¿HABRÁ GUERRA DEL AGUA CON LOS REGANTES?

En unas recientes declaraciones concedidas a Europa Press, la ministra para la Transición Ecológica y vicepresidenta cuarta del gobierno, manifiesta que confía en que no habrá guerra del agua con los agricultores regantes ante la próxima redacción de los planes hidrológicos del tercer ciclo de planificación (2021 – 2027).

Los regantes han tenido mala suerte con la posición ambientalista que mantiene esta ministra. Después de sus desafortunadas declaraciones sobre el diésel, que han provocado estragos sociales y económicos en el sector automovilístico, y de su intento de cargarse la cogeneración, ahora parece ser que le toca al mundo del agua. Y especialmente a los regantes que, según parece, forman un conjunto de despilfarradores de un recurso tan importante y “precioso” como es el agua.

En su entrevista, la ministra santifica la Directiva Marco del Agua (DMA). Cuando sabe o debiera saber que esta directiva de corte ambientalista que regula el uso del agua en la UE, está redactada para unas condiciones que no son precisamente las de España. Puede que se adapte bien a climas del centro y norte de Europa, pero deja fuera las características específicas del clima mediterráneo que se dan principalmente en Portugal, España, parte de Francia, Italia y Grecia. Y por eso no regula adecuadamente los problemas del regadío, que es un uso fundamental desde un punto de vista económico y social en los países del sur de Europa.  

Les pongo un ejemplo. Mientras que en la mayor parte de Europa los cursos de agua presentan caudales de importancia a lo largo del año, en España durante el estiaje los caudales en régimen natural de una gran parte de nuestros ríos son prácticamente nulos. Para conseguir un buen estado de las masas de agua se establecen, como restricción previa a los usos económicos del agua, unos caudales ecológicos circulantes durante todo el año. En verano, en España, hay que suministrarlos desde los embalses de regulación existentes, lo que afecta sin duda a la garantía de los usos y especialmente del regadío. Y esto se aplica con carácter retroactivo ilegalmente, en mi opinión, ya que la DMA se publica en el año 2000 y existen usos afectados negativamente muy anteriores a esa fecha de promulgación.

El hecho de suponer por parte de la ministra que exista la posibilidad de que se dé una guerra del agua, denota que este alto cargo del gobierno no debe de tener la conciencia muy tranquila en sus propósitos sobre el futuro del uso del agua en el regadío. Si estima que pudiera haber confrontación es porque entiende que los regantes se sentirán perjudicados por sus futuras disposiciones normativas y reaccionarán en contra.

Además, con un estilo bastante lamentable, amenaza veladamente a los regantes argumentando que, si no hacen un uso adecuado del agua, que es el que ella diga, los consumidores dejarán de comprar los productos del regadío. Amenaza sibilina que no va a tener consecuencia alguna. Los ciudadanos, en general, no dejarán de comprar los productos del campo español porque lo diga la ministra. Entre otras cosas porque suelen comer tres veces al día. Y el regadío es el principal suministrador al abastecimiento alimentario en España.

La ministra parece ignorar determinados aspectos de los regadíos españoles que los hacen ser un sector estratégico para España. Tal y como se ha demostrado en el transcurso de los períodos más difíciles de la última pandemia. En ningún momento han faltado alimentos en el mercado español. Y los regadíos son principales protagonistas de este hecho y, además, producen un elevado nivel de exportaciones. Y de paso funcionan como sumideros de CO2 de cara al cambio climático.

Por otra parte, parece que no es consciente del importante esfuerzo económico que nuestros regantes y sus Comunidades, han llevado a cabo en la modernización de millones de hectáreas de regadío, buscando una mejor eficiencia en el uso del agua.  En España, alrededor de 2 millones de hectáreas, ya se riegan por goteo. Lo que ha originado un considerable ahorro de recursos hídricos en el riego. Resulta preocupante que en el ministerio responsable del agua ignoren estas cuestiones. Estaría bien que sus colegas del ministerio de Agricultura, del que todavía dependen los regadíos, se lo recordaran. Aunque lo dudo.

Están empeñados en aplicar una disposición de la DMA, por la que hay que recuperar los costes del agua incluidos no solo los costes del servicio, sino los ambientales y los del recurso. Estos dos últimos costes son de una ambigüedad total en su definición. Aquí han tirado por la calle del medio y pretenden repercutir en los usuarios del agua la totalidad del coste de los programas de medidas de los planes hidrológicos destinados a mejorar el estado de las masas de agua.

Con este modo de proceder, los costes del agua para los regantes sufrirán importantes incrementos y muchas explotaciones cuya capacidad de pago se encuentra en el límite resultarán afectadas y procederán a su cierre. Que parece ser que es el objetivo de algunos en el ministerio de marras. Luego vendrá lo de la despoblación, el desabastecimiento y todas esas minucias de las que la ministra y sus adláteres no parecen ser conscientes.

Por cierto, que en el ministerio olvidan que en el artículo 9 de la DMA existe un apartado que dispone que, para un mejor cumplimiento de sus disposiciones, pueden tenerse en cuenta las características climáticas y geográficas, y los efectos sociales, medioambientales y económicos que puedan producirse y suspenderse su aplicación. A ver si lo tienen en cuenta. Si no, es posible que haya guerra del agua. Y en las guerras perdemos todos. Incluida la ministra.

Por cierto, tendría que haber puesto más énfasis en el problema de los miles y miles de aprovechamientos ilegales que su ministerio debería clausurar. Así podría empezarse a ahorrar agua ¿o no?