LECCIONES DE UNA TRAGEDIA EVITABLE
España
es un país en el que se legisla de manera exhaustiva. Casi todo está regulado
con minuciosidad incluso de forma prolija. Disponemos de normativa europea y
nacional, autonómica y local para dar y tomar. No será por falta de leyes.
El
problema surge cuando esta legislación no se cumple y al infractor no le pasa
nada o le ocurre muy poco. Ahí está el ejemplo paradigmático de Cataluña. Allí
sus órganos de gobierno, legislación y administración se pasan las leyes por el
arco del triunfo sin consecuencias para los que las infringen. Sólo cuando la
cosa es tan gorda como una declaración unilateral de independencia, se produce
una intervención a fondo del poder judicial. Que ya veremos en qué queda.
La
reciente tragedia que ha costado la vida al niño Julen Roselló en Málaga, es un
ejemplo de lo que digo. Un sondeo de 25 cm de diámetro seco y además ilegal,
queda sin sellar y tapar. En sus juegos, el crío se desliza por los bordes y
cae en el mismo. Rescate dificilísimo en el que se han empleado todos los
medios personales y técnicos posibles. Sobre eso no hay nada que objetar. En mi
opinión las cosas se han hecho correctamente dadas las dificultades existentes
y la premura necesaria en las actuaciones. Pero el resultado ha sido el peor
imaginable. Por desgracia.
Solamente
ha sobrado una cobertura mediática desmesurada, en muchos casos con
participación de tertulianos que no tenían idea del tema y acompañada en algunas
ocasiones de la publicación de “fake news” (noticias falsas).
Un
sondeo ilegal, sin permiso alguno, se ha cobrado la muerte de un niño y ha
dejado sumida a la familia en el dolor y la desesperación.
Es
seguro que, si se hubiera cumplido la legislación en materia de alumbramiento
de aguas esta desgracia podía haber sido evitada. El Texto Refundido de la Ley
de Aguas y sus reglamentos, junto a la legislación de minas indican claramente,
los permisos y actuaciones que han de llevarse a cabo cuando se realiza una
perforación en busca del líquido elemento. Se obtenga o no se obtenga agua. El
pozo o sondeo ha de quedar protegido si se encuentra el preciado líquido o
sellado si la perforación es negativa.
En
nuestro país, desde hace mucho tiempo se vienen haciendo sondeos ilegales, sin
que los organismos competentes tomen cartas en el asunto. Se ha instaurado la
política de mirar para otro lado sin sancionar a los infractores. Y sé de lo
que escribo. Por las razones que sean especialmente por la búsqueda del voto,
los pecadores se van de rositas. Y esta afición al sondeo ilegal sigue en pie y
se ha extendido cual mancha de aceite por toda España, especialmente por las
regiones áridas o semiáridas con acuíferos potentes: La Mancha, Andalucía,
Levante y Cataluña, por ejemplo. Pero se da en todo nuestro país sin distinción
de regiones.
Dentro
del conjunto de pozos o sondeos ilegales, cuyo número estimado por el
Ministerio de Medio Ambiente en 2006 era de unos 500.000, debe de existir un
buen porcentaje de ellos que está en las mismas condiciones de peligrosidad que
el que se ha cobrado la vida de Julen. Y que son una amenaza potencial para la
integridad de los ciudadanos. La cifra de 500.000 pozos ilegales significa que
aproximadamente hay en España 1 pozo ilegal por km2. Equivale a uno cada 100
ha. Preocupante como mínimo.
La
vigilancia de estas actuaciones ilegales ha ido a menos en la medida en que las
Confederaciones Hidrográficas y sus Comisarías de Agua encargadas de esta
misión han ido disponiendo cada vez de menos medios para llevarla a cabo. Los
políticos se han dedicado a mirar para otro lado, reduciendo al mínimo el
número de sanciones por la apertura de estas obras ilegales. Les importan mucho
más los votos que las vidas de los Julen de turno o que los daños que estos
pozos ilegales causan en los acuíferos de los que extraen el agua. La
sobreexplotación de estos mantos de agua subterránea les trae al fresco a los
dirigentes, que pasan olímpicamente tanto del perjuicio que causa a los usuarios
legales del agua, como del daño medioambiental que producen en la masa de agua
subterránea.
Nadie
se preocupa de solucionar el problema. Este se ha convertido en una bola de
nieve que en estos momentos tiene muy difícil solución. No se vigilan estas
obras en el medio rural: la guardería rural que podía haber llevado a cabo una
importante labor de detección en esta materia ha desaparecido y los medios con
los que cuentan las comisarías de agua o el Seprona son cada vez más escasos.
La culpa como siempre de la crisis. Aunque esta situación viene de mucho antes
de las vacas flacas. Este cáncer lleva instalado en España desde hace un montón
de años.
¿Y
qué hacemos ahora? Pues como primera
medida aplicar con rigor las leyes existentes. Eso sería lo menos que habríamos
de hacer. Y lo segundo vigilar el estado de todos estos pozos y sondeos,
denunciando la situación y obligando a los propietarios o titulares a tomar urgentes
medidas de protección de estas instalaciones cuando no dispongan de ellas.
Me
temo que la sensibilidad social por la muerte de Julen durará unos pocos días.
Y luego volveremos a las andadas, a mirar para otro lado y a consentir que cada
uno haga de su capa un sayo sin cumplir las leyes. Es lo nuestro. La picaresca se
inventó en España. El Lazarillo de Tormes y compañeros mártires son españoles.
Y en consecuencia somos destacados maestros en la materia.
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