SEÑALES  DE ALARMA EN LA DEUDA PÚBLICA

El montante de la deuda pública española ha llegado a un billón de euros, o lo que es igual un millón de millones de euros que traducido a pesetas equivale a 166,386 billones. Cifra astronómica que es difícil de imaginar y de traducir a la realidad.

Con este importe la deuda pública alcanza el 98,7 % del Producto Interior Bruto (PIB) anual de España, es decir del valor de todos los bienes y servicios producidos en España durante un año evaluados a precios de mercado. Por lo tanto los españoles debemos prácticamente todo lo que producimos durante un año. Como se ve, una barbaridad.

Cuando llegaron al poder los populares la deuda pública representaba el 72 % del PIB, por lo que, en menos de tres años, el gobierno actual ha incrementado la misma en un 26,7 % del PIB, una media de casi un 10 %  anual.

Nuestros gobernantes en su pretensión enfermiza de querer hacer ver a los españoles que la situación mejora a pasos agigantados, a esta cifra de deuda pública no le prestan la menor atención y da la impresión de que para ellos es como si no existiera. Les trae al fresco.

Lo que sí hacen, apoyándose en que la prima de riesgo está en valores relativamente bajos, es airear a los cuatro vientos, que los intereses que hemos de pagar por la deuda son menores, ocultando que si esta aumenta, aquellos también lo hacen y  enmascarando que lo que en realidad ocurre es una refinanciación de la misma aunque puedan resultar algo más reducidos los intereses pagados. Se trata de una huida hacia delante.

Y podemos preguntarnos y nos preguntamos, con este incremento de la deuda pública ¿qué es lo que se está financiando? Puesto que la sanidad, la educación, la dependencia y la inversión pública en infraestructuras están sometidas a  importantes recortes año tras año, hemos de convenir que con el incremento de la deuda pública se está tapando una menor recaudación fiscal, se financian una serie de gastos superfluos no productivos generados por las instituciones políticas y también estamos sufragando el desmesurado coste de una administración pública en la que no se ha llevado a cabo, ni de lejos, el drástico reajuste prometido por los populares en su programa electoral.

Y no me refiero al hablar de este reajuste a la estructura administrativa servida por los funcionarios de carrera, los cuáles han accedido a sus puestos mediante la correspondiente oposición, sino a la pléyade de enchufados en empresas públicas, fundaciones y organismos que prácticamente no han sido tocados y que por cierto siguen percibiendo unos salarios muy por encima del que obtienen los funcionarios que realizan trabajos similares.

El mantenimiento de esta administración paralela es muy conveniente para los intereses de los políticos que gobiernan, ya que este numeroso grupo de elegidos acatará sin rechistar las directrices gubernamentales, pues su puesto de trabajo es de designación digital de los políticos. Y si no son obedientes, lo perderán. Los funcionarios son en su mayoría independientes, su puesto de trabajo no está subordinado al político de turno y por tanto sus dictámenes son asépticos y acordes con la legalidad. Ahí radica la gran diferencia entre un funcionario de carrera y un enchufado.

En resumen hemos de concluir, que mientras no se acometa una reforma en profundidad de esa estructura administrativa paralela servida por paniaguados y al mismo tiempo la austeridad de comportamientos entre de lleno en la cabeza de nuestros políticos, la deuda pública seguirá creciendo inexorablemente. El problema radica en cómo y cuándo se pagará y hasta dónde nos seguirán prestando. La consecuencia más previsible es que estaremos entrampados por muchos años. Si es que no se produce antes el default. Veremos.