SANCIONES DE TRÁFICO EN ÉPOCA DE CRISIS

Esta entrada está dedicada a mi amigo Aniceto Luengo, que me sugirió una reflexión sobre el tema.

Parto del principio de que las sanciones por incumplimiento de las normas del Reglamento de Circulación y Seguridad Vial son imprescindibles para conseguir que el tráfico se desarrolle por cauces de la máxima seguridad y para evitar un alto número de accidentes que sin la existencia del procedimiento sancionador ocurrirían.

De hecho la mejora de la red de infraestructuras viarias que aconteció en España hasta que empezó la crisis, junto a unas acertadas políticas aplicadas por la Dirección General de Tráfico en materia de conductores, de información y de sanciones ha conseguido que España ocupe un destacado lugar en materia de seguridad vial en el concierto europeo.

Pero el Estado que es quien establece los importes de las multas ha de ser equitativo y ha de tener en cuenta las circunstancias económicas que afectan a la mayoría de los conductores que, como consecuencia de la crisis, han visto reducidos sus salarios o sus expectativas de aumento, cuando no han perdido su empleo.

Si, como ejemplo, analizamos los importes de las sanciones por exceso de velocidad nos daremos cuenta de que el montante de las mismas puede llevar a muchas familias a tener que apretarse aún más el cinturón si resulta sancionado alguno de sus miembros.

Tomando como referencia el valor del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) que en el año 2014 está en 645,3 € mensuales, llegamos a la conclusión de que la multa mínima por exceso de velocidad que asciende a 100 €  representa el 15,49 % del mismo (si se paga rápido quedaría reducido el importe a la mitad, es decir 50 € o lo que es igual el 7,74 % del SMI). A una familia que perciba esta cantidad como salario mensual, una multa de tráfico leve puede llegar a desestabilizar su presupuesto.

No digamos de aquellos que tienen percepciones por desempleo o de otro tipo, muy inferiores al SMI y que rondan el entorno de los 400 €. Aquí la multa mínima puede alcanzar hasta el 25 % del ingreso. Bueno esto en el supuesto de que esas familias con percepciones tan bajas puedan permitirse el lujo de tener un vehículo. Pero algunas lo tienen aunque sólo sea para tratar de buscar trabajo.

Si entramos en multas de mayor calado como es el siguiente escalón del exceso de velocidad, su importe que es de 300 € y que además conlleva la retirada de dos puntos,  representa casi el 50 % del SMI (el 25 % si se hace un pago rápido).

Por todo ello estimo que el Gobierno debería adecuar los importes de las sanciones a las circunstancias y reducir su importe teniendo en cuenta la situación económica que están padeciendo muchas familias que además necesitan su vehículo como herramienta de trabajo o para intentar obtenerlo. Al menos en los primeros escalones en los que es más fácil transgredir la norma. Tramos posteriores de exceso de velocidad o sanciones por ingestión de alcohol o drogas, podían mantenerse en aras de seguir reduciendo el número de accidentes y de víctimas.

De este modo se  aplicaría un principio de equidad sin perder de vista los objetivos de las sanciones: mejorar la seguridad vial y disminuir la accidentalidad.

Cuando las circunstancias económicas y sociales mejorasen, sería el momento de volver a revisar al alza las multas para adecuarlas a la nueva situación. Pero para este Gobierno con gran instinto recaudatorio y tan insensible a los problemas sociales, quizás sea mucho pedir. Ellos no están en estas minucias.