LA SENTENCIA SOBRE LA MARINA DE VALDECAÑAS Y LOS ESPACIOS PROTEGIDOS.

Hace pocos años los terrenos sobre los que hoy se asienta la urbanización de alto standing denominada Marina de Valdecañas, que tiene una superficie de 114 ha, estaban ocupados por eucaliptos y matorrales de dudoso valor ambiental.

En el año 2003 esta área y toda la limítrofe al embalse de Valdecañas, con una superficie de 7.459 ha fue declarada por la Junta de Extremadura como ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves) denominada “Embalse de Valdecañas” e incluida en la Red Europea Natura 2000.

En abril de 2007 la propia Junta de Extremadura declara a la zona objeto de la urbanización como PIR (Proyecto de Interés Regional) con objeto de legalizar su ejecución. Se construye una primera fase con 185 villas de lujo, hotel, campo de golf e instalaciones complementarias: piscinas, playa artificial, jardines, embarcadero…etc. Esta actuación supone la generación de alrededor de 300 puestos de trabajo, que es la solución del paro en los municipios aledaños de El Gordo y Berrocalejo, y una fuente de apreciables ingresos para la comarca.

Asociaciones ecologistas recurren la legalidad de que se autorice un PIR dentro de una ZEPA de la Red Natura 2000. Ganan el pleito en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y pese a que en el paréntesis entre sentencias el ejecutivo autonómico trató de legalizar la situación modificando la Ley del Suelo, el Tribunal Supremo ha ratificado hace unos días la sentencia del tribunal extremeño. Y eso que la superficie afectada representa nada más que el 1,52 % del total de la ZEPA. Pero la ley es la ley: Dura lex, sed lex, como reza el latinajo.

Ante lo ocurrido habría que reflexionar sobre la conveniencia para Extremadura, de continuar con la política de declarar zonas protegidas a troche y moche, y con escaso rigor científico, como ha hecho hasta ahora la Junta Autonómica. Ya tenemos protegido del orden del 33 % del territorio de la región. Y esta circunstancia será, muy probablemente, un corsé para nuestro desarrollo, puesto que en las áreas protegidas sólo pueden llevarse a cabo actividades económicas muy suaves, que no generan prácticamente empleo, ni tienen consecuencias económicas relevantes.

Parece que Extremadura que ocupa el furgón de cola del desarrollo español, con la menor renta y PIB per cápita de España, debería evitar recorrer ese camino si no quiere que la emigración, que ya se está produciendo, alcance límites insostenibles y convierta a la región en un desierto.

Una cosa es proteger las áreas de alto valor ambiental, a lo que nadie debería oponerse, y otra es convertir Extremadura en un parque natural, sin desarrollo posible. Eso tiene un precio y habría que ver si los extremeños estamos dispuestos a pagarlo. Y no sólo los ecologistas.

Por eso tal vez sería conveniente revisar las zonas protegidas actuales liberando de esta protección aquellas que no tengan un valor ecológico destacado. De lo contrario el desarrollo extremeño continuará siendo muy precario. Y como consecuencia Extremadura será difícil que levente cabeza.