LA CRUDA REALIDAD DE EXTREMADURA EN CIFRAS

Para conocer la situación real de Extremadura, se desarrolla en lo que sigue un somero análisis de algunos indicadores socioeconómicos de la situación extremeña y su comparación con los de España. Los índices y datos utilizados son oficiales obtenidos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Examinemos alguno de ellos. Todos son índices normalmente utilizados para determinar el grado de desarrollo de un territorio y realizar comparaciones entre ellos.

En el período 2000 – 2017 el PIB extremeño ha crecido un 75,31 %, mientras que el PIB español lo ha hecho en un 80,47 %. El PIB extremeño ha pasado de representar el 1,66 % del nacional al 1,62 % en este mismo período.Extremadura sólo supera en valor absoluto del PIB a Cantabria, La Rioja y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Si se estudian los valores del PIB “per cápita” los resultados son también poco esperanzadores para nuestra región.

El PIB “per cápita” medio de España ha pasado de 15.935 € a 25.064 € creciendo un 57,28 %. El PIB por cabeza extremeño ha pasado de 10.145 € a 17.554 € incrementándose en un 73,03 %.  Durante todo el período 2000 - 2017 Extremadura ha ocupado el último lugar del ranking español en cuanto a este indicador.

La diferencia con el PIB “per cápita” medio español ha pasado de 5.790 € en el año 2000 a 7.510 € en el año 2017. No se produce convergencia en este parámetro.

Veamos otro indicador muy interesante para el ciudadano extremeño. No es otro que la Renta Bruta Disponible “per cápita”.

En el período 2000 - 2016 la Renta Bruta Disponible per cápita ha pasado en Extremadura desde 7.669 € a 11.310 €. Supone un incremento de 3.641 € para ese período. En el mismo lapso de tiempo el dato medio en España ha pasado de 10.428 € a 14.781 € con un aumento de 4.353 €. Como vemos no se produce convergencia de Extremadura con el resto de España en valor absoluto. Si que el incremento porcentual sobre la situación inicial ha sido mayor en Extremadura (47,47 %) que en España (41,74 %) Algo es algo. Aunque hay que tener en cuenta las variaciones de población.

En valores de este indicador Extremadura se sitúa en el último lugar de la clasificación española por detrás incluso de las ciudades autónomas.

Un valor muy indicativo ligado a la actividad económica es la Tasa de Paro. Tampoco en este indicador Extremadura sale bien parada. Veamos.

Con datos de la EPA (Encuesta de Población Activa), referidos siempre al primer trimestre de cada año la Tasa de Paro en Extremadura al comienzo de la crisis 2007 era del 12,75 %, mientras la media de España era del 8,42 %. La diferencia era del 4,33 %. Solo nos superaban en desempleo las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En el momento peor de la crisis, primer trimestre de 2012 la Tasa de Paro en Extremadura era del 35,67 % y la de España del 26,94 %. Diferencia del 8,73 %.

Y en el primer trimestre de 2018 los valores eran de 25,94 % para Extremadura y de 16,74 % para España. Diferencia del 9,2 %. Sólo estaban peor que Extremadura las ciudades de Ceuta y Melilla.

En el cuarto trimestre de 2018 (última EPA) los valores eran del 23,1 % para Extremadura y del 14,45 % para la media de España. Diferencia: 8,65 %. Algo se ha mejorado.

Respecto a la evolución de la población residente, la región aumentó el número de habitantes entre los años 2002 (1.057.795 habitantes) y 2012 (1.104.343 habitantes). A partir de 2012 se produce un importante descenso y en 2018 la población extremeña alcanza 1.070.453 habitantes habiendo perdido 33.890 habitantes desde que alcanzara ese máximo. En el año 2002 la población extremeña representaba el 2,57 % del total nacional. En 2018 este porcentaje ha descendido al 2,29 %.

Como puede apreciarse por el cúmulo de índices analizados la situación de Extremadura es harto preocupante.

A los poderes públicos y a la sociedad civil nos corresponde buscar soluciones para remontar esta situación. En mi opinión las líneas de trabajo a seguir son de dos tipos. El primero consistiría en aprovechar nuestros recursos endógenos: industrializar, transformar y comercializar nuestros productos agrícolas y ganaderos por medio de la industria agroalimentaria, terminar los regadíos pendientes, promocionar el turismo y nuestro patrimonio monumental, cultural, paisajístico y gastronómico haciéndole formar parte de rutas internacionales (el eje Madrid – Lisboa por ejemplo) y aprovechar de forma equilibrada la introducción de energías renovables con vista a la transición energética que se avecina, pero sin generar una nueva burbuja.

El segundo sería buscar la industrialización regional a través de las industrias ligadas a las nuevas tecnologías: TICs, biotecnología, biomedicina, nanotecnología. Es un reto regional pendiente. Sin industria Extremadura será difícil que salga del furgón de cola en el que se encuentra hundida.

Hay que abandonar las políticas conservacionistas desarrolladas hasta ahora que se ha demostrado no son la solución por sí solas para la región. A los anteriores datos me remito.

Nadie nos va a regalar nada y tendremos que llevar a cabo un esfuerzo ímprobo todos los extremeños.  Sólo así será posible salir del pozo en el que nos encontramos. ¿Seremos capaces?

¿QUÉ HA OCURRIDO REALMENTE EN CATALUÑA?

Pues cosas gravísimas que no se veían en España desde tiempos de la II República, en la que por cierto no se llegó a tanto. La culminación ha sido una Declaración Unilateral de Independencia (DUI) de Cataluña que fue precedida de un referéndum ilegal llevado a cabo el 1-O. Todo ello ante la pasividad del gobierno central dirigido por el presidente Rajoy que débil y dubitativo se limitó a hacer el Don Tancredo, pasándole la patata caliente al poder judicial.

Gracias al discurso del Rey y a la independencia de actuaciones del poder judicial, se pudo reconducir la situación y enchironar a parte de los cabecillas de esta rebelión. Otra parte se fugó con Puigdemont a la cabeza cuando se olieron la tostada judicial. Y andan por ahí fuera denigrando a España y a su sistema democrático un día sí y otro también.

Tras muchas vacilaciones Rajoy aplicó el dichoso artículo 155 de la Constitución Española, que está ahí para precisamente evitar los desmanes producidos y corregirlos. Pues bien, el popular aplicó el artículo, pero poquito. Lo hizo tan mal que convocando unas apresuradas elecciones consiguió con su torpeza que los separatistas las volvieran a ganar. Les dejó en sus manos todos los resortes especialmente los medios de comunicación altavoces del golpismo como son TV3 y Cataluña Radio. Como era previsible los separatistas volvieron a ganar. ¿Es que alguien lo dudaba?

En su continuada torpeza Rajoy en lugar de convocar elecciones generales tras la sentencia Gürtel, se atrincheró en la poltrona, dando lugar a la moción de censura que se tradujo en un gobierno ¿socialista? apoyado por un heterogéneo conjunto de partidos: podemitas radicales y sus mareas diversas, golpistas catalanes y futuros golpistas vascos. Es decir que el gobierno que tiene que hacer frente a los gravísimos hechos acontecidos en Cataluña resulta que está sustentado por los separatistas responsables de los mismos. Ya me contarán.

Y a partir de ahí comenzó el guateque. El presidente cuando sólo era Pedro Sánchez consideró que los hechos acontecidos en Cataluña podían ser calificados como delitos de rebelión. En cuanto tomó el poder consideró que no era así. Algunos juristas de la cuerda, pocos en realidad, empezaron con el mantra de que no existía delito de rebelión y que la cosa no era para tanto. Siguiendo las tesis separatistas parece que lo acontecido en Cataluña ha sido una pacífica fiesta de la democracia. Al abogado del Estado que había calificado los delitos como de rebelión, tal y como hiciera el presidente del gobierno en su día, lo destituyeron “ipso facto”.

Al parecer, asediar a las fuerzas de orden público destrozando sus vehículos, escrachar al juez Llarena en diversas ocasiones o cortar carreteras, vías férreas o calles cuando le viene en gana a los CDR o la CUP, animados por Torra, eso no es violencia, es cariño.

Incluso adelantándose a futuras sentencias, varios miembros del consejo de ministros y la delegada del gobierno en Cataluña, así como el eximio bailarín Iceta, entre otros, propugnaban posibles indultos para los presuntos golpistas, en una intromisión intolerable en las actuaciones de los jueces. Estos hasta el momento han mostrado una total independencia y una elevada profesionalidad, gracias a las cuales se ha podido instruir el procedimiento. Además, han mantenido en prisión provisional a los golpistas no huidos, ante el elevado riesgo de fuga y de destrucción de pruebas si los ponían en libertad.

El gobierno para mantenerse en el poder ha entrado en un proceso que ellos llaman de “diálogo” con los golpistas. En realidad, es un proceso de cesión continuada del gobierno central a los chantajes de Torra y de la Generalitat, que aprietan al mandatario con la posible retirada de su apoyo a la aprobación de los presupuestos para 2019. En los que por cierto les regalan miles de millones de euros para que sigan jugando a la independencia. Con lo cual después de varios espectáculos circenses los apoyarán por los beneficios recibidos.

Las cesiones del gobierno son de tal entidad que consideran a Cataluña como si fuera un estado soberano, en igualdad con España y pretenden nombrar un mediador como si esto fuera un conflicto entre dos estados.

Esta última concesión y la publicación de los 21 puntos que Torra exige al gobierno central, todos inmersos en una total inconstitucionalidad, han colmado la paciencia de algunos barones socialistas y de muchos militantes significativos del partido. Las líneas rojas que se han rebasado son de una gravedad extrema y parte del partido socialista que durante toda la transición ha sido un partido defensor de la Constitución, no está de acuerdo en esta deriva. Consideran que puede traer consigo grandes perjuicios para esa formación en los resultados de las próximas elecciones.

Entretanto los españolitos contemplan atónitos y perplejos el esperpento catalán, confiando en que el poder judicial meta en el talego a estos desaprensivos a raíz del juicio que se inicia el 12 de febrero. Veremos.

De todos modos, a los golpistas siempre les quedarán los tribunales europeos. Allí ganan fijo. Como san Otegui. Y es que por Europa se deben estar haciendo cruces de lo que ocurre en España. Un gobierno favorable a los golpistas (presuntos, claro) y que pacta con ellos. Así que probablemente de nuevo los tribunales de la UE nos dejarán en ridículo ante tanta incoherencia.

LECCIONES DE UNA TRAGEDIA EVITABLE

España es un país en el que se legisla de manera exhaustiva. Casi todo está regulado con minuciosidad incluso de forma prolija. Disponemos de normativa europea y nacional, autonómica y local para dar y tomar. No será por falta de leyes.

El problema surge cuando esta legislación no se cumple y al infractor no le pasa nada o le ocurre muy poco. Ahí está el ejemplo paradigmático de Cataluña. Allí sus órganos de gobierno, legislación y administración se pasan las leyes por el arco del triunfo sin consecuencias para los que las infringen. Sólo cuando la cosa es tan gorda como una declaración unilateral de independencia, se produce una intervención a fondo del poder judicial. Que ya veremos en qué queda.

La reciente tragedia que ha costado la vida al niño Julen Roselló en Málaga, es un ejemplo de lo que digo. Un sondeo de 25 cm de diámetro seco y además ilegal, queda sin sellar y tapar. En sus juegos, el crío se desliza por los bordes y cae en el mismo. Rescate dificilísimo en el que se han empleado todos los medios personales y técnicos posibles. Sobre eso no hay nada que objetar. En mi opinión las cosas se han hecho correctamente dadas las dificultades existentes y la premura necesaria en las actuaciones. Pero el resultado ha sido el peor imaginable. Por desgracia.

Solamente ha sobrado una cobertura mediática desmesurada, en muchos casos con participación de tertulianos que no tenían idea del tema y acompañada en algunas ocasiones de la publicación de “fake news” (noticias falsas).

Un sondeo ilegal, sin permiso alguno, se ha cobrado la muerte de un niño y ha dejado sumida a la familia en el dolor y la desesperación.

Es seguro que, si se hubiera cumplido la legislación en materia de alumbramiento de aguas esta desgracia podía haber sido evitada. El Texto Refundido de la Ley de Aguas y sus reglamentos, junto a la legislación de minas indican claramente, los permisos y actuaciones que han de llevarse a cabo cuando se realiza una perforación en busca del líquido elemento. Se obtenga o no se obtenga agua. El pozo o sondeo ha de quedar protegido si se encuentra el preciado líquido o sellado si la perforación es negativa.

En nuestro país, desde hace mucho tiempo se vienen haciendo sondeos ilegales, sin que los organismos competentes tomen cartas en el asunto. Se ha instaurado la política de mirar para otro lado sin sancionar a los infractores. Y sé de lo que escribo. Por las razones que sean especialmente por la búsqueda del voto, los pecadores se van de rositas. Y esta afición al sondeo ilegal sigue en pie y se ha extendido cual mancha de aceite por toda España, especialmente por las regiones áridas o semiáridas con acuíferos potentes: La Mancha, Andalucía, Levante y Cataluña, por ejemplo. Pero se da en todo nuestro país sin distinción de regiones.

Dentro del conjunto de pozos o sondeos ilegales, cuyo número estimado por el Ministerio de Medio Ambiente en 2006 era de unos 500.000, debe de existir un buen porcentaje de ellos que está en las mismas condiciones de peligrosidad que el que se ha cobrado la vida de Julen. Y que son una amenaza potencial para la integridad de los ciudadanos. La cifra de 500.000 pozos ilegales significa que aproximadamente hay en España 1 pozo ilegal por km2. Equivale a uno cada 100 ha. Preocupante como mínimo.

La vigilancia de estas actuaciones ilegales ha ido a menos en la medida en que las Confederaciones Hidrográficas y sus Comisarías de Agua encargadas de esta misión han ido disponiendo cada vez de menos medios para llevarla a cabo. Los políticos se han dedicado a mirar para otro lado, reduciendo al mínimo el número de sanciones por la apertura de estas obras ilegales. Les importan mucho más los votos que las vidas de los Julen de turno o que los daños que estos pozos ilegales causan en los acuíferos de los que extraen el agua. La sobreexplotación de estos mantos de agua subterránea les trae al fresco a los dirigentes, que pasan olímpicamente tanto del perjuicio que causa a los usuarios legales del agua, como del daño medioambiental que producen en la masa de agua subterránea.

Nadie se preocupa de solucionar el problema. Este se ha convertido en una bola de nieve que en estos momentos tiene muy difícil solución. No se vigilan estas obras en el medio rural: la guardería rural que podía haber llevado a cabo una importante labor de detección en esta materia ha desaparecido y los medios con los que cuentan las comisarías de agua o el Seprona son cada vez más escasos. La culpa como siempre de la crisis. Aunque esta situación viene de mucho antes de las vacas flacas. Este cáncer lleva instalado en España desde hace un montón de años.

¿Y qué hacemos ahora?  Pues como primera medida aplicar con rigor las leyes existentes. Eso sería lo menos que habríamos de hacer. Y lo segundo vigilar el estado de todos estos pozos y sondeos, denunciando la situación y obligando a los propietarios o titulares a tomar urgentes medidas de protección de estas instalaciones cuando no dispongan de ellas.

Me temo que la sensibilidad social por la muerte de Julen durará unos pocos días. Y luego volveremos a las andadas, a mirar para otro lado y a consentir que cada uno haga de su capa un sayo sin cumplir las leyes. Es lo nuestro. La picaresca se inventó en España. El Lazarillo de Tormes y compañeros mártires son españoles. Y en consecuencia somos destacados maestros en la materia.

PLASENCIA TAMBIÉN EXISTE

Plasencia es una ciudad de casi 41.000 habitantes. La cuarta ciudad en población de Extremadura. En la distribución provincial de Javier de Burgos de 1833 estuvo a punto de ser designada capital de una provincia que comprendía las tierras extremeñas al norte del Tajo. Pero no pudo ser. Los caciques de la época lo impidieron.

No obstante, por su situación geográfica es el centro neurálgico de una serie de comarcas muy importantes: el Valle del Jerte, Valle del Ambroz, la Vera, la Sierra de Gata o las Hurdes. Y gracias a los recursos naturales disponibles y a la laboriosidad de sus gentes el área puede ir desarrollándose con escasa ayuda oficial.

Durante lo que llevamos de transición Plasencia y sus comarcas casi siempre han quedado un poco lejanas del poder político autonómico.  El área territorial placentina queda muy lejos de Mérida y de sus cabildeos presupuestarios, tanto en distancia (150 km) como en la toma en consideración de sus problemas. En la capital autonómica ignoran al norte extremeño.

En Plasencia se han producido una serie de despropósitos de los que el poder autonómico ha pasado olímpicamente. Por ejemplo, en 1985 nadie en Mérida se opuso al cierre de la línea férrea Ruta de la Plata, lo que causó un gravísimo perjuicio a la ciudad del Jerte, que quedó aislada en un fondo de saco de la línea de Madrid.

También la ciudad había sido despojada de su Regimiento de Órdenes Militares nº 37 de guarnición en la ciudad durante muchos años. La Academia de la Guardia Civil que por lógica debía haberse instalado en Plasencia para compensar la pérdida de su guarnición militar, se situó en Mérida a mayor gloria de la ciudad que había obtenido la capitalidad autonómica. Les parecía poco semejante bicoca. A Badajoz le compensaron con una de las más importantes brigadas mecanizadas del país en la base de Botoa.

Como magra recompensa, el estatuto de autonomía extremeño designó a la ciudad del Jerte como sede del Personero del Común (el defensor del pueblo extremeño) Todavía no ha sido desarrollada esta figura que carece de edificios, de estructura administrativa y de presupuesto. ¿Cuántos años han pasado?

La Junta de Extremadura ha sido la primera en oponerse a la apertura en Plasencia de un centro adscrito a la Universidad Católica de Ávila. Nos deberían explicar con claridad las razones de semejante oposición. Si es que existe alguna.

Como cuestión más reciente en donde se demuestra la marginación que sufren Plasencia y sus comarcas dentro de la comunidad autónoma, me encuentro con la siguiente noticia: Los enfermos del área sanitaria de Plasencia tienen un tiempo para operarse de 200 días. Los del área de Mérida de 40 días. Claro que el estar al lado de donde se cuece el presupuesto da muchas ventajas. He aquí la prueba.

Ya lo había denunciado el alcalde placentino. El área de salud de Plasencia es un auténtico caos. Faltan médicos especialistas de diversas materias. Hay quirófanos que no funcionan. Las diálisis se suspenden por la tarde por falta de personal y medios. Y la consecuencia es evidente: un enfermo del área sanitaria de Plasencia tarda 5 veces más en operarse que uno del área de Mérida. ¿Por qué? ¿Es que no contribuyen igual con sus impuestos?

Y en la Consejería de Sanidad el titular y sus directivos están encantados de haberse conocido y contentísimos de su nefasta gestión. Y en el colmo de la desfachatez presumen de que han reducido las listas de espera y los tiempos de atención. Sobre todo, en el área de Mérida que es la que les afecta. ¿Es que los enfermos del área sanitaria de Mérida son extremeños de primera división y los del área sanitaria de Plasencia juegan en tercera categoría? Los de segunda división pertenecen al área de salud de Cáceres que también tardan o tardamos lo nuestro:145 días.

El señor Consejero, responsable de este estropicio, debería tener en cuenta que la salud es lo más importante que tiene un extremeño. Y que no hay derecho a que existan estas abismales diferencias. Los medios sanitarios se concentran en las áreas de salud pacenses, especialmente en Mérida y Badajoz. Como casi todo en Extremadura. Y este cuento tendría que acabarse cuanto antes. De lo contrario Cáceres y su provincia deberían abandonar este juego en el que nunca ganan.

Si el estado de las autonomías se hizo para acercar los servicios al ciudadano, en Extremadura se traduce en una absoluta desigualdad, sobre todo en el caso de la sanidad. Son impresentables las diferencias que existen en esta materia.

El señor presidente de la Junta de Extremadura debería tomar urgentes cartas en el asunto para que esta vergonzosa situación se resuelva de inmediato y más todavía cuando su profesión es la de médico. La sanidad de Plasencia y su área de salud debe tener más importancia que el hecho de que los trenes extremeños se rompan cada dos por tres. Y mucha más para los placentinos y comarcanos, y creo que también para los extremeños sensatos, de si hay que aplicar o no el artículo 155 en Cataluña.

 EL INCIERTO FUTURO DE LA MARINA DE VALDECAÑAS

Hace unos cuantos años los terrenos conocidos como Isla de Valdecañas con una extensión de unas 114 ha, sobre los que hoy se levanta la urbanización de alto standing Marina de Valdecañas, estaban ocupados por masas de eucaliptos y matorrales de escaso valor ambiental.

En el año 2003 esta área y toda la limítrofe al embalse de Valdecañas, con una extensión de 7.459 ha fue declarada por la Junta de Extremadura como ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves) denominada “Embalse de Valdecañas” e incluida en la Red Europea Natura 2000.

En abril de 2007 la propia Junta de Extremadura declaró la construcción de la urbanización como PIR (Proyecto de Interés Regional) con el fin de legalizar la ejecución posterior de la obra. Se construyó una primera fase con 185 villas de lujo, hotel, campo de golf e instalaciones complementarias: piscinas, playa artificial, jardines, embarcadero…etc.

Asociaciones ecologistas consiguieron que los tribunales de justicia declararan esta urbanización como ilegal por estar construida sobre la ZEPA, que es una zona protegida. Actualmente se está pendiente de la ejecución de sentencia sobre la misma.

Parece que los estudios que sirvieron de base para declarar esta ZEPA no eran muy completos a juicio de los expertos del CSIC de la Estación Biológica de Doñana, a los que el TSJEX (Tribunal Superior de Justicia de Extremadura) ha encargado un informe ambiental para valorar la solución futura más conveniente para esta urbanización de lujo de cara a la ejecución de la sentencia: demolición y restauración ambiental, restitución a su estado inicial o conservación de lo hecho.

De igual modo en el informe de esos expertos se reconoce que el valor ambiental de la Isla no era extraordinario. ¿Y siendo así por qué se incluyó en la ZEPA? De igual modo dicho informe echa de menos la existencia de datos ambientales antes de la construcción del complejo. Estas consideraciones son indicio de que la declaración de esta ZEPA por parte de la Junta de Extremadura se hizo como poco de manera un tanto precipitada. La política ambiental lo dominaba todo pensando erróneamente que iba a ser la solución para Extremadura. Se ha demostrado que estas políticas conservacionistas son un craso error si no se complementan con firmes políticas de desarrollo que en Extremadura brillan por su ausencia.

No obstante, me asalta una duda respecto de este informe del CSIC ¿Cómo es posible que el resto de la superficie que queda de la ZEPA, si se excluye la Marina de Valdecañas y que suma 7.345 ha, no tenga capacidad de acogida para la fauna que habitaba en las114 ha ocupadas por la urbanización (el 1,52 % de la superficie total de la ZEPA)? ¿Esta circunstancia se ha estudiado a fondo en el informe? Porque da la impresión de que se produce una fragmentación en el estudio del CSIC. Considera dos conjuntos inconexos: por un lado, la Marina de Valdecañas y por otro el resto de la ZEPA. Lógicamente ha de haber interacciones entre ambas.

Las organizaciones ecologistas promotoras de la iniciativa para la demolición de la urbanización se muestran eufóricas porque, según ellos, el informe del CSIC les da la razón y propugna la demolición y restauración ambiental como mal menor desde el punto de vista ambiental, que es el único considerado por ellos. Los impactos económicos y sociales parece que no han de tenerse en cuenta.

Creo que el Tribunal va a tener que hilar muy fino cuando dictamine sobre la ejecución de la sentencia. El valor ambiental de la Isla de Valdecañas que, el propio informe del CSIC considera como no extraordinario, no debiera interferir negativamente en las condiciones socioeconómicas de un área muy castigada, con un bajo nivel de desarrollo y para la que la construcción de esta urbanización de lujo ha supuesto una inyección de oxígeno para fijar la población e incrementar sus débiles rentas.

Si el tribunal opta por la demolición de lo construido con una restauración ambiental o la restitución a su estado inicial y no se mantiene la urbanización, nos encontraremos ante dos situaciones muy negativas: una que la zona volverá al subdesarrollo anterior, y otra que todos los extremeños a través de la Junta de Extremadura habremos de indemnizar a los promotores de la obra con el lucro cesante y restitución de lo invertido, ya que la urbanización tenía todas las bendiciones autonómicas para su construcción. Difícil papeleta para los jueces.

Espero que este episodio servirá de lección a los políticos extremeños para no llevar a cabo más protección del territorio. Sobre todo, si esta se hace sin estudios muy concienzudos sobre el particular.

Parece que Extremadura que ocupa el furgón de cola del desarrollo español, con la menor renta y PIB per cápita de España, debería abandonar ya el camino conservacionista si no quiere que la emigración alcance límites insostenibles y convierta a la región en un desierto.

Una cosa es proteger las áreas de alto valor ambiental, a lo que nadie debería oponerse, y otra es convertir Extremadura en un parque natural, sin desarrollo posible. Eso tiene un precio y habría que ver si los extremeños estamos dispuestos a pagarlo. Y no sólo los ecologistas.

Por eso tal vez sería muy urgente que la Junta de Extremadura revisara las zonas protegidas existentes liberando de esta protección a todas aquellas que no tengan un valor ambiental destacado. De lo contrario el desarrollo extremeño continuará siendo muy precario o inexistente. Y como consecuencia Extremadura será difícil que levante cabeza.

LA MUERTE DE LAURA LUELMO

La reciente muerte violenta de la joven profesora zamorana Laura Luelmo, ha servido para constatar una vez más, que algo no funciona bien en el sistema normativo penal español y en su aplicación.

Adelanto que no soy jurista, mi profesión es ingeniero agrónomo, y aunque tengo una cierta formación leguleya por mi condición de funcionario durante 40 años, mis razonamientos se basan en la aplicación de la lógica y del sentido común; de los míos.

Por eso parto de una base, probablemente diferente de la que defienden sesudos juristas y especialistas en la materia. Como ciudadano de a pie entiendo que la legislación penal, la aplicable al caso de la muerte violenta de Laura, ha de tener como objetivo prioritario la defensa de los derechos de las víctimas y no la de los intereses de sus verdugos. Aunque considero loable que se trate de conseguir la reinserción de los delincuentes durante su reclusión en prisión. Pero en mi indocta opinión el Código Penal debiera preocuparse con preferencia de las víctimas. Son las que más pierden y las que más sufren. Y no parece que la norma esté dirigida a alcanzar ese objetivo.

En este triste episodio, que no debiera haber ocurrido nunca, la que ha perdido más es Laura. Como en su momento les sucedió a Diana Quer, a Marta del Castillo o a Mari Luz Cortés. Le han segado de raíz su joven vida y su futuro. Y nada ni nadie podrá resarcirle de esa pérdida. No quiero ni pensar el sufrimiento y la angustia de esta joven mujer ante su cruel asesino y la imposibilidad de defenderse de su ataque, aunque ofreciera toda la resistencia de la que fue capaz.

Una vez ocurrido este asesinato he vuelto a escuchar las simplezas de siempre de los políticamente correctos que constituyen, según ellos, la progresía andante y dirigente de esta España nuestra que va dando tumbos.

A los cinco minutos de confesar el agresor su crimen, ya estaban los medios de comunicación y tertulianos de lo políticamente correcto con los mantras de que hay que mantener la cabeza fría; que no se debe legislar en caliente, en frío tampoco legislan o lo hacen de modo insuficiente y que hay que reinsertar a los delincuentes, pobrecitos míos. Y así una serie de estupideces que son repetidas una y otra vez como una cantinela indecorosa.

Nadie defiende con prioridad y firmeza a las víctimas. Una vez asesinadas es como si desaparecieran de la escena. Menos la familia, que por cierto la de Laura ha mantenido una postura impecable y equilibrada en todo el proceso, los allegados y algunas gentes de buena fe, nadie se ocupa de ellas. Pasan a un segundo plano desde el punto de vista social.

Eso sí, antes se las obsequia con aplausos en sus funerales y muchas velas encendidas y manifestaciones y carreras, con el lema de que todos somos Laura y cosas de esas que, salvo para confortar un poco a las familias, no sirven de mucho. Y después a otra cosa, mariposa.

Lo de los políticos raya en la desvergüenza. En lugar de legislar adecuadamente y adaptar el Código Penal para defender a las víctimas, se dedican a perorar unos contra otros sin hacer nada sólido. O incluso tratando de derogar disposiciones del Código Penal como la prisión permanente revisable, sólo porque no se les ocurrió a ellos, proponerla. Sin analizar si eso es bueno o malo para los ciudadanos. Sin considerar por qué se aplica en otros países.

Las justificaciones son de lo más pedestre. Por poner un ejemplo de alta referencia: el presidente del gobierno despacha la derogación de la prisión permanente revisable con el razonamiento de que la misma no ha logrado impedir este asesinato. Hombre ni la ley de violencia de género ha impedido que 47 mujeres hayan muerto este año a manos de sus asesinos. Ni el Código Penal ha sido capaz de frenar los diversos delitos que se producen. Así que, según tan inteligente conclusión, derogamos leyes y códigos y santas pascuas.

Si a este asesino que había matado con anterioridad a una mujer y acosado y agredido a otra, hubiera estado en la cárcel bajo la aplicación de la prisión permanente revisable, hoy día Laura Luelmo, seguiría dando sus clases en el instituto de Nerva y viviendo y disfrutando de su joven vida y soñando su futuro junto a su familia y amigos.

El que individuos de esta catadura anden sueltos sin control es lo que pone en peligro a la sociedad. Que tiene que defenderse de ellos para salvaguardar los derechos de los ciudadanos que nos dedicamos a vivir en paz y a cumplir la ley.

A estos últimos son a los que tienen que amparar las leyes y códigos. Y no dar ventaja a los derechos de los criminales frente a los de sus víctimas reales o potenciales.

A ver ahora quien devuelve a sus padres, a su pareja y a sus familiares la vida de Laura. Ellos también sufrirán durante toda su existencia esta irreparable pérdida.

Y está muy bien que se trate de reinsertar a los delincuentes. Pero sólo a aquellos que admitan esa reinserción. A los otros, como el asesino que nos ocupa, hay que retirarlos de la circulación. Claro que diré que es presunto hasta que un juez lo condene. Esa es la grandeza del estado de derecho. Que además de a los delincuentes ha de proteger con prioridad a las víctimas.

La conocida sentencia de Concepción Arenal “odia el delito y compadece al delincuente” quizá tuviera justificación en las condiciones sociales del tiempo en que se pronunció. Yo la completaría hoy día añadiendo “y siempre, defiende en primer lugar a las víctimas”

EXTREMADURA MALTRATADA

Estoy seguro que el presidente de la Junta de Extremadura, por quien tengo el máximo respeto y consideración a nivel personal, conoce con precisión la situación de Extremadura en el contexto de España.

Somos una región de 41.300 Km2 con poco más de 1 millón de habitantes. Continuamos ocupando el último lugar en PIB y Renta Bruta disponible “per cápita”; tenemos la tasa de paro más alta de España y dentro de ella también la juvenil. Disfrutamos de los niveles de pobreza más elevados de la nación. Pero el señor Fernández Vara sabe que los extremeños tenemos dignidad. Y el Estado español la está pisoteando y está maltratando a Extremadura. Y no nos lo merecemos.

Da la impresión de que el presidente autonómico no es plenamente consciente de lo que ocurre con el tren en Extremadura. Puede deberse a que lo utiliza poco.

Lleva tiempo mareando la perdiz con Renfe, con Adif, con el ministro de la “caspa” y con el presidente del Gobierno, el actual que es de su cuerda y el anterior que no lo era, sin tomar decisión eficaz alguna sobre el transporte ferroviario en Extremadura. Y los extremeños nos sentimos maltratados y con nuestra dignidad pisoteada.

Se ha puesto al frente de dos manifestaciones una en Madrid cuando gobernaba el PP y la otra en Cáceres cuando gobierna su partido. Ninguna ha servido para nada. Ni el Pacto por el Ferrocarril, tampoco El desastre ferroviario en Extremadura sigue y continuará mientras el presidente y su partido en la región no adopten medidas firmes y contundentes.

Los extremeños no merecemos el maltrato a nuestra dignidad que nos están infligiendo los gobiernos de España, este y los anteriores de todos los tiempos, también los de la transición, que se anunció como una nueva época para España. En España volvía a amanecer. En Extremadura todavía no se ve el alba.

Podemos ser un pueblo pobre, resignado y poco reivindicativo, pero somos un pueblo leal y digno. Y nos merecemos tener el mismo trato que el poder central otorga al resto de comunidades autónomas. Sobre todo, cuando pagamos los mismos impuestos, aunque seamos en disfrute de servicios, españoles de segunda división.

El poder regional, en un lamentable error se dejó cerrar en 1985 la Vía de la Plata, una línea de ferrocarril clave para Extremadura antes y ahora que formamos parte de la Unión Europea más todavía. Sin la menor protesta extremeña nos quedaron sin un eje vital para la salida de nuestros productos hacia Europa. Todavía no he visto ni un solo movimiento de la Junta de Extremadura reivindicando la apertura y acondicionamiento de esa línea para conectar con el eje Atlántico transeuropeo en Salamanca y con los puertos del Norte de España.

También se ha dejado escapar el tren Lusitania que ahora discurre por Salamanca ¿Sabe lo que significa eso? Pues que el futuro AVE Madrid – Lisboa, no circulará por Plasencia, Cáceres, Mérida y Badajoz, lo hará por la ciudad charra para enlazar con una Y hacia Lisboa y Oporto. Al tiempo.

Lo del tren “digno” raya en la desvergüenza. Si no lo ha hecho todavía debería leerse los detallados e imparciales informes que un grupo de ingenieros del Club Senior de Extremadura ha confeccionado sobre el desarrollo de este tren “digno” entre Badajoz y Madrid. Podrá comprobar cuánto tardará en llegar a la capital de España. Calculan que como mínimo será en 2025. En el informe también se describe la chapuza en la que consistirá el mencionado tren, circulando por vías antiguas y nuevas, con parte electrificada, cuando se haga, y parte no. Nos han vuelto a engañar señor presidente.

Yo le sugiero una solución para que esto se arregle. Consiste en “apretar” al presidente del Gobierno. Que es lo que hacen en Cataluña y en el País Vasco. Exactamente igual. Sin contar los diputados extremeños del PP que ya lo harán, el PSOE tiene 4 diputados extremeños en el Congreso y Podemos 1. 5 diputados: el mismo número que tiene el PNV.

Como usted es persona inteligente, lo entenderá fácilmente. Mi propuesta es que advierta al señor Sánchez de que los diputados socialistas de Extremadura en el Congreso, junto a la diputada de Podemos (que supongo se unirá para este fin) romperán la disciplina de voto en los próximos presupuestos y los votarán en contra. Salvo que paralelamente se promulgue una ley especial de carácter nacional que contenga las inversiones necesarias del Estado - esas que nunca se han hecho en la historia extremeña - para sacar a Extremadura del pozo en el que se encuentra y conseguir la nivelación de servicios con el resto de comunidades autónomas. Y no me refiero sólo a las inversiones ferroviarias. La sanidad, la educación y otras infraestructuras relacionadas con las nuevas tecnologías también necesitarían apoyos del estado central.

Déjese de pamplinas y paños calientes y hágalo. Eso es lo que hacen los separatistas catalanes y vascos para conseguir sus propósitos. Y les va de maravilla. Se llevan todo. Échele valor y hágalo. Tendrá detrás a todos los extremeños que lo apoyarán sin fisuras.

Tome medidas firmes como la que le sugiero, porque el diálogo y los buenos modos no han dado resultado. Ya verá como el gobierno central empieza a respetar a los extremeños de los que usted es presidente. En este guirigay en el que han convertido España es la única manera de que te solucionen los problemas: por las bravas.

Y no admita en Extremadura ningún Consejo de Ministros hasta que a nuestra comunidad autónoma se le otorgue un trato digno desde Moncloa. Al menos el mismo que se concede a los separatistas catalanes.