sábado, 18 de julio de 2020


HA LLEGADO SANTIAGO

Va a llamarse Santiago y ya está entre nosotros. Ha sido un niño muy deseado por sus padres y esperado con impaciencia por toda la familia. Ha tardado algún tiempo en llegar, pero ya está aquí. Ha nacido ayer.

Santiago ha traído consigo mi ingreso y el de mi mujer en el selecto club de los abuelos. Una agrupación que cuenta con un amplio número de afiliados. Los integrantes que conozco pertenecientes a ese círculo, están todos felices de su condición. Tal vez se deba a que reviven su paternidad de hace años a través de sus hijos. Y ahora son padres otra vez de un modo indirecto, pero padres de nuevo. Y con menos responsabilidades sobre los nietos que las que adquieren los padres de las criaturas.

Espero que mi primer nieto pueda disfrutar de un mundo mejor del que sufrimos en estos momentos tan duros. Que en poco tiempo y para cuando él tenga uso de razón esta crisis pandémica, sanitaria y económica que nos aflige haya sido superada y pueda integrarse en una sociedad con mayor bienestar del que disfrutamos ahora. En donde hayan desaparecido todos los males que en este momento nos afligen. Nuestros hijos deberían vivir mejor que nosotros y nuestros nietos mejor que sus padres. Eso sería un signo de que la sociedad progresa y existe un reparto equitativo de las riquezas. Aunque ahora con interrogantes tan importantes como el cambio climático, veremos si no tenemos que frenar algo el devenir tan consumista de las sociedades.

Una buena parte del embarazo en el seno de su madre ha transcurrido en plena pandemia. El patrón de España, Santiago, estoy seguro que lo protegerá y hará buena la promesa de mi hija al santo de Galicia de bautizarle con su nombre.

La llegada de Santiago me ha hecho recordar a mis abuelos. Conocí a los cuatro más o menos tiempo. Los quise a todos por igual. Pero por circunstancias, con el que más contacto tuve fue con mi abuelo paterno que se llamaba Ignacio. Vivíamos los dos en Plasencia. Él fue mi mentor y guía en mi infancia y parte de mi adolescencia y completó la educación que me dieron mis padres. Me enseñó muchas cosas, me descubrió lo que era mi ciudad natal: sus calles, sus monumentos históricos y sus jardines y parques, me explicó lo que era bueno y lo que era malo y me inculcó sus valores que eran la bonhomía, la honestidad, el trabajo y el principio de no querer para los demás lo que no quieres para ti. 

No sé si tendré la oportunidad de poder llevar a cabo con Santiago, lo que mi abuelo Ignacio hizo conmigo. Lo tendré más difícil dada la distancia que nos separa. Él en Madrid y yo en Cáceres. Pero lo voy a intentar. Si lo consigo, Santiago se acordará de mi toda su vida. Igual que yo recuerdo con todo cariño a mi abuelo Ignacio. Y así cuando yo muera mi figura permanecerá siempre en su recuerdo. Y de este modo seguiré viviendo.

Tendré que aumentar el número de valores a inculcarle. Además de los que me enseñó mi abuelo Ignacio completando la educación de mis padres, habrá que hacerle ver que hemos de respetar el medio ambiente y propiciar un desarrollo sostenible para que la Tierra no sufra. Aunque de esto último se encargarán también sus padres que defienden con denuedo el respeto por el planeta en el que habitamos.

Ahora para Santiago vendrá un tiempo en el que sus principales funciones serán comer y dormir y supongo que también llorar, aunque espero que no sea muy cantarín para que sus padres Juan y Marivi puedan descansar mejor. Su madre fue un prodigio de niña tranquila que lloraba más bien poco con gran contento de sus padres hoy abuelos novatos.

En el País Vasco y en Extremadura hay dos familias que están desbordantes de alegría. La familia vasca ya tiene experiencia de más nietos, pero para los abuelos extremeños Santiago es el primero. Y esto nos llena de contento porque es la primera vez y no estamos acostumbrados.

Así que su abuela María Victoria y yo nos disponemos a ejercer nuestra nueva misión lo mejor que sepamos y podamos. Espero que acertemos para contribuir a que Santiago sea lo más feliz posible. Que en definitiva es lo importante.

Con esta entrada extraordinaria me despido de mis amables lectores, hasta mediados de agosto más o menos, en que reanudaré las publicaciones de este blog. Mis deseos de unas felices vacaciones, sin rebrotes del virus, para todos.


viernes, 17 de julio de 2020


LA SOLUCIÓN ESTÁ EN LA PRESA DEL ALMONTE

La ciudad de Cáceres vuelve a estar de actualidad por las peripecias que surgen periódicamente en su abastecimiento de aguas. Llevamos años y años sin que este problema quede resuelto de una forma definitiva. La presa del Guadiloba construida en 1971 no fue suficiente para asegurar con la garantía adecuada la dotación de aguas a una ciudad de casi 100.000 habitantes y a algunos núcleos de su entorno. A pesar de un trasvase de apoyo construido en 1992, período en que aconteció una gran sequía, en la desembocadura del río Almonte con el embalse de Alcántara, el cual también ha resultado ser escaso para las necesidades de la ciudad.

El consistorio cacereño y la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) una vez descartado, al parecer, el trasvase desde el embalse de Portaje al del Guadiloba por problemas técnicos ¿irresolubles? en el cruzamiento de los ríos Tajo y Almonte embalsados en Alcántara, después de tirar a la basura unos 60 Millones de Euros enterrados en la conducción principal, proponen optar por un bombeo desde el interior del embalse de Alcántara.

Ahora se replantean volver a una solución desechada en su día cuando se sometió a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) (BOE de 27 de julio de 2005) la construcción de una presa en el Almonte en su tramo final que era la solución idónea tanto por cercanía a la ciudad como por calidad del agua. Pero presiones ecologistas dieron al traste con esta alternativa en el río Almonte amparándose en una DIA de poca consistencia sobre los valores ambientales a proteger, por calificarla con benevolencia. Pero los ecologistas mandaban entonces y parece que siguen mandando ahora.

Se intenta actualmente regresar a una solución alternativa que figuraba en la DIA y que en su día fue desechada frente al trasvase de Portaje como es la de bombear agua del interior del embalse de Alcántara. Se descartó entonces esta alternativa pese a su mayor proximidad a Cáceres frente al trasvase de Portaje, debido a la mala calidad del agua del embalse de Alcántara. A este embalse confluyen aguas más o menos depuradas de la conurbación de Madrid y núcleos aledaños y restos de agua del embalse de Arrocampo que refrigera la central nuclear de Almaraz. Aguas que además están menos diluidas al restarle los volúmenes del recurso que desde la cabecera del Tajo se trasvasan a Murcia.

Si se desechó en su día (año 2005) este bombeo del interior del embalse de Alcántara frente al trasvase de Portaje ¿por qué se vuelve ahora a retomar si previsiblemente la calidad del agua no ha mejorado?

En mi opinión y creo que en la de muchos conocedores del problema, la solución definitiva para el abastecimiento de agua a Cáceres y núcleos próximos pasa por retomar la presa del Almonte.

Este nuevo embalse situado a unos 15 km de la capital reuniría las condiciones idóneas de coste y de calidad. De coste porque la obra y el bombeo con sus gastos de explotación son muchos menores que desde Portaje y porque la calidad de su agua es sensiblemente mejor que la de Alcántara. En resumen, parece razonable retomar la solución de la presa del Almonte revisando su DIA.

Por mucho que los ecologistas se opongan esta es la solución mejor para más de 100.000 habitantes que esperamos, desesperados, que se solucionen de una vez por todas nuestros problemas de abastecimiento urbano.

La presa del río Almonte se construiría en el tramo final de este curso de agua y su impacto ambiental ha de ser forzosamente reducido ya que respeta la casi totalidad del curso del río, declarado en los planes hidrológicos de la demarcación hidrográfica del Tajo como reserva fluvial. Esta es la razón junto con la geología de la zona y la ausencia de núcleos de población importantes, que determina la buena calidad del agua del río Almonte.

Los intereses y la seguridad de los habitantes cacereños nos llevan a que hay que retomar la solución de la presa del Almonte. Por muchas apetencias que puedan existir en los grupos ecologistas, son más importantes las necesidades de los cacereños. “Primum vivere, deinde philosophari”.

Por las razones anteriores el consistorio de la capital y los ciudadanos hemos de exigir un abastecimiento definitivo a la ciudad con aguas de calidad y no procedentes de un embalse como el de Alcántara, que recoge todas las impurezas habidas y por haber generadas principalmente en el curso medio del río Tajo. El optar por la alternativa de bombear del interior del embalse de Alcántara va a exigir, además, la construcción de una ETAP (Estación de Tratamiento de Agua Potable) de gran complejidad para poder dar al agua de suministro una calidad mínima lo cual encarecerá más su coste.

El consistorio cacereño habría de reforzar el actual trasvase que apoya al embalse del Guadiloba entretanto se construye la nueva presa del Almonte, exigiendo de Iberdrola entidad explotadora del embalse de Alcántara y de la CHT que se mantenga su cota por encima de la del bombeo.

Y habrá que recordar en relación con lo anterior que el uso para abastecimiento urbano es prioritario a todo lo demás. Por si los eléctricos no lo saben. Que creo que sí.

Parece mentira que después de quince años, el abastecimiento de aguas a la ciudad de Cáceres, se encuentre en el punto en el que estábamos en julio de 2005. Del fiasco de Portaje y de los 60 Millones de euros enterrados sin dar servicio, habrá que escribir otro día.

viernes, 10 de julio de 2020


LECCIONES A EXTRAER DE LA MARINA ISLA DE VALDECAÑAS

El contenido del auto sobre la ejecución de sentencia relativa a Marina Isla de Valdecañas, emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX), ha resultado ser el menos malo de los posibles al mantener en pie lo construido y ha permitido, por medio de una actuación inteligente de los magistrados: salvar los muebles a la sociedad promotora, mantener la actividad económica en una zona muy deprimida, respetar la adquisición de buena fe realizada por parte de los propietarios y evitar unas cuantiosas indemnizaciones a abonar por la Junta de Extremadura en el caso de que se hubiera dictado una demolición total del complejo.

De este auto y de todo el proceso judicial habido en la génesis y actuaciones posteriores de la Marina Isla de Valdecañas, sería muy conveniente extraer algunas lecciones para evitar que en el futuro vuelvan a producirse despropósitos como el vivido, cuyos trámites judiciales han durado 14 años.

La primera consecuencia y de la que debería tomar buena nota el ejecutivo autonómico es que no se pueden declarar zonas protegidas a troche y moche, sin que existan unos rigurosos estudios justificativos, llevados a cabo por equipos de expertos multidisciplinares e independientes (por ejemplo, docentes e investigadores de la Universidad de Extremadura y otros especialistas destacados) y no por asociaciones o funcionarios de convicciones ecologistas y conservacionistas. En dichos estudios han de quedar descritos minuciosamente y acreditados de modo indubitable los valores ambientales a proteger, estableciendo la figura de protección más adecuada a cada caso.

Es obvio que en Extremadura hay zonas con valores ambientales suficientes para que sean objeto de protección. Hay variados ejemplos empezando por el Parque Nacional de Monfragüe.

No debemos perder de vista que, con datos de la Junta de Extremadura, nuestra región acoge actualmente las siguientes superficies protegidas: ZEPAs = 1.089.232,9 ha; Lugares de Interés Comunitario LICs= 828.949,17 ha; Espacios Naturales Protegidos ENPs: 314.110,89 ha. Total: 2.232.292,96 ha. El 53,5 % del territorio. ¿Les parece poco? Por arte de birlibirloque la Junta asegura que sólo hay 1.276.288,09 ha de superficie protegida, el 30,6 % de la superficie regional.  Supongo que la diferencia puede deberse a que hay zonas que tienen doble o triple figura de protección.

Hay que tener en cuenta que cuando se protege un territorio y se integra en la red Natura 2000, se desencadena una serie de cortapisas y prohibiciones ante posibles proyectos a acometer que son un freno para el desarrollo de dicho territorio y esto debería tenerse muy en cuenta antes de proteger una zona. Porque una vez que se declara la protección ya no hay vuelta atrás, salvo que se incoe un expediente de anulación de la protección con los inconvenientes y tediosos trámites que ello conllevaría.  

 El caso de la ZEPA de Valdecañas es el paradigma de cómo no se deben hacer las cosas. Un territorio con más de 7.000 ha dentro de las cuáles estaba la península sobre la que se asienta la urbanización Marina Isla de Valdecañas con una superficie de unas 153 ha (alrededor del 2 % de la ZEPA). Esta península no tenía valores ambientales dignos de protección como se ha puesto de manifiesto en diversos informes y, sin embargo, fue incluida dentro de la ZEPA. En consecuencia, no podía construirse sobre ella lo que posteriormente un PIR autonómico autorizó y que las sentencias de los tribunales españoles anularon.

Esta vez la sensatez de los jueces ha impedido males mayores, como hubiera sido la reversión del territorio a su estado inicial tal y como establecía la sentencia definitiva del Tribunal Supremo. Incluso el auto de ejecución de la sentencia ha ido en contra del informe emitido, a solicitud del TSJEX, por expertos de Doñana, que valoraban en él que el derruir todo lo construido era menos malo ambientalmente que mantener las actuaciones. 

El revertir la zona a su estado inicial tal y como establecían las sentencias de los tribunales es físicamente imposible; hecha la demolición total, el territorio volvería a ser otra cosa, pero no lo que era antes de ejecutarse las obras. Nunca, una vez demolidas las construcciones y rectificados los movimientos de tierra ejecutados se podría haber conseguido alcanzar el estado primitivo del área. Y ese imposible real supongo que habrá influido notablemente en el ánimo de los magistrados que han dictado el auto para la ejecución de la sentencia.

Visto todo lo ocurrido con Marina Isla de Valdecañas parece que ha llegado la hora de que la Junta de Extremadura, en base a los estudios de un equipo multidisciplinar experto e independiente, lleve a cabo un Plan de Ordenación del Territorio extremeño. Habrán de definirse en él las áreas a que ha de destinarse cada zona del mismo: zonas protegidas, urbanas y urbanizables, forestales, agrícolas de secano y dehesa, agrícolas de regadío, suelo industrial, llevando a cabo una revisión profunda de todo el territorio protegido hasta la fecha, desafectando de la declaración de protección todas aquellas áreas que no reúnan valores ambientales dignos de ser protegidos y supongan un corsé para el desarrollo regional.

Sería la lección más importante a extraer de un episodio tan complejo como ha sido el de la Marina Isla de Valdecañas. Tengo serias dudas de que se vaya a hacer nada al respecto. Pero les otorgaré el beneficio de la duda. A ver si hay suerte.





viernes, 3 de julio de 2020


LA CAPACIDAD DE PAGO DEL REGADÍO

En los Esquemas de Temas Importantes relativos a la confección de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas españolas para el tercer período 2021 – 2027 uno de los aspectos básicos a tratar es el relativo a la recuperación de los costes del agua.

La Directiva Marco del Agua (DMA) establece la obligación de recuperar los costes del agua. Dispone que no sólo han de ser recuperados los costes inherentes al servicio, sino también los costes ambientales y los del recurso, dos conceptos de gran ambigüedad. En resumen, que van a tratar de elevar mediante la introducción de nuevos gravámenes el coste del agua. En este artículo voy a referirme a lo que esta nueva subida de costes puede suponer para los regadíos españoles.

Para evaluar la viabilidad de la transformación de una zona en regadío en España, el IRYDA (Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario) introdujo en los años 60 del siglo pasado (J. Bardají et al.) la aplicación de la sistemática del USBR (United States Bureau of Reclamation). Se fundamenta la misma en el análisis de los tres factores del medio natural que determinan la transformación en riego: clima, suelos y calidad del agua de riego.

Una vez definidos el clima y la calidad del agua de riego que lo normal es que sean constantes en una zona regable, y cuyo efecto principal es que pueden limitar la gama de cultivos a introducir, la viabilidad de la transformación se determina en función de la variabilidad espacial del factor suelo, ligada en buena parte a las unidades geomorfológicas del territorio a transformar en regadío.

Las propiedades técnicas de los suelos (profundidad efectiva, textura, salinidad, conductividad hidráulica, pendiente y condiciones de drenaje que influyen en el riego) delimitadas por unidades de suelo se transforman, mediante un análisis económico, en clases de tierra en función de su capacidad de pago. Este último concepto, de naturaleza económica, es decisivo para determinar la viabilidad de las tierras de una zona para ser transformadas en riego.

Para pasar del concepto físico del suelo al económico de las tierras hay que hacerlo mediante datos económicos obtenidos en zonas ya regadas con suelos similares a la zona que se transforma o, a falta de ellos, mediante parcelas de experiencia en la zona a transformar en las que se determinan los parámetros necesarios para establecer la capacidad de pago.

La capacidad de pago de una tierra a transformar en regadío se obtiene mediante las siguientes expresiones referidas a la hectárea:

Ingreso Neto = Producto Bruto (incluidas subvenciones) – Coste de Insumos (excluidos los del agua de riego) – Coste de Desarrollo de la Tierra.

 El Coste de Desarrollo de la Tierra. Es el coste que ha de pagar el agricultor directamente para dejar la tierra en condiciones de riego (p.e amortización de un equipo de riego por goteo o una nivelación de las tierras)

Capacidad de pago = Ingreso neto – (Nivel de Vida del Agricultor/ Superficie de la explotación).

El nivel de vida del agricultor es el nivel de renta que se fija y es función de las condiciones socioeconómicas del país o región donde se ubica la transformación.

Para que una tierra pueda ser considerada como regable se ha de cumplir la siguiente condición: Capacidad de Pago >= Coste del Agua de Riego.

En España el coste del agua de riego denominado por el USBR como (OMR = Organization, Maintenance, Replacement) estaría constituido para una zona regable estatal por los siguientes componentes: Derrama de la Comunidad de Regantes como administradora del agua, Canon de regulación y Tarifa de Utilización del Agua a abonar a las Confederaciones Hidrográficas y Amortización de las obras de modernización que se hubieran hecho. Podría haber variantes según zonas, pero este sería el caso más común. Supongo que las obras realizadas por el IRYDA o por las CC.AA. al amparo de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario están ya pagadas.

Como puede deducirse de las anteriores ecuaciones la regabilidad de una tierra depende de su capacidad de pago que ha de ser mayor que el coste del agua de riego. Si aumentamos el coste del agua de riego con nuevos cánones ambientales es muy posible que la capacidad de pago de muchas tierras no sea capaz de cubrir este incremento del coste del agua.

Si el sector agrario y por tanto el regadío está actualmente en una situación en la que la capacidad de pago se encuentra en una deriva negativa dado que los precios de los productos están estancados y los costes de los insumos aumentan constantemente, el elevar el coste del agua de riego sin más, sería temerario porque, en muchos casos, la capacidad de pago puede no ser capaz de cubrir ese incremento.

En una primera etapa este resultado negativo lo absorbería el nivel de vida del agricultor, pero esta disminución de renta llegaría a un punto que haría inviable la continuidad de muchas explotaciones de riego cuya capacidad de pago está en el límite o cerca de él.

En consecuencia, antes de que se introduzcan alegremente nuevos cánones ambientales que incrementen el coste del agua de riego, debería estudiarse si la capacidad de pago de los diferentes tipos de explotaciones es capaz de asumirlos, para luego obrar en consecuencia.

Si no se hace así, se estará causando un grave perjuicio a los regadíos que son la base de un sector estratégico para España como es el agroalimentario, que está salvando los muebles a los ciudadanos durante esta pandemia. Desarmar y desproteger este sector sería un error gravísimo que España pagaría muy caro.

Deberían pensárselo. Pero me temo que los burócratas del Ministerio de Transición Ecológica no estén por la labor. Veremos qué postura adoptan los del Ministerio de Agricultura que tendrían bastante que opinar al respecto.