JUBILACIONES  Y SECTARISMO POLÍTICO EN LA ADMINISTRACIÓN

En la sanidad pública dependiente de la Comunidad de Madrid, y también en otras autonomías, se están produciendo jubilaciones forzosas de destacados especialistas médicos, al cumplir la edad de 65 años, al denegárseles por parte de la Consejería correspondiente la solicitud de prórroga en la prestación del servicio hasta los 70 años.

Cuando se bucea un poco en el fenómeno se constata que la denegación de la continuidad en el servicio hasta esos 70 años, conocida en el argot funcionarial como “reenganche”, se hace de modo discrecional y en la mayoría de las ocasiones afecta a médicos que son críticos con el “stablishment” o que pertenecen a asociaciones o “mareas” opuestas a la  gestión actual de la sanidad pública. 

Para nada se tiene en cuenta la categoría profesional, la experiencia, la formación ni el “curriculum vitae” de los afectados, ni se valora el perjuicio que puede causarse a la sanidad pública al prescindir de personas de alta cualificación que son una red de seguridad para los pacientes. Les importa un bledo todo esto y sólo se mueven por el sectarismo político.

Hoy día un profesional de la administración pública de 65 años de edad, dada la esperanza de vida, le restarían al menos 15 años de teórico posible ejercicio profesional, por lo que parece que prolongar su trabajo durante 5 años más no es ningún disparate. Siempre que sus condiciones físicas y mentales sean las normales. Cosa que ocurre en la práctica totalidad de aquellos que solicitan la prórroga.

Por otro lado resulta evidente que los profesionales maduros han de dejar paso a los jóvenes. 70 años puede ser una edad apropiada para retirarse. En este planteamiento no se debe perder de vista que los veteranos pueden colaborar y de hecho lo hacen a la formación de los más jóvenes transmitiéndoles su experiencia y conocimientos de modo que se vaya produciendo un relevo tranquilo y sosegado. Este modo de actuar sería lo sensato y razonable.

Pero, desgraciadamente, el sectarismo político se extiende a todas las administraciones y se produce, casi siempre, de un modo lacerante e injusto.

Conozco el caso, acontecido en una administración autonómica, de un profesional con cerca de 40 años de experiencia y un extenso “curriculum” de trabajos en las administraciones públicas, que había ocupado puestos de gestión de alta responsabilidad durante el mandato de un determinado partido político, sin que siquiera fuera militante del mismo y al que se le había concedido hacía poco tiempo el llamado “reenganche”.

Al llegar al poder un nuevo partido fue destituido de su cargo, cosa hasta cierto punto lógica dada la alternancia de poderes y las costumbres del lugar. No contentos con esto le despojaron, en una normativa de castigo que afectó a otros muchos profesionales de alta cualificación, de todos los complementos que tenía consolidados y enviado a un puesto base, sin ninguna contemplación ni la más mínima consideración de sus méritos y habilidades.

El resultado fue que ante semejante ataque, el funcionario se vio en la tesitura de solicitar su jubilación voluntaria a la que se vio compelido, pese a que sólo había transcurrido un año y medio de “reenganche”. Su remuneración de jubilado resultaba ligeramente superior a la que percibiría en el puesto base y además se ahorraba el desplazamiento diario a su trabajo, ya que residía en otra ciudad.

Me contó el afectado que solamente tuvo una inmensa alegría en todo este proceso. Durante el aproximadamente año y medio que duró el calvario, los funcionarios del servicio al que fue enviado una vez cesado en su puesto directivo, no dejaron de considerarle como una referencia y de consultarle muchas de sus dudas. Fue su única compensación.