EL INCIERTO FUTURO DE LA MARINA DE
VALDECAÑAS
Hace
unos cuantos años los terrenos conocidos como Isla de Valdecañas con una
extensión de unas 114 ha, sobre los que hoy se levanta la urbanización de alto
standing Marina de Valdecañas, estaban ocupados por masas de eucaliptos y
matorrales de escaso valor ambiental.
En
el año 2003 esta área y toda la limítrofe al embalse de Valdecañas, con una extensión
de 7.459 ha fue declarada por la Junta de Extremadura como ZEPA (Zona de
Especial Protección de Aves) denominada “Embalse de Valdecañas” e incluida en
la Red Europea Natura 2000.
En
abril de 2007 la propia Junta de Extremadura declaró la construcción de la
urbanización como PIR (Proyecto de Interés Regional) con el fin de legalizar la
ejecución posterior de la obra. Se construyó una primera fase con 185 villas de
lujo, hotel, campo de golf e instalaciones complementarias: piscinas, playa
artificial, jardines, embarcadero…etc.
Asociaciones
ecologistas consiguieron que los tribunales de justicia declararan esta
urbanización como ilegal por estar construida sobre la ZEPA, que es una zona
protegida. Actualmente se está pendiente de la ejecución de sentencia sobre la
misma.
Parece
que los estudios que sirvieron de base para declarar esta ZEPA no eran muy
completos a juicio de los expertos del CSIC de la Estación Biológica de Doñana,
a los que el TSJEX (Tribunal Superior de Justicia de Extremadura) ha encargado
un informe ambiental para valorar la solución futura más conveniente para esta
urbanización de lujo de cara a la ejecución de la sentencia: demolición y
restauración ambiental, restitución a su estado inicial o conservación de lo
hecho.
De
igual modo en el informe de esos expertos se reconoce que el valor ambiental de
la Isla no era extraordinario. ¿Y siendo así por qué se incluyó en la ZEPA? De
igual modo dicho informe echa de menos la existencia de datos ambientales antes
de la construcción del complejo. Estas consideraciones son indicio de que la
declaración de esta ZEPA por parte de la Junta de Extremadura se hizo como poco
de manera un tanto precipitada. La política ambiental lo dominaba todo pensando
erróneamente que iba a ser la solución para Extremadura. Se ha demostrado que
estas políticas conservacionistas son un craso error si no se complementan con
firmes políticas de desarrollo que en Extremadura brillan por su ausencia.
No
obstante, me asalta una duda respecto de este informe del CSIC ¿Cómo es posible
que el resto de la superficie que queda de la ZEPA, si se excluye la Marina de
Valdecañas y que suma 7.345 ha, no tenga capacidad de acogida para la fauna que
habitaba en las114 ha ocupadas por la urbanización (el 1,52 % de la superficie
total de la ZEPA)? ¿Esta circunstancia se ha estudiado a fondo en el informe?
Porque da la impresión de que se produce una fragmentación en el estudio del
CSIC. Considera dos conjuntos inconexos: por un lado, la Marina de Valdecañas y
por otro el resto de la ZEPA. Lógicamente ha de haber interacciones entre
ambas.
Las
organizaciones ecologistas promotoras de la iniciativa para la demolición de la
urbanización se muestran eufóricas porque, según ellos, el informe del CSIC les
da la razón y propugna la demolición y restauración ambiental como mal menor
desde el punto de vista ambiental, que es el único considerado por ellos. Los
impactos económicos y sociales parece que no han de tenerse en cuenta.
Creo
que el Tribunal va a tener que hilar muy fino cuando dictamine sobre la
ejecución de la sentencia. El valor ambiental de la Isla de Valdecañas que, el
propio informe del CSIC considera como no extraordinario, no debiera interferir
negativamente en las condiciones socioeconómicas de un área muy castigada, con
un bajo nivel de desarrollo y para la que la construcción de esta urbanización
de lujo ha supuesto una inyección de oxígeno para fijar la población e
incrementar sus débiles rentas.
Si
el tribunal opta por la demolición de lo construido con una restauración
ambiental o la restitución a su estado inicial y no se mantiene la urbanización,
nos encontraremos ante dos situaciones muy negativas: una que la zona volverá
al subdesarrollo anterior, y otra que todos los extremeños a través de la Junta
de Extremadura habremos de indemnizar a los promotores de la obra con el lucro
cesante y restitución de lo invertido, ya que la urbanización tenía todas las
bendiciones autonómicas para su construcción. Difícil papeleta para los jueces.
Espero
que este episodio servirá de lección a los políticos extremeños para no llevar
a cabo más protección del territorio. Sobre todo, si esta se hace sin estudios
muy concienzudos sobre el particular.
Parece
que Extremadura que ocupa el furgón de cola del desarrollo español, con la
menor renta y PIB per cápita de España, debería abandonar ya el camino
conservacionista si no quiere que la emigración alcance límites insostenibles y
convierta a la región en un desierto.
Una
cosa es proteger las áreas de alto valor ambiental, a lo que nadie debería
oponerse, y otra es convertir Extremadura en un parque natural, sin desarrollo
posible. Eso tiene un precio y habría que ver si los extremeños estamos
dispuestos a pagarlo. Y no sólo los ecologistas.
Por
eso tal vez sería muy urgente que la Junta de Extremadura revisara las zonas
protegidas existentes liberando de esta protección a todas aquellas que no
tengan un valor ambiental destacado. De lo contrario el desarrollo extremeño
continuará siendo muy precario o inexistente. Y como consecuencia Extremadura
será difícil que levante cabeza.
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