AUTOPISTAS FALLIDAS

Las autopistas de peaje en el entorno de Madrid, las denominadas radiales, y algunas otras de iguales características ubicadas en el resto de España, construidas mediante el sistema de colaboración público – privada, han resultado ser un fiasco y las sociedades concesionarias se encuentran al borde de la quiebra. 

Se plantea como solución al problema que dichas concesionarias sean rescatadas por el Estado, o sea por los contribuyentes españoles los que, una vez más, tendrán que asumir costes de fracasos de iniciativas privadas, que actúan prácticamente sin riesgo alguno. Si todo va bien se quedan con los beneficios y si la cosa va mal le empluman los costes al Estado, o sea a los españolitos. No me digan que no es jugar con ventaja.

Estas autopistas fueron diseñadas en los momentos de auge de la economía española, en la hipótesis de que el crecimiento económico iba a seguir siendo sostenido y permanente y que el tráfico por ellas sería el previsto en los estudios de viabilidad, los papeles aguantan todo porque no protestan, a pesar de ubicarse dichas autopistas próximas a autovías estatales libres de peaje, que son soluciones alternativas gratuitas para los conductores.

Con el estallido de la crisis, los  automovilistas optaron por la solución de las autovías libres de peaje y el tráfico en las autopistas de pago no ha alcanzado ni con mucho lo  calculado en los estudios. Únase a eso unos costes desmesurados de las expropiaciones, que son incomprensibles: terrenos rústicos pagados a precio de terreno urbano. Unos cuantos años en esta situación de bajos ingresos por peaje, han llevado al fracaso económico de las sociedades concesionarias.

Pero estas sociedades constituidas por las grandes constructoras que han ejecutado las autovías y los principales bancos financiando  y  que se han encontrado de pronto con la catástrofe financiera, como mandan mucho en los distintos Gobiernos, ya se habían cubierto las espaldas en el condicionado de las concesiones para incluir la figura de un posible rescate, por si la cosa no pintaba bien.

Y en estas estamos. Podía optarse por dejar quebrar las concesionarias y que sus socios asumieran los elevadísimos costes de la operación, estamos hablando entre unas cosas y otras, de unos 5.000 millones de euros. Esta manera de actuar sería la lógica al tratarse de una iniciativa privada que tendría que asumir los riesgos y sus consecuencias. Pero esta solución podría hacer mucho daño a alguna empresa constructora o banco socio en las concesionarias. Y como los amigos estamos para las ocasiones pues el Estado aplicará la cláusula de rescate de estas concesiones asumiendo una empresa pública las deudas existentes. Eso sí, harán el paripé de una quita. Y los bancos protestarán y todo. Para disimular.

Ya verán como si la cosa se recupera y el tráfico aumenta y hay negocio, esta empresa pública con sus autopistas se volverá a privatizar. Para que los amiguetes se sigan forrando. Como siempre.