LA EX DUQUESA ESTÁ TRISTE ¿QUÉ TENDRÁ LA EX DUQUESA?

S.M Felipe VI tras pensárselo mucho, ha tomado la decisión de revocar el uso del ducado de Palma de Mallorca a su hermana Cristina, imputada por el juez Castro en el caso Nóos que dentro de unos meses abrirá el procedimiento de juicio oral, en el que la ya ex duquesa tendrá que sentarse en el banquillo acusada de dos delitos fiscales.

El abogado de la ex duquesa, sin pensárselo dos veces, ha puesto la primera piedra en el camino para desacreditar ante la opinión pública la decisión real. Asegura que la infanta había enviado con anterioridad una carta al monarca pidiéndole que la desposeyera del ducado. Eso sí lo habría hecho llena de tristeza y con gran disgusto. O sea que según este letrado, que es el Sr. Roca Junyent uno de los padres de la Constitución, la infanta se habría adelantado al Rey en su petición y por eso la decisión real habría ido a remolque de la solicitud de Cristina de Borbón. La verdad es que a efectos prácticos da lo mismo, pero a efectos de forma no. Porque la autoridad real queda algo menoscabada. He ahí un letrado algo imprudente.

Para que la chapuza tenga más resonancia la Casa Real se ha enzarzado con el eximio abogado en una polémica de tonos infantiles sobre quien fue el primero en tomar la decisión: el Rey o la infanta.  

Paralelamente se ha desarrollado otra controversia sobre si el Rey puede desposeer a la infanta de un título que tiene carácter vitalicio aunque su concesión sea graciable. Parece lógico que si es graciable su otorgamiento, también lo sea su revocación. Algunos deberían consultar el diccionario de la RAE y verificar el significado de la palabra graciable.

No obstante el monarca, si quiere continuar en la línea de conseguir que la justicia sea igual para todo el mundo, incluida la infanta, habría de tomar algunas decisiones complementarias que le darían mayor credibilidad ante los ciudadanos.

La primera sería revocar los derechos sucesorios y eliminar a la infanta Cristina de su lugar en la línea de sucesión, ya que su comportamiento, presuntamente delictivo, la impide ocupar este sitio preeminente en la sociedad española.

La segunda rogar encarecidamente a la Fiscalía Anticorrupción, a la Abogacía del Estado y a la Agencia Tributaria, para que se dediquen a cumplir las funciones que la ley les encomienda y no a inventarse argumentos insólitos para tratar a toda costa de salvar a la infanta. La exoneración por métodos espurios de la ex duquesa no presupondrá beneficio alguno para la monarquía sino todo lo contrario. Si se le aplican extrañas teorías inventadas para sacar del atolladero a determinados conspicuos personajes, los ciudadanos darán por sentado que la justicia no es igual para todos como aseguró en su día el monarca emérito.

En este orden de cosas la Fiscalía y la Abogacía del Estado han actuado como auténticos abogados defensores de la infanta - la cual podía haberse ahorrado la minuta del letrado imprudente - arreando estopa al juez Castro, un juez imparcial e independiente, en cuanto había ocasión. Todo ello ante el asombro de la mayoría de catedráticos y profesores expertos en el tema, abogados y asociaciones de jueces que no salen de su perplejidad.

Lo de la Agencia Tributaria es de traca. Primero emiten un informe dando por bueno el delito fiscal. Pues bien a los seis meses confeccionan otro en el que se desdicen de lo afirmado y exoneran a la infanta de delito alguno. El argumento empleado es aplicado por vez primera en España y puede que en todo el orbe civilizado: las facturas falsas pueden desgravarse. ¡Casi ná que diría un castizo¡

Me imagino que a partir de ahora esta peregrina tesis se podrá aplicar también a los españolitos de a pie que no tienen sangre azul. Si es así dudo de que en el futuro la Hacienda Pública sea capaz de recaudar cantidad alguna del impuesto de sociedades y se reducirá sensiblemente la de otros impuestos y el señor Montoro, que ha consentido este último informe sin destituir o expedientar inmediatamente a sus autores, se va a quedar a dos velas ¿O es que tal vez estaba de acuerdo y ha propiciado la estrategia seguida por la Agencia Tributaria que depende de él?

En todo caso la actuación real desposeyendo del ducado a la infanta y exigiéndola que renuncie a sus derechos sucesorios me mueve a una reflexión. ¿Considera la Casa Real en general y el Rey en particular que la infanta es culpable en el caso Nóos e implícitamente la condenan sin esperar una resolución judicial? Si resultase judicialmente inocente ¿se le restituirá a la infanta el título nobiliario y se la repondrá en sus derechos y funciones anteriores en la familia real?