viernes, 28 de febrero de 2020


LOS EXPERIMENTOS CON GASEOSA

Da la impresión de que a algunos ministros de este gobierno les falta experiencia, ya que se advierte en ellos alguna falta de prudencia en sus manifestaciones y toma de decisiones. Puede ser debido a que todavía no dominan las materias de su competencia.

En la pasada etapa del gobierno en funciones, pudo comprobarse lo anterior con la actuación de la Ministra de Transición Ecológica que a menos de un mes de haber tomado posesión, manifestó sin encomendarse a Dios ni al diablo, que “el diésel tiene los días contados” Y se quedó tan ancha.

La prudencia exigida a un servidor público de nivel ministerial, habría aconsejado que antes de proferir tan rotundo aserto, hubiera mantenido reuniones previas con el sector automovilístico: fabricantes, concesionarios, expertos, industria auxiliar, representantes de los trabajadores, suministradores de carburantes…etc. A fin de consensuar con ellos unos períodos de transición y una estrategia común que minimizara los posibles daños que tal decisión iba a acarrear al sector. Eso hubiera sido lo razonable.

Pero no, la señora, ferviente defensora de la eliminación del carbono de la sociedad - aspiración muy respetable, siempre que no se elimine del todo el CO2 de la atmósfera pues entonces la temperatura media en la tierra será de unos -18 ºC -  se tiró a la piscina sin el agua de un consenso previo, que hubiera establecido las bases para un abandono paulatino del diésel, si de verdad esa fuera la solución de nuestros males ambientales. Que al parecer no lo es, tal y como se deduce de la opinión de muchos expertos en la materia.

Las consecuencias de la frasecita de marras ya son patentes: dudas de los consumidores ante el tipo de vehículo a adquirir, disminución de ventas, obreros de las cadenas de montaje al desempleo, EREs y ERTEs, cierre de industrias auxiliares. En fin un panorama nada halagüeño.

Como premio al éxito conseguido, en lugar de mandarla a reflexionar a su casa, se la nombra vicepresidenta cuarta a cargo del Ministerio de Transición Ecológica y del Reto Demográfico. “Casi ná” que diría un castizo.

La ministra y vicepresidenta, ha seguido su hoja de ruta y la ha emprendido con la cogeneración. Al parecer, ya hay 500 empresas que aplican cogeneración en sus procesos productivos, que anuncian recursos administrativos y judiciales ante el cambio inesperado de la regulación en el sector. Este Ministerio va a parecer la casa de los líos. Al tiempo.

Aún le quedan sectores en los que no ha puesto sus manos. Pero las pondrá. El sector del agua y especialmente los regadíos ya están temblando de lo que pueda ocurrírsele a esta ministra tan ambientalista. Ya saben ustedes que estos ecologistas radicales son enemigos declarados de nuestros regadíos a los que acusan de infinitos males sin mezcla de bien alguno. Según ellos los riegos: despilfarran agua, contaminan los acuíferos superficiales y subterráneos con nitratos, fosfatos y pesticidas y emiten CO2 cuando en realidad son sumideros del mismo. Todo menos reconocer que gracias a las producciones obtenidas en ellos, comemos nosotros y los más de 80 millones de turistas que nos visitan, exportamos mejorando nuestra balanza comercial exterior, se fija la población en el territorio y es la base de nuestra industria agroalimentaria. Además son incapaces de poner de manifiesto el considerable esfuerzo que están realizando los regantes para que sus regadíos sean sostenibles. De esto último “ni mú” que diría otro castizo.

De los ministros más nuevos, mejor es “no meneallo”. Esto es lo que exclamaría un clásico. Los de Podemos se han propuesto salvar el sector agrario, sobre el cuál los ministerios y la vicepresidencia que manejan tienen más bien escasas competencias.

Los podemitas se han puesto al frente de las manifestaciones de agricultores y ganaderos, y el vicepresidente ¿segundo? les arenga a que “aprieten” porque, según él, tienen razón. Este gobierno mixto de coalición, ya ha descubierto la piedra filosofal: actúan como gobierno y como oposición al mismo tiempo. Esto no se ve en ningún país europeo. Tienen que patentarlo.

Claro que como sobre el campo las nociones de estos ministros neófitos son más bien escasas han adoptado dos decisiones bastante perjudiciales para el sector. Una ha sido subir por segundo año consecutivo el importe del Salario Mínimo Interprofesional. En dos años lo han elevado casi en un 28 %. Esta decisión ya está afectando a muchas explotaciones agrarias que por falta de rentabilidad se ven obligadas al cierre y por otro lado ha incrementado sensiblemente el paro en las áreas rurales como por ejemplo Extremadura.

No contentos con la hazaña, han bajado el número de peonadas necesarias para cobrar el AEPSA o como se llame ahora (antiguo PER) en Andalucía y Extremadura, de 35 a 20. Así que pondrán en serias dificultades a las explotaciones que todavía subsisten, en la contratación de mano de obra para las campañas de recolección de los productos agrarios que más la necesitan: horticultura, fresa, frutales, aceituna o viñedo.

Sería conveniente que, antes de tomar decisiones a la ligera sin valorar sus consecuencias, estos ministros noveles y poco experimentados, procuraran conocer a fondo los sectores que les conciernen o en su defecto dejarse asesorar por personas que los conozcan.

Como sentenciara el eximio don Eugenio D’Ors: Los experimentos, con gaseosa.

viernes, 21 de febrero de 2020


¿QUÉ PASA CON LA SANIDAD EN LA PROVINCIA DE CÁCERES?

Este artículo lo escribo apelando a dos títulos: el primero es que soy paciente de la sanidad pública, el segundo que soy hijo de médico y en consecuencia he vivido en mi propia casa diversos avatares por los que ha pasado la sanidad española.

Veamos. De un tiempo a esta parte en la sanidad de la provincia de Cáceres están ocurriendo una serie de episodios que revelan que la cosa no funciona nada bien. Más bien, diría yo que mal.

En Cáceres se construye un nuevo hospital después de 10 o 12 años de trabajos y peripecias varias. Pero resulta que sólo se ha levantado una primera fase. La segunda, que lo completaría, se encuentra todavía en el cerebro de los redactores del proyecto. Según la opinión muy mayoritaria de expertos en medicina y sanidad, el mantener dos hospitales en funcionamiento paralelo y ubicados a unos cuantos kilómetros uno del otro no es una fórmula eficiente ni eficaz. El riesgo existente en el más que probable traslado de pacientes entre uno y otro es evidente.

Pero hay más, la desinformación habida respecto a la apertura de la primera fase del nuevo hospital ha sido patente. A día de hoy, si yo o alguien de mi entorno familiar nos pusiéramos enfermos, no sé a qué hospital tengo que ir, si al veterano San Pedro de Alcántara o al nuevo Universitario de Cáceres. Creo que en mi caso están la mayoría de los cacereños. Al menos con aquellos con los que tengo contacto.

La cosa se complica en la primera fase del hospital nuevo con un año escaso de funcionamiento. El servicio de cirugía vascular se queda sin actividad porque los 4 especialistas que trabajan allí están de baja. Solución: se cierra y a Badajoz. Badajoz es el Edén de la sanidad extremeña.

El Consejero Vergeles, dice que si la cosa se arregla, la unidad tardará meses en reanudar su actividad. Y aquí paz y después gloria para los que palmen en el interregno.

Lo que ocurre en el área de salud de Plasencia es de traca. Allí están dejados de la mano de Dios y de la Junta. Llevan años así. Seis quirófanos nuevos sin ponerse en marcha desde hace tiempo por un problema administrativo. Y ahí siguen peleando con la empresa constructora para ver quién tiene razón. Y entretanto más de 200 días para operarse en dicha área de salud.

Claro que si abren los seis quirófanos tendrán que contratar cirujanos. Y esa es otra. Porque los quirófanos solos no operan.

En el área de salud placentina han padecido de todo. Falta de especialistas en diferentes materias y nadie mueve un dedo para arreglarlo. Los pacientes haciendo honor a su nombre y esperando con paciencia.

El último esperpento ocurrido en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia es digno de Valle Inclán y habría hecho las delicias de Don Ramón María. Y también de Luis Carandell en su Celtiberia Show. En los quirófanos que funcionan en el Hospital Virgen del Puerto, no se podrá operar por la tarde debido a que los 8 anestesistas que trabajan allí, necesitan el tiempo vespertino para preparar las oposiciones con vistas a entrar como personal estatutario en el SES. ¡Qué falta de respeto a los enfermos¡ La vida de alguno de ellos pendiente de la oposición de los anestesistas.

Las consecuencias de todo esto es que el tiempo para operarse en Plasencia es de más de 200 días. En Cáceres 145 días. Pero ¡oh sorpresa¡ En Badajoz la cosa se reduce a 87 días y en Mérida a 40 días. ¿Por qué será, que diría La Bombi? Los más jóvenes que pregunten a sus padres o a algún veterano quien era La Bombi.

Parece que la indignación está llegando al pueblo llano y se prevén en Cáceres capital las primeras manifestaciones ciudadanas para protestar contra esta situación tercermundista. A ver si sirven para algo. Tal vez sí porque estos políticos miran mucho los votos. Pero veremos.

Yo cuando leo o escucho que la calidad de la sanidad española es de las mejores del mundo, me pregunto si será en Madrid o Barcelona. Tal vez en Valencia, Sevilla o Málaga. Pero la sanidad en Extremadura y especialmente en las áreas de salud de la provincia de Cáceres, deja mucho que desear pues hay un deterioro continuado de la calidad asistencial.

Yo comprendo que la sanidad es un deporte caro. Pero debería ser para todos los españoles lo mismo. Por cierto que todos pagamos los mismos impuestos. Y deberíamos tener un trato similar. Pero no es el caso. En la provincia de Cáceres estamos a años luz de lo que sería una sanidad adecuada.

Entretanto el gobierno riega Cataluña y el País Vasco con privilegios y miles de millones de euros para callar bocas. ¿Tendremos los cacereños que hacernos separatistas para que la situación mejore?


viernes, 14 de febrero de 2020


PRECIOS AGRARIOS EN ORIGEN Y EN DESTINO: ¿HAY SOLUCIÓN?

Desde que entré en el mundo agrario primero como ingeniero en una empresa privada en la que permanecí dos años y después como funcionario durante 39 años, siempre me ha preocupado un misterio difícil de entender: por qué entre el precio que percibe un agricultor o ganadero en el campo por sus productos y el que paga el consumidor en la tienda de al lado o en el hipermercado existen diferencias abusivas e injustificadas que pueden llegar al 1.000 %.

La segunda cuestión sobre la que reflexioné es si existía alguna fórmula mágica, o no tan mágica, que permitiera que al agricultor o ganadero se le pagara más por sus productos, al tiempo que el consumidor viese reducido el precio que paga por ellos en los mercados.

La primera pista para entender esta fórmula, me la proporcionó  la empresa alicantina en la que comencé mi trabajo profesional. Producíamos tomate de invierno en nuestras plantaciones de Alicante y Tenerife y uva de mesa y apio en Alicante. El secreto estaba y creo que sigue estando en intentar que el productor se quede con el máximo valor añadido posible. Aquella empresa con unos 600 trabajadores en campo obtenía los productos que, posteriormente, en sus almacenes que daban trabajo a más de 400 mujeres, seleccionaba, calibraba, empaquetaba y posteriormente vendía directamente a los mercados en destino de París (Rungis), Londres (Covent Garden), Perpiñán, o Frankfurt a través de representantes de la propia empresa destacados en ellos. Casi estábamos en contacto directo con el consumidor. Había el mínimo de intermediarios. La empresa a primera hora del día conocía las cotizaciones en los distintos mercados y en función de ellas programaba sus envíos.

Una gestión comercial muy atinada, nos permitió conseguir un contrato con la cooperativa nórdica Förbundek, que disponía de 5.000 puntos de venta en los cuatro países nórdicos: Suecia, Finlandia, Noruega y Dinamarca. Se les fabricó en exclusiva para ellos la marca Friend de tomate, y los envíos se hacían por avión. Les hablo de los años 1971 y 1972.

Parece pues que el principio a seguir sería el siguiente: cuantos menos intermediarios haya entre el agricultor y el consumidor, más beneficios habrá para ambos.

Pero la realidad de la agricultura y ganadería actuales no coincide exactamente con la situación que había en mi empresa alicantina. El sector agrario tiene una gran complejidad y multiplicidad de productores en la oferta, pero sólo demanda un oligopsonio de empresas de distribución con gran poder para la fijación de los precios finales y además existen entre ambos o tras ellos algunos intermediarios añadidos, lo que dificulta la solución.

Una manera de resolver el problema consistiría en concentrar la oferta en empresas de cierta dimensión o cooperativas grandes, bien gestionadas por profesionales, de modo que se eliminara el máximo de intermediarios y se pudiera aumentar el precio al productor y reducirlo al consumidor. En este aspecto tal vez las Unión de Cooperativas del Valle del Jerte puede ser un ejemplo a imitar.

Nunca he logrado entender las razones por las que cooperativas ganaderas de cierta entidad como las que existen en Extremadura y que manejan miles de terneros o de corderos al año, no disponen de uno o varios mataderos y salas de despiece en la región, para despiezar las canales y empaquetarlas en “prepacks” adecuados para venderlas directamente en puntos de venta propios ubicados en las principales ciudades de España y Extremadura. Es evidente que esto exige, además de un buen espíritu cooperativo por parte de los ganaderos (fidelidad absoluta a su cooperativa), una gestión muy profesional y la capitalización correspondiente, pero entiendo que los beneficios compensarían el riesgo a correr por los cooperativistas.

Pero agricultores medianos con ganas de arriesgarse también pueden aprobar la asignatura. Conocí a un agricultor en Benavente, con una plantación de frutales de dimensión media, que vendía su fruta en Madrid en una frutería propia que regentaba su mujer, instalada en un local comercial del edificio en donde tenían su vivienda. Con la inversión en una cámara de refrigeración en su finca castellana, variedades de maduración escalonada y una furgoneta, recogía todo el valor añadido que en otro caso se apropiarían varios intermediarios. Y el precio para sus clientes era muy competitivo.

La solución radica tanto en exportación como en mercado interior, en concentrar oferta y operar lo más directamente que se pueda con el consumidor, reduciendo todo lo posible la intermediación. Y que las autoridades controlen adecuadamente las importaciones de países terceros para evitar situaciones de competencia desleal con nuestros productos.

Además los poderes públicos han de establecer condiciones para que los precios de los insumos se mantengan en niveles razonables para reducir costes al agricultor o ganadero. Por poner un ejemplo el precio de la energía eléctrica en la agricultura y especialmente en regadío es abusivo y opaco y desde el año 2008 podría considerarse casi como un atraco.

Por otro parte la administración habría de facilitar los seguros agrarios, mejorar las infraestructuras marítimas, de carreteras y de ferrocarriles para que los agricultores y ganaderos solos o asociados puedan poner sus productos en los mercados con el menor coste y llevar al medio rural una fiscalidad acorde con la rentabilidad de las explotaciones.

Creo que por ahí podría empezarse. Todo menos seguir con subvenciones para ir tirando. Aunque hubiera que mantenerlas un período transitorio para evitar perjuicios. Estoy seguro de que recibiré abundantes críticas por estas últimas propuestas. Pero es lo que pienso.

viernes, 7 de febrero de 2020

EN CATALUÑA PAÑOS CALIENTES, EN EXTREMADURA PALOS

Creo que conozco bastante bien al sector agrario extremeño y a sus gentes. No en vano he trabajado durante más de 35 años en relación con ellos desde los diferentes puestos que he ocupado como funcionario de las administraciones agrarias central y autonómica.

Mi experiencia me dice que cuando el sector agrario extremeño se moviliza es porque antes ha agotado todas las vías posibles de entendimiento, no le han hecho caso en sus peticiones y además se encuentra en un estado de notable desesperación ante la realidad y gravedad de sus problemas.

El sector agrario en España, lleva sufriendo desde hace años precios en origen estabilizados, junto a insumos en costes crecientes, lo que trae consigo que la capacidad de pago de las explotaciones vaya disminuyendo paulatinamente. Como los políticos desconocen la situación real de sectores como el agrario, toman decisiones poco meditadas como el incremento desmesurado del SMI, sin calibrar las consecuencias que traerá consigo tal decisión.

Por otra parte el sector soporta una especie de ninguneo social y político que lo lleva a quedar relegado del interés público. Cuando el agrario es un sector fundamental para la sociedad extremeña y española. Y para el mantenimiento de la vida en el medio rural, es decir en lo que hoy se llama la España vaciada. Pero parece ser que esto no es suficiente para generar la empatía y la simpatía de los políticos y de una parte de la sociedad urbanita.

Se completa el cuadro con que una serie de movimientos ecologistas demonizan al campo como el causante de contaminaciones imaginarias, de despilfarrar el agua, de los incendios forestales y hasta del cambio climático, poniéndolo contra las cuerdas ante una sociedad que en su mayor parte no tiene ni idea de lo que es el medio rural.

Hace unos días el sector agrario extremeño, en el marco de una serie de protestas a nivel nacional para concienciar a la sociedad civil de su precaria y límite situación, se manifestó en la inauguración de FEVAL- Agroexpo 2020 en Don Benito. En el transcurso de la protesta las fuerzas de orden público reprimieron con cierta dureza a los manifestantes. Las imágenes muestran que efectivamente un grupo reducido de ellos trataron de romper el cordón policial, pero sin agredir a las fuerzas de seguridad. Mal hecho por parte de los reclamantes, pero también empleo de una violencia un tanto desproporcionada por los policías. Por supuesto que estos últimos cumplen con lo que se les ordena.

Pero eché de menos que alguien hubiera impedido con valentía y con un mínimo diálogo que se llegara a los palos. Quizás la presencia de los políticos que dirigen el cotarro y el ofrecimiento de una reunión en el propio recinto de FEVAL, hubiera calmado los ánimos. Mi experiencia me dice que así habría ocurrido, pero como es indemostrable, mi aserto se queda en el terreno de una presunción sin comprobar.

Lo que sí me llama la atención como creo que a cualquier persona neutral e imparcial, es el distinto trato que se da a los manifestantes según la región de España en la que se produzcan los hechos. Hasta en esto hay desigualdad regional. Siempre el perjudicado es la región más débil. En este caso Extremadura.

En Cataluña los españoles llevamos presenciando, estupefactos, desde hace bastante tiempo: agresiones a la policía, cortes indiscriminados de calles y carreteras con perjuicios notables para la actividad económica, innumerables incendios en la vía pública incluso con peligro para ciudadanos y edificaciones, pintadas y agresiones a edificios públicos y saqueos a negocios particulares. Meses y meses de continuos actos vandálicos y de violencia en toda la geografía catalana.

La protesta se hace para arrancar la independencia de ese territorio y en defensa de unos políticos que han dado un golpe de estado y se encuentran condenados con sentencia firme del máximo tribunal de justicia español.

Fíjense la diferencia, en un caso, el extremeño, se trata de dar a conocer los problemas del sector agrario y buscar soluciones para hacer rentables sus explotaciones y vivir dignamente, en el otro, en Cataluña, se pretende romper España y defender a unos golpistas que han tratado de llevar a cabo la secesión.

Pues bien en el caso de Extremadura el asunto se soluciona a palos a la primera intentona de una tímida protesta y sin consideración alguna con los protestantes. En el caso catalán con paños calientes, contemplaciones y diálogo y más diálogo con unos delincuentes condenados en firme y con los partidos y organizaciones que les apoyan que además aseguran que lo volverán a hacer. La policía en Cataluña no actúa más que en situaciones extremas y cuando ya no hay más remedio, ya que corre peligro  la propia integridad física de los componentes de la fuerzas de orden público.

Diferentes raseros para tratar las manifestaciones. Alguien debería reflexionar sobre esto y en lugar de palos como ha acontecido en Extremadura aplicar diálogo eficaz para tratar de resolver los problemas del sector agrario que son muchos y muy  graves.

Pero no se enteran porque no tienen ni idea de lo que es y representan el sector agrario y el medio rural. Llevan tiempo ignorándolo. Un ejemplo: el secretario general de UGT ha calificado a los manifestantes de Don Benito de terratenientes y carcas de derechas. Increíble. Esta lumbrera se quedó anclada en Los Santos Inocentes y en el siglo XIX.

Mientras tanto la agricultura, la ganadería y la silvicultura agonizan con la vaselina de unas subvenciones de la PAC para callar bocas e ir malviviendo. Y lentamente el medio rural se muere.