TRASVASE TAJO – SEGURA: UN DESPROPÓSITO MANIFIESTO  

El trasvase Tajo – Segura fue una imposición de la dictadura franquista que, sin participación ciudadana alguna, gravó con esta penalización a la cuenca del Tajo, perjudicando a regiones como Madrid, Castilla La Mancha y Extremadura en beneficio del Levante español.

La ley inicial del trasvase data de 1971 y fue aprobada por las cortes franquistas sin prácticamente oposición. Para asegurarse de que no habría protestas se tomaron algunas medidas adicionales: por ejemplo, el gobernador civil de la provincia de Cáceres por entonces, era el señor Trillo Figueroa padre, cuya esposa, según se decía, era propietaria de tierras a regar en el campo de Cartagena que se beneficiarían del trasvase.

El jerarca provincial manejó los hilos con eficacia, tampoco tenía mucho mérito el hacerlo dado el ordeno y mando existente, y se quitó de en medio, obligando a abandonar el cargo que ocupaba, a la única autoridad de la provincia que vio claro el problema que se avecinaba y que se atrevió a elevar su enérgica protesta: el alcalde de Plasencia, Julián Burgos al que la provincia cacereña y Extremadura, todavía le deben un merecido homenaje a su memoria por la clarividencia demostrada y por la lucha prácticamente en solitario mantenida.

El trasvase se proyecta y ejecuta con estudios hidrológicos equivocados. Se demuestra el error porque la serie hidrológica utilizada que comenzaba en 1941, a partir de 1980 y hasta la actualidad ha sufrido una disminución de aportaciones del 30 %. Lo que demuestra que se utilizaron datos inflados porque es prácticamente imposible que se produzca esa reducción tan drástica en las aportaciones en tan corto período de tiempo.

Desde entonces, a partir de la cabecera del Tajo, embalses de Entrepeñas y Buendía, se continúa realizando un trasvase anual de más de 300 Hm3 de media. Reparen en el disparate que se comete, ya que desde una parte de la cuenca comprendida entre la cabecera y Talavera de la Reina, que aporta solamente el 45 % de los recursos hídricos, pero que concentra el 85 % de las demandas, se trasvasa un importante volumen de agua a otro ámbito de planificación hidrológica como es la cuenca del Segura. El resultado es que en el tramo Aranjuez – Toledo – Talavera, el río Tajo es incapaz de mantener un caudal suficiente en cantidad  para conservar el curso de agua en unas condiciones ecológicas mínimamente aceptables y transfiere a la zona extremeña un agua de muy baja calidad.

El segundo aspecto a considerar es la legalidad del trasvase. Me explico. La ley del Plan Hidrológico Nacional de 2001 establece que una cuenca hidrográfica sólo puede ceder agua a otra si existen excedentes. Y en la cuenca del Tajo no hay agua excedentaria.

El Plan Hidrológico del Tajo vigente aprobado en 2014, y también el nuevo Plan de 2015 - 2021 en fase de consulta, reconocen al menos cuatro sistemas de explotación deficitarios: Henares, Alberche, Tiétar y Árrago, en los cuales los usos de regadío no pueden ser atendidos con las garantías establecidas en la Instrucción de Planificación. Pues bien a pesar de eso y en contra de la normativa vigente se mantiene el trasvase.

Pero es que además los recursos detraídos hacia la cuenca del Segura, se restan de los que la cuenca del Tajo ha de aportar hacia Portugal para cumplir el convenio de Albufeira. El volumen anual está fijado en 2.700 Hm3, teniendo unos mínimos trimestrales y semanales que han de asegurarse al país vecino.

Debido a la situación creada por el trasvase son principalmente los cursos de agua de la cuenca en Extremadura, desde sus embalses, los encargados de tener que suministrar el agua convenida a Portugal. Esta peculiaridad en época de abundancia puede no constituir un problema, pero sí puede serlo en situaciones de sequía.

Y saben en qué se emplean parte de los recursos trasvasados desde el Tajo al Segura. Pues en legalizar miles de hectáreas de regadíos ilegales en el Levante español, que lo son desde 1987 en que se prohibieron nuevos regadíos y que por motivo de lo dispuesto en el Plan Hidrológico vigente para la cuenca del Segura están siendo o han sido legalizados.

Por todas las razones apuntadas hemos de concluir que el dichoso trasvase es un auténtico despropósito. Se detraen recursos que son necesarios para el desarrollo de una cuenca que es deficitaria, reduciendo su capacidad de mantener o incrementar sus regadíos que son una fuente de riqueza, para favorecer a otra cuenca y legalizar regadíos absolutamente ilegales que compiten con los del Tajo. Sencillamente increíble.