DERECHOS HUMANOS E INMIGRACIÓN

España es un estado democrático de derecho tal y como como reza nuestra Carta Magna. Y además tiene suscritos una serie de tratados internacionales, de obligado cumplimiento, en defensa de los derechos humanos.

Por otra parte esos derechos tienen consideración de fundamentales, han de ser respetados en todas las circunstancias y deben ser prioritarios con respecto a otros tipos de derechos, como por ejemplo los de naturaleza económica.

Esta digresión viene a cuento del incomprensible episodio acontecido en la ciudad española de Ceuta, que ha costado la vida a 15 emigrantes. Estos se han ahogado en presencia de nuestras fuerzas de orden público, sin que se les haya prestado la ayuda necesaria para impedir su muerte, antes, al contrario, azuzados con disparos de pelotas de goma, para tratar de impedir su entrada en España.

Los responsables políticos de estos hechos empezaron mintiendo y en el colmo de la prepotencia y del cinismo, amenazando a diestro y siniestro con querellas criminales a todo aquel que no estuviera de acuerdo con su versión “oficial”. Posteriores grabaciones, unas oficiales y otras particulares, desmontan sus tesis y permiten comprobar la pasividad, cuando no agresividad, de nuestras fuerzas de seguridad cuyo único objetivo ha sido impedir, a toda costa, la entrada en España de los emigrantes y expulsarlos a Marruecos. Todo ello ocurre en aguas aledañas a la playa que es territorio español, igual que son españolas las aguas en las que nadaban desesperadamente muchos de ellos. Todavía siguen en sus puestos sin ser destituidos los responsables de esta tragedia, que además no tienen la dignidad de presentar la dimisión, dado que el Ministro del Interior desautorizó públicamente la versión de aquellos. La pueril justificación posterior del Ministro ante la UE de que no se dispararon pelotas de goma sino que se “lanzaron”, mueve a risa, da vergüenza ajena y atenta a la inteligencia de los ciudadanos.

Y es que por mucho que haya de impedirse, por razones fundamentalmente de tipo económico, la entrada de emigrantes ilegales, hay un derecho a la vida y la obligación de prestar ayuda en caso de grave necesidad, que han de primar sobre ese control de entrada. Los emigrantes tenían que haber sido socorridos y salvados y después instruir los correspondientes expedientes de expulsión que procediera. Por cierto ¿A qué se debe que se eternicen los expedientes de expulsión de los inmigrantes que se encuentran hacinados en los centros de acogida? ¿Por qué no se agilizan?

Lo ocurrido deja en un muy mal lugar la manoseada Marca España y prueba de ello son las explicaciones que la propia Comisión Europea está pidiendo a nuestro país. La UE por otra parte habría de reflexionar sobre el grave problema de la inmigración y auspiciar políticas de cooperación con los países emigrantes, para tratar de frenar la presión sobre unas fronteras tan sensibles y permeables como Ceuta, Melilla o la isla de Lampedusa.