DESAHUCIOS BOCHORNOSOS

Hace unos días he presenciado en la televisión un espectáculo lamentable que jamás imaginé que pudiera tener lugar en un país desarrollado como España.

Me refiero al bochornoso desahucio de un piso social hecho a un matrimonio de emigrantes sudamericanos con tres niños, uno de ellos de solamente mes y medio de edad y con la madre recuperándose de las secuelas de la cesárea que le practicaron en el parto.

Antes de seguir analizando este episodio conviene poner de manifiesto sus antecedentes. Veamos: el Ayuntamiento de Madrid con dinero público construyó unos complejos de pisos sociales destinados a proporcionar vivienda digna a personas desfavorecidas las cuáles abonaban un alquiler social con un precio módico de alrededor de 150 € mensuales. Era una loable iniciativa municipal, pero…

Como el Ayuntamiento madrileño está endeudado hasta las trancas, el que más de España, como consecuencia de la nefasta gestión llevada a cabo por sus dos últimos alcalde y alcaldesa, que han dedicado sus mejores esfuerzos a la ejecución de obras megalómanas, compras de palacios y mantenimiento de asesores a troche y moche, además de un mayordomo al servicio del primer edil, necesitaba rebajar la deuda municipal para presentar alguna acción positiva ante los madrileños.

Pues bien lo único que se les ocurre para obtener dinero contante y sonante es transferir la propiedad de miles de estas viviendas sociales a fondos buitre, a los que no se les pone limitación alguna para actuaciones posteriores, dado el tipo de inquilino que tienen los pisos. Estos fondos buitre, extranjeros casi siempre, en cuanto adquieren la propiedad proceden a duplicar o triplicar el importe del alquiler. Resultado: muchas de estas familias no pueden abonarlo por su situación económica y sin más explicaciones proceden a desahuciarlas por impago.

La expulsión del matrimonio sudamericano de su vivienda constituyó un espectáculo lamentable, bochornoso e indigno de un país civilizado. Ocho o diez miembros de la policía, a golpe de radial y de ariete, destrozan la puerta que habían atrancado algunos miembros de organizaciones opuestas a los desahucios para tratar de impedirlo y penetran violentamente en la vivienda arrojando de ella a sus moradores y a los que con ellos estaban.

Parece inadecuado, por calificarlo suavemente, que los impuestos de los contribuyentes se destinen a que la policía en lugar de proteger a la población, se dedique a agredir, aunque sea legalmente y por mandato judicial, a personas desfavorecidas que están al borde de la exclusión social. En lugar de utilizar las fuerzas de orden público para proteger a los ciudadanos, se usan para defender los intereses de los poderosos. Todo un despropósito.

Lo que pude presenciar es una vergüenza y dice muy poco de un país civilizado que además ha sido advertido por la UE de que estos desahucios han ser impedidos ¿Qué hacen los partidos políticos que consienten esto? ¿Y nuestros diputados y senadores enredados en viajes sin cuento a costa del dinero público, entre otras cosas para ver a sus amiguitas? ¿Por qué no legislan para impedir estos atropellos a derechos constitucionales como es el poder disponer de una vivienda digna? ¿Por qué no se ha impedido la venta de estos inmuebles a fondos buitre?

Este y otros hechos lamentables que están aumentando la desigualdad, cargándose el incipiente estado del bienestar y agrediendo los derechos de las clases media y trabajadora, van a dar lugar a que aprovechando el cabreo y la indignación ciudadana, partidos de nuevo cuño y programas de inciertos resultados entren en la gobernación de España.

Pero episodios como el desahucio de esta familia sudamericana lo justifican. Son una vergüenza que los españoles no debíamos consentir bajo ningún concepto.

Y, salvo rasgarse las vestiduras dentro de la mayor hipocresía, nadie hace nada para impedir que estos vergonzosos espectáculos se repitan un día sí y otro también.