondos europeos para su ejecución.

En materia de infraestructuras aéreas hay que conseguir a corto plazo una adecuación del aeropuerto de Badajoz, mejorando su ILS y dotar a Cáceres de un aeródromo. A largo plazo habría que pensar en un aeropuerto regional de AENA, centrado en la región.

Es necesario la dotación de suelo industrial y especialmente promover plataformas logísticas en Cáceres, Plasencia y Don Benito – Villanueva para facilitar la instalación de nuevas industrias relacionadas con las nuevas tecnologías y su logística.

Y asegurar el suministro eléctrico y energético en los puntos de instalación de las empresas.

Es importante que los principales hospitales regionales se doten de mejoras, para poder prestar el máximo de servicios a los usuarios. Reforzar los hospitales de Badajoz, Mérida, Don Benito – Villanueva, Cáceres y Plasencia, sería una importante tarea a acometer. Al igual que las mejoras y ampliaciones de centros de atención a los mayores en diferentes puntos.

Pero me temo, al igual que piensa María Guardiola, que no son tiempos buenos para la lírica, ni para inversiones extraordinarias en Extremadura por parte del gobierno de España. Mientras el sanchismo necesite los votos de separatistas vascos y catalanes para continuar en el poder, el grueso de las inversiones se destinará a esas regiones privilegiadas. Que llevan siglos gozando de privilegios.

Al resto nos darán algunas migajas y mucha sopa boba. Para callarnos y que los resignados extremeños, al igual que los habitantes de otras regiones que recibirán un trato parecido, les sigan votando.

 

 PROTESTAS EN EL SECTOR AGRARIO EUROPEO

Los burócratas de la Unión Europea (UE), con la promulgación de algunas disposiciones preñadas de una ideología ambientalista que tiene tintes de ingenuidad infantil fuera de la realidad, están presionando a la agricultura y a la ganadería europeas, llevándolas a un callejón sin salida.

El sector agrario que debiera ser estratégico en Europa, pues es el que ha de asegurar la alimentación de la población con las suficientes garantías de cantidad, calidad, sanidad y trazabilidad, a precios razonables en sus producciones, parece que está en el punto de mira de una burocracia que está imponiendo una dictadura verde, dando prioridad a los temas ambientales sobre los económicos, debido a un fanatismo ecologista y climático injustificable.

Alzas muy destacadas en el coste de los insumos: agua, electricidad, combustibles, semillas y plantones, fertilizantes, fitosanitarios, piensos, gastos veterinarios, salarios, están poniendo en riesgo la rentabilidad de las explotaciones agrarias, abocadas en muchos casos al cierre, porque los precios percibidos por los productores, a pesar de los incrementos experimentados, son incapaces de cubrir los costes de producción.

En una reciente entrevista, un experto de la categoría de Manuel Pimentel, ingeniero agrónomo y ex ministro de Trabajo de España asegura que “Europa está provocando su suicidio con las políticas agrícolas”.

La Agenda 2030, el Nuevo Pacto Verde Europeo o la PAC (Política Agraria Común) son normas que tratan de frenar las producciones agrarias en Europa poniendo cada vez más trabas ambientales o sobre el bienestar animal y aumentando el papeleo y la burocracia en las explotaciones agrarias. Parece que optan por un medio rural lleno se pajaritos y vías verdes, para solaz de los urbanitas de ciudad, incapaces de comprender la importancia del campo y del sector agrario para la vida de los europeos.

Agricultores y ganaderos, que han sido capaces de proporcionar a Europa durante muchos años, incluida la crisis de la pandemia, una seguridad alimentaria con alimentos a precios razonables asequibles para todas las capas sociales de la población, se encuentran con una fuerte presión normativa que va en contra de sus intereses.

Además, una población urbanita manipulada e ignorante de lo que es el sector agrario y de la importancia de los trabajos de agricultores y ganaderos, desprecia al medio rural y a sus gentes, desde hace muchos años. Da la impresión de que piensan que la leche sale directamente del tetrabrik o de la botella, o que las frutas y verduras nacen solas por generación espontánea en el supermercado.

Las consecuencias de estas políticas absurdas empiezan a percibirse en el bolsillo del consumidor. La ley de oferta y demanda funciona en los mercados y a menor producción, mayor precio para el consumidor. Los primeros perjudicados de todo esto: las capas sociales con menor poder adquisitivo, que ven cómo la cesta de la compra se encarece día tras día, mientras que sus salarios se revelan insuficientes para adquirir los productos alimentarios a los que antes tenían acceso.

Como ejemplo, el importe de la cesta de la compra en España, en el ejercicio 2023, ha sufrido un incremento del 11,8 %. Tres veces más, lo cual es una barbaridad, si se compara con el incremento experimentado por los salarios, entre el 3 y 4 %.

Los burócratas y políticos que andan promoviendo estas normativas de reducción de producciones agrarias, no notan demasiado los incrementos de precios de los alimentos, ya que sus sustanciosos sueldos les permiten adquirirlos sin esfuerzo aparente. Y si hay algún problemilla se suben ellos los sueldos y de paso, para asegurarse su cobro, suben los impuestos a los que no gozan de estas prebendas.

El sector agrario, que ve que está llegando a su límite de resistencia, comienza a protestar sobre la injusta situación a la que lo han conducido. Ha habido alborotos en diversos países europeos: Francia, Holanda e incluso hace unos meses en nuestro país. Ahora se inician en Alemania donde miles de tractores han llegado en su manifestación hasta la mismísima Puerta de Brandeburgo en Berlín, protestando por la eliminación de ayudas al diésel y de otras subvenciones. Y las protestas continuarán en otros países. Ya se anuncian en España.

Como apunta Pimentel en su entrevista, parece que Europa ha optado por dejar de producir ella productos agrarios, para que los produzcan terceros países. Y el desarmar un sector como el agrario europeo tiene riesgos de todo tipo. Que estos burócratas, encastillados en sus poltronas, con incapaces de determinar y valorar su importancia.

Cuando tengamos que depender de países terceros en el abastecimiento de productos agrarios, vamos a comprobar en breve plazo que las condiciones de calidad, sanidad y trazabilidad que rigen ahora en Europa, no serán de aplicación porque esos países terceros tienen sus propias reglas de producción.

 En cuanto esos países suministradores sean conscientes de que Europa depende de ellos para su alimentación, comenzarán a elevar los precios y los productos alimenticios en Europa se encarecerán aún más, en perjuicio de la economía de las clases populares, a las que unos gobiernos que se autocalifican como progresistas, dicen defender.

Parece que no ha tenido bastante con la dependencia exterior de la energía y las subidas de precios del gas y de la electricidad. O con las medicinas. No aprenden.

 

PROBLEMAS DE AGUA EN EL GUADIANA EXTREMEÑO

El tiempo transcurre y no llueve en la cantidad suficiente para que los embalses de la cuenca extremeña del río Guadiana, recojan y almacenen recursos hídricos suficientes para garantizar el regadío de toda la superficie potencialmente regable en la próxima campaña del año 2024.

Da la impresión de que nos encontramos ante un ciclo de sequía de parecidas características al ocurrido en el período 1992 – 1995, que fue uno de los más duros que ha sufrido el regadío extremeño.

Con grandes números en la cuenca extremeña del Guadiana, se necesita disponer de 2.330 Hm3 de agua para atender los diferentes usos socioeconómicos y ambientales durante el próximo año. 120 Hm3 son precisos para asegurar el abastecimiento urbano durante dos campañas; 1.150 Hm3 necesitan los regadíos para cultivos no permanentes y 80 hm3 para cultivos permanentes; 800 Hm3 van destinados a mantener los caudales ecológicos y 180 Hm3 es la evaporación que se produce en nuestros embalses. Estas son las cuentas.

Si no se tienen estos 2.330 hm3 de agua disponibles, y digo disponibles que no es lo mismo que embalsados, ya que aproximadamente un 10 % de lo embalsado, se considera no utilizable, no se podrá regar la totalidad de las tierras en la próxima campaña. Para hacer las cuentas finales supondré que este 10 % es agua no disponible y no podremos contar con ella.

La zona occidental de la cuenca del Guadiana, exceptuando el embalse de La Colada que en principio no influye en Extremadura, dispone de una capacidad máxima de almacenamiento de 8.064,91 Hm3. A fecha 25 de diciembre de 2023 almacenaba un volumen de 2.090,2 Hm3, el 25,9 %. Cuatro puntos porcentuales más que lo almacenado el año anterior.

Considerando el 10 % de lo almacenado como no disponible, tenemos como útil embalsado disponible un volumen de 1.881,18 Hm3. Eso es lo que hay en este momento realmente disponible para atender todos los usos antes reseñados.

Dado que la evaporación es un uso inevitable y el abastecimiento urbano es preferente a todos los usos, en realidad nos quedan disponibles 1.581,18 Hm3 con los que habría que atender a los cultivos permanentes y no permanentes de regadío y a los caudales ecológicos.

Considerando que estos caudales ecológicos gozan de preferencia absoluta, excepto frente al abastecimiento urbano, al ser considerados como una restricción previa a los sistemas de explotación, en realidad quedarían disponibles para el riego 781,18 Hm3. Esto representa solamente el 63,5 % del agua que los regadíos necesitan.

De modo que si no llueve lo suficiente de aquí a finales de febrero que es cuando los regantes han de comenzar los preparativos de sus tierras, nos veríamos ante una sensible reducción de las superficies de posible riego en la próxima campaña. Y llovería sobre mojado ya que las campañas de 2022 y 2023 también se han caracterizado por  restricciones en las superficies regadas.

Así que nos encontramos actualmente en una situación de gran incertidumbre sobre lo que puede ocurrir de aquí a febrero con los volúmenes de agua almacenada, y las posibles cantidades de las que podrán disponer los regadíos extremeños del Guadiana.

El volumen destinado a atender los caudales ecológicos representa el 65 % del volumen destinado a riegos, lo cual es una desmesura, si se considera que los ríos extremeños en régimen natural no cubrirían esta cantidad especialmente en estiaje. Por esta razón dichos caudales ecológicos tienen que ser suministrados desde los embalses existentes restándole garantía al regadío y también a otros usos.

La Instrucción de Planificación Hidrológica en su apartado 3.4.3 permitiría una reducción de los caudales ecológicos en época de sequía cuando se cumplan las condiciones del artículo 38 del Reglamento de Planificación Hidrológica en relación con el deterioro temporal de las masas de agua, excepto en las superficies que pertenezcan a la red Natura 2000 o los humedales del convenio de Ramsar. 

 Como ya propuse en las campañas 2022 y 2023, sin ningún éxito, lo cual era esperable dada la preferencia del Ministerio de Transición Ecológica por los aspectos ambientales, lo que a nuestro juicio habría que hacer para disminuir los efectos de la sequía sobre el regadío. Se trata de reducir esos caudales ecológicos el máximo posible en la campaña 2024, aunque se deteriore algo el estado de las masas de agua afectadas. En todo caso este perjuicio a las masas de agua tendría carácter temporal. La reducción del volumen para caudales ecológicos se destinaría a riegos para mejorar algo el escenario existente.

Una reducción de los caudales ecológicos de un 30 %, supondría poder disponer para el riego de 240 Hm3 más de agua, lo que elevaría a 1.021,18 Hm3 el total disponible que representaría el 83 % de lo necesario, mejorando sensiblemente la situación, sobre la que habría si se mantuvieran los caudales ecológicos en su totalidad.

En todo caso hemos de esperar acontecimientos en relación con la pluviometría del poco más de un mes y medio que resta. Si no lloviera lo suficiente, el regadío extremeño del Guadiana tendrá problemas de agua en la campaña 2024.

 

 

 

AGUA: DIFÍCIL ENCRUCIJADA

Hace unos pocos días he asistido, vía telemática, a una jornada organizada por el SCRATS (Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura) y el diario La Verdad de Murcia. La jornada llevaba por título: Agua, una encrucijada en el Levante Español.

Exponían los participantes, su temor a la reducción de las cantidades a derivar por el trasvase Tajo – Segura, debido al incremento de los caudales ecológicos que recoge el nuevo plan hidrológico de la cuenca del Tajo. Y analizaban las consecuencias que ello tendría en la economía de una pujante agricultura e industria agroalimentaria que se ha desarrollado en el Levante español.

Y es que, en verdad, estamos en una encrucijada en materia de agua, no solo en el Levante español, sino en toda España. Esta encrucijada, ya de por sí difícil y compleja, se ve agravada por la situación de sequía que padecemos.

En el panorama español del agua la situación experimentó un drástico cambio, en el año 1999, cuando en la normativa de aguas nacional se introduce el concepto de caudal ecológico. Sin estudios de base suficientes para justificar esta introducción, ni sus consecuencias posteriores de tipo social, económico o ambiental, a los caudales ecológicos se les otorga, además, la categoría de restricción previa a los sistemas de explotación.

Esto quiere decir que primero aseguramos los caudales ecológicos y con el agua que sobre atendemos los usos socioeconómicos. Sólo se exceptúa un uso como prioritario, en determinados casos, el abastecimiento urbano. Se concede por la norma, un predominio absoluto e injustificado a la componente ambiental sobre el desarrollo económico.

La endeble razón para hacerlo se justifica en las disposiciones de la Directiva Marco del Agua que promueve la consecución del buen estado de las masas de agua, sin que por parte alguna hable dicha norma de los caudales ecológicos, ya que, ni siquiera los define.

Pero aquí como somos más papistas que el Papa, adoptamos los caudales ecológicos como si fueran la panacea universal, sin valorar las consecuencias de hacerlo, dándoles prioridad absoluta en lugar de considerarlos como un uso más. Máxime si se tiene en cuenta que el caudal natural en muchos ríos españoles en época de estiaje tiende a ser nulo. Y los caudales ecológicos en esa época han de suministrarse desde la red de embalses existente. Que no estaba diseñada para suministrar estos nuevos caudales ecológicos.

Tampoco existen estudios contrastados para la determinación del valor de estos caudales. Se aplican unas veces modelos hidrológicos y en otras ocasiones modelos hidrobiológicos, que dan resultados muy dispares. Hasta el punto de que existen estudios de la cátedra de Hidráulica de la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid que cuestionan los valores de esos caudales, que la Confederación Hidrográfica del Tajo aplica en los documentos del tercer ciclo de planificación, en el tramo del río Tajo entre Bolarque y Aranjuez en donde se aumentan de 6 m3/s a 8,3 m3/s sin aparente necesidad.

La introducción de los caudales ecológicos, según un estudio realizado por el catedrático Luis Garrote en dicha cátedra de Hidráulica, supone una reducción media del 16 % en las garantías del resto de usos. Problema de gran importancia, que parece no se tuvo en cuenta en su momento.

La postura lógica tras la introducción de los caudales ecológicos como prioritarios, debería haber sido actuar para incrementar la capacidad de regulación construyendo nuevos embalses, a fin de no disminuir las garantías de otros usos. Pues bien, el Ministerio de Transición Ecológica lleva una temporada en la que se dedica a demoler presas para reducir la regulación. Increíble. No se construyen presas nuevas, que además tendrían más justificación todavía por las previsiones del cambio climático, que asegura que habrá más períodos de sequía y de lluvias torrenciales.

El trasvase Tajo – Segura puede verse afectado por el importante incremento que los caudales ecológicos en el eje del Tajo, han experimentado en el Plan Hidrológico vigente, aprobado hace unos meses.

En el plan hidrológico anterior (2016 – 2021) se fijaron unos caudales mínimos de 6 m3/s (189,2 Hm3/año) en Aranjuez y 10 m3/s (315,3 Hm3/año) en Toledo y Talavera de la Reina.

En el nuevo plan hidrológico, estos caudales ecológicos en el eje del río experimentan alzas desmesuradas. Se establece un período transitorio (siempre con valores de los caudales ecológicos nuevos superiores a los antiguos) y desde el 1 de enero de 2027, se fijan los definitivos que suponen fuertes aumentos sobre la situación actual.

Los valores nuevos a aplicar desde 2027 son 273 Hm3/año en Aranjuez, 544,1 Hm3/año en Toledo y 583,7 Hm3 / año en Talavera de la Reina.

Si se consolidan estos valores, el trasvase Tajo – Segura, que lleva funcionando 43 años, tendrá que reducir sensiblemente las cantidades a trasvasar, poniendo en peligro la economía agroalimentaria de miles de hectáreas del Levante español.  El déficit habrá de compensarse probablemente con agua desalada mucho más cara, o con reutilización de aguas residuales.

De modo que, entre los caudales ecológicos, la sequía y el cambio climático, nos encontramos en una encrucijada hídrica que exige soluciones racionales y no ideológicas de corte ecologista para la problemática del agua en España.

Y en épocas de sequía, como la que padecemos, los caudales ecológicos habría que irlos reduciendo progresivamente según se vayan alcanzando en los Planes Especiales de Sequía de las cuencas hidrográficas, los grados de escasez denominados Prealerta, Alerta y Emergencia, manteniéndolos en su totalidad solamente en situación de Normalidad. Eso sería lo lógico. No actuar así, constituye un nuevo despropósito.