LA CASTA POLÍTICA: EL CASO GALLARDÓN

48 horas después de producirse su dimisión como ministro de Justicia, Gallardón ha pasado a formar parte del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid con un sueldo bruto de 8.500 € mensuales.

Además como ha sido presidente de la citada Comunidad dispondrá de coche oficial, conductor, secretaria y oficina, parece que “sine die”.

A lo largo de su carrera política este prócer ha acumulado méritos tan destacados como endeudar al Ayuntamiento de Madrid en 7.000 Millones de Euros consiguiendo que sea la ciudad más endeudada de España. Entre otras lindezas, adquirió por 400 Millones de Euros el Palacio de Comunicaciones, en plena plaza de Cibeles, una compra megalómana e innecesaria y en su lista de servidores tenía hasta un mayordomo. Pueden imaginarse el concepto del dinero público que tiene este hombre. Y la egolatría y la soberbia que atesora.

Más méritos: con la ley de tasas judiciales promulgada en su mandato como ministro, menos mal que ha sido corto, ha encarecido la justicia de modo que resulta inasequible para los ciudadanos y ha conseguido cabrear durante su etapa ministerial con sus proyectos de ley sobre el poder judicial a: jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, procuradores y yo creo que hasta a los bedeles y por supuesto al público en general, con el de la ley del aborto.

Este hombre es fiscal de oposición y lo lógico sería que una vez finalizada su carrera política y presentada la dimisión de su cargo de ministro, regresara a su puesto de trabajo como ocurre en la mayor parte de los países democráticos. El problema que tenemos en España es que esto no es una democracia y sí es un sistema muy parecido a una república bananera en la que los propios políticos legislan en su favor condiciones privilegiadas para su retiro, que han de ser pagadas por los ciudadanos. Como Juan Palomo ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Y todo eso será legal, pero es inmoral e injusto.

En este sentido hay que dar la razón a Podemos que califica como “casta” a estos políticos que en función de su cargo o por haberlo ocupado disfrutan de condiciones de privilegio frente al resto de los ciudadanos, los cuáles en el colmo de su aborregamiento y estolidez, encima les votan para que se hagan acreedores a las prebendas que ellos mismos se otorgan aprobando leyes que les favorecen.

Los partidos políticos clásicos, si quieren que en España haya una verdadera democracia y los ciudadanos volvamos a creer en ellos, van a tener que dar un golpe de timón muy serio para erradicar todos estos privilegios de los que goza la clase política y pasar a ser ciudadanos normales que una vez concluido el período para el que fueron elegidos vuelven a sus trabajos de origen, o al paro si se dan las circunstancias. Como todo hijo de vecino. Sin ninguna ventaja.

Y no vale con apelar continuamente a la transparencia y a la regeneración dos palabras puestas de moda por los políticos pero vacías de contenido, la honradez y la honestidad hay que darlas por sentado, sino que hay que adoptar decisiones que lleven a la eliminación de ventajas, prebendas y canonjías de las que gozan los políticos sin justificación alguna.

La corrupción tiene otro tratamiento que pasa por la expulsión inmediata de los partidos de todos los corruptos y su procesamiento judicial para que una vez devuelto el dinero sustraído, paguen su delito en la cárcel y con la inhabilitación.

El caso de Gallardón, hay otros cientos como el suyo, es paradigmático de lo que no debe ocurrir. Este caballero lleva viviendo de la política 30 años y da la impresión de que pretende seguir otros tantos. Y esto es impresentable. Los ciudadanos tenemos que tomar decisiones radicales si los políticos no entran en la vía de ser seres normales sin ventajas sobre el resto. Y eso se hace votando. Así que deberían andarse con cuidado.