PUNTO DE ENCUENTRO: POLÍTICAS AMBIENTALES EN EXTREMADURA

Hace unos pocos días, Punto de Encuentro de la Sociedad Civil de Extremadura ha celebrado, en esta ocasión por medios telemáticos debido a la pandemia, una interesante jornada sobre la Nueva política urbanística y medioambiental en Extremadura, con el caso Marina de Valdecañas como referente principal.

La jornada estuvo moderada por Cecilio Venegas, presidente de Punto de Encuentro y participaron como ponentes: Cipriano Hurtado ecologista y miembro de ADENEX, Julián Mora catedrático de la UEX y Manuel Herrero secretario del Colegio de Arquitectos de Extremadura.

La sesión empezó un poco torcida porque estaba prevista la participación de un representante de la Junta de Extremadura que al final no compareció. Cosas de la administración que no se entienden. No obstante, a pesar de esta significativa ausencia, los ponentes dieron la talla que de ellos se esperaba y consiguieron que asistiéramos a un interesante debate sobre Valdecañas y las nuevas políticas ambientales y urbanísticas que Extremadura necesita, para asegurar unos adecuados niveles de desarrollo que sean compatibles con la protección de espacios ambientalmente valiosos.

El representante de ADENEX, me pareció un ecologista sensato y preparado. Si todo el ecologismo hispano mostrase la cordura de este representante, probablemente la cosa iría mucho mejor de lo que va. Y es muy probable que hubiera acuerdos entre los usos económicos y los ambientales. Pero desgraciadamente en el ecologismo, como en casi todo, ha hecho acto de presencia la política y así no habrá manera de cohonestar intereses. Será una lucha continuada. En su intervención, resumió con claridad el proceso jurídico – ambiental de la Isla de Valdecañas.

Julián Mora catedrático de la UEX y persona de amplios conocimientos, dio cifras definitivas que sitúan a Extremadura como la región de España con más protección ambiental. Con su 1.280.000 ha, Extremadura que representa el 8 % del territorio nacional, aporta el 24 % del total de superficie protegida de España. Por otra parte, mientras la media española es de 0,11 ha de superficie protegida por habitante, en Extremadura ya andamos por 1,2 ha/habitante. Argumentó que las declaraciones de zonas protegidas había que hacerlas con rigor científico y en base a lo que disponen las directivas europeas y no con un rotulador en la mano.

Tal vez si se hubiera actuado así, el problema de la Marina de Valdecañas no habría existido. Probablemente el territorio en donde se iba a asentar la obra de la urbanización no hubiera gozado de figura alguna de protección.

Manuel Herrero, se refirió a la necesidad de que en las nuevas políticas urbanísticas se ponga al hombre en el centro de la actuación, tal y como propugnan algunas agendas tanto de la ONU, como europeas o la agenda española. Es una sólida filosofía de actuación que la sociedad debería tener muy presente. Y criticó el contenido de algunas sentencias que impiden en zonas protegidas actuar incluso en las zonas declaradas de uso general, lo que llega a impedir la expansión de los núcleos de población afectados.

Respecto al futuro de las políticas ambientales, quedó meridianamente claro que las llevadas a cabo en Extremadura hay que modificarlas y revisar con rigor científico y ambiental las zonas protegidas hasta ahora declaradas, puesto que este no es el camino que le interesa a nuestra región.

Julián Mora puso de relieve que la pérdida continuada de población, especialmente de la población joven está debilitando fuertemente a Extremadura. Si mantenemos la línea seguida hasta ahora, el ponente manifestó que en el año 2035 la región tendría 850.000 habitantes, aproximadamente los que había en 1870. Retrocederíamos casi dos siglos.

Destacó que se necesitan ideas y no ideologías.

Cipriano Hurtado subrayó la influencia que el Covid 19 puede tener en el futuro de las políticas ambientales y urbanísticas. Piensa que es posible el abandono de la política de grandes aglomeraciones urbanas para ir a un sistema más espacial de ocupación del territorio, con nuevos parques, carriles bici o rutas senderistas y núcleos menos poblados.

Manuel Herrero cree que la legislación actual en materia urbanística es correcta pero que hay que retocar cuestiones puntuales, para facilitar las actuaciones especialmente en las áreas de uso general de las zonas protegidas.

Durante el debate que se suscitó al final de sus intervenciones, los ponentes contestaron a diversas preguntas que hicieron los participantes relativas a nuevas políticas ambientales y revisión de las existentes y de las zonas protegidas actuales.

Como cierre y pedido a los ponentes por el moderador un titular - resumen, Cipriano Hurtado se decantó porque hay que aplicar el sentido común huyendo de extremismos; Julián Mora argumentó que es necesaria una gestión integral del territorio usando criterios con rigor científico y Manuel Herrero sentenció que hay que situar a las personas en el centro de las actuaciones.

De este modo concluyó una interesante jornada promovida por Punto de Encuentro de la Sociedad Civil. Quedó el lunar de la ausencia del representante de la Junta de Extremadura del que hubiera sido muy interesante conocer las nuevas líneas en las que se moverá la política ambiental autonómica. Y es que la política tiene estas cosas.

Pero, en mi opinión, el alto nivel de los ponentes hizo que la jornada fuera de un gran interés para los que participamos en ella.

 

 

 

EXTERNALIDADES POSITIVAS DEL REGADÍO

Bajo este título, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE) ha patrocinado y editado un libro, para dar a conocer los aspectos positivos que los regadíos españoles presentan en diferentes ámbitos: técnicos, sociales, económicos y ambientales.

Ha sido coordinado por el catedrático de la Universidad de Córdoba, Julio Berbel, y sus capítulos han sido redactados por expertos en diferentes aspectos que se dan en los regadíos: desde el paisaje, al uso de las nuevas tecnologías, pasando por perspectivas energéticas, medioambientales, alimentarias y en su relación con el cambio climático.

He tenido la oportunidad de participar en la redacción de dicho libro, escribiendo el capítulo 8 titulado Los Regadíos ante el Cambio Climático.

La intención de FENACORE es la de salir al paso, con trabajos argumentados y razonados, de ciertas opiniones contrarias a los regadíos que parecen tomar forma en algunos ámbitos de la sociedad española, especialmente en ciertos coros ambientalistas, que les tienen declarada una guerra sin fundamento alguno.

Los regadíos son un elemento imprescindible en el sector agrario español dadas las características climáticas de la mayor parte de nuestro territorio. Climas mediterráneos de la clasificación de PAPADAKIS, exigen la presencia de agua para poder obtener cultivos en el período seco, entre mayo y octubre aproximadamente, o en los cultivos forzados de invierno.

Y por eso el regadío existe en España desde tiempos inmemoriales. Las presas de Proserpina o Cornalvo, en Extremadura, dan idea de la antigüedad de nuestros sistemas de riego. O las instalaciones de la época árabe con diferentes artilugios hidráulicos para utilizar el agua.

Los regadíos han ido modelando un nuevo paisaje en nuestras áridas y secas tierras. Un paisaje cultural nuevo con un parcelario verde y sus estructuras lineales: canales, acequias o desagües bordeados la mayor parte de las veces por árboles de diversos tipos. Un paisaje de verdor estival que calma la vista y destaca sobre la aridez de los secanos próximos.

También el regadío es un elemento fundamental para asegurar el abastecimiento alimentario de nuestra población nacional, extrapolable a los regadíos del mundo en relación con la alimentación de los habitantes de la Tierra que serán unos 9.500 millones en el año 2050. Contribuyó a nutrir a 47 millones de españoles, y a más de 80 millones de foráneos que nos visitaron en el año 2019, último año normal de nuestras vidas. Aunque la seguridad alimentaria habrá que conseguirla aumentando la productividad de los regadíos: más producción por unidad de agua utilizada.

El regadío se muestra como un elemento fundamental en el desarrollo de muchas áreas españolas. Dinamiza la economía, genera rentas y empleo y fija la población en el territorio evitando su despoblamiento. Las áreas que resisten el despoblamiento español tienen regadíos en explotación. En las áreas de riego proliferan industrias agroalimentarias y también empresas auxiliares de suministros al regadío (maquinaria agrícola, fitosanitarios, fertilizantes…etc.) y se desarrolla una mayor actividad socioeconómica.

El regadío genera el 64 % de la producción final agrícola, utilizando solamente el 22,5 % de la superficie cultivada. Es un sistema mucho más intensivo y productivo que el secano y permite una mayor versatilidad en la distribución de cultivos.

Además, el regadío es un elemento muy importante en la mitigación de los efectos del cambio climático. Sus superficies cultivadas a través de la función clorofílica fijadora de CO2, actúan como sumideros de este gas al existir un balance positivo entre el CO2 fijado en la fotosíntesis y el emitido en los procesos de destrucción de la materia orgánica. Por esta razón el regadío debiera ser recompensado con una mejor fiscalidad por su contribución a la mejora del medioambiente.

Por otra parte, el regadío español a través de sus Comunidades de regantes, desde finales del siglo XX, ha hecho y sigue haciendo un considerable esfuerzo, para modernizar los regadíos buscando aplicar el agua con una mayor eficiencia y haciendo el regadío más sostenible. Alrededor del 53 % de la superficie de riego en España (más de 2 millones de hectáreas), ya se riega con métodos de alta eficiencia (goteo principalmente) Además, se aplican nuevos tipos de fertilizantes y con sistemas más modernos como la fertirrigación, lo que está disminuyendo la contaminación de aguas superficiales y la difusa de las aguas subterráneas.

Por último, se destaca en el libro la necesidad de optimizar el binomio agua y energía y la aplicación de las nuevas tecnologías en el regadío. La introducción de energías renovables es un camino ya emprendido en las zonas regables españolas. De igual modo el análisis de Big Data y la introducción de la IoT (Internet of Things) y de las técnicas de Inteligencia Artificial, teledetección, drones y telecontrol empieza a abrirse paso en nuestras zonas regables con el objeto de hacer un mejor uso del agua de riego, aumentar su productividad y mejorar la sostenibilidad de nuestros regadíos.

Confiemos en que la difusión y la lectura de este libro editado por FENACORE contribuya a que la sociedad española conozca mejor el regadío y los beneficios de todo tipo que comporta y con hechos y argumentos se hayan desmontado los injustificados ataques que desde ciertas organizaciones se hacen contra él.

 

 

 

EL AGUA Y EL SECTOR AGROALIMENTARIO

España es un país que todavía conserva, confío en que, por mucho tiempo, un sector agroalimentario potente. En muchas regiones españolas se dan las condiciones adecuadas para poder mantener una destacada actividad agroalimentaria. Un clima benigno, suelos adecuados y agua regulada en cantidades suficientes hacen de España una gran despensa lista para alimentar a los ciudadanos españoles y a los turistas que nos visitan. Todavía restan recursos para que el sector agroalimentario sea uno de los principales exportadores en nuestro comercio exterior, contribuyendo de esta forma a mejorar nuestra balanza comercial.

El carácter estratégico de nuestro sector agroalimentario, incluye tanto la agricultura, ganadería y montes como la industria agroalimentaria, se ha puesto de manifiesto a lo largo de la pandemia provocada por el virus SARS – CoV – 2, conocida como coronavirus o Covid 19, en la que todo el sector ha respondido con presteza y eficacia para asegurar el abastecimiento alimentario a la población española. Sin la existencia de este potente sector, es altamente probable que hubiera tenido lugar el desabastecimiento de alimentos en los mercados españoles. Y las condiciones de la pandemia se hubieran vuelto todavía más complicadas para los ciudadanos.

Pues bien, parece que hay determinados estamentos del gobierno que desprecian la importancia de este sector y lo consideran como un elemento poco menos que residual. Piensan que con la Política Agraria Común (PAC) de la UE todo está resuelto. Y esto no es así. La PAC es un parche que cada día se revela más inútil para mantener la viabilidad de unas explotaciones agrarias que tienen que hacer frente a precios de venta estabilizados desde hace años y costes de los insumos en continuo aumento.

Como casi todos los españoles saben, el clima de tipo mediterráneo que rige en la mayor parte de España: toda menos la cornisa cantábrica y Galicia, hace imprescindible el uso del agua para la producción de cultivos en el período seco, entre mayo y octubre, y en los cultivos forzados de invierno.

Como consecuencia de todo esto y del clima existente, España ha necesitado regular agua en la importante red de embalses construida, para acumular los excesos de agua que se producen en los períodos lluviosos y utilizarlas en los períodos secos. En régimen natural, si no existieran los embalses, sólo podríamos regular un 9 % de la precipitación que llueve sobre España; con nuestra red de embalses estamos en más del 50 % de regulación. Excuso decirles que, sin esta regulación artificial, tan denostada por algunos que apoyan la nueva ¿cultura? del agua, en España las pasaríamos canutas para comer y beber. Y el turismo estaría reducido a la mínima expresión.

Gracias a esta red de acumulación de agua podemos mantener en España unos 3,7 Millones de hectáreas de riego, que además de generar importantes rentas y empleo, fijan la población en el territorio, suministran productos a la industria agroalimentaria, mejoran nuestra balanza comercial exterior y son un elemento de mitigación del cambio climático al actuar sus superficies cultivadas como sumideros de CO2.

Los regadíos, la parte del sector agroalimentario que más agua utiliza, lo hace en aproximadamente un 75 % del agua que se consume anualmente en España. Cada vez usa menos porcentaje del total porque los regadíos han sido objeto de un proceso de modernización muy intenso, con el fin de mejorar la eficiencia en el uso del agua. En la actualidad más de 2 millones de hectáreas ya se riegan por métodos de alta eficiencia (goteo y otros). Y el proceso de modernización continúa pues los regantes y sus Comunidades son los primeros interesados en que el regadío sea sostenible.

Pero a los talibanes del ambientalismo, todo esto les parece poco, y pretenden, al parecer, que los regadíos se reduzcan a la mínima expresión. Para ello son continuas las cortapisas ambientales que se les ocurren en un proceso de permanente agresión al sector del riego y por tanto al agroalimentario.

Sus maniobras son variopintas: por ejemplo, establecer durante todo el año caudales ecológicos para mejorar el estado de las masas de agua, cuando el caudal natural de la mayoría de los ríos españoles en verano tiende a cero. Por lo que estos caudales ecológicos en estiaje hay que suministrarlos desde los embalses reduciendo, en consecuencia, la garantía de los usos económicos, principalmente del regadío.

No contentos con la hazaña pretenden, amparados en la Directiva Marco del Agua (DMA), incrementar los costes del agua para el regadío y los otros usos, estableciendo nuevos cánones ambientales, pero sin tener en cuenta las cautelas que también establece la DMA, para casos en que se produzcan perjuicios sociales. Este apartado lo soslayan.

Toda esta estrategia es muy bien recibida por el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en donde se ubican varios funcionarios y asesores que defienden tesis ambientalistas y la presión sobre el regadío. Pretenden introducir estas malhadadas ideas en la redacción de los futuros planes hidrológicos. Lo cual puede afectar muy negativamente al riego y de paso al sector agroalimentario.

Veremos en qué termina la redacción de estos planes. Si van a por los regadíos se producirá además de la protesta y el enfrentamiento con los regantes, nuestro desabastecimiento agroalimentario en el futuro y pasaremos a depender del exterior en otro aspecto más. Y España seguirá hundiéndose, despoblándose y perdiendo fuerza y competitividad en el contexto internacional.

Pero esto es lo que hay. Al menos de momento. Espero que la sensatez se imponga. Pero tengo serias dudas.

 

 

 

 

EXTREMADURA: ELOCUENTES DATOS MACROECONÓMICOS.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) ha hecho público un informe en el que ha actualizado los datos macroeconómicos españoles de una larga serie temporal (1955 – 2019). El estudio muestra el mal camino que ha recorrido en este período Extremadura que la lleva a ocupar actualmente lugares del furgón de cola en el contexto de España.

Pero hay algunos aspectos sorprendentes en la evolución de estas cifras. El PIB extremeño se ha incrementado en el período analizado en un 550 %, Extremadura es sin duda más rica ahora que a mediados del siglo XX, pero, en el mismo período temporal, la media española del PIB experimentó un incremento del 826 %. Extremadura ha pasado de tener un PIB que suponía un 2,4 % del total de España en 1955 a representar un 1,7 % en 2019. Una disminución porcentual del 29,1 %. De las más altas de España, junto con Castilla y León, Asturias y Cantabria.

Pero si profundizamos en las cifras comprobaremos la realidad del desastre que el período franquista supuso para Extremadura, a pesar de los regadíos del Plan Badajoz y del norte de Cáceres, únicas inversiones destacadas en la región extremeña durante este largo período dictatorial.

Entre 1955 y 1975 (período franquista) el PIB extremeño creció un 117,9 % mientras que la media nacional lo hacía en un 221,08 %. Esto supuso que la participación de Extremadura en el PIB nacional cayó del 2,4 % al 1,6 %. En el período democrático 1995 – 2019 la región ha logrado recuperar un modesto 0,1 % en su participación en el PIB español y ahora está en el 1.7 %. Franco castigó a las regiones más leales como la extremeña, beneficiando claramente a las regiones separatistas como Cataluña y el País Vasco que acapararon la práctica totalidad de las inversiones industriales y empresariales durante su mandato. Había que tener contentas a las regiones díscolas. Eso sí cuando Franco visitaba la región, los extremeños nos rompíamos las manos de aplaudirle y vitorearle. Paradojas de la vida. Aplaudíamos a un personaje que nos empobrecía.

La evolución de la población extremeña es otro desastroso indicador de la deriva que lleva nuestra región. Entre 1955 y 2019 la región ha perdido 322.558 habitantes, un 23,28 % de su población. En el mismo intervalo temporal la población española aumentó en 17.978.983 personas es decir un 61,72 %. Como puede deducirse una situación catastrófica para la región. Si Extremadura hubiera crecido al mismo ritmo que España ahora tendría una población de 2.240.000 personas.

Profundizando en las cifras encontramos, y ya sin sorpresa, que en el período ocupado por la dictadura franquista (1955 – 1975) Extremadura perdió una población de 259.824 personas el 18,75 % de la que tenía en 1955. Por el contrario, España experimentó en ese mismo período un incremento de población de 6.624.785 habitantes equivalentes al 22,74 %. Como puede verse caminos divergentes.

La pérdida de población durante la dictadura supuso el 80,55 % de la población perdida entre 1955 y 2019.

El franquismo provocó un éxodo tremendo de población de nuestra región. Cientos de miles de extremeños emigraron a Cataluña y País Vasco, regiones en las que había trabajo porque Franco invertía allí. Se completó con la salida a países europeos como Alemania, Francia, Bélgica, Holanda o Suiza. Los extremeños de la diáspora, que salieron con sus maletas de cartón demostrarían en sus lugares de destino que eran unos trabajadores excelentes. Hubieran contribuido con su eficaz labor y con su esfuerzo al desarrollo de Extremadura si hubieran permanecido en la región. Y es muy probable que la región estaría en una situación bastante más favorable de la que estamos.

El período democrático (1995 – 2019) ha atemperado, pero no ha logrado invertir la tendencia. En este período Extremadura perdió 1.964 habitantes, el 0,18 %. España en este mismo intervalo temporal creció en 7.385.336 habitantes, el 18,59 %. Seguimos representando cada vez menos población del total de España. Y la tendencia a perder población continúa.

En 1955 la población extremeña representaba un 4,8 % de la española. Al final del franquismo este porcentaje había descendido al 3,1 % con una pérdida de 1,7 puntos porcentuales. En la actualidad representamos solamente un 2,3 % de la población española.

En el período democrático las políticas ambientalistas y proteccionistas del medio ambiente seguidas con entusiasmo por la Junta de Extremadura no han conseguido la recuperación de Extremadura para llevarla al menos a las ratios de 1955. La falta de industrialización de la región hace que el PIB y la población sigan en niveles del furgón de cola nacional. No se avizoran políticas industrializadoras regionales que generen rentas y empleo. A la industrialización agroalimentaria, aunque creciente, todavía le queda mucho para que los productos autóctonos regionales se transformen aquí para retener el valor añadido. Tampoco se observan inversiones en industrias derivadas de las nuevas tecnologías, informática, bioingeniería, nanotecnología o industrias biosanitarias.

Sólo las energías renovables parecen tomar cuerpo en Extremadura. Pero esto puede constituir una nueva colonización de la región. Pondremos el territorio y nos darán algo de empleo y poco más. Nos timaron con la hidroelectricidad, con las nucleares y ahora parece que con las renovables. Me temo.

¿ENTRAMOS EN UN PERÍODO DE SEQUÍA EN EXTREMADURA?

El final del mes de agosto presenta un estado de acumulación de agua en nuestros embalses regionales que empieza a ser preocupante. El inicio de un período seco que comenzó en 2018 parece que empieza a tomar visos de realidad.

Ya lo advertíamos en una publicación de este blog de julio de 2019, en la que dábamos cuenta de que se atisbaban indicios del comienzo de un período de sequía en Extremadura. Y como siempre hacemos, pedíamos un uso racional del agua evitando los despilfarros de todo tipo y en todos los usos.

El próximo final de la campaña de riegos, que en principio se va a desarrollar sin incidencias notables en lo referente al uso del agua, va a dejar los embalses en unos niveles de acumulación de agua bastante bajos.

En la cuenca del Guadiana en Extremadura a fecha de final de agosto los embalses acumulaban 2.545,6 Hm3, equivalentes al 31,6 % de su capacidad máxima. El año pasado por estas fechas acumulaban 3.108,4 Hm3, el 38,5 % de su máximo almacenamiento. Disponemos de 562,8 Hm3 de agua menos que el año anterior o lo que es igual un 6,9 % menos de agua embalsada.

Para completar la visión de la situación existente los organismos de cuenca, las confederaciones hidrográficas, analizan dos indicadores: el Índice de Sequía Prolongada que define la sequía de carácter ambiental y el Índice de Escasez que define la sequía socioeconómica (afección a los usos del agua).

En el Guadiana no existe ningún sistema en sequía prolongada a primeros de agosto de 2020 (último índice disponible)

Respecto a indicadores de escasez en esa misma fecha, en la cuenca del Guadiana extremeño sólo se encontraba en situación de emergencia el sistema Piedra Aguda, en Alerta estaba el sistema Barros - Alange y en Prealerta el sistema Alto Zújar.

Los regantes ya se han puesto en funcionamiento y la Comunidad de Regantes de Orellana anuncia algunas restricciones de final de campaña para tratar de cumplir con su asignación de 467 Hm3 y de paso ahorrar algo de recurso por si los próximos tiempos vienen secos. Acertada medida que dice mucho de la sensibilidad de los regantes para ahorrar agua. Ellos saben que son los primeros beneficiados con mantener esta actitud.

En lo referente a la cuenca del Tajo, la situación es un poco mejor que en la del Guadiana. Los embalses de riego tienen acumuladas a final de agosto cantidades que oscilan entre el 65,9 % en el embalse de Baños, el 55,8 % en el embalse de Ribera de Gata y el 43,9 % en los embalses de Borbollón y Gabriel y Galán. El de Rosarito es el que peor situación presenta con el 27,15 %, pero esta circunstancia es tradicional ya que el río Tiétar sobre el que se encuentra este embalse está muy mal regulado.

En los de abastecimiento el embalse de Plasencia se encuentra en buena situación (66,7 %) frente al embalse del Guadiloba en Cáceres que está en peor estado (32,05 %).

Respecto al Índice de Sequía, solamente el sistema Alagón se encuentra en Sequía prolongada y en cuanto al Índice de Escasez hay normalidad en todos los sistemas extremeños de la cuenca del Tajo.

Es previsible que cuando finalice totalmente la campaña de riegos, en fechas próximas, la situación sea algo peor de la descrita, pues no se avizoran períodos de lluvias próximos que puedan influir en la acumulación de agua en los embalses.

De modo y manera que nos vamos a encontrar con una situación relativamente mala de cara al próximo año hidrológico. Podíamos decir que no es alarmante, pero sí preocupante. Si el otoño, invierno y primavera próximos son secos, podemos encontramos con dificultades de cara a la próxima campaña de riegos y puntualmente puede haber problemas en abastecimientos locales desde pequeños embalses poco hiperanuales.

Por lo tanto, procede que tomemos precauciones desde ahora mismo para evitar posibles problemas futuros. Y esto comienza con que todos hagamos un uso racional del agua en el consumo urbano. Y ahorrar todo los posible en el riego de jardines y zonas verdes de nuestras ciudades.

Respecto al regadío, habrá que reflexionar seriamente sobre el futuro de cultivos con alto consumo de agua como es el arroz. Este cultivo debería quedar limitado a suelos impermeables existentes en algunas terrazas del Guadiana y evitar su cultivo en suelos permeables de las vegas en los que, debido a su elevada conductividad hidráulica se produce un mayor consumo de agua del cultivo. Y además recurrir al cultivo de arroz en seco. Es otra forma de ahorrar agua en el cultivo de este cereal.

En consecuencia, hemos de tener nuestra vista puesta en que un próximo período de sequía pueda alcanzarnos y empezar a tomar medidas desde ahora, que incluyan una futura ordenación de cultivos si la sequía llega a consolidarse.

La experiencia vivida en Extremadura especialmente en la pertinaz sequía padecida en el período 1992 – 95 debería llevarnos a tomar medidas ahora para adelantarnos a posibles problemas.

Y por descontado seguir insistiendo en el proceso de modernización de los regadíos en aquellos en los que todavía no se ha llevado a cabo. Recientemente la Junta de Extremadura ha firmado un convenio con SEIASA al respecto y, además, ha publicado la normativa para modernización de regadíos en las Comunidades de Regantes. Ese es el camino que hay que seguir para llegar a tener un regadío sostenible en Extremadura.

¿HABRÁ GUERRA DEL AGUA CON LOS REGANTES?

En unas recientes declaraciones concedidas a Europa Press, la ministra para la Transición Ecológica y vicepresidenta cuarta del gobierno, manifiesta que confía en que no habrá guerra del agua con los agricultores regantes ante la próxima redacción de los planes hidrológicos del tercer ciclo de planificación (2021 – 2027).

Los regantes han tenido mala suerte con la posición ambientalista que mantiene esta ministra. Después de sus desafortunadas declaraciones sobre el diésel, que han provocado estragos sociales y económicos en el sector automovilístico, y de su intento de cargarse la cogeneración, ahora parece ser que le toca al mundo del agua. Y especialmente a los regantes que, según parece, forman un conjunto de despilfarradores de un recurso tan importante y “precioso” como es el agua.

En su entrevista, la ministra santifica la Directiva Marco del Agua (DMA). Cuando sabe o debiera saber que esta directiva de corte ambientalista que regula el uso del agua en la UE, está redactada para unas condiciones que no son precisamente las de España. Puede que se adapte bien a climas del centro y norte de Europa, pero deja fuera las características específicas del clima mediterráneo que se dan principalmente en Portugal, España, parte de Francia, Italia y Grecia. Y por eso no regula adecuadamente los problemas del regadío, que es un uso fundamental desde un punto de vista económico y social en los países del sur de Europa.  

Les pongo un ejemplo. Mientras que en la mayor parte de Europa los cursos de agua presentan caudales de importancia a lo largo del año, en España durante el estiaje los caudales en régimen natural de una gran parte de nuestros ríos son prácticamente nulos. Para conseguir un buen estado de las masas de agua se establecen, como restricción previa a los usos económicos del agua, unos caudales ecológicos circulantes durante todo el año. En verano, en España, hay que suministrarlos desde los embalses de regulación existentes, lo que afecta sin duda a la garantía de los usos y especialmente del regadío. Y esto se aplica con carácter retroactivo ilegalmente, en mi opinión, ya que la DMA se publica en el año 2000 y existen usos afectados negativamente muy anteriores a esa fecha de promulgación.

El hecho de suponer por parte de la ministra que exista la posibilidad de que se dé una guerra del agua, denota que este alto cargo del gobierno no debe de tener la conciencia muy tranquila en sus propósitos sobre el futuro del uso del agua en el regadío. Si estima que pudiera haber confrontación es porque entiende que los regantes se sentirán perjudicados por sus futuras disposiciones normativas y reaccionarán en contra.

Además, con un estilo bastante lamentable, amenaza veladamente a los regantes argumentando que, si no hacen un uso adecuado del agua, que es el que ella diga, los consumidores dejarán de comprar los productos del regadío. Amenaza sibilina que no va a tener consecuencia alguna. Los ciudadanos, en general, no dejarán de comprar los productos del campo español porque lo diga la ministra. Entre otras cosas porque suelen comer tres veces al día. Y el regadío es el principal suministrador al abastecimiento alimentario en España.

La ministra parece ignorar determinados aspectos de los regadíos españoles que los hacen ser un sector estratégico para España. Tal y como se ha demostrado en el transcurso de los períodos más difíciles de la última pandemia. En ningún momento han faltado alimentos en el mercado español. Y los regadíos son principales protagonistas de este hecho y, además, producen un elevado nivel de exportaciones. Y de paso funcionan como sumideros de CO2 de cara al cambio climático.

Por otra parte, parece que no es consciente del importante esfuerzo económico que nuestros regantes y sus Comunidades, han llevado a cabo en la modernización de millones de hectáreas de regadío, buscando una mejor eficiencia en el uso del agua.  En España, alrededor de 2 millones de hectáreas, ya se riegan por goteo. Lo que ha originado un considerable ahorro de recursos hídricos en el riego. Resulta preocupante que en el ministerio responsable del agua ignoren estas cuestiones. Estaría bien que sus colegas del ministerio de Agricultura, del que todavía dependen los regadíos, se lo recordaran. Aunque lo dudo.

Están empeñados en aplicar una disposición de la DMA, por la que hay que recuperar los costes del agua incluidos no solo los costes del servicio, sino los ambientales y los del recurso. Estos dos últimos costes son de una ambigüedad total en su definición. Aquí han tirado por la calle del medio y pretenden repercutir en los usuarios del agua la totalidad del coste de los programas de medidas de los planes hidrológicos destinados a mejorar el estado de las masas de agua.

Con este modo de proceder, los costes del agua para los regantes sufrirán importantes incrementos y muchas explotaciones cuya capacidad de pago se encuentra en el límite resultarán afectadas y procederán a su cierre. Que parece ser que es el objetivo de algunos en el ministerio de marras. Luego vendrá lo de la despoblación, el desabastecimiento y todas esas minucias de las que la ministra y sus adláteres no parecen ser conscientes.

Por cierto, que en el ministerio olvidan que en el artículo 9 de la DMA existe un apartado que dispone que, para un mejor cumplimiento de sus disposiciones, pueden tenerse en cuenta las características climáticas y geográficas, y los efectos sociales, medioambientales y económicos que puedan producirse y suspenderse su aplicación. A ver si lo tienen en cuenta. Si no, es posible que haya guerra del agua. Y en las guerras perdemos todos. Incluida la ministra.

Por cierto, tendría que haber puesto más énfasis en el problema de los miles y miles de aprovechamientos ilegales que su ministerio debería clausurar. Así podría empezarse a ahorrar agua ¿o no?

EXTREMADURA: LAS MEJORES CARRETERAS DE ESPAÑA

Extremadura se encuentra a la cola de España en algunos importantes indicadores económicos: PIB o Renta “per cápita” entre otros. Pero no todo está tan mal en nuestra comunidad autónoma. Por ejemplo, la red de carreteras extremeñas es de las mejores, si no la mejor de nuestro país. Y esto debe de ser puesto de relieve para ser justos.

Como es sabido la seguridad vial tiene tres elementos que la determinan: los conductores en su comportamiento al volante, su destreza en la conducción y el cumplimiento de las normas de circulación; el estado de los vehículos normalmente ligado a la antigüedad del parque automovilístico, y el estado de las carreteras. De la interacción de estos tres elementos se obtiene el mayor o menor grado de seguridad vial en una red de carreteras.

La Asociación Española de la Carretera (AEC) es una entidad independiente de gran prestigio que agrupa a empresas, técnicos y organismos relacionados con las carreteras. Lleva a cabo cada dos años un estudio de auditoría sobre el estado de la red de carreteras españolas. Sus resultados además de a nivel nacional son desagregados a nivel autonómico.

Se analizan tres componentes principales: estado del pavimento, señalización y balizamiento en la red de carreteras nacional y en la autonómica o foral.

Los datos del estudio llevado a cabo en 2020, sobre unos 100.000 km de carreteras españolas (25.000 km de la red nacional y 75.000 de la red autonómica y foral) concluyen que el estado actual de las mismas es el peor de los últimos tiempos. Los recortes consecuencia de la crisis de 2008 que han traído consigo la disminución de las inversiones en conservación de la red de carreteras nos han llevado a que, según el estudio de la AEC, 10.000 km (el 10 %) de la longitud estudiada presenta un estado calificado como muy deficiente, lo que implica deterioros graves en más del 50 % de la superficie del firme.

Y no sólo eso. Desde el estudio anterior de la AEC, el índice medio ha descendido de 152 a 141 en las carreteras nacionales (11 puntos) y algo menos en las carreteras autonómicas 131 a 127 (4 puntos). La crisis y la reducción de inversión en conservación y mantenimiento de nuestro patrimonio viario está pasando factura a nuestra red de carreteras y por tanto al nivel de seguridad vial de las mismas.

Lo que llama la atención es que Extremadura, dentro del mal estado general de la red, es la comunidad autónoma que alcanza mejor puntuación entre todas (182) en relación al estado de sus carreteras. Le siguen País Vasco (178) y Comunidad Valenciana (164). Por detrás se encuentra Madrid (142). Cataluña alcanza los 131 puntos, muy lejos de los extremeños. Lo que demuestra que, para gestionar bien una administración en este caso la de carreteras, no hace falta tener aspiraciones independentistas.

Extremadura es la comunidad autónoma cuyo índice (182) más se aproxima al estado de aceptable (valor del índice de 200 a 300) aunque no llega a alcanzarlo. Le siguen las del País Vasco (178). Lo que indica que las carreteras del resto de las regiones se encuentran en estado deficiente o muy deficiente y lejos del nivel de aceptable.

El estudio de la AEC estima unas necesidades de inversión para mejorar los desperfectos existentes en la red viaria de carreteras de 2.224 M€ en los 25.000 km de carreteras nacionales y de 4.784 M€ en los 75.000 km de carreteras autonómicas y forales.

Estas importantes inversiones son imprescindibles para tener las carreteras de España en un nivel de conservación aceptable y poder así mantener en adecuadas condiciones para la seguridad vial nuestro patrimonio viario.

Cuando ocupé la Dirección General de Infraestructuras y Agua de la Junta de Extremadura, me llamó poderosamente la atención que algunos colegas de otras comunidades autónomas que habían estado en Extremadura, destacaban el buen estado de la red de carreteras de la región y me felicitaban por ello.

Y es que una de las prioridades de la Junta de Extremadura cuando recibió las transferencias de la red autonómica de carreteras en 1984, fue el conseguir mejorar la red y mantener un buen estado de la misma. Una región tan extensa como Extremadura necesita una potente red de carreteras para comunicar con facilidad los numerosos núcleos de población que la constituyen. Y a esta política de comunicación ha dedicado importantes esfuerzos la administración autonómica. Tantos que ha llegado a construir dos autovías autonómicas muy necesarias para la región: la EX – A1 en el Norte de Cáceres y la EX – A2 en las Vegas Altas.

Por otra parte, la Administración General del Estado ha mantenido en buenas condiciones la red de carreteras de su competencia y especialmente las autovías A5 de Madrid a Badajoz y la A 66 Ruta de la Plata a su paso por la región.

Se demuestra en ambos casos que se ha hecho un uso adecuado de las importantes cantidades de fondos estructurales europeos que se han destinado a la red viaria extremeña.

Y de ahí que Extremadura ocupe el primer lugar nacional por el estado de su red viaria de carreteras. Y el hecho debe de ser destacado y felicitar a las administraciones nacional y autonómica extremeña por ello. Es de justicia.

Con esta entrada reanudo las publicaciones en el blog, tras el período vacacional. Gracias a los amables lectores por el tiempo que me dedican.