DERECHOS DE REUNIÓN Y DE MANIFESTACIÓN

El artículo 21 de nuestra Carta Magna regula el derecho de reunión y de manifestación en el supuesto del ejercicio pacífico de los mismos. Para la reunión no se necesita autorización y en el caso de reunión en lugares de tránsito público y manifestación es necesario dar comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas y bienes.

El artículo 55 de dicha norma establece que los derechos del artículo 21 sólo podrán ser suspendidos cuando se declare el estado de excepción o de sitio.

Está claro que nuestra Constitución protege los derechos de reunión y manifestación que tienen el carácter de derechos fundamentales de los ciudadanos. Y esto es así porque España se define como un estado democrático de derecho.

Hasta aquí todo bien. El problema surge cuando se llega a la realidad del ejercicio de este derecho, que como fija la norma ha de ser pacífico.

En los últimos tiempos y dada la política de austeridad y de recortes propiciada por el Gobierno, que afecta sensiblemente a derechos ciudadanos tales como la salud, la educación, la protección social, la vivienda y el trabajo que estaban hasta ahora relativamente bien consolidados en la sociedad española, los ciudadanos se manifiestan cada vez con mayor frecuencia y por diferentes causas y razones. Estas manifestaciones, de acuerdo con declaraciones de dirigentes del Ministerio del Interior, son en un altísimo porcentaje pacíficas. Se registran incidentes, según ellos, en menos del 1 % de los casos.

Pues bien, en base a estos mínimos incidentes se ha pergeñado por el Gobierno una ley de Seguridad Ciudadana que recuerda mucho a las leyes franquistas y que ya ha recibido el varapalo del poder judicial, que encuentra en el borrador del proyecto de ley indicios claros de ilegalidad constitucional.

Y es que en lugar de reprimir a los ciudadanos, que se manifiestan pacíficamente casi siempre, lo que han de hacer nuestros gobernantes es escucharles, analizar sus peticiones y buscar soluciones a sus problemas, que por cierto son gravísimos. El resolver la situación de crisis y recomponer esos derechos, habría de ser preocupación prioritaria de nuestros dirigentes y no el reprimir manifestaciones con leyes retrógradas que recuerda tiempos pretéritos de ingrato recuerdo.

Y aunque se tenga mayoría absoluta, legítimamente conseguida en las urnas, esto no da derecho a rehuir la opinión de la oposición y de los ciudadanos. La mayoría absoluta no es una patente de corso, para que el partido que la consiga haga de su capa un sayo y aplique inexorablemente el rodillo. Debe escuchar a los manifestantes. Que por algo se manifiestan. Y no se olvide que la mayoría absoluta de la que dispone el partido gobernante actual, en número de votos no representa ni el 25 % de la población total de España. Busquen resultados electorales, hagan números y lo comprobarán.