EL TRASVASE DESDE PORTAJE EMPANTANADO ¿QUÉ HACEMOS?

El trasvase desde el embalse de Portaje para abastecer de agua a Cáceres y a varias poblaciones de su entorno, ha sido una obra muy controvertida desde su inicio y rechazada por el ayuntamiento cacereño y por algunos concejos de otras poblaciones incluidas en el proyecto de abastecimiento, debido a sus altos costes y a los elevados incrementos que sobre el importe actual sufrirían las tarifas a abonar por los usuarios.

Alguna plataforma ciudadana constituida al efecto también ha mostrado su rechazo a esta solución por considerarla la más onerosa para el usuario.

La obra de Portaje fue la alternativa elegida a otra solución mucho más barata como era la construcción de una presa en el río Almonte, la cual se desechó, debido a presiones de los ecologistas, por razones ambientales con escaso fundamento. No hay más que leer la DIA (Declaración de Impacto Ambiental) para concluirlo.

El trasvase de Portaje, se comenzó con prisas, con un proyecto improvisado que no había resuelto satisfactoriamente los cruces de los ríos Tajo y Almonte embalsados en Alcántara y que al parecer siguen sin una solución concreta. Cuando se ejecuten las nuevas obras de cruzamiento del embalse es altamente probable que haya sensibles incrementos del coste.

Desde el año 2007 la obra continúa en ejecución aunque en la actualidad está prácticamente paralizada, además de por problemas presupuestarios, por falta de acogida de sus potenciales futuros usuarios, que a través de muchos ayuntamientos ya han expresado su negativa a sufragar esta costosa obra, debido a los altos costes resultantes tanto de amortización como de su posterior explotación.

Con alrededor del 80 % de la obra ejecutada parece que su promotor, la Confederación Hidrográfica del Tajo, se plantea una posible paralización definitiva, llegando incluso a desistir de su finalización.

La toma de esta transcendente decisión nos conduciría al principio de la aventura. Y es la de que el embalse del Guadiloba complementado con el trasvase antiguo desde el Almonte no es suficiente para abastecer a la ciudad de Cáceres con la garantía que exige la planificación hidrológica. Y ante esta coyuntura ¿qué decisión se adopta?

Una salida al problema consistiría en retomar la construcción de la presa del Almonte, revisando su DIA con las circunstancias actuales. A esta solución con casi absoluta seguridad se opondrían los ecologistas, que consideran que el río Almonte es intocable y no admiten obra alguna de regulación a lo largo de su curso. A mayor abundamiento este río en su totalidad figura como reserva fluvial en el Plan Hidrológico del Tajo, con lo que prácticamente es intocable.

Otra solución sería la que ya propusimos en su día. Terminar el trasvase desde Portaje a pesar de las dificultades técnicas existentes, con lo cual no se desaprovecharía la inversión ya realizada, y que el Estado - y no los cacereños y  los habitantes de pueblos de su entorno usuarios de la obra – asuma el exceso de costes tanto de amortización como de explotación que supone abastecerse desde Portaje, sobre los que hubieran resultado de haberse construido la presa del Almonte.

Esta última solución sería, en mi opinión, la más conveniente pues se vería satisfecho todo el mundo. Los ecologistas dado que no se construiría la presa del Almonte salvaguardando los intereses ambientales. Los usuarios porque las tarifas a pagar serían equivalentes a las que hubieran tenido que abonar si el abastecimiento se hubiera hecho desde dicha presa. También el Estado porque no tiraría por la borda lo ya invertido en la obra de Portaje.

La alcaldesa de Cáceres parece que se muestra partidaria de que se culmine la obra iniciada para no perder la inversión hecha y se reduzcan los costes a abonar por los usuarios.

 Pero es tiempo de tomar decisiones cuanto antes. Las sequías en nuestro territorio surgen sin avisar. Y llevamos bastante tiempo de tregua. Y al nuevo trasvase de Portaje le queda todavía una parte muy importante de obra por ejecutar sin la cual no puede utilizarse.

“ACAVA CON JAMÓN”

Tranquilos que en el título de esta entrada no hay ninguna falta de ortografía. Si continúan leyendo lo entenderán.

El encabezamiento del post es un eslogan o mensaje que trata de difundir un creativo empresario del vino y del cava extremeños: Marcelino Díaz, de Almendralejo conocida hoy día como la ciudad del cava.

Ingeniero agrónomo de profesión y empresario con importantes iniciativas, fue uno de los primeros bodegueros en producir cava en Extremadura a principios de los años ochenta del siglo pasado. Una revolución en la enología extremeña que por entonces también ya daba a luz buenos caldos tintos. Los vinos blancos venían de tiempo atrás procedentes de la uva Pardina, la variedad que durante muchos años constituyó la base de la viticultura en la Tierra de Barros.

Hace unos días el grupo de trabajo sobre el sector agrario constituido en el seno del Club Senior de Extremadura, celebró una reunión en la industriosa ciudad de Almendralejo para poner en común su análisis del sector primario regional con vistas a presentarlo en el cónclave anual del club que se celebrará en Jerez de los Caballeros el próximo y ya cercano mes de mayo.

Todos los miembros del grupo nos mostramos partidarios de que sería muy conveniente para los intereses regionales que los productos autóctonos de Extremadura se transformaran en la región, para retener en casa el valor añadido que generan, apostando además por la innovación continua en la presentación y consumo de los mismos.

Marcelino además de ofrecernos en su bodega una cata de su cava Puerta Palma y de sus vinos Puerta Palma y Theodosius, durante el almuerzo nos trasmitió varias ideas fuerza sobre el cava, producto con el que está especialmente entusiasmado dado el futuro halagüeño que se vislumbra para él.

Nos apuntó la idea de que el cava no ha de ser un vino de postre sino un caldo que ha de acompañar a las comidas. Esto no es nuevo, en Cataluña, por ejemplo, el cava se toma a lo largo del yantar y no a los postres mezclado con sabores dulces o después del café.

La suavidad de paladar y bajo grado alcohólico del cava lo hace un excelente compañero de nuestros platos principales y es en este ámbito en el que ha de ser consumido preferentemente y no relegado a lo condición de postre o brindis de final de una celebración.

Como es natural durante la reunión hablamos de los productos de nuestra tierra y entre ellos destacamos nuestros magníficos jamones ibéricos de bellota muchos de ellos acogidos a una denominación de origen muy prestigiosa como es Dehesa de Extremadura. Marcelino nos expuso el eslogan que había ideado para promocionar el cava y el jamón conjuntamente. Lema que deberíamos empezar a aplicar y difundir en primer lugar en nuestra comunidad autónoma.

El lema es “Acava con jamón”. Es decir maridar el cava con el jamón ibérico de nuestra tierra. Y esto puede hacerse tanto al final como al comienzo de una buena comida o cena. Un buen jamón y un buen cava constituyen una mezcla ideal para el paladar. Ambos productos los tenemos en Extremadura de una calidad contrastada. Se puede comprobar. Pruébenlo y  verán. Es una magnífica combinación.

Una vez que lo hayan degustado y experimentado que la mezcla de sabores es una delicia para los sentidos, los extremeños hemos de constituirnos en un altavoz de difusión múltiple para dar a conocer primero en Extremadura y luego fuera de ella, esta maravilla que es la combinación de un excelente cava con un sabroso jamón, ambos criados y producidos aquí.

Pero también hemos de llegar al convencimiento de que es un acierto consumir el cava durante las comidas principales. Los componentes del grupo de trabajo lo hicimos en un almuerzo acompañando a dos degustaciones de arroz: con liebre y con zorzales. La combinación es muy agradable. La suavidad del cava contrasta con la fuerza y el especiado del arroz. Pero puede acompañar con éxito a muchos otros platos tanto de vegetales como de carne o de pescado. Y además de al jamón ibérico a otros productos extremeños tan destacados como el lomo embuchado o una buena torta del Casar o de la Serena con los que casa a la perfección.

Por eso confío en que la idea y el eslogan de Marcelino Díaz triunfen primero en Extremadura y fuera de ella después. Sería un éxito de todos los extremeños y una inyección de fortaleza para muchos empresarios de nuestro sector agrario y alimentario.

La Junta de Extremadura debería apoyar campañas de difusión de este lema tan sugerente para favorecer el consumo de cava y de jamón de nuestra tierra. Será un gran beneficio para Extremadura.

LÍO CON EL AGUA EN LA PENILLANURA CACEREÑA

En varios pueblos de las comarcas de Trujillo y del Tamuja ubicados en la penillanura cacereña, se está gestando una protesta ciudadana a causa del pago de las obras de abastecimiento de aguas a 29 núcleos de población. La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) exige el reintegro a los usuarios una vez construidas las mismas.

En España el agua considerada como líquido elemento es gratuita para el ciudadano. Pero éste ha de abonar el coste del servicio. En él se incluyen el importe de la amortización de las obras e instalaciones de regulación (embalses) o de captación y las de conducción y distribución (redes y depósitos) así como los gastos de explotación, mantenimiento y conservación que anualmente se produzcan. El administrado ha de pagar estos costes en la forma que establece la normativa vigente española, la cual aplica el principio de recuperación de costes que dispone la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea del año 2000.

Cuando se ejecuta una obra de abastecimiento de aguas por parte de la Confederación Hidrográfica correspondiente, en este caso la del Tajo, una vez terminada y confeccionada su liquidación, la Confederación por imperativo legal ha de repercutir su importe a los usuarios en la forma que dispone la normativa en vigor. En este caso la Ley de Aguas y sus Reglamentos.

El problema surge porque hay una absoluta falta de información previa a los ciudadanos y tal vez a algunos alcaldes de los núcleos más pequeños, del montante y modo en el que se repercutirán los costes de las obras y los de su explotación una vez concluidas.

 Todo es de color de rosa para los alcaldes a la hora de anunciar a bombo y platillo la redacción de los proyectos y también cuando se procede a la puesta de la primera piedra o a la hora de inaugurar las obras una vez terminadas con sus fotos incluidas.

La desagradable sorpresa viene después de los fastos, cuando hay que repercutir a los ciudadanos el coste de las obras. Si se les hubiera informado desde el principio con todo detalle del importe que supondría para sus bolsillos y los tiempos de abono, no se hubieran llevado el sobresalto económico con el que ahora se encuentran.

Y es que la legislación de aguas es muy clara en cuanto a la cantidad y los plazos en los que hay que reintegrar al Estado el importe de la inversión realizada.

El artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Aguas explicita con claridad la obligación de pago de los beneficiados por las obras de regulación los cuales han de abonar el Canon de Regulación (CR) así como los beneficiados de otros tipos de obras hidráulicas que abonarán la Tarifa de Utilización del Agua (TUA).

El CR afectaría en el caso de las zonas de Trujillo y Tamuja a las obras de recrecimiento de la presa de Santa Lucía, todavía no ejecutadas y la TUA a las obras e instalaciones de conducción y distribución del agua que al parecer ya están terminadas.

Ambas exacciones se fijan para cada ejercicio presupuestario y tienen tres apartados:

a)    El total previsto de los gastos anuales de funcionamiento y conservación de las obras realizadas.

b)    Los gastos de administración del organismo gestor (en este caso la CHT) imputables a dichas obras.

c)    El 4 % del valor de las inversiones realizadas por el Estado debidamente actualizado, en la forma que reglamentariamente se determine.

No entraré en detalles para no aburrir al lector de lo que especifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico sobre la conformación de estas exacciones que han de abonar los usuarios. Pero a grandes rasgos es lo anteriormente reseñado.

En resumen hay que pagar sin más remedio. Por muchas protestas que lleven a cabo los ciudadanos estos terminarán pagando. Los recursos que se interpongan ante los tribunales, salvo que las liquidaciones de obra están mal valoradas cosa poco probable ya que los técnicos se cuidan de su corrección, están destinados, en mi opinión, al fracaso.

Sólo queda asumir la situación, buscar el máximo ahorro en el consumo de agua y gestionar las obras por las Mancomunidades de la mejor manera posible para abaratar costes de explotación y mantenimiento.

Y exigir eso sí, que se deduzcan de la liquidación de las obras las cantidades financiadas por la Unión Europea a través de los Fondos correspondientes, FEDER u otros. Es una manera de reducir sensiblemente el importe de la amortización y por tanto el montante del CR o de la TUA a abonar por el ciudadano.

Y para el futuro y antes de acometer obras de abastecimiento o depuración de aguas ha de informarse previamente a los usuarios potenciales del coste de las mismas. Para que estos vayan digiriendo con tiempo la que se les viene encima y no les coja por sorpresa.

Aviso a navegantes: los ciudadanos de Cáceres y pueblos de la penillanura cacereña afectados por la conducción desde la presa de Portaje, nos podemos ir preparando  para cuando terminen las obras. El encarecimiento de las mismas se lo deberemos a las organizaciones ecologistas que con sus presiones consiguieron anular la traída de aguas desde una presa a construir en el Almonte, proyecto mucho más barato que el que se ha acometido desde la presa de Portaje.

TÉCNICOS Y BURÓCRATAS

En los procesos de adjudicación de las inversiones públicas suelen darse criterios dispares entre los órganos técnicos de la administración en los que prestan servicio los funcionarios encargados de dirigir las obras o servicios objeto de la adjudicación y los burócratas que diseñan los pliegos generales de cláusulas administrativas que rigen la contratación e intervienen en los procesos de licitación. Los primeros tienden a dar más peso a la evaluación de las características técnicas de las ofertas de las empresas licitadoras y los segundos a la vertiente económica.

Para los burócratas el tipo ideal de adjudicación sería la subasta pura y dura. El que menos oferte se lleva la obra o servicio sin analizar nada más. Esta tesis es defendida desde la UE regida por burócratas en su mayor parte. Esta postura se adopta porque el procedimiento de subasta teóricamente implica un ahorro de dinero público, pero en muchas ocasiones su resultado deviene en un mayor coste para las arcas de la administración.

Los técnicos miran menos el precio y más la capacidad técnica de la empresa adjudicataria para poder ejecutar las obras con la mejor calidad, aunque el precio de adjudicación pueda resultar algo más elevado. Porque en las direcciones de obra es en donde se sufren las consecuencias de lo que analizaremos a continuación.

En la adjudicación y ejecución de una obra pública hay un principio inexorable: la empresa adjudicataria tratará por todos los medios de obtener un beneficio de la ejecución de una obra o servicio. Ninguna empresa está dispuesta a perder. Esto es un axioma y los dirigentes públicos deberían tenerlo muy claro.

Una empresa  puede ofertar por debajo del coste real de una obra para hacerse con ella. Una vez conseguido su objetivo y para no entrar en pérdidas el adjudicatario tratará de rebajar calidad para disminuir costes y salvar los muebles. Otra vía para que el adjudicatario evite las pérdidas transformándolas en ganancias es la de que aprovechando posibles lagunas de los proyectos, que suele haberlas, trate de obtener el beneficio previsto mediante la generación de proyectos modificados, reformados o complementarios durante el plazo de ejecución.

Nada más tomar posesión de su cargo el nuevo ministro de Fomento, Sr. De La Serna, se ha dado de bruces con este problema en la ejecución de las obras del AVE en España que se encuentran en marcha. ADIF adjudicó las mismas dando tres veces más importancia a la valoración de la oferta económica que a la técnica. Para asegurarse su adjudicación y dada la sequía de inversiones en obra pública hundida por los recortes, los licitadores bajaron mucho las ofertas.

La realidad hace ver a los adjudicatarios que es imposible realizar la obra al precio ofertado sin que se produzcan cuantiosas pérdidas. Y a partir de ahí comienzan las presiones al ministerio para evitar la debacle a través de la redacción de proyectos reformados o complementarios de las obras. Llegando a retrasarlas o detenerlas como mecanismo de presión del contratista para conseguir sus propósitos. Como consecuencia muchas de estas obras están empantanadas con ritmos lentos en su ejecución o detenidas.

La administración sólo tiene dos salidas: o transige con los reformados y complementarios para que la empresa pueda terminar las obras en los plazos previstos o con una prórroga razonable de los mismos o toma el camino de la rescisión. En ambas situaciones la obra saldrá más cara de lo inicialmente previsto por la administración.

En el primer caso porque esos nuevos proyectos reformados o complementarios implicarán con absoluta seguridad, más coste para las arcas públicas. En el segundo porque el procedimiento de rescisión es de tal complejidad y lentitud, que la nueva adjudicación que se haga, una vez resuelta la rescisión, además de un retraso muy notable en disponer de la obra terminada trae consigo una sensible elevación del coste.

Por eso en los procesos de adjudicación de una obra o servicio hay que establecer los siguientes principios:

Exigir la mayor calidad en la redacción de los proyectos para que no tengan lagunas técnicas o económicas que puedan ser utilizadas por los adjudicatarios en su beneficio.

Utilizar preferentemente la forma de concurso en el proceso de licitación dando un peso semejante a la oferta técnica y a la económica. Advirtiendo a los licitadores de la imposibilidad de acceder a la redacción de proyectos reformados o complementarios.

Cuando existan bajas temerarias eliminar a las empresas licitadoras que incidan en ellas sin posibilidad de justificación de las mismas.

Establecer cuantiosas penalizaciones por retrasos injustificados.

Es posible que así se redujeran sensiblemente los chantajes que está sufriendo la administración y por ende el bolsillo de los españoles. Pero….

EXTREMADURA VERDE, DESPOBLADA Y POBRE

Extremadura está pagando las consecuencias de apostar por políticas de fuerte contenido proteccionista del medio ambiente, en lugar de diseñar un modelo de desarrollo industrial basado en sus recursos endógenos: suelos, agua, sol o patrimonio histórico, paisajístico y monumental y en industrias de nuevo cuño.

Las secuelas de estas erróneas políticas ya se están percibiendo. Es la única región que no ha creado empleo en 2016 y presenta un saldo a fin de año de 141.300 parados teniendo la tasa de desempleo más alta de España (28,3 %). Asimismo ha disminuido su población activa en dicho ejercicio en 14.500 personas.

Paralelamente Extremadura se está despoblando. En 2011 albergaba una población de 1.109.367 habitantes. En 2016 la población es de 1.087.778 personas. En este período de tiempo ha perdido 21.589 habitantes.

En el avance del INE para 2015, el PIB “per cápita” de Extremadura es el menor de España con 15.882 €, el 68,5 % de la media española.

Estos son datos oficiales inobjetables que deberían llevar a la reflexión de todos.

Los políticos extremeños han dado la espalda a diseñar un nuevo modelo de desarrollo potente fundado en bases sólidas de economía productiva y no demandador de subvenciones.

El primer componente del modelo sería la industria agroalimentaria transformadora de la infinidad de productos agrarios necesarios para la alimentación que se producen en sus tierras de regadío y en sus secanos. Productos como tomate, arroz, frutales en los que somos pioneros (ciruelas, melocotones, nectarinas y cerezas), maíz y sus derivados, productos hortícolas, y  también vino, aceite y carnes de porcino ibérico, vacuno u ovino. Hay que optar por un modelo de industrialización basado en la transformación y comercialización buscando retener el valor añadido de los productos, abandonando un patrón de sólo producción y venta a granel.

El segundo recurso endógeno sería el turismo aprovechando nuestros bellos paisajes, el patrimonio histórico y gastronómico y nuestros recursos naturales como la caza y la pesca para fomentarlo y desarrollarlo. Para ello es necesario introducir a Extremadura en rutas internacionales explotadas por diversos tour operadores. El eje Madrid  - Lisboa podría ser el marco en donde se ubicara la región. Hoy nuestro turismo no está incluido en ningún eje internacional y sería necesario actuar en esta dirección. Si no se hace así el número de visitantes será escaso como ocurre ahora.

Hay que dotar a Extremadura de un modelo de industrialización moderno basado en las nuevas tecnologías: informática, nanotecnología, biotecnología y biomedicina. Este modelo industrial podría ser una buena salida para la región. Para ello la universidad ha de orientar a sus alumnos en esta dirección y preparar unos excelentes profesionales. Paralelamente la administración ha de facilitar la ubicación de emprendedores en nuestra región eliminando trabas burocráticas innecesarias.

En la industrialización de Extremadura habrían de ocupar un lugar destacado las energías renovables. Somos una de las regiones españolas que dispone de más horas de sol y tenemos algunas zonas de viento. Y también es una de las regiones con mayores posibilidades de aprovechamientos hidroeléctricos en nuestra red de embalses.

Pero para conseguir desarrollar este modelo productivo es necesaria una buena infraestructura de comunicaciones de la que hoy sólo parcialmente disponemos.

La red de autovías (A5, A66, A58 y las autonómicas EX A1 y EX A2) junto a la red secundaria de carreteras son suficientes por el momento siempre que se aplique sobre ellas una adecuada conservación. En medio o largo plazo había que pensar en la autovía a Córdoba y Granada y en la Cáceres – Badajoz o la de Huelva.

En ferrocarril tenemos una deficiente red y un deplorable servicio. Hay que implementar con urgencia doble vía electrificada entre Badajoz y Madrid por Cáceres, recuperar la Ruta de la Plata con esas mismas características para enlazar con el eje Atlántico y Europa por el norte y con los puertos de Huelva, Sevilla y Algeciras por el sur, así como el trayecto Mérida – Brazatortas como salida a Levante y al eje Mediterráneo. Estas actuaciones son indispensables para facilitar el tránsito tanto de personas como de mercancías.

Las comunicaciones aéreas son otro déficit no resuelto. El aeropuerto de Badajoz no es la solución pues ocupa una posición excéntrica en la región. Debería volver a su uso militar. Y exigir al Estado la construcción de un aeropuerto público de la red de AENA. Sin grandes pretensiones iniciales pero susceptible de ampliación. Construir un aeropuerto funcional no es tan costoso. Los he visto en Brasil o en la India. Habría de ubicarse entre Cáceres y Mérida que es el sitio más favorable en la relación habitantes – distancia.

Extremadura no puede seguir así. Tiene que abandonar las políticas exclusivamente ambientales y optar por políticas decididas de industrialización apoyadas en las nuevas tecnologías. Con las políticas seguidas hasta ahora Extremadura se convertirá en un desierto poblacional en un corto espacio de tiempo. Será verde, excepto en verano, y además pobre.

TARIFAZO ELÉCTRICO

Lo que está ocurriendo con las tarifas eléctricas en España no tiene explicación lógica alguna. El gobierno contempla impasible como se eleva día tras día el coste de la energía sin mover un dedo para impedir la agresión económica que se está infligiendo al bolsillo de los consumidores.

La tarifa eléctrica sólo tiene una parte regulada en la que puede intervenir el Estado. El resto es del dominio de un oligopolio que hace y deshace a su antojo protegido por el gobierno. Da igual del partido que sea. Siempre favorece a las compañías eléctricas. Detrás de ellas están los bancos y las familias más poderosas de España que son sus accionistas mayoritarios.

En contrapartida las puertas giratorias devuelven desde el gobierno a los sillones de los consejos de administración de estas empresas a altos cargos que en su día las favorecieron desde sus puestos de alta dirección del país. Hay ejemplos “a porrillo” que dicen los castizos. Desde ex presidentes del gobierno a ex ministros que siguen forrándose con pingües sueldos en esos consejos. Y los hay de todos los colores políticos.

Los beneficios de las eléctricas crecen año tras año sean cuales sean las circunstancias que se produzcan. Da igual que haga viento o que no lo haga, que llueva o que no llueva, que luzca el sol o el cielo esté cubierto y cuál sea el precio del carbón, del gas o del petróleo. La ganancia está asegurada. En 2016 se han embolsado más de 5.000 Millones de Euros de beneficios.

En 1997 vendieron desde el gobierno de Aznar que la liberalización del sector eléctrico sería un mecanismo de abaratar el coste de la energía para el consumidor. Lo publicaron “urbi et orbi”. Y una vez más engañaron a los españoles. Bueno no a todos. Algunos nunca nos lo creímos. Tocar los copiosos beneficios de las eléctricas es tabú en España. Y así ocurrió. Hoy día tenemos unos de los costes de electricidad más altos de Europa.

 Para empezar incrementaron desmesuradamente el importe del término de potencia y redujeron mínimamente el del término de energía. Por el primero se paga uses o no las instalaciones. Por el segundo según consumas. Con esta maniobra se llega al esperpento de que en segundas viviendas se paga mucho más por el término de potencia que por el de energía a lo largo del año. Esto asegura un beneficio desmesurado a las compañías eléctricas. Sin que suministren ni un solo kW.h.

Tienen un sistema de fijación de precios del MW.h que es de risa a fuer de ser una gran estafa. Si de 100 productores 99 ofertan a 0 €/MW.h y uno solo a 100 €/MW.h el precio para los 100 es el del último llamado marginal es decir: 100 €/MW.h para todos. Así claro sube el precio a las nubes. Con ponerse de acuerdo y que uno de ellos oferte más caro todos cobran como el más caro. De risa por no llorar.

Y todo este despropósito es consentido por un gobierno al que le importa un pimiento que 5 millones de españoles tengan que elegir entre pagar la factura de la luz o comer.

Y estamos en invierno, con un frío siberiano. Miles de familias estarán pasando las de Caín sin que a estos impresentables se le mueva un solo músculo de su cara de hormigón. Eso sí con el buen tiempo recogerán sus beneficios repartiendo los correspondientes dividendos a costa de los de siempre. ¡Qué vergüenza¡

En estos días de frío invernal el coste del MW.h ha alcanzado máximos no vistos desde 2013. Las explicaciones del ministro Nadal son las de un portavoz de las eléctricas y no las de un defensor del interés general y de los consumidores. Las vergonzantes declaraciones de Rajoy a Onda Cero es mejor no comentarlas por prudencia.  

Ante la presión ciudadana y en un plazo de 24 horas anuncian una bajada del precio de subasta del MW.h. ¿Es que en 24 horas el gas se ha abaratado, hay mucho más viento y ha llovido? La desfachatez es impresionante.

Para completar esta pantomima esperpéntica la Fiscalía General decide abrir una investigación para tratar de comprobar si existen manipulaciones en la confección del precio. Las eléctricas deben estar asustadas. Como siempre. Ya verán las consecuencias. Una sanción que no alcanzará el 5 % del beneficio obtenido con la subida. Así cualquiera.

Este gobierno debería reflexionar seriamente sobre la situación del sector eléctrico. Y establecer una regulación en serio. Con un análisis de costes de producción según tipo: nuclear, hidroeléctrica, eólica, termosolar, fotovoltaica o centrales de ciclo combinado o simples y fijación del coste del “mix” de ellas. Estimación de un beneficio industrial razonable y adición de los impuestos correspondientes. Fijando unos precios máximos para el sector. Limitando de un lado los cuantiosos beneficios que obtienen las empresas y por otro los escandalosos sueldos de los altos directivos y consejeros de ellas.

No lo harán. Pero mucho ojo que los globos de tensión social los carga el diablo y a veces estallan. Unidos Podemos ya ha pedido la nacionalización del sector eléctrico si llega al poder. Y si esto sigue así tal vez llegue. 

LEÑA AL MONO QUE ES DE GOMA

Hace dos semanas escribí en este blog sobre los jubilados. Pensaba que no iba a tratar sobre ellos en un cierto tiempo. Pero tengo que volver otra vez sobre el tema. No me queda más remedio. Pues he de defender a los míos.

Porque la ministra de Sanidad la ha liado parda. No está contenta con el hecho de que su gobierno aplique a los pensionistas una vergonzante subida del 0,25 % en sus pensiones, lo que les va a suponer una pérdida de poder adquisitivo del 1,75 % en 2017 adicional a la producida en 2016 del 1,25 %. Y para enredar más ha sacado a pasear un posible incremento del copago farmacéutico para los jubilados que ingresen más de 18.000 € al año.

Un ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad es una cosa muy seria como para poner al frente del mismo a alguien con tan escasos conocimientos en esta materia como está demostrando la actual ministra. Creo que Rajoy se lo debía haber pensado dos veces antes de situar a esta persona al frente del mismo. Y si es que se trata de la cuota catalana que han de pagar los populares, me imagino que en esa Comunidad Autónoma y en su partido ha de haber gente más valiosa que ella para ocupar tan alta magistratura.

Esta joven se nota que está en las primeras letras. Desconoce lo que son los jubilados y cómo se han generado las pensiones que perciben. Y esta ignorancia supina la lleva a cometer errores de bulto como es el de imponer un aumento del copago farmacéutico a las pensiones más altas.

Su desconocimiento es de tal magnitud que ignora que el importe de las pensiones que se perciben es función de lo que el jubilado ha cotizado durante su etapa laboral. Por cierto el importe de lo cotizado ya fue objeto de la correspondiente tributación. El baremo de la cotización se traducía en que el jubilado tendría asegurada una pensión mayor o menor en función de la base por la que hubiese pagado. Con unos límites en el importe de la pensión máxima a percibir.

Cuando el jubilado recibe su pensión, que no es un rendimiento sino un derecho, la vuelven a gravar por el IRPF que es un impuesto progresivo: quien más cobra más paga. Con los dos gravámenes progresivos por los que el pensionista se ve obligado a tributar se sobreentiende que estarían bien pagados los fármacos que recibe.

Pues nada de eso. En su ineptitud la ministra se saca de la manga un nuevo incremento del repago, que no copago, que trata de imponer a las pensiones más altas. Ignorando la situación personal y familiar del pensionista. Esto como puede deducirse es una absoluta arbitrariedad, injusta además de ilegal, que si se impugna se perderá con casi total seguridad en los tribunales superiores españoles de dudosa independencia, pero se ganaría con alta probabilidad en los europeos.

Es posible que la ocurrencia de la ministra sea también un intento para enfrentar a los jubilados que perciben importes inferiores a los 18.000 € con los que reciben cantidades superiores a esa cifra. Confío en que los pensionistas no afectados caigan en la cuenta de la maniobra tan deleznable que trama la ministra. Se trata del maquiavélico principio de: divide y vencerás. Para desunir a los jubilados que representan casi 9 millones de votos.

Por cierto que pensiones de 100.000 € como ella dice no se perciben en España. La pensión máxima para 2017 serán 2.573 € brutos al mes en 14 pagas. No sabe multiplicar. Por lo que aquella cifra no existe más que en la imaginación de la ministra. La cual confunde importe de la pensión con rentas que pudieran percibir algunos pensionistas, muy pocos por cierto, por otros conceptos y que alcanzasen esa astronómica cantidad.

Además como cuestión adicional subyace en este disparate una maniobra sibilina de elevación de los precios de los medicamentos para favorecer una vez más a los poderosos: la industria farmacéutica que se viene forrando en España desde hace un montón de años. Nuestros medicamentos son de los más caros de Europa.

A la malhadada idea de la ministra le han salido detractores hasta debajo de las piedras. Porque es maligno agredir y cebarse con las capas más indefensas de la sociedad como son los jubilados. Los que cobran más y los que cobran menos. Nos están tomando por muñecos de feria a los que se les aplica el consabido dicho de “leña al mono que es de goma”

Salvo los populares el resto de los partidos políticos incluido el del centro derecha ha rechazado la infeliz propuesta de la ministra. Y ésta en un lenguaje que recuerda al de la “indemnización en diferido” ha tenido que recular. Y ha matizado que ella se refería a que habría de estudiarse por un grupo de expertos el dichoso nuevo repago. Y se ha visto obligada a comparecer en el Senado. Para continuar con la marcha atrás y templar gaitas.

Pues si no sabía de lo que hablaba y había que estudiarlo ¿a santo de qué sale a la palestra con esta disparatada ocurrencia? Habría que espetarla lo que le soltó el Rey emérito al venezolano Chávez: ¿por qué no te callas? Y añado yo: y dejas en paz a los jubilados, que bastante tienen.