viernes, 29 de octubre de 2021

 

SINE AGRICULTURA NIHIL

Sin agricultura nada. Ya sentenció Cicerón (106 – 43 a.C.), hace más de 2.000 años, que “la agricultura es la profesión propia del sabio, la más adecuada al sencillo, y la ocupación más digna para todo hombre libre”.

Agricultores y ganaderos a lo largo de los siglos han sido respetuosos con el medio ambiente, por una razón elemental: este es su sustento y su negocio. Por eso el sector agrario que agrupa a las dos actividades más importantes del sector primario ha realizado una explotación sostenible de los recursos naturales. Este modo de actuar ha permitido a los movimientos ecologistas y a los gobiernos por ellos abducidos, poder introducir “a posteriori” figuras de protección territorial que en muchos casos son innecesarias y en algunos otros contraproducentes.

Los urbanitas de las grandes ciudades, que son uno de los grupos que más contribuyen a la contaminación ambiental, tratan de imponer sus tesis ecologistas al medio rural en el que todavía viven, ya veremos por cuanto tiempo, los agricultores y ganaderos. Sin, en muchos casos, conocer la realidad de este medio. Que cada vez tiene menos peso poblacional y político pero que es estratégico ya que el trabajo de sus habitantes junto con la industria agroalimentaria, asegura la alimentación de la población. Por eso Sine Agricultura Nihil.  

Un ecologismo radical y en muchos casos sin fundamento científico alguno, se extiende por las administraciones, comenzando por la de la UE. Unos urbanitas con pocos conocimientos de lo que es el medio rural, a tenor de las decisiones que toman, están llevando a la agricultura y la ganadería con el trampantojo de la concesión de subvenciones, a una reducción de producción - hay autores que a nivel de la UE la estiman en un 15% con las nuevas normativas y con las que se avizoran - sin tener en cuenta que los ciudadanos de estos países han de ser alimentados, cuestión fundamental para la vida. También hay que considerar que con sus exportaciones el sector agrario europeo contribuye a la alimentación del resto del mundo. En donde, hoy día, 2.000 millones de personas tienen dificultades para acceder a una alimentación suficiente.

Las nuevas disposiciones como la Directiva Marco del Agua (DMA) promulgada el año 2000, la PAC que se aplicará en su nueva versión a partir de 2023 y el Nuevo Acuerdo Verde Europeo (Estrategia de la granja a la mesa) muestran una componente ambientalista, la cual pretende la reducción de producciones y en consecuencia una agricultura y ganadería cuyos rendimientos serán insuficientes para alimentar a los ciudadanos europeos, y , como consecuencia, elevarán el coste alimentario para los consumidores al reducirse la oferta local y tener que depender de países terceros.

Estas disposiciones y la transposición a los ordenamientos jurídicos de los estados miembros están generando continuas trabas a una agricultura y ganadería que están tratando de ser cada día más sostenibles. Se están aplicando desde hace un tiempo en las explotaciones e industrias las nuevas tecnologías con el objetivo de mitigar los efectos del cambio climático, aumentar la eficiencia en el uso del agua en los regadíos, racionalizar la aplicación de fertilizantes o de fitosanitarios y digitalizar los procesos productivos e industriales. Todo ello para conseguir más producciones con menos insumos y menos tierra utilizada. Muy pocos ciudadanos y menos los burócratas, agradecen ese esfuerzo innovador.

A los dirigentes y funcionarios de la UE no les parece suficiente. Tratan de que se reduzcan las producciones y no de mejorar la gestión para seguir alimentando a la población a precios razonables. Ellos entienden por sostenible que no se produzca o se reduzca la producción. De ahí, por ejemplo, los nuevos ecoesquemas de la PAC, cuya sibilina filosofía es la de: te doy subvenciones para que produzcas menos.

A la crisis energética que actualmente padecemos por la dependencia exterior, especialmente grave en España, es casi seguro que si se transita por este camino ambientalista seguirá una crisis de alimentos. Los problemas de abastecimiento en los supermercados del Reino Unido con su Brexit y su dependencia alimentaria exterior, pueden ser un adelanto y ejemplo del problema que casi seguro se producirá en el resto de la UE si seguimos el camino trazado.

Olvidan que, en el año 2050, según estimaciones de la ONU, la población del planeta estará muy cercana a los 10.000 Millones de habitantes. A los cuáles hay que alimentar adecuadamente. Y para hacer sostenible el proceso estos alimentos habrá que obtenerlos con menos agua y probablemente con menos tierra cultivada. Lo que exigirá un esfuerzo adicional del sector agrario que tendrá que incrementar su eficiencia y su productividad. Estoy seguro que la agricultura y la ganadería superarán este reto como han hecho otras veces.

Pero no se conseguirá, al menos en la UE, si se le siguen poniendo trabas y más trabas en la normativa que se dicta y que cada vez supone más restricciones y cortapisas al desarrollo del sector. Sería más conveniente dedicar recursos para la introducción de las nuevas tecnologías y la digitalización del agro, para la investigación en la obtención de nuevas variedades más resistentes a las enfermedades y con menos necesidades hídricas, a investigar nuevas variantes de alimentos para la ganadería y a la obtención de nuevos tipos de fertilizantes y biofertilizantes que permitan una mejor sostenibilidad obteniendo mayores y mejores producciones.

Deberían reflexionar y no olvidar nunca que: Sine Agricultura Nihil.

viernes, 22 de octubre de 2021

 

PREOCUPANTE SITUACIÓN HIDROLÓGICA PARA LOS REGADÍOS EN EXTREMADURA

Como es sabido el 30 de septiembre pasado ha concluido el año hidrológico 2020 – 2021, comenzando uno nuevo el día 1 de octubre.

La situación de los embalses extremeños de las cuencas hidrográficas del Tajo y del Guadiana podemos calificarla de preocupante al final del año hidrológico que ha terminado. El nivel de recursos hídricos almacenados en los embalses de riego se ha reducido. Sobre todo, en los embalses de la cuenca del Guadiana, pero también en los del Tajo.

Los embalses principales de riego de la cuenca del Guadiana en Extremadura (Alange, Cíjara, García de Sola, Orellana, La Serena, Sierra Brava y Zújar) a fecha 11 de octubre de 2021, acumulan una reserva de 1.532,28 hm3, 404,22 hm3 menos que en la misma fecha del año anterior.

Los de la cuenca del Tajo (Baños, Borbollón, Gabriel y Galán, Rivera de Gata, Rosarito y Valdecañas) mantienen almacenados 824,15 hm3, 339,02 hm3 menos que hace un año.

Estamos ante una situación que podemos calificar de complicada, en relación con la disponibilidad de recursos hídricos para la próxima campaña de riegos. Si no llueve en cantidades significativas en otoño, invierno y principios de la primavera, del orden de la precipitación media regional, estaremos ante posibles restricciones en zonas regables de ambas cuencas en la próxima campaña de riegos del año 2022.

A fecha 1 de octubre de 2021, el inicio del año hidrológico 21 – 22, en la cuenca del Guadiana sólo existe en situación de sequía prolongada una unidad la UTS (Unidad Territorial de Sequía) 09 Guadiana Medio que se encuentra en Castilla la Mancha. En Extremadura no hay ninguna UTS en situación de un escenario de sequía prolongada.

La cosa es muy distinta si se contempla la escasez que es la situación en la que los usos socioeconómicos del agua (uno de ellos es el regadío) pueden verse afectados. Hay cuatro grados del Índice de Escasez: Normalidad, Prealerta, Alerta y Emergencia. Pues bien, en Alerta se encuentran el Sistema General y Alange – Barros. Y en Prealerta están Alto Zújar, Molinos – Zafra – Llerena y Villar del Rey. El resto se encuentra en situación de normalidad.

Respecto a la cuenca del Tajo y en cuanto al Índice de Sequía Prolongada todos los sistemas de la cuenca están en normalidad.

En lo que se refiere a la escasez se encuentran en situación de Alerta tres sistemas que afectan a Extremadura: Bajo Tajo, Riegos del Árrago y el abastecimiento de aguas a Trujillo.

De todas estas consideraciones podemos deducir que en lo que respecta al regadío nos encontramos con menos recursos almacenados al inicio del año hidrológico que los que había el año anterior y que la perspectiva de riego en la próxima campaña es la de que habrá restricciones.

Y esto lleva a que haya que empezar a tomar algunas cautelas por si la pluviometría no es favorable y hay que reducir las superficies o dotaciones de riego en las diferentes zonas regables de ambas cuencas.

En la del Guadiana las posibles reducciones afectarán a la totalidad de las zonas regables. El tipo de regulación que existe en esta cuenca y la interconexión de sistemas propiciarán en gran medida que la reducción pueda repartirse equitativamente entre todas las zonas. Hay sistemas locales que tendrán que asumir ellos solos la reducción ya que dependen directamente de un embalse como Piedra Aguda, Brovales – Valuengo o Zalamea de la Serena (Docenario).

En el Tajo la cuestión es distinta al serlo el sistema de regulación. Los principales embalses de riego no se encuentran en el curso principal del río sino en sus afluentes (Tiétar, Alagón o Árrago) y además no existe interconexión entre los sistemas como ocurre en el Guadiana. Por esta causa las reducciones afectarán principalmente a los sistemas que son tradicionalmente deficitarios: Tiétar y Árrago y menos a los que no lo son como es el sistema Alagón.

Así que los regantes han de estar preparados para posibles reducciones en las dotaciones de riego si de aquí a últimos de marzo no llueve lo suficiente. Las Comunidades de Regantes han de estar ojo avizor sobre la evolución de recursos hídricos disponibles, para elevar propuestas a las comisiones de desembalse de las confederaciones que son las que han de regular las actuaciones y fijar dotaciones si existen restricciones.

Y, por otra parte, dar cuenta a los regantes de los volúmenes de agua para riego disponibles en cuanto se tenga conocimiento de ellos, para que estos puedan llevar a cabo las reducciones de siembra que correspondan y no generar gastos improductivos e innecesarios.

En estas circunstancias de bajos niveles de disponibilidad de agua es cuando se verá la negativa influencia de mantener unos caudales ecológicos artificiales, los cuales no corresponden con el régimen natural de los ríos, que pueden estar afectando negativamente a las garantías de los regadíos. Y, exigir que se reduzcan al mínimo previsto para situaciones de sequía. O, en su caso, que se anulen.

viernes, 15 de octubre de 2021

 

IV FORO DEL REGADÍO DE EXTREMADURA

Organizado por la Secretaría General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura se ha celebrado, hace unos días, en Cáceres, el IV Foro del Regadío de Extremadura, que ha contado con un elevado número de participantes. Regantes y directivos de sus comunidades, empresarios y técnicos de empresas constructoras y consultoras relacionadas con el sector, directivos y técnicos de las administraciones y empresas públicas, en fin, el mundo del regadío extremeño, se ha dado cita en este evento, en el transcurso del cual se ha analizado la situación actual del regadío y las líneas maestras por las que ha de transitar en el futuro.

Las ponencias se iniciaron con una conferencia magistral de Manuel Pimentel, ingeniero agrónomo, que fuera ministro de Trabajo de España, que versó sobre “La agricultura y el regadío en la sociedad digital”.

A lo largo de su exposición destacó por un lado la importancia del regadío como elemento suministrador de alimentos para la población y por tanto un sector estratégico en la economía nacional. Y más teniendo en cuenta los desajustes que en la actualidad se están produciendo en el proceso de globalización mundial en relación con los alimentos y otras materias primas. También resaltó la necesidad imperiosa de proceder a la digitalización del regadío lo que ha de traducirse tanto en el uso de sistemas de control del riego basados en las nuevas tecnologías, como en cambiar la mentalidad de los regantes para asumir y comprender esta digitalización necesaria para conseguir un regadío eficiente en el uso del agua y además sostenible en relación con el medio ambiente.

La conferencia de Manuel Pimentel fue relevante en mi opinión porque marca dos cuestiones fundamentales: la primera la necesidad de considerar al sector agrario y dentro de él al regadío como un sector estratégico para España indispensable para asegurar nuestra alimentación. No tengo tan claro que el gobierno nacional siga esta línea de potenciar el sector si tenemos en cuenta recientes disposiciones adoptadas que no le benefician en absoluto. Ya traté en este blog el tema a raíz de la reciente normativa sobre el lobo y la deriva ambiental que están tomando los planes hidrológicos.

También apostó por la digitalización que ha de introducirse en el regadío si queremos optar a unos regadíos, rentables, eficientes y sostenibles. Como él recalcó los regantes han de cambiar su mentalidad para entrar en la era digital que les permitirá obtener más y mejores producciones con previsibles aumentos de precios, ahorrar costes y mejorar la rentabilidad de sus explotaciones.

En este sentido ha de destacarse la importancia que desde siempre ha otorgado la Junta de Extremadura a nuestros regadíos. Por una parte, facilitando a los regantes su modernización a través de los decretos de ayudas que funcionan desde 1998 y por otra promoviendo nuevos regadíos como los de Monterrubio, Barros o Arroyo del Campo como elemento de generación de rentas, empleo y fijación de la población en el territorio.

Otra ponencia de gran interés fue la desarrollada por Manuel Mejías, secretario general de Población y Desarrollo Rural. En ella dio cuenta del contenido de un proyecto de decreto de la Junta de Extremadura que se publicará en breve plazo, cuyo fin es el de ordenar la instalación de elementos de energías renovables en las zonas regables definiendo aquellos que son compatibles o complementarios con el uso de regadío, que se considera como uso prioritario.

Desde el Club Senior de Extremadura en mayo de 2021 en nuestro comentario semanal de los viernes en Canal Extremadura Radio, ya advertíamos sobre la necesidad de evitar que en los regadíos se ubicasen sin control instalaciones de producción de energías renovables que, durante su período de explotación generan un reducido empleo unas 0,05 UTA / ha, frente a las 0,15 UTA /ha que genera el regadío, aparte de los empleos indirectos que este último produce en sectores conexos.

Así que la promulgación de este decreto lo consideramos un acierto ya que regulará con claridad lo que puede permitirse y lo que no en nuestras zonas regables tanto de interés nacional, como general de la nación o de interés de la comunidad autónoma, en relación con la instalación de energías renovables en las mismas.

El resto de ponencias fueron impartidas por expertos de alta cualificación y especialistas en sus temas. José Ángel Hernández, subdirector de Obras de SEIASA, excelente técnico y buen conocedor del regadío de Extremadura, explicó las actuaciones exitosas llevadas a cabo en materia de modernización en la zona regable de Orellana, sobre más de 40.000 ha.

Francisco Rodríguez Mulero, presidente de SEIASA expuso las actuaciones en materia de modernización de regadíos, que acogidas al Plan de Recuperación, Resiliencia y Transformación, podrán tener lugar en Extremadura.

Por último, se dio a conocer la situación y características del Proyecto de Transformación en regadío de Tierra de Barros, el proyecto más importante de nuevos regadíos en Extremadura con 15.000 ha, cuyos trabajos son dirigidos desde el Servicio de Regadíos por Julián Gutiérrez Sánchez, jefe de Sección en el mismo y destacado técnico en la materia.

En resumen, el IV Foro del Regadío de Extremadura constituyó un notable éxito tanto por el alto número de participantes, como por la calidad de los ponentes y por la excelente organización del evento.

Es muy conveniente para el regadío extremeño que la Consejería de Agricultura siga promoviendo nuevas ediciones de este foro.

viernes, 8 de octubre de 2021

 

EXTREMADURA ANTE LA NUEVA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Se acerca una revisión del modelo de financiación autonómica y las distintas comunidades autónomas se aprestan a exhibir sus características diferenciales para obtener la máxima tajada posible del nuevo mecanismo que sustituirá al que se implantó en 2009.

El nuevo modelo nace envilecido por dos situaciones excepcionales, una que ya existía y otra de nuevo cuño. Su influencia en el proceso de revisión de la financiación autonómica será difícil de soslayar. La primera es la especial fiscalidad del País Vasco y Navarra que con sus foros y sus fueros gozan de privilegios que incluso están amparados por la Constitución.

La segunda es el chantaje de los separatistas catalanes por el “procés” que, con su amenaza continuada de salirse de España, procurarán mientras intentan conseguirlo, sacar la mayor tajada posible, negociando de manera unilateral con el gobierno central y presionándolo ya que necesita de sus votos para mantenerse en el poder.

Con estos importantes recelos iniciales, la financiación autonómica debería llevar a cabo una serie de acciones previas antes de tomar forma definitiva. Como primer paso ha de procederse a la nivelación de servicios entre todas las comunidades autónomas, habilitando los fondos especiales necesarios para conseguirlo. Si no se hace así Extremadura, junto con otras regiones de parecidas características, partirían desde atrás en este proceso de financiación.

Los fondos especiales de nivelación de servicios habrían de lograr una cierta igualdad previa en cuestiones como la sanidad, la educación o las infraestructuras generales (carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, telecomunicaciones, agua...etc.). Esto traería consigo la necesidad de llevar a cabo una valoración y aporte previo de dichos fondos especiales para estas regiones de modo que todas las comunidades autónomas salieran aproximadamente del mismo punto de partida en el nuevo mecanismo de financiación.

Sería una compensación por el hecho de que la historia trató de manera desigual a unas y otras comunidades autónomas, haciendo perdedoras a las regiones pobres, incluso de una buena parte de su población que pasó a engrosar la de las regiones privilegiadas por los distintos regímenes gobernantes en España, que siempre fueron las mismas. 

Una vez establecidos estos fondos de nivelación inicial, que podrían repartirse en varios ejercicios, habría que diseñar el nuevo mecanismo de financiación que debería ser justo, equitativo y solidario y tener en cuenta un abanico de variables y no sólo el número de habitantes.

La población se revela como una variable de gran importancia, pero no puede ser considerada la única. Si se hace así se beneficiaría a las regiones muy pobladas, generalmente las más ricas, en perjuicio de las regiones menos pobladas, que suelen ser las de menor renta per cápita disponible. Y esto llevaría a incrementar la divergencia y la desigualdad entre unas y otras. La España vaciada o en proceso de vaciamiento se vería sensiblemente perjudicada y se aceleraría su despoblamiento.

Por tanto, además de la población, la financiación habría de tener en cuenta aspectos de gran importancia tales como la densidad de la misma, la dispersión en el territorio, el número de municipios, la insularidad, la tasa de desempleo y el nivel de renta disponible.

Fijando la financiación autonómica en base a este conjunto de variables, podría llegarse a una cierta igualdad entre las comunidades autónomas. Y sería una manera de que no se acrecentasen las diferencias entre unas y otras, evitando que haya españoles de primera y de segunda división.

La propuesta anterior no será fácil de llevar a cabo. Primero por su complejidad, aunque esto sería superable y merecería la pena hacer el esfuerzo y en segundo término porque las regiones con más población intentarán imponer el criterio del número de habitantes o algo próximo a él, que les beneficia.

La solidaridad queda muy bien en los discursos y manifestaciones grandilocuentes de los políticos, pero hay mucha resistencia de las regiones pudientes a ceder algo a las más necesitadas para intentar un equilibrio y que se produzca una mínima convergencia.

Y no digamos la deriva que tomará el nuevo modelo de financiación ante las presiones que sobre el gobierno ejercerán vascos y navarros con sus fueros y ventajas fiscales y el chantaje permanente catalán al que el gobierno cederá con alta probabilidad.

Me temo que Extremadura volverá a salir perjudicada ya que a las regiones ricas y privilegiadas les interesa aplicar el criterio de población de modo casi exclusivo y nos venderán la idea de que las comunidades autónomas menos pobladas ya reciben financiación “per cápita” superior a las más pobladas exhibiendo estas cifras. Una falacia que nunca conseguirá una mínima convergencia entre regiones ricas y pobres.

Con el modelo actual de media en 2019, cada región española recibió 2.833 euros por habitante. Extremadura (3.086 euros por habitante) podría parecer que sale beneficiada, pero no se tienen en cuenta la superficie, dispersión y características de la región, con lo que en realidad sale perjudicada.

Si no hay solidaridad y no se aplican criterios distintos a la población se mantendrá o aumentará la desigualdad interregional, como ocurre en la actualidad.

 

viernes, 1 de octubre de 2021

 

SECTOR AGRARIO: ¿SE LE CONSIDERA UN SECTOR ESTRATÉGICO EN ESPAÑA?

En los momentos más difíciles de la pandemia, y especialmente durante el período de confinamiento, el sector agrario en el que considero incluida a la industria agroalimentaria, con su eficiente trabajo ha demostrado su capacidad para asegurar los alimentos necesarios a la población española. Prácticamente no hubo problema de falta de suministros y los ciudadanos no notamos desde ese punto de vista los efectos de la pandemia.

En los países punteros en el mundo, el sector agrario es considerado como un sector estratégico porque asegura una de las necesidades básicas de la población: su alimentación. Al sector agroalimentario en países de primer nivel económico como Estados Unidos, Francia o Alemania se le considera como un sector prioritario y estratégico ya que evita la dependencia de países terceros de un aspecto tan importante como es el abastecimiento alimentario. Igual que ocurre con sectores como el energético, el químico o el sanitario en el que estos países reducen al máximo la dependencia del exterior. En lo referente al sector agrario esta manera de proceder además de la cantidad de alimentos, asegura la calidad alimentaria y el control de precios al no depender de terceros.

En España si se atiende a las manifestaciones de nuestros gobernantes, da la impresión de que para ellos el sector agrario sí que es un sector estratégico y se les llena la boca, sobre todo cuando van de visita a zonas rurales, de alabanzas al sector y al personal que forma parte del mismo destacando su laboriosidad e importancia estratégica.

En contraposición a estas grandilocuentes declaraciones la realidad es que nuestro gobierno es especialmente beligerante contra el sector agrario, ya que ha abrazado por ideología un ecologismo muy primario que se ha puesto de moda y del que se declara seguidor.

Actuaciones del ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico - que ha jibarizado y reducido a la mínima expresión al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que es quien realmente debía de ocuparse del sector agroalimentario y del medio rural - al que se le han otorgado las competencias en demografía rural y poblamiento, biodiversidad, agua, e incluso del sector forestal que es parte indisoluble del sector agrario, está tomando una serie de decisiones que perjudican sensiblemente a agricultores y ganaderos.

Se ve favorecida su estrategia por la apuesta por lo verde que hacen los burócratas de la UE y que se traslada a disposiciones como el Nuevo Acuerdo Verde Europeo (Green New Deal Europe) o la PAC. A este verdor nos hemos apuntado desde España con furibundo entusiasmo del converso, sin proponer una transición en calma para conseguir un sector agrario más sostenible, pero sin perjudicarle en el camino que ha de recorrer.

Voy a poner dos ejemplos, aunque hay muchos más, de estas actuaciones gubernamentales que están perjudicando sensiblemente al sector agrario y al medio rural.

La reciente disposición de protección del lobo que impide su caza, es un palo a la ganadería extensiva, precisamente la más ecológica. Muchas explotaciones verán impotentes como el lobo ataca a sus ganados, sin que los titulares reciban una indemnización rápida que cubra la totalidad de los daños producidos y asegure la inmediata reposición de las bajas que se produzcan en los rebaños.

Esta norma se ha promulgado en contra de la opinión de varias comunidades autónomas, como Galicia, Cantabria, Asturias, Andalucía, Castilla y León, Madrid y Murcia, así como de todas las asociaciones que agrupan a ganaderos. Ha bastado la presión ecologista para modificar la norma existente que ya protegía al lobo. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de quien depende la ganadería en España, se doblega a las disposiciones del Ministerio de Transición Ecológica, aunque dice estar del lado de los ganaderos. Ya me contarán.

Confiemos en que los recursos contencioso - administrativo anunciados por algunas comunidades autónomas y asociaciones de ganaderos den su fruto. Una cosa es proteger al lobo y otra arruinar a los ganaderos. Aquí no tenemos término medio.

Otro ejemplo es la persecución contra los regadíos y los regantes, que subyace en la nueva revisión de los planes hidrológicos del tercer ciclo de planificación 2022 – 2027.

Estos planes dan preferencia absoluta a la consecución de los objetivos medioambientales de alcanzar el buen estado de las masas de agua, frente al objetivo de satisfacer las demandas de los usos socioeconómicos. El principal perjudicado es el regadío que es el uso que más agua utiliza.

Los objetivos medioambientales dan preferencia a los caudales ecológicos a costa de reducir las garantías de los regadíos. Tampoco se resuelve en estos planes la situación de los regadíos deficitarios, ni se prevén nuevas obras de regulación para asegurar las garantías de los usos y de los caudales ecológicos, ni se dotan adecuadamente en el programa de medidas las de terminación de la modernización de los regadíos para digitalizarlos y hacerlos más sostenibles.

Por el contrario, sin valorar sus consecuencias, se propugna la introducción de nuevos costes ambientales que incrementando el precio actual del agua llevarán a la desaparición de muchas explotaciones de riego por falta de rentabilidad.

El Ministerio de Agricultura está desaparecido ante esta problemática que afecta gravemente a los regadíos que se encuentran adscritos a este departamento.

El gobierno debería reflexionar sobre estos extremos. Debilitar el sector agroalimentario es poner nuestra alimentación en manos de países terceros. Y eso es un error que pagaremos caro. Los consumidores los primeros.