RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

La joven democracia española, en su bisoñez, todavía no ha asimilado ciertas normas de comportamiento de los políticos que se practican en otros países con democracias más maduras y consolidadas.

Me refiero a la asunción de responsabilidades políticas en determinados casos, las cuáles suelen consistir en dimisiones o destituciones, acto muy poco practicado en España por los cargos públicos, porque existe la creencia de que abandonar el puesto por propia decisión o el ser destituido supone un reconocimiento de culpa. Cuando lo normal en otras latitudes es que, en un buen número de ocasiones, sea un acto de dignidad.

Por ejemplo un ministro alemán presentó de manera inmediata su dimisión cuando se descubrió que había plagiado algunos párrafos de otros autores en su tesis doctoral. ¿Se imaginan que esto podría ocurrir en España?

Y es que en nuestro país los políticos no han sido capaces de diseñar y asumir una estrategia para distinguir claramente entre lo que es la responsabilidad política de la que hay que dar cuenta a la sociedad y lo que son las responsabilidades civiles y penales de las que hay que responder ante los tribunales de justicia.

La dimisión o la destitución como consecuencia de la responsabilidad política de un cargo público lo único que conlleva es que el personaje ha defraudado por acción u omisión las expectativas puestas en él por la sociedad. Pero no tiene que ser necesariamente un delincuente. Puede perfectamente no serlo.

Y de hecho si en el proceso posterior no resultase condenado, su carrera política no debe terminar sino que por el contrario puede verse reforzada con el acto de la dimisión por la carga de dignidad y responsabilidad ante la sociedad que conlleva.

Pues bien el hecho de asumir responsabilidades políticas  que debería ser normal y producirse de forma natural en nuestro país, se convierte en una situación excepcional ya que la dimisión por esta causa no es una práctica consuetudinaria.

Y ahí tenemos casos a porrillo, de políticos que se mantienen en sus cargos contra viento y marea, pese a que existen fundadas sospechas de su deficiente gestión, de fallos o imputaciones de personas por ellos designadas: las responsabilidades “in eligendo o “in vigilando” e incluso cuando están imputados ellos mismos.

Esta situación, desgraciadamente, afecta a todos los partidos. Responsabilidades políticas derivadas de los EREs o de los cursos de formación andaluces están sin sustanciar, lo mismo que las de las tramas Gürtel, Púnica, Bárcenas o de la financiación irregular del PP tampoco han conducido a la dimisión de algunos políticos de alto rango que designaron a los imputados o están implicados ellos mismos. Y ahí siguen escurriendo el bulto y además se permiten dar lecciones a los demás.

Hay casos flagrantes como el ocurrido con una exministra que tras presentar su dimisión, por haberse lucrado de fechorías cometidas por su marido puestas de manifiesto en un auto judicial, a la afectada no sólo se la mantiene en su puesto de diputada sino que se le premia con un aumento de sueldo al concederle la vicepresidencia de una comisión del Congreso.

Con este panorama es muy difícil que pueda procederse a la adopción de una normativa creíble por los ciudadanos que ataje la corrupción y permita una regeneración a fondo de los comportamientos de nuestros políticos. Tendrían que dar ejemplo aquellos que propugnan a grito pelado la transparencia y la lucha contra la corrupción, cuando son ellos los primeros que la consienten y no toman las medidas pertinentes.