CAMBIO CLIMÁTICO, INUNDACIONES, EMBALSES Y TRASVASES

Los expertos del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) aseguran que sus modelos de estudio del cambio climático predicen que, si continúa el calentamiento de la atmósfera, se dará una mayor frecuencia de fenómenos extremos como son las lluvias torrenciales causantes de inundaciones y las sequías, entre otras consecuencias.

Parecen confirmar esta teoría los episodios de inundaciones acaecidos el pasado verano en Alemania y Bélgica con graves daños personales y materiales, así como los acontecidos en los últimos años en España y los de hace unos días en Navarra, Aragón y La Rioja en donde el río Ebro ha inundado y arruinado miles de hectáreas de cultivo, por tercera vez en unos años, y, anegado cascos urbanos de diferentes localidades entre ellas Tudela y Zaragoza. También parece avalar las predicciones del IPCC el bajo nivel actual de reservas en los embalses de las cuencas hidrográficas del sur de España, especialmente en las del Guadiana y Guadalquivir, que son heraldo de una cercana sequía.

Hay otro grupo de especialistas que aseguran que estos fenómenos vienen ocurriendo hace muchos años debido a la variabilidad climática natural que se da en la Tierra a causa de cambios en la actividad del Sol.

Tengan razón unos u otros, parece necesario que haya que tomar algunas medidas para defendernos de los posibles efectos del cambio climático o de la variabilidad climática en relación con estos fenómenos extremos.

En mi opinión se debiera actuar en varios frentes. Los detallo a continuación.

Mitigar los efectos del cambio climático disminuyendo las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEIs);  laminar las avenidas abordando las obras hidráulicas de regulación necesarias y acondicionar los cursos de agua para que sus secciones hidráulicas puedan evacuar el máximo de caudal; regular mejor las cuencas de modo que podamos almacenar agua en épocas de lluvias torrenciales, para usarla en los períodos de sequía y por último estudiar posibles trasvases desde cuencas con altos excedentes a otras que son deficitarias.

Con la adopción de estas medidas de mitigación y adaptación es probable que podamos reducir los efectos del cambio climático y minimizar las consecuencias de las inundaciones por lluvias torrenciales, a la par que almacenamos y distribuimos estos excesos de lluvia para defendernos de las sequías que puedan producirse.

Además, habría que delimitar las posibles zonas inundables utilizando períodos de retorno mayores para determinar las precipitaciones de diseño, prohibiendo nuevas construcciones permanentes en estas áreas y amortizando progresivamente las que existan actualmente

Estas medidas conjuntas hay que acometerlas a la mayor brevedad. La disminución de emisiones de GEIs ya está en marcha con objetivos marcados en París y Glasgow para evitar que la temperatura se eleve más de 1,5 ºC lo que en opinión de los expertos aminoraría los efectos del cambio climático y nos situaría en un escenario más favorable. Escenarios con elevaciones de la temperatura por encima de esa cifra provocarían efectos más graves.

Para mitigar el cambio climático hay puestas en marcha un buen número de medidas que pretenden la descarbonización de la sociedad con horizontes en los años 2030 y 2050 de modo que se reduzcan las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y de otros GEIs (metano, fluorocarbonados…etc.).

Otro tipo de medidas a llevar a cabo, que serían de adaptación, es el control de las avenidas producidas por las lluvias torrenciales mediante nuevas obras de regulación, embalses bien diseñados que laminarían los efectos de aquellas y al tiempo acumularían agua para usarla en los períodos de sequía, asegurando de paso los caudales ecológicos necesarios para conseguir el buen estado de las masas de agua que propugna la Directiva Marco del Agua (DMA). En este sentido hay que mejorar la regulación de todas las cuencas en general y especialmente de aquellas cuya regulación es menos completa como son: Guadiana, Guadalquivir y las cuencas internas de Andalucía.

Se completarían las actuaciones con la ejecución de labores de limpieza y mantenimiento de los cauces de modo que su sección hidráulica se encuentre siempre expedita para evacuar el máximo de avenida posible y evitar o reducir los efectos perniciosos de la inundación.

La ejecución de estas obras hidráulicas no gusta a las organizaciones ecologistas que prefieren que los ríos discurran en su estado natural con el riesgo que esto conlleva en el control de las avenidas y en los efectos de las inundaciones.

Respecto a los trasvases que es un tema muy controvertido, parece ilógico que excesos notables de agua se viertan al mar, si puede hacerse un aprovechamiento racional de estas aguas excedentarias. Sin que ello deba suponer afecciones medioambientales ni a las cuencas cedentes ni a las desembocaduras de los ríos que cedan las aguas.

Quizá habría que retomar el trasvase del Ebro a Levante, asegurando que no hay efectos medioambientales negativos ni en la cuenca en general ni en la desembocadura y el Delta en particular. Este trasvase creo que fue derogado precipitadamente por un tema de ideología y no de racionalidad. Otra solución podría consistir en incorporar el exceso del agua del Ebro al sistema Entrepeñas – Buendía llevándolo al río Tajo a través de su afluente el río Gallo. Hay otras posibles soluciones que podrían estudiarse. Insisto que ha de tratarse siempre de aguas claramente excedentarias. No puede perjudicarse a la cuenca cedente. En ningún caso.

Todas estas medidas hay que ponerlas en marcha con prontitud. Todo menos esperar mano sobre mano que se produzca otra “dana” o gota fría que arruine la economía de miles de familias, con el riesgo de producir daños personales como ha ocurrido en otras ocasiones.

Suspenderé la publicación del blog hasta el viernes 7 de enero. Doy las gracias por su atención a los lectores y les deseo una Feliz Navidad y que el año 2022 sea excelente para todos.

 

 

REGADÍOS EN EL CANDELERO: LA JORNADA TÉCNICA DE FENACORE

FENACORE es el acrónimo de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes. Están asociadas a ella la inmensa mayoría de comunidades de regantes de España y sus federaciones de cuenca, agrupando a miles de regantes y millones de hectáreas de riego. FENACORE es una genuina y potente representación del regadío español.

Hace unos días ha celebrado en Madrid su XX Jornada Técnica bajo el lema: El Regadío, Una respuesta a la Agenda del Gobierno.

Tuve la oportunidad de asistir a la jornada. Se apreciaba en el ambiente una gran preocupación en relación con el contenido de los planes hidrológicos actualmente en exposición pública. Esta inquietud de los regantes quedó reflejada con meridiana claridad en el discurso del presidente de FENACORE, Andrés del Campo.

En la redacción actual de los planes hidrológicos, que corresponden al tercer ciclo de planificación y que se extenderán al período 2022 – 2027, el Ministerio de Transición Ecológica y del Reto Demográfico (MITERD) sin tapujos ni disimulo alguno pone los aspectos ambientales del agua por encima de cualquier otro objetivo, dejando en un segundo orden de jerarquía un aspecto tan importante en la planificación hidrológica como es el de la satisfacción de las demandas de los usos socioeconómicos entre ellos el regadío, lo cual afecta sensiblemente a los regantes y por tanto a sus comunidades y a FENACORE.

Un segundo aspecto que preocupa es cómo quedará en su redacción final el Plan Estratégico para España que regulará la Política Agraria Común (PAC) a partir de 2023 y especialmente la trascendencia de los nuevos ecoesquemas que se introducen y que suponen un giro medioambiental más en la política agraria europea.

La mesa redonda de más interés fue, en mi opinión, la denominada: Los caudales ecológicos en la planificación hidrológica. La impartieron dos expertos de un gran nivel como son Antonio Fanlo, catedrático de la universidad de la Rioja y Luis Garrote catedrático de la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid.

Antonio Fanlo destacó los aspectos jurídicos del régimen de caudales ecológicos que fueron introducidos en España incluso antes de la promulgación de la Directiva Marco del Agua (DMA) pues ya el gobierno de Aznar en 1998 – 99 introdujo los caudales ecológicos como restricción previa a los sistemas de explotación. Este aspecto fue empeorado por el gobierno de Zapatero y Rajoy lo empeoraría todavía más.

En la actualidad estamos ante un perverso escenario que en resumen es: primero se atienden los caudales ecológicos y lo que resta lo empleamos en la satisfacción de las demandas de los usos socioeconómicos entre ellos el regadío. Todo ello sin estudio económico alguno previo que recogiera el coste de introducir con el grado excluyente de preferencia los caudales ecológicos y su afección a concesiones preexistentes.

La falta de este estudio, junto al carácter retroactivo de la aplicación podrían ser algunas de las bases para exigir indemnizaciones en caso de perjuicios a los usos socioeconómicos.

Ante esta anomalía jurídica que afecta a usos preexistentes (la mayoría de las zonas regables españolas) que son anteriores a la introducción con carácter retroactivo de la preferencia de los caudales ecológicos en la normativa española, ahora se pretende llevar a cabo una concertación “manu militari” que dada la preferencia de los caudales ecológicos puede convertirse en un chalaneo sin ninguna base jurídica ni técnica.

Del aspecto técnico se encargó Luis Garrote que nos alertó de dos cuestiones principales. Una es que la aplicación a los mismos tramos de río de métodos hidrológicos o hidrobiológicos da resultados dispares que pueden variar del orden de 5 y 25 veces. Lo cual nos da idea de que no existen métodos homogéneos y homologados para estimar o calcular los caudales ecológicos. Nos aseguró que no hay un modelo definitivo de cálculo y que los obtenidos por métodos hidrobiológicos son incompatibles con el régimen natural de los ríos.

La segunda e importante cuestión tratada fue la constatación de cómo afecta el régimen de los caudales ecológicos a la disponibilidad de agua para otros usos socioeconómicos y por tanto para los regadíos. Ya que los caudales ecológicos hay que suministrarlos desde las estructuras de regulación (embalses) que se hicieron para atender las garantías de los usos socioeconómicos.

La regulación media en régimen natural en España es del orden del 9 % de la aportación por lluvias. Gracias a la regulación artificial construida, esta regulación es del 44 % de la aportación como media nacional. Hay variaciones entre cuencas que han de tenerse en cuenta.

Pues bien, según sus cálculos y referido a la media de España (regulación del 44 % de la aportación por lluvias) si se usa como caudal ecológico el percentil del 5 % la regulación disponible bajaría al 30 %, si se usa el percentil 10 % se reduce al 27 % y si se toma el percentil del 15 % queda reducida al 25 %. Tremenda la afección a las garantías de los usos y por tanto a los regadíos que dispondrán de mucha menos agua.

El ministro de Agricultura, cerró la sesión con un extenso discurso, destacando la importancia del regadío sostenible y rentable, y dando cuenta de las cantidades del Fondo Europeo Next Generation que se destinarán a la modernización de los regadíos (563 M€) que permitirá la actuación sobre unas 100.000 ha, más las inversiones propias de su ministerio que se estiman en 410 M€ para el período (2018 – 2027). Quitó importancia a posibles problemas de la nueva PAC.

 Lo que no explicitó es en que forma su ministerio, de quien dependen los regadíos, defenderá a estos frente a decisiones de otros ministerios como el de Transición Ecológica con sus planes hidrológicos totalmente ambientalistas o el de Consumo con sus ataques indiscriminados a productos tales como el aceite de oliva, el jamón, las carnes rojas o el azúcar.

En conclusión, hay que felicitar a FENACORE por su XX Jornada Técnica y desear que este acontecimiento se repita en años próximos. Es vital para los regantes poder intercambiar impresiones en este foro.  

 

 

REBELIÓN EN EL SECTOR AGRARIO

Hay inquietud y una gran preocupación en el sector agrario. Un sector que es estratégico para la economía nacional y vital para muchas regiones españolas, ve como de un tiempo a esta parte surgen amenazas a su supervivencia, ante la indiferencia de una sociedad mayormente urbanita que ignora qué es y qué hace el sector.

A esta sociedad que reside en la ciudad le queda muy lejos el medio rural tanto en distancia física como en empatía con él. No le da importancia. Y eso que sus mesas siempre han estado bien abastecidas gracias a unas producciones agroalimentarias que han llegado a precios razonables para estos urbanitas. Incluso en épocas tan difíciles como la pandemia.

Un conjunto de decisiones tomadas tanto en Europa como en España por unos burócratas muy ecologizados que parece que desconocen lo que es el sector agrario, y su importancia estratégica, están haciendo un apreciable daño al campo español.

Funcionarios de la UE que dictan normas sin tener en cuenta las peculiaridades de unos países como son los del arco mediterráneo europeo, con una climatología absolutamente distinta a la que existe en Centroeuropa, a los que se les exige comportamientos que a veces son de imposible cumplimiento. Es el caso de España que está ubicada en ese arco mediterráneo. Es muy grave que los dirigentes de la administración española no hayan sido capaces de explicar en Bruselas estas diferencias. Muy al contrario, aplican las normas europeas con la fe del converso.

Durante años se ha dado un marco de precios estabilizados de los productos agrarios y subidas imparables de los precios de los insumos, especialmente los habidos en los últimos tiempos con escandalosos incrementos de precios en la electricidad, los combustibles, los fertilizantes, las semillas, los fitosanitarios, el coste del agua de riego y los costes salariales entre otros. Este escenario perverso está llevando contra las cuerdas a la capacidad de pago de las explotaciones agrarias y, en consecuencia, a su rentabilidad, de modo que, a pesar de los esfuerzos llevados a cabo para modernizarse, no ven la manera de obtener unos beneficios que proporcionen un nivel de vida digno a sus titulares.

Un Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación empequeñecido y con cada vez menos competencias, que es el que debiera defender al sector agrario, aunque lo intenta y creo en la buena fe del ministro, está sometido a decisiones de otros ministerios que dictan normas que afectan gravemente al sector agrario sin que desde el departamento que lo tutela se haga nada eficaz para impedirlo.

Les pongo un par de ejemplos. Pero hay muchos más.

A un sector de importancia fundamental para la economía española como es el regadío, desde el Ministerio de Transición Ecológica, curiosamente también denominado del Reto Demográfico, lo están hundiendo con decisiones tomadas en los planes hidrológicos en donde se priorizan los aspectos ambientales del agua sobre la satisfacción de las demandas de los usos socioeconómicos entre ellos el regadío.

En España, en donde en régimen natural durante el estiaje, la mayoría de los ríos presenta un caudal que tiende a cero, se implantan en ellos caudales ecológicos durante todo el año como restricción previa a los sistemas de explotación. Un barbaridad jurídica y técnica denunciada por muchos especialistas, pero a la que hacen caso omiso desde el Ministerio de marras que más parece estar conducido por ecologistas radicales que por dirigentes imparciales.

Se aplica un principio funesto: primero se aseguran los caudales ecológicos y con el agua que sobra se atienden los usos socioeconómicos. Sólo se exceptúan los abastecimientos urbanos, cuando no haya recursos alternativos. Faltaría más.

Estos caudales ecológicos se suministran desde los embalses que se construyeron precisamente para asegurar las garantías de los usos socioeconómicos entre otros el regadío, sin que se prevean nuevas estructuras de regulación ya que nos les gustan a los ecologistas. Con lo cual se disminuyen las garantías de los regadíos sin buscar solución al problema.

Desde el Ministerio de Consumo, sin encomendarse a Dios ni al diablo, se pretende aplicar el NutriScore que contiene unos semáforos de colores para los productos agroalimentarios. El aceite de oliva y el jamón salen malparados y figuran como productos poco menos que peligrosos para la salud. Cuando forman parte de la dieta mediterránea que siempre ha sido considerada como saludable. Y desde el departamento se ataca sin piedad a las carnes rojas o al azúcar.

Ahora se va a poner en marcha una nueva ley de la cadena alimentaria en la que se asegurará un precio mínimo a los productos en origen para que al menos se cubran los costes de producción. Porque los incrementos de precios en los insumos los repercute al consumidor la distribución principalmente, sin que el sector primario pueda hacerlo en la mayor parte de los casos. Ya que no comercializa directamente.

A todo esto, se une un descontrol en las importaciones de productos agrarios extranjeros a los que no se les exige las mismas condiciones laborales, de sanidad o trazabilidad que a los españoles. Y eso es competencia desleal.

Por todas estas causas el sector agrario se rebela contra aquello que considera una flagrante injusticia. Y de ahí el notable número de manifestaciones que están teniendo lugar a lo largo y ancho de España, las cuales irán en aumento si no se toman medidas eficaces por parte de la administración.

España no puede permitirse el lujo de destruir un sector agrario que es estratégico para la sociedad y así está considerado es los países más avanzados que mantienen sectores agrarios muy potentes. Si por desgracia sucediera que España en lugar de exportar alimentos como ocurre ahora, pase a depender su alimentación de terceros países, los consumidores españoles lo pasarán mal.

Así que los ciudadanos deberían conocer mejor el sector agrario y apoyarlo. Es de un alto interés para ellos que se mantenga como un sector potente y respetado.

 

INJUSTA SITUACIÓN DE LA SANIDAD PÚBLICA EN PLASENCIA

En una entrada de hace un tiempo en este mismo blog dábamos cuenta del lamentable estado en que se encontraba la sanidad pública en el área de salud de Plasencia.

En esta área de salud y en su hospital principal han sucedido episodios esperpénticos. Continuada falta de especialistas de diversas áreas; varios, creo que 6, quirófanos cerrados e inoperantes durante años por problemas administrativos. En fin, un cúmulo de adversidades de difícil explicación.

Es sabido que Plasencia queda muy lejos de Mérida y de los jerarcas del SES que allí moran y deciden, y que el problema viene de lejos, pero es que la situación actual de la sanidad pública en el área de salud placentina roza la desvergüenza y muestra la desigualdad existente entre extremeños en la prestación de un fundamental servicio como es la sanidad.

He examinado los datos de la Memoria de la Defensora de los Usuarios del Sistema Sanitario Público de Extremadura del año 2020 (último publicado) y lo que ocurre en el área de salud de Plasencia es sencillamente injusto a fuer de vergonzoso.

Veamos la penosa situación que viven los placentinos y los habitantes de su área de salud con datos oficiales.

Examinaremos los aspectos más importantes y decisivos para la atención a los pacientes que son las listas de espera quirúrgicas y el tiempo de espera para primera consulta con especialista.

El tiempo de espera quirúrgica en el área de salud de Plasencia es de 246,78 días el máximo de Extremadura, seguida por el área de salud de Cáceres con 228,06 días ambas muy por encima de los 180 días que se considera el máximo de espera. En el área de Mérida la capitalidad autonómica el tiempo de espera es de 81,49 días. Quiere decirse que un enfermo del área de salud de Plasencia tarda un tiempo en ser atendido 3 veces mayor que uno del área de salud de la capital autonómica.

Si examinamos la ratio número de pacientes en espera quirúrgica por 1.000 habitantes Plasencia vuelve a ocupar el primer lugar con un valor de 39,62 seguida otra vez de Cáceres con 38,88. Para la capital autonómica este valor es de 12,18. Esta ratio es 3,25 veces superior en la capital del Jerte que en Mérida.

Como dato vergonzante aquí tienen los tiempos de espera de algunas especialidades quirúrgicas en Plasencia extraídos de la Memoria que estamos analizando:

·        Hiperplasia Benigna Próstata, 855,71 días.

·        Hernia inguinal/crural, 609,98 días.

·        Sinuspilonidal, 599,22 días.

·        Túnel carpiano, 584 días.

·        Prótesis de cadera, 571 días.

En cuanto a pacientes en espera para primera consulta de especialista, Plasencia con 87 pacientes por cada 1.000 habitantes es la que presenta mayor número de enfermos en espera seguida de Don Benito-Villanueva, con 77 pacientes por cada 1.000 habitantes. Mérida presenta un valor de 20 para este índice. Esta ratio es 4,35 veces mayor en Plasencia que en Mérida.

Plasencia lidera una vez más la clasificación con 191,5 días de espera media para una primera consulta con especialista. La sigue el área de Don Benito – Villanueva con 176,53 días de espera. Ambas exceden ampliamente el período máximo de 60 días recogido en la Ley 1/2005 de tiempos de respuesta en la atención sanitaria especializada en el Sistema Sanitario Público de Extremadura. La capital autonómica presenta un valor de 38,01 días, el más bajo de Extremadura. En este aspecto un enfermo placentino tarda 5 veces más en ser atendido que uno emeritense.

Como se ve hay una absoluta desigualdad entre los tiempos de atención a los pacientes según pertenezcan a una u otra área de salud de Extremadura, siendo el caso placentino especialmente grave. Parece que a los jerarcas del SES y de la Consejería en Mérida les importa un pimiento lo que ocurre en Plasencia. No así lo que ocurre en el área de Mérida que tiene un trato privilegiado.

Creo que sería urgente que el SES lleve a cabo una serie de acciones en el área de salud de Plasencia, para revitalizar su hospital y sus centros de salud, de modo que el paciente de dicha área reciba al menos el mismo trato que la media del resto de áreas de salud extremeñas.

Es una injusticia social lo que está ocurriendo en el área placentina y han de tomarse medidas inmediatas para corregir estos despropósitos que se están padeciendo en Plasencia y su área sanitaria.

Me llama la atención la paciencia del alcalde de Plasencia y de los del área de salud consintiendo esta desigual situación de sus ciudadanos que están discriminados del resto de extremeños. Es inexplicable este grado de resignación y poca reivindicación para mejorar la situación. Deberían recordar el conocido refrán que dice: El que no llora, no mama.

Los jerarcas del SES no deberían olvidar que los pacientes del área de salud placentina pagan los mismos impuestos que los del resto de Extremadura y en consecuencia deberían recibir un tratamiento similar. Este gobierno autonómico que tanto lucha por la igualdad debería hacérselo mirar. Y actuar en consecuencia.

 

 

 

REGADÍOS MÁS EFICIENTES

El regadío tanto en España como en Extremadura está mejorando claramente su eficiencia y su sostenibilidad.

El proceso de modernización de regadíos se inició en 1998, tanto a nivel nacional como en el ámbito autonómico con la publicación de los primeros decretos de la Junta de Extremadura de ayudas a la modernización de las redes de riego titularidad de las comunidades de regantes. También la comunidad autónoma extremeña publicó decretos que establecían auxilios económicos a los agricultores para mejora y modernización del riego en parcela. Esta normativa ha dado sus frutos y hoy día tenemos unos regadíos mucho más eficientes en el uso del agua.

En este caminar de la modernización ha sido fundamental la actuación de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA) que ha llevado a cabo las actuaciones más importantes acometidas en las grandes zonas regables nacionales y extremeñas.

Los regantes han apostado fuerte por este proceso de modernización de sus regadíos aportando cuantiosos fondos, con el objetivo de mejorar la eficiencia del riego ahorrando agua y utilizando la energía de la forma más eficaz posible.

He llevado a cabo un estudio sobre la evolución de las superficies regadas y volúmenes de agua consumidos en el regadío en el período comprendido entre los años 2002 y 2018 (no hay datos del año 2017), tiempo en el que se dispone de datos completos tanto en España como en Extremadura. He utilizado para este estudio las cifras publicadas por el INE (Instituto Nacional de Estadística) en cuanto a consumos de agua y por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en sus Encuestas sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos en España (ESYRCE) en lo que concierne a las superficies de riego.

El parámetro a analizar más revelador de cómo ha evolucionado la situación es el consumo unitario (volumen de agua utilizado por unidad de superficie de riego, expresado en m3/ha: metros cúbicos por hectárea)

Para evitar las influencias climáticas variables de un año a otro he calculado las medias de los períodos (2006 – 2010) y (2013 – 2018, sin datos en 2017) que son las que he comparado para ver la evolución experimentada en los consumos de agua.

Los resultados que, resumidos, se exponen a continuación, no dejan lugar a dudas: los regantes españoles y en mayor medida los extremeños han ahorrado agua y han introducido con preferencia métodos de riegos de alta eficiencia como es el riego por goteo.

Teniendo en cuenta el consumo total de agua y la superficie total de riego, en España se ha pasado de consumir 4.808,1 m3/ha a utilizar 4.197,1 m3/ha lo que ha supuesto un ahorro de 610,9 m3/ha que representa un 12,7 %.

En Extremadura se ha pasado de un consumo de 6.833 m3/ha a utilizar 5.954,7 m3/ha lo que supone un ahorro de 878,3 m3/ha equivalente al 12,9 %.

La conclusión a la que nos llevan estos valores del consumo unitario es que los procesos de modernización han producido importantes ahorros de agua tanto en los regadíos de España como en los de Extremadura.

En cuanto a la introducción de métodos de riego de alta eficiencia como es el riego por goteo en España en 2002 había 992.560 ha de riego por goteo que suponían el 29,59 % del total del riego y en 2018 estas cifras eran de 1.917.780 ha que equivalían al 51,79 % de la superficie total de los regadíos.

En Extremadura se ha producido un notable incremento en el uso del riego por goteo pasando de 30.543 ha equivalentes al 11,7 % que había en el año 2002 a 150.101 ha o lo que es lo mismo el 53,56 % datos del año 2018.

Como se ve tanto en España como en Extremadura se ha apostado por el riego por goteo que utiliza mucha menos agua que el riego por aspersión e infinitamente menos que el de gravedad.

Hay que subrayar el importante incremento experimentado por el riego por goteo en Extremadura que ya supera en porcentaje del total de riego 53,56 % al existente en España que es el 51,79 %.

Estas cifras tan claras nos indican que hay que seguir en la senda de la modernización, cambiando los riegos por gravedad a los métodos de aspersión o goteo y especialmente a este último método que es el que presenta una mayor eficiencia en la aplicación del agua.

Hay que subrayar que en España se riegan todavía por gravedad 908.075 ha que representan el 24.52 % del total de la superficie de riego, mientras que en Extremadura se riegan por gravedad 89.858 ha que equivalen al 32,06 % del total. Sobre estas superficies es sobre las que hay que continuar con la modernización para conseguir un regadío más sostenible tal y como piden los poderes públicos y desean los regantes.

En este proceso de mejora de la eficiencia del riego han jugado un papel importante el uso por los regantes y por sus comunidades de las nuevas tecnologías. Especialmente la utilización de datos meteorológicos de las estaciones agrometeorológicos de la red SIAR del Ministerio de Agricultura y de la REDAREX de la Junta de Extremadura, junto al uso de imágenes satelitales de Landsat, Spot o Sentinel y programas asociados para determinar los coeficientes de cultivo (Kc) así como el uso del telecontrol para los riegos. Esta forma de actuar ha permitido fijar con precisión los consumos reales de agua de los cultivos y, en consecuencia, mejorar la eficiencia del riego, lo que permite ahorrar agua y energía y mejorar la sostenibilidad de nuestros regadíos.

 

 

¿CUÁL SERÁ EL FUTURO DEL TRASVASE TAJO - SEGURA?

El trasvase Tajo – Segura lleva en funcionamiento 42 años. Fue diseñado, proyectado y construido en su mayor parte durante la dictadura franquista, aplicando el ordeno y mando de la época.

El diseño y la justificación del trasvase presentan algunas trampas. La primera de ellas, la de mayor enjundia, consistió en que en el balance hídrico inter cuencas solamente se tuvieron en cuenta las aguas superficiales, dejando de lado las subterráneas de gran importancia en el Levante español.

La segunda trampa también de gran calado consistió en que se inflaron los datos de las aportaciones de las lluvias, no sé si por error o a sabiendas, para poder justificar un trasvase de 1.000 hm3 /año, luego reducido a un máximo de 600 hm3/año. Más tarde en 1985 sería incrementado en 50 hm3/año a trasvasar a la cuenca del Guadiana para salvar las Tablas de Daimiel, cosa que no se ha conseguido a tenor de la reducida superficie inundada en la actualidad: 65 ha. de las más de 2.000 ha inundables. ¿Qué fue del Plan Especial del Alto Guadiana y de la ingente cantidad de dinero gastado en la compra de derechos de agua?

El trasvase se proyectó con estudios hidrológicos equivocados. Se demuestra el error porque la serie hidrológica utilizada que comenzaba en 1941, a partir de 1980 ha sufrido una repentina disminución de aportaciones del 30 %. Lo que demuestra que se utilizaron datos inflados porque es prácticamente imposible que se produzca esa reducción tan drástica en las aportaciones en un corto período de tiempo.

En los 42 años de trasvase solamente se ha llegado una vez al máximo autorizado de 600 hm3/año y el trasvase medio está en el entorno de unos 320 hm3/año.

El segundo aspecto a considerar es la legalidad del trasvase. La ley del Plan Hidrológico Nacional de 2001 establece que una cuenca hidrográfica sólo puede ceder agua a otra si existen excedentes. Y en la cuenca del Tajo no hay agua excedentaria.

El Plan Hidrológico del Tajo 2015 - 2021 que se está revisando para el período 2022 - 2027 reconoce al menos cuatro sistemas de explotación deficitarios: Henares, Alberche, Tiétar y Árrago, en los cuales los usos de regadío no pueden ser atendidos con las garantías establecidas en la Instrucción de Planificación Hidrológica. Pues bien, a pesar de eso y en contra de la normativa vigente se mantiene el trasvase.

Parece disparatado que, desde el territorio de la cuenca comprendido entre la cabecera y Talavera de la Reina, el cual aporta solamente el 45 % de los recursos hídricos totales, pero que concentra el 85 % de las demandas, se trasvase un importante volumen de agua a otro ámbito de planificación hidrológica como es la cuenca del Segura.

El resultado es que en el tramo Aranjuez – Toledo – Talavera de la Reina, el río Tajo difícilmente puede mantener un caudal suficiente para conservar el curso de agua en unas condiciones ecológicas mínimamente aceptables y además transfiere a Extremadura un agua de muy baja calidad. Aquí también habría de tenerse en cuenta si la depuración en la conurbación de Madrid funciona adecuadamente.

Si se resolviera la situación de los sistemas deficitarios del Tajo, cosa que no se prevé en el borrador del nuevo Plan Hidrológico 22 – 27, podría pensarse en mantener un trasvase hacia Levante, siempre que a su vez se diera solución al problema de calidad y cantidad de agua que circula en el tramo Aranjuez, Toledo y Talavera estableciendo unos caudales ecológicos mínimos que habría que calibrar muy bien. Y asegurar también que el trasvase no afecta a los 2.700 hm3/año que hay que suministrar a Portugal por el Convenio de Albufeira. Ni condiciona los abastecimientos y usos de los núcleos de la cabecera del Tajo próximos al trasvase.

Por otra parte, habría que exigir a los usuarios levantinos disciplina en el uso del agua trasvasada. Me refiero con esto a la necesidad de clausurar los riegos ilegales que se llevaron a cabo a partir del año 1986 en que estaban prohibidos salvo casos excepcionales. Y eliminar el uso del agua para urbanizaciones y campos de golf que se han puesto en marcha sin que ese fuera el objetivo del trasvase.  

No obstante, el asunto presenta una gran complejidad, por los intereses existentes en el Levante español generados en estos 42 años de funcionamiento, que se mezclan con el inadecuado uso del agua que se hace cuando esta se aplica a riegos ilegales, que, en los planes hidrológicos del Segura se tratan de legalizar, cuando antes se estuvo mirando para otro lado y consintiendo su ejecución.

La desalación puede ser una solución complementaria al problema si se lleva a cabo un estudio racional del uso de todas las aguas: las del trasvase que previsiblemente habrá que reducir algo, lo que dependerá en gran medida de los caudales ecológicos que se fijen finalmente en el Plan Hidrológico del Tajo 22 – 27 en el eje Aranjuez – Toledo – Talavera; las subterráneas levantinas que han de utilizarse sin sobreexplotar los acuíferos y las desaladas cuyo proceso de obtención resulta ser más caro.

Aunque es comprensible la postura de Castilla la Mancha de derogar el trasvase en un cierto plazo, debería ser revisada y buscar junto con Extremadura, Madrid y las comunidades autónomas levantinas afectadas, un consenso que permita salvaguardar todos los intereses. Eso va a exigir cesiones parciales, solidaridad y generosidad por parte de todos. Y cumplir las condiciones antes enunciadas.

En las comunidades favorecidas por el trasvase debieran entender que, aunque paguen su tarifa, no se puede trasvasar un recurso como el agua, necesario para el desarrollo de una cuenca cedente deficitaria que, salvo Madrid y entorno, tiene un marcado carácter rural y unos niveles de desarrollo inferiores a los de las cuencas receptoras. No se debe desnudar un santo para vestir a otro.

 

 

 

EL COSTE DE LOS MATERIALES Y LA OBRA PÚBLICA

La relación contractual en las obras públicas más importantes en España, tiene su base en un pliego de cláusulas administrativas, un proyecto de ejecución debidamente aprobado con su pliego de prescripciones técnicas y una oferta económica de ejecución de la obra por parte del contratista adjudicatario, completado con unas fórmulas de revisión de precios.

También se establecen penalizaciones al contratista si se rebasan el plazo de ejecución de las obras o sus prórrogas legalmente concedidas.

En este proceso contractual se aplican dos principios básicos: Uno es el llamado Pacta sunt servanda: los pactos están para cumplirlos y de ahí nacen las obligaciones de las partes: la administración y el contratista. Pero también se aplica otro principio importante de la contratación. Se trata del denominado Rebus sic stantibus. Es decir, se mantiene todo mientras permanezcan las circunstancias en las que se suscribió el contrato. Por eso se incluyen en los contratos de obras públicas más importantes las cláusulas de revisión de precios. Para adaptar el contrato a las posibles oscilaciones de precios tanto al alza como a la baja que puedan tener lugar a lo largo del tiempo de vigencia del mismo.

Si hay estabilidad de precios de los materiales a lo largo del contrato, porque la inflación está próxima a cero, las cláusulas de revisión de precios dejan de tener importancia, pues las variaciones de los precios de los materiales influyen nada o muy poco en el coste final que la obra supone para el contratista y por tanto no tendrán repercusión práctica en los beneficios que el empresario tenga previsto obtener.

Pero en una situación como la que se está dando actualmente en España en la que los precios de las materias primas más importantes que se usan en las obras públicas, como son el aluminio, el acero, el cemento, los áridos, los asfaltos y betunes, la madera, los plásticos, la energía eléctrica y los combustibles, están experimentando incrementos notables e incluso existen ciertas dificultades de aprovisionamiento de alguno de ellos, la aplicación de las cláusulas de revisión de precios en los contratos de las obras públicas adquiere una notable importancia para asegurar que el beneficio empresarial no resulta menoscabado por esas alzas desmesuradas e imprevistas en los precios.

Los contratistas están haciendo patente su preocupación por estos importantes incrementos de los precios de los materiales que les afectan negativamente porque tienen que financiar las compras anticipadas de los mismos, antes de que se le apliquen las fórmulas de revisión de precios una vez que las publique el ministerio de Hacienda. Y cuando estas elevaciones en los costes son de gran calado como las que se están dando en estos momentos, el problema se agrava mucho más.

La situación del mercado de las obras públicas ha determinado que las bajas aplicadas por los contratistas para hacerse con los contratos han sido, en general, bastante fuertes, con lo que el beneficio empresarial que está por esta razón muy ajustado, se ve sensiblemente afectado por el importante encarecimiento experimentado en el coste de los principales materiales.

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) de España estima unos aumentos de precios muy considerables que están incrementando sensiblemente el coste de las obras. El precio de la madera se ha elevado en un 120 %, el del acero en un 55 %, los plásticos PE y PVC alrededor de un 45 %, el aluminio, los productos bituminosos y la electricidad lo han hecho en un 40 %, los combustibles en un 37 % y el hormigón en un 30 %.  Estos notables incrementos en los precios de los materiales que forman parte muy importante de las obras públicas están elevando los costes para el contratista en cantidades muy significativas, que están muy por encima de los precios del proyecto que sirvió de base a la contratación y por descontado del presupuesto de adjudicación.

 Pues bien, el ministerio de Hacienda no actualiza los índices de revisión de precios desde diciembre de 2020. Esta y las anteriores circunstancias han hecho que, según la CNC, el 25 % de las obras públicas han sido paralizadas por las contratas en espera de que se dé una solución a estos problemas de precios, a su revisión y también a los de suministro de determinados materiales.

Esta situación es de especial gravedad porque el final de la misma puede suponer importantes penalizaciones para los contratistas en la forma que figuren en los pliegos de prescripciones por rebasamiento de los plazos y prórrogas autorizadas en la ejecución, o lo que todavía es peor, puede llegarse a la rescisión del contrato.

Esta última circunstancia originará unos perjuicios notables no sólo al contratista sino también a la administración. El proceso de terminación de una obra que ha sido rescindida supone para la administración un coste final que supera con creces el del presupuesto de adjudicación inicial. Además, hay que habilitar un procedimiento de rescisión y poner en marcha un nuevo expediente de adjudicación, lo que origina importantes retrasos en la puesta en servicio de las obras.