CONFORMISMO EXTREMEÑO

Si se analizan los índices macroeconómicos y sociales de Extremadura, uno se pregunta cómo es posible que en esta región exista tanto conformismo y resignación sobre la situación socioeconómica que se vive en ella.

La comunidad autónoma presenta los menores índices de PIB y de renta disponible “per cápita” de España muy lejos de la media nacional. La tasa de paro es de las más elevadas del ranking español y destaca sobremanera el elevado paro juvenil. De igual modo lleva unos años perdiendo población, del orden de 4.000 habitantes anuales, y muchas zonas se vacían, aunque este proceso sea algo más lento que en otras regiones de España.

Pues bien, a pesar de estos datos tan negativos, en Extremadura no se observan movimientos ciudadanos vigorosos que reivindiquen un cambio de rumbo ante esta situación tan desfavorable.

En la sociedad civil extremeña existen algunos movimientos como el Club Senior de Extremadura que propone soluciones para intentar salir del pozo en el que estamos, y también otros como Punto de Encuentro de la Sociedad Civil, Real Sociedad Económica de Amigos del País, Pensando Extremadura o Cuadernos para el debate y la acción, que plantean fórmulas para mejorar el panorama existente.

Pero la sociedad civil extremeña tiene una estructura muy débil y a pesar de los esfuerzos de algunos movimientos ciudadanos o “think tanks” regionales como los expuestos, la mayoría de los extremeños participan poco o nada de esta sociedad civil, que debiera ser la que marcara el paso a los políticos para buscar solución a la grave problemática que nos afecta.

Los movimientos ecologistas sí que están bien organizados y son escuchados por los políticos de turno que en gran parte siguen sus teorías de convertir Extremadura en un territorio con altos niveles de protección ambiental. Somos la región ambientalmente más protegida de España. Este excesivo blindaje proteccionista - cerca del 35 % de Extremadura goza de algún tipo de figura de protección y estamos en cabeza de hectáreas protegidas “per cápita” - no se traduce en una mejora de los datos macroeconómicos, ni de los niveles de desempleo, ni fija la población en el territorio. Y en mi opinión el seguir este modelo, que frena la industrialización, es una de las causas que nos abocan a nuestra precaria situación actual.

 Analicemos algunas posibles causas de este conformismo extremeño.  

Tenemos una región con un clima (Mediterráneo Subtropical, Papadakis 1980) relativamente suave, excepto en verano que es caluroso. El invierno no tiene temperaturas extremas excesivamente bajas y la primavera y el otoño son estaciones de clima suave. Tampoco hay una excesiva pluviometría, salvo en zonas montañosas, por lo que el clima poco agresivo es una de las causas que contribuye a que podamos disfrutar de una cierta calidad de vida en la región en sentido climatológico.  La reducida contaminación atmosférica existente mejora la situación.

Por otro lado, una buena parte de la población extremeña, recibe sus emolumentos del sector público: funcionarios, empleados de empresas públicas y también los jubilados. Una elevada garantía y seguridad en la percepción de sus retribuciones trae consigo que una buena parte de la población tenga a su alcance una razonable calidad de vida, si tenemos en cuenta que el nivel de precios en Extremadura está por debajo de la media nacional y de casi todas las comunidades autónomas de España.

Otra parte importante de la población recibe ayudas ligadas al antiguo PER ahora denominado AEPSA, prestaciones por desempleo - tenemos más de 100.000 parados en los diversos sectores - ayudas de renta básica o el IMV (Ingreso Mínimo Vital). Una mayoría de los perceptores de estas ayudas reside en pequeños o medianos núcleos de población y suele disponer de vivienda familiar en muchos casos heredada de sus padres y además muchos de ellos suelen ser propietarios de algún terreno, aunque sea de pequeña extensión, que le permite el cultivo de productos agrícolas para autoconsumo y el mantener algunos animales (gallinas, cerdos) que le suministran una parte de su alimentación. Esta situación les proporciona una vida de cierta calidad y las ayudas que perciben no son precisamente un acicate para que los desempleados busquen trabajo. Si además llevan a cabo algunos trabajos retribuidos en dudoso color, no hay un diferencial por lo que les merezca la pena buscar un empleo. Ni el sistema se lo exige.

De ahí las dificultades que tienen los empresarios para encontrar trabajadores en casi todos los sectores de la actividad económica a pesar de la elevada tasa de paro existente.

A todo lo anterior puede añadirse que, excepto en pueblos muy pequeños, la mayoría de los núcleos de población extremeños mantienen una cierta calidad en los servicios, aunque no sea la óptima. Disponen de centros de salud, casas de cultura, instalaciones deportivas, infraestructura digital suficiente y en general, una red de carreteras de las mejores de España (lo dice la Asociación Española de la Carretera) aunque pueda haber núcleos mal comunicados que constituyen una excepción.

Hay una masa importante de la población extremeña que se encuentra a gusto con su “statu quo” actual, ya que vive con una calidad de vida suficiente que genera un deseo de mantenerse en la situación en la que está. Y de ahí puede que nazca el conformismo social de la región.

Puede que también influyan razones históricas. No hubo en Extremadura una burguesía que aspirara a mejorar su situación e introducir la industrialización como ocurrió en otras regiones de España. Aquí además de tierra de frontera en la reconquista, hemos estado en manos de la nobleza, del clero, de las órdenes militares y de los terratenientes. Son poderes ultraconservadores que frenaron el progreso regional. Y esa rémora se nota en la sociedad extremeña.

En conclusión, en Extremadura se vive con una calidad de vida bastante notable, lo que puede justificar nuestro conformismo y la ausencia de lucha por mejorar nuestra situación. En Extremadura vivimos moderadamente bien. Los jóvenes son los que emigran en mayor medida. No hay sitio para ellos, ni puestos de trabajo adecuados. He hecho un recuento y el 75 % de los hijos de mis amigos y conocidos vive y trabaja fuera de Extremadura. Incluidas mis dos hijas.

 

IMPRUDENCIAS MINISTERIALES

Lo de este gobierno de coalición entre el sanchismo ¿dónde se fue el PSOE de la transición? y Podemos no es precisamente un ejemplo de coordinación en sus actuaciones. El consejo de ministros semeja una jaula de grillos. En él cada ministro va a su aire diciendo lo que le viene en gana de cara sus intereses electorales y a lo que quieren oír sus seguidores, como si fuera un activista en lugar de un administrador de los intereses generales de España. Se da una permanente descoordinación que se traduce en continuas rectificaciones y dimes y diretes lo que termina en una falta de credibilidad del mismo.

Podía pensarse que la cosa era exclusiva de los ministros de Podemos, pero no son sólo ellos los que imprudentemente se meten una y otra vez en charcos que minan la credibilidad de este gobierno que está bajo mínimos.

No voy a relatar todas las imprudencias cometidas por los ministros sino solamente algunas de las que afectan al sector agrario que parece ser que está en el punto de mira de este gobierno. No son conscientes de la importancia estratégica de este sector para la economía nacional. Son un conjunto de ministros urbanitas que, salvo alguna excepción, no tienen ni repajolera idea de lo que es el sector agrario y de su importancia, para la economía y la vida de los españoles.

La vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico le tiene especial inquina al sector agrario.

La primera embestida, aunque esta afectara indirectamente al sector ha sido su política energética. Ha conseguido que tengamos los precios más altos tanto de la energía eléctrica como de los carburantes. El sector agrario está sufriendo elevados incrementos de precio de la energía que especialmente está afectando a los regadíos, que ven como día a día sus insumos energéticos crecen en coste mientras que los precios agrarios están estabilizados. Le obligan a modernizar sus regadíos para ahorrar agua, lo que supone un mayor uso de la energía y en pleno proceso de modernización del sector le ponen los precios de la energía por las nubes.

No contentos con lo anterior en los planes hidrológicos que el Ministerio ha redactado para el período 2022 – 2027 y que se encuentran en fase de exposición pública, hay una auténtica persecución a los regadíos españoles. Se elevan los caudales ecológicos lo que reducirá la garantía de las dotaciones de riego, se restringen las dotaciones a las zonas regables, aunque no se hayan modernizado todavía y se propone gravar con nuevos cánones ambientales el coste del agua lo que producirá el abandono de muchas explotaciones de riego por falta de rentabilidad. Parece que el Ministerio de marras está invadido por los ecologistas que lo único que les importa es el tema ambiental y a él subordinan todo lo demás incluidos los usos socioeconómicos como el regadío, lo que pondrá en riesgo nuestro abastecimiento alimentario.

A Luis Planas un ministro de Agricultura sensato, de quien dependen los regadíos, aunque no el agua, lo tienen relegado en un segundo término, fruto de la prepotencia de un ministerio sobre el otro.

En estos días el ministro de Consumo, Alberto Garzón, siguiendo la senda ecologista se ha sacado de la manga, sin contar con Luis Planas ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, competente en el sector ganadero y cárnico, una campaña sobre reducción del consumo de carne, en base a las emisiones de metano por los rumiantes y a las necesidades de agua para producir esa carne, que por otra parte es fuente de proteínas y de otros elementos necesarios en una alimentación equilibrada.

Usa los datos a su antojo, sin compararlos con las emisiones de otros sectores y sin matizar la procedencia del agua necesaria para producirlos. No es lo mismo el agua de lluvia, la denominada agua verde que constituye la mayor parte (90%) del agua necesaria para producir la carne, que el agua azul que correspondería al agua de riego, que sí podría ser objeto de discusión. Y no tiene en cuenta los esfuerzos investigadores para tratar de que nuevos tipos de alimentos del ganado reduzcan la emisión de metano.

Este hombre, urbanita del máximo nivel, no es consciente del daño que puede causar al sector ganadero primero y a la industria cárnica detrás. Varias organizaciones interprofesionales de la carne se han visto obligadas a remitir una carta abierta al ministro rebatiendo una tras otras sus equivocadas tesis y la bondad de sus datos.

Pedro Sánchez ha desautorizado de inmediato a su ministro, porque la indignación que ha levantado esta campaña en el sector agrario y en gran parte de la sociedad amenazaba con engullirlo a él por apoyarla.

Y para rematar, otra que tal baila, Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, se presenta en Extremadura diciendo que el problema del campo español y del extremeño es la precariedad laboral. Su desconocimiento del sector es de tal magnitud que no es consciente ni de la importancia del mismo ni de su problemática. Que no es precisamente la precariedad laboral sino la falta de rentabilidad por la estabilización de los precios agrarios y el incremento acelerado del coste de los insumos para los agricultores y ganaderos.

Así que esto es lo que hay. A ver si en la que parece próxima crisis ministerial empiezan a salir de este gobierno este hatajo de imprudentes.

 

CAMBIOS BRUSCOS DE OPINIÓN

Yo defino a los chaqueteros como aquellos que siempre se arriman al sol que más calienta y son capaces de cambiar de opinión en tiempo récord para conseguirlo. Son como la “donna e mobile” del Rigoletto de Verdi. Mutan d’accento e di pensiero. Capaces en horas veinticuatro de decir una cosa o aceptar una teoría, a decir y aceptar todo lo contrario.

En el área de la economía, los empresarios que chaquetean suelen ser muy hábiles para detectar en donde habrá “pelas” para tratar de apañar todo lo posible. A ellos le importan un comino España y los españoles. Sólo les mueve su beneficio. Y les da igual cómo, cuándo y dónde. Sólo les importa el cuánto. Cuanto más se afane, mejor.

Son capaces en cortísimos espacios de tiempo, de mostrarse en contra de los indultos a los golpistas catalanes, a apoyarlos incondicionalmente siguiendo las directrices dictadas por el gobierno para salvar la cara a unos golpistas. Aunque ello implique denigrar y desprestigiar al poder judicial, revocando “de facto” una sentencia - dictada por el Tribunal Supremo, el máximo órgano judicial de España - que ha contado con todas las garantías procesales para los implicados.

Y de paso hundir el poco prestigio internacional que le queda a España, que tendrá muy difícil explicar ante países democráticos de Europa y de fuera de ella, lo que está ocurriendo en España con el tema de Cataluña. Y, además, proveerá de argumentos a los tribunales internacionales para que puedan rebatir la sentencia del principal órgano judicial español. Más desprestigio para los jueces y para España.

Los empresarios catalanes de Foment del Treball primero y la CEOE detrás en un giro copernicano se han tirado al ruedo apoyando los indultos. Garamendi ha hablado, cuando tenía que haber callado y luego ha matizado sin mucha convicción que digamos. Porque la CEOE en donde se ubican miles de empresas, la mayoría sin color político, no ha de tener opinión al respecto.

Y menos si esta opinión se genera para tratar de que algunos destacados empresarios se congracien con el poder a fin de pillar el máximo posible del maná que nos vendrá, aunque sea a gotas y con examen previo de resultados, procedente de Europa. Se han puesto al lado de las teorías de los que reparten el pastel. Apoyan los indultos porque lo piden los gobiernos de turno catalán y español. Si la teoría gubernamental fuese no concederlos como pregonaban en la campaña electoral, también apoyarían. El trinque está muy por delante de la coherencia, de la dignidad o de la ética.

Me sorprende el conformismo con el que se reciben estos indultos por algunos españoles no independentistas ya que son un insulto para todos nosotros. Todo el “procés” catalán ha sido una agresión y una afrenta al resto de España. Nos han calificado de ladrones porque dicen que España les roba, cuando los únicos ladrones de haberlos son ellos, y se han erigido en algo que recuerda mucho al racismo nazi como si la catalana fuese una sociedad superior. Están desterrando de Cataluña el español que es el idioma común, conculcando la ley y la Constitución. Claro que el incumplimiento de la normativa es la situación natural que hoy existe en Cataluña. Allí se pasan por el arco del triunfo las sentencias de los tribunales y las leyes.

Hay empresarios que han chaqueteado en cuánto han vislumbrado la cercana llegada de los Fondos Europeos Next Generation y sin el más mínimo rubor se han puesto incondicionalmente a las órdenes del repartidor. Les importa su interés particular y no el interés general de España. Intentan pillar todo lo que puedan. Y saben que es conveniente estar del lado del que reparte. Y el que reparte para seguir en el poder necesita del apoyo de los separatistas que gobiernan en Cataluña. Y por esa imperiosa necesidad Cataluña va a salir claramente beneficiada en el reparto. Ya se ha llevado la mitad de los Fondos del Covid 19.

Yo estoy perplejo por el silencio del resto de comunidades autónomas. No hay un frente de protesta contra este despropósito de beneficiar y mimar al separatismo catalán, en perjuicio del resto de España, exceptuando el País Vasco y Navarra que ya tienen su chollo fiscal. La sociedad española está adormecida, aborregada y teledirigida y aguanta lo que le echen. Subidas indiscriminadas de los costes de bienes básicos como la electricidad y los carburantes. Ni un solo movimiento de protesta. Conformismo y silencio salvo contadas excepciones. Cuando no apoyo como hacen estos empresarios chaqueteros buscando pillar todo lo que puedan de los Fondos Europeos.

Y mi perplejidad se acentúa porque este proceso es de suma 0. Lo que se lleve de más Cataluña, será a costa de quitárselo a otras comunidades autónomas. El chantaje permanente catalán y la necesidad de apoyos que necesita el gobierno para mantenerse en el poder, hará que, inexorablemente, un chorro de dinero fluya hacia Cataluña. No hace falta ser profeta para predecirlo. Ya hay signos evidentes de ello. 

¿Quiénes serán los paganos? Me temo que los de siempre. Comunidades autónomas de signo contrario al gobierno, léase Madrid principalmente, aunque aquí lo harán con cierta discreción porque de lo contrario Ayuso sacará mayoría absoluta dentro de dos años, y sobre todo las regiones más conformistas y con menos potencial político entre las que me temo se encontrará Extremadura, una vez más. Esperemos acontecimientos.

 

 

 

LOS RIEGOS DE TIERRA DE BARROS AVANZAN.

La Junta de Extremadura a través de su Consejería de Agricultura consideró de gran interés estos riegos, y por esta razón ya desde el año 1998 los incluyó con el carácter de riegos privados (los regantes participarían en su financiación) en el Plan Nacional de Regadíos Horizonte 2008 que redactó el Ministerio de Agricultura, junto con los regadíos de Monterrubio de la Serena, cuyas obras comenzarán en breve plazo si no lo han hecho ya.

Durante mi estancia en el Servicio de Ordenación de Regadíos de Extremadura, cuya jefatura ocupé durante nueve años, se redactó un primer estudio de viabilidad de la transformación en regadío de la zona de Tierra de Barros en el año 2001, con una idea base: estos riegos se diseñaban como riegos de apoyo para asegurar y mejorar las producciones de los cultivos más importantes existentes en el área de estudio: viñedo y olivar, pero también se dejaba abierto a futuros cultivos leñosos como el almendro, el pistacho o la higuera.

Los recursos hídricos se obtienen de los embalses de Alange (878 Hm3 de capacidad de embalse) y Villalba de los Barros (106 Hm3) y en la planificación hidrológica de la demarcación hidrográfica del Guadiana se fija una asignación de recursos para esta transformación (41,47 Hm3). Esta reserva de agua en favor de la zona, se obtenía en base a una dotación de 2.765 m3/ha (aproximadamente la mitad de la dotación media de los regadíos extremeños) para una superficie de alrededor de 15.000 ha y proyectando un método de riego de alta eficiencia (goteo).

Este estudio de viabilidad de 2001 fue presentado a los futuros regantes en diversas reuniones en los principales núcleos de población de Tierra de Barros y poco después se constituyó la comunidad de regantes en su fase inicial a partir de los agricultores interesados en la transformación en regadío.

Desde el principio se detectó lo difícil que sería poder llevar a cabo la concentración parcelaria, salvo en algún área muy concreta a determinar. Las causas de esta dificultad se deben al tamaño y número de parcelas, a la heterogeneidad en la distribución de los cultivos de viñedo y olivar, alternancia espacial de estas especies, variedades distintas, edad de las plantaciones, orientación de los marcos de plantación. Este hecho supone una mayor carestía del coste de las obras, pero así y todo se demostraba que este tipo de riego era viable.

Una primera crisis con sus nefastas consecuencias en la economía y en las disponibilidades presupuestarias y la alternancia política en la Junta de Extremadura supusieron un frenazo en el desarrollo de estos riegos que estuvieron congelados unos cuantos años.

El regreso a la Junta de Extremadura de la administración socialista supuso un renovado impulso a estos regadíos que fueron declarados de interés de la comunidad autónoma por Decreto 232/2014 de 21 de octubre, publicado en el DOE de 27 de octubre de 2014. Esta declaración suponía el espaldarazo de la Junta a la puesta en riego de la zona y su respaldo a los regantes.

Y el último paso fundamental para los riegos de Barros ha sido la declaración de interés general de la nación que se contiene en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 publicada en el BOE de 31 de diciembre de 2020. Este paso crucial permitirá al Estado participar en la financiación de las obras del proyecto de transformación en regadío de Tierra de Barros.

Un proyecto que ya está redactado por la Junta de Extremadura, con un presupuesto final de 250 Millones de euros, al incrementarse el importe del proyecto inicial en unos 55 Millones de euros coste de las medidas de protección de las balsas y de la construcción de una estación fotovoltaica de 11,9 MW para reducir el coste energético. Los agricultores aportarán 66 Millones de euros y el resto correrá a cargo de la Junta de Extremadura y el Gobierno de España.

Se transformarán 15.170 ha distribuidas en 17 sectores de riego, 6.586 parcelas y 12 términos municipales. Tres balsas en cotas geométricas dominantes con una capacidad conjunta de 14 Hm3, recibirán el agua elevada desde Alange o Villalba en los períodos P6 (el más barato, horas valle) lo que conllevará un importante ahorro del coste energético.

A falta de la terminación de la información pública y de la declaración de impacto ambiental que se prevé tener resueltos a lo largo de 2021, la licitación de las obras tendría lugar a lo largo del año 2022, para comenzar las mismas en 2023. Se estiman tres años de construcción, con lo que en 2026 podrían entrar en servicio. Ocurrirá 25 años después de la publicación del primer estudio de viabilidad de la zona regable, que definía las obras a nivel de anteproyecto allá por el lejano 2001.

Pero diferentes vicisitudes económicas principalmente, y políticas han retrasado notablemente el proyecto y sus obras correspondientes. Pero como consuelo queda que las obras inicialmente previstas se han mejorado sensiblemente y se les ha dotado de energía renovable fotovoltaica para mejorar el coste energético.

Sólo resta que se cumplan los plazos previstos para su finalización. Estos riegos además mejorarán la contaminación difusa existente en el acuífero que llevó a declararlo como zona vulnerable a nitratos en marzo de 2019. El método de riego de alta eficiencia adoptado y la fertirrigación que puede practicarse, junto a la aportación de agua superficial de la que se abastece la zona, contribuirán a mejorar el estado de la masa de agua subterránea de Barros.

A ver si pueden aplicarse a esta zona los consabidos dichos de que “bien está lo que bien acaba” o “más vale tarde, que nunca”.

 

¿QUÉ FUE Y QUÉ HIZO EL IRYDA?

Hace unos días, en el marco del programa de formación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se celebró una jornada telemática bajo el título ¿Qué fue y qué hizo el IRYDA? IRYDA es el acrónimo del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.

José Luis Montero Casado de Amezúa, que ocupó en su día el cargo de jefe provincial del IRYDA en Cáceres, desde ANIADE (Asociación de Ingenieros Agrónomos del Estado) ha sido el principal impulsor gracias a cuya excelente gestión se ha llevado a cabo esta jornada.

150 conexiones telemáticas dan fe del éxito de la misma, que ha tenido un grado de seguimiento muy por encima de la media de este tipo de jornadas que está en 50 conexiones.

El evento desarrollado a lo largo de la mañana albergó siete ponencias que describieron la labor llevada a cabo por el IRYDA, organismo autónomo del Ministerio de Agricultura que fue creado en 1971, fusionando el Instituto Nacional de Colonización (INC) y el Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural (SNCPOR) y que término sus días en 1995. Previamente desde 1985 sus competencias en reforma y desarrollo agrario fueron transferidas a las diferentes comunidades autónomas.

La sesión abarcó las siguientes partes de las que fueron ponentes:

·      Presentación: génesis, desarrollo e inactividad. El IRYDA y la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario. - José Luis Montero Casado de Amezúa.

·        Regadíos del IRYDA - José Ignacio Sánchez Sánchez-Mora.

·        Pueblos de colonización - Juan A. Blanco Rodríguez.

·        La Concentración Parcelaria - Julio César Mancebo Gordo.

·        Las obras en el IRYDA - Ricardo Segura Graíño.

·        El Plan Almonte-Marismas y Doñana: en busca de un desarrollo sostenible - Joan Corominas Masip.

·      Actuaciones en fincas, programas menores. Conclusiones finales - José Luis Montero Casado de Amezúa.

 El IRYDA organismo sucesor del INC y del Servicio de Concentración Parcelaria llevó a cabo una ingente labor de transformación de las estructuras del campo español, con actuaciones de una gran intensidad jamás habidas en España.

 Entre el INC y el IRYDA en el período que media entre 1949 y 1985 transformaron en regadío casi 1 millón de hectáreas (992.000 ha), lo que supuso una velocidad media de transformación de 26.000 ha /año. La puesta en regadío con su generación de rentas y empleo puso las bases para el desarrollo económico y social de las zonas transformadas que siguen siendo a día de hoy las de mayor renta y empleo en los territorios y las que mantienen y fijan la población.

 Dentro del programa de colonización se construyeron 250 pueblos, 20 núcleos diseminados y se ampliaron 16 núcleos existentes para albergar a los colonos que se instalaron en las zonas regables. Estos empresarios cultivarían las tierras en exceso expropiadas o adquiridas por el INC y el IRYDA. Estos pueblos, proyectados por un grupo de destacados arquitectos, constituyen un ejemplo de urbanismo adaptado al territorio. Alguno de ellos como Vegaviana, diseñado por el arquitecto José Luis Fernández del Amo, en la zona regable del Borbollón en la provincia de Cáceres, recibió premios internacionales de urbanismo rural en Moscú y Sao Paulo.

 La concentración parcelaria supuso una importante actividad del organismo para mejorar la estructura de las explotaciones, especialmente en las zonas con mayor división parcelaria: Galicia, Asturias, Castilla y León, Castilla la Mancha. En el año 1986 se había actuado sobre 5,5 millones de hectáreas y afectado a 1,177 Millones de propietarios y se tenía previsto actuar sobre otros 2,5 millones de hectáreas. Fue una labor que concentró la propiedad para mejorar la explotación, mejoró la red de caminos y desagües para facilitar el acceso a las nuevas explotaciones y el drenaje de los excesos de agua y otorgó títulos de propiedad inscritos en el registro.

 El IRYDA llevó a cabo un amplio abanico de obras: pequeñas presas, en las grandes zonas las presas principales las construía el Ministerio de Obras Públicas a través de las Confederaciones Hidrográficas, redes de riego por acequias o tuberías, estaciones de bombeo, red de caminos de acceso a parcelas y red de drenaje de las zonas tanto en las regables como en las de concentración parcelaria en una actuación en la que participaron los servicios centrales, los regionales y los provinciales así como los parques de maquinaria del IRYDA ubicados en las diferentes regiones. También se hicieron obras especiales de industrias agrarias: bodegas, almazaras, almacenes o lonjas.

 La zona de Almonte – Marismas se pone como ejemplo de estudio de una zona muy compleja con muchos problemas medioambientales, que al final ha tenido que reducir su extensión y adaptar las superficies regables a los recursos subterráneos renovables. Aunque esto haya supuesto problemas con los regantes.

 El IRYDA completaría su actuación en las zonas de ordenación de explotaciones con ayudas y auxilios económicos a los propietarios para mejorar sus empresas y a los ayuntamientos para adecuar sus infraestructuras urbanas a través de las líneas de ayuda de mejora del medio rural.

El IRYDA fue un organismo muy potente con unos 5.000 trabajadores (funcionarios y laborales) distribuidos por toda España y coordinados por los servicios centrales. Ingenieros, Arquitectos, Letrados, Ingenieros Técnicos y Peritos, Sociólogos, Químicos, Economistas, Veterinarios, Calculistas, Delineantes, Administrativos, Auxiliares, Mayorales y Guardas formaron un organismo muy compacto y muy bien dirigido y organizado que llevó a cabo una importante labor en el agro español.

En su vertiente internacional prestó asesoramiento en materia de regadíos y concentración parcelaria a diferentes países latinoamericanos especialmente a Brasil cuya colaboración con el DNOCS fue muy intensa. También formó en materia de regadíos por medio de los cursos impartidos en Brasil durante tres años a 450 ingenieros agrónomos y civiles. Este proceso de formación se completaría con los másteres impartidos en el CENTER (Centro Nacional de Tecnología de Regadíos).

En resumen, la jornada sirvió para que las nuevas generaciones de funcionarios del Ministerio, pudieran conocer lo que fue el IRYDA y la labor que desarrolló. Un organismo que ha dejado una huella muy profunda en las estructuras agrarias de España.

 

 

DIÁLOGO PARA BESUGOS

“La política es, a veces, como un “diálogo para besugos”. Nadie dice lo que piensa; Algunos, no piensan lo que dicen; aquellos, piensan y no dicen; éstos, nadie sabe lo que piensan; de los de más allá una piensa que piensan, pero ellos no piensan que uno piensa.”

Esta reflexión tan lúcida, forma parte de los Diálogos para Besugos publicados por Armando Matías Guiu hace ya algunos años. Bastantes.

La traigo a colación porque el diálogo que se propone reanudar el gobierno en la renovada mesa con los independentistas catalanes se va a parecer mucho a un diálogo para besugos.

El diálogo tendrá su base en el siguiente planteamiento. Tú, gobierno español, me concedes el indulto para los golpistas condenados, aunque no lo hayamos solicitado, ni nos hayamos arrepentido del golpe y desoyendo la opinión de la Fiscalía y del Tribunal Supremo que dictó las sentencias, y, de paso, reduces las penas del delito de sedición por el que estamos condenados modificando el Código Penal vigente. Y para los golpistas fugados en cuanto se les juzgue, si es que al final se dejan, seguir la misma senda, ya con las penas por sedición revisadas lo que permitirá que todos nos vayamos de rositas en un plazo mínimo. Esta manera de proceder suministrará los fundamentos para que en un futuro cercano el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pueda revocar las sentencias de nuestro Tribunal Supremo que quedará desacreditado. El juez Marchena podrá comprobar que el golpe no fue una ensoñación.

Yo, gobierno catalán, te doy dos años para que concedas una amnistía a los golpistas, que borre todos sus antecedentes penales y además me preparas un referéndum de autodeterminación pactado. Si no lo haces volveremos a la declaración unilateral de independencia. Está contemplada en el pacto de gobierno que mantiene en el poder catalán a los independentistas ERC, JxCAT y CUP.

Por las anteriores consideraciones lo que se avecina no será un diálogo, se convertirá más bien en un monólogo de los independentistas, que serán quienes lleven todas las de ganar, aunque haya de prosternarse el Estado, se produzca el descrédito del poder judicial y se mine la poca democracia que va quedando en España. Los del gobierno central conseguirán por su parte, agotar la legislatura en espera de tiempos mejores, con la pandemia vencida o casi y los fondos europeos repartidos adecuadamente. Veremos si son capaces de convencer al resto de España y a los catalanes no independentistas de la bondad de los indultos.

Para dotar de credibilidad al diálogo que se reanudará tras la visita del presidente de la Generalidad a Madrid, unos días antes de una manifestación anti indultos promovida por una parte de la sociedad civil española, uno de los golpistas condenados, Junqueras, publica una carta personal aceptando los indultos y el diálogo, pero sin renunciar explícitamente a la declaración unilateral de independencia. Por supuesto no contiene ni media palabra acerca de aceptar la Constitución y la legalidad vigente. La misión de la misiva del líder de ERC es promover simpatías con los indultos a conceder por el gobierno y de paso cargarse la manifestación de la plaza de Colón en Madrid prevista para el 13 de junio.

De inmediato, los medios de comunicación voceros de los dos gobiernos y algunas organizaciones de empresarios catalanes y los sindicatos, se vuelven, de improviso, partidarios acérrimos de los indultos.

Lo de los empresarios catalanes de Fomento del Treball es de vergüenza ajena. Han visto que con los Fondos Europeos se vislumbra trato de favor a Cataluña por parte del gobierno central. Ya se han llevado la mitad de los fondos para el Covid 19. Con los Fondos Europeos Next Generation los empresarios quieren pillar cacho y como “la pela es la pela” apoyan los indultos, el diálogo para besugos en ciernes y lo que haga falta para trincar todo lo que puedan. Habían estado callados como muertos y ahora se vuelven fanáticos partidarios de soltar a los golpistas. Que por cierto son los que gobiernan en Cataluña y hay que llevarse bien con ellos.

En cuanto a los sindicatos, que viven de la subvención permanente es más explicable. Llevan años chupando del bote y pretenden seguir en la misma línea. Apoyarán por la cuenta que les trae. Creo que les han incrementado las subvenciones un 56 % en este ejercicio.

El diálogo para besugos resulta ser así porque las peticiones de los independentistas son anticonstitucionales. Ni la amnistía, ni ningún tipo de referéndum de autodeterminación pactado o sin pactar, tienen cabida en la Constitución y podrían ser recurridos con amplios visos de prosperar el recurso ante el Tribunal Constitucional.  

De modo que este diálogo para besugos se convertirá en una inyección de oxígeno para los soberanistas que aprovecharán estos dos años de legislatura para atraer nuevos prosélitos para su causa, sobre la base de utilizar los medios de comunicación en sus manos, casi todos, aherrojar el idioma español en Cataluña, adelgazar todo lo posible el Estado en esa comunidad autónoma y adoctrinar en las escuelas y en todas las actividades sociales, de modo que aumente el número de soberanistas, que ha disminuido sensiblemente de acuerdo con los resultados de las últimas elecciones catalanas. De los 5.368.992 censo de votantes catalanes, sólo es independentista declarado el 25,34 %, o sea la cuarta parte del mismo. 

Para el sanchismo el beneficio que sacarán a este indigno diálogo con los soberanistas, es poder contar con su apoyo para agotar la legislatura y esperar mejores tiempos. Ahora están en horas muy bajas después del sopapo que les ha infligido Ayuso en Madrid el 4 de mayo. Y en las encuestas salen malparados y pierden el mando. Así que han hecho como en el rugby: patada a seguir. Y que Dios reparta suerte.

 

 

 

MODIFICACIONES EN EL TRASVASE TAJO – SEGURA

Hay inquietud en los regadíos del Levante español ante algunas modificaciones que se van a introducir en las reglas de explotación del trasvase Tajo – Segura y que supondrán reducciones, en principio de no mucha importancia, en las cantidades a trasvasar. Aunque la cuestión podría agravarse según fueran posteriores decisiones que puedan tomarse en el Plan Hidrológico del Tajo (1921- 1927) de próxima aprobación.

El trasvase Tajo – Segura, fue proyectado y construido en plena dictadura franquista y puesto en servicio justo al principio de la transición en la campaña 1978 – 79. Fue impuesto contra viento y marea para llevar agua a Murcia, Valencia y Almería, asegurando que se trasvasaba agua excedentaria, pero eso es mentira. Hoy día persisten cuatro sistemas deficitarios en la cuenca del Tajo: Henares, Alberche, Tiétar y Árrago, por lo que la afirmación de que las aguas que se trasvasan al Segura son aguas excedentarias es una falacia.

Pero la realidad es que el trasvase lleva 42 años en servicio y aunque solamente un año ha llegado a trasvasar el máximo autorizado de 600 hm3 anuales - la media histórica está en 328 hm3/año - ha supuesto una ayuda fundamental para los abastecimientos y los regadíos del levante hispano. A su sombra se han generado regadíos ilegales que estaban prohibidos desde 1986, creo recordar. Esta cuestión debería haberse investigado para evitar la proliferación de estos riegos, pero el organismo de cuenca ha mirado para otro lado.

La razón de la reducción de envíos de agua sobre el máximo anual previsto se encuentra en que desde 1980 se ha producido una drástica disminución de aportaciones por la lluvia al sistema de explotación de la Cabecera del Tajo en el que están ubicados los embalses de Entrepeñas y Buendía desde los que se sirven las cantidades trasvasadas al Segura.

Y esto ha dado lugar a que la Comisión Central de Explotación del Trasvase Tajo – Segura haya tenido que diseñar unas normas de explotación según cantidades de agua embalsadas en el complejo Entrepeñas – Buendía, que son las que ahora por razones técnicas justificadas en un trabajo del CEDEX se cambiarán. Este cambio supone una ligera reducción en las cantidades a trasvasar. Se pasaría de un trasvase máximo mensual de 38 hm3 a 27 hm3 en el nivel 2. Con la regla vigente el trasvase anual está en 339 hm3 y con la actualizada propuesta se quedaría en 326 Hm3 muy similar al histórico de 328 hm3/año.

Pero posteriormente tendrán que volver a modificarse las reglas de explotación en función de lo que se acuerde en el nuevo Plan Hidrológico del Tajo del que se prevé su aprobación a finales de 2021 o principios del 2022.

La adopción de nuevos caudales ecológicos en el tramo Aranjuez, Toledo, Talavera, tal y como se fijan en el Esquema de Temas Importantes del nuevo Plan Hidrológico del Tajo, supone pasar de un caudal mínimo actual de 6 m3/s en Aranjuez y 10 m3/s en Toledo y Talavera, a un caudal mínimo de 8,52 m3/s en Aranjuez, 17,00 m3/s en Toledo y 17,80 m3/s en Talavera.

Si finalmente se aprobara este incremento en los caudales mínimos en el Tajo medio, esto sí que daría lugar a importantes reducciones en las cantidades a trasvasar ya que el volumen trasvasado medio anual en origen se estima que se reduciría de los 326 hm3 a unos de 234 hm3, un 39% del trasvase máximo permitido. Para regadío quedaría solo un volumen medio anual de unos 144 hm3, un 36 % de los 400 hm3 máximos previstos para este uso.

 A pesar de las trampas que se llevaron a cabo en el diseño del trasvase - una de ellas fue que en el balance hidrológico inter cuencas no se tuvieron en cuenta las aguas subterráneas de gran importancia en Levante – la situación actual aconseja que no se deben reducir drásticamente las cantidades a trasvasar ya que afectaría negativamente a intereses legítimos de los usuarios levantinos, salvo que la desalación pudiera resolver el problema.  

La entrada en vigor de la Directiva Marco del Agua en el año 2000, marcó un nuevo escenario, ya que, aunque en ella no se hable ni media palabra de caudales ecológicos, para intentar conseguir el buen estado de las masas de agua se han introducido por los planificadores este tipo de caudales que, además, se configuran como restricción previa a los sistemas de explotación. Sin tener en cuenta la afección negativa de esta medida a los usos que existían antes de la promulgación de la Directiva Marco. Entre otros, miles de hectáreas de regadío declaradas de interés nacional en todas las cuencas hidrográficas.

 Los planificadores no han tenido, o no han querido tener en cuenta, que en régimen natural la mayoría de los ríos españoles tienen un caudal casi nulo en la época de estiaje. Con lo cual el mantenimiento de caudales ecológicos ha introducido una perversión en la planificación y en la explotación de los embalses.

 Y como en el ánimo de los planificadores los objetivos ambientales son preferentes a los de la atención a las demandas, pues ahora se originan estos problemas adicionales tales como los que pueden afectar a los volúmenes a trasvasar del Tajo al Segura. Hay estudios de expertos universitarios que sostienen que los caudales mínimos actuales en el Tajo medio son suficientes para conseguir el buen estado de las masas de agua.  

 Si se hicieran las cosas con sensatez y se fijaran unos caudales ecológicos razonables quizá todo pudiera ser compatible: el buen estado del río Tajo, mantener el trasvase actual al Segura, resolver la situación de los núcleos de población de la cabecera del Tajo afectados y si se aumentase la capacidad de regulación, la solución de una vez por todas del problema de los cuatro sistemas deficitarios que existen en la actualidad en el Tajo. Pero de nuevos embalses no quieren ni oír hablar en el Ministerio de Transición Ecológica. No les gustan a los ecologistas.