TÉCNICOS Y BURÓCRATAS

En los procesos de adjudicación de las inversiones públicas suelen darse criterios dispares entre los órganos técnicos de la administración en los que prestan servicio los funcionarios encargados de dirigir las obras o servicios objeto de la adjudicación y los burócratas que diseñan los pliegos generales de cláusulas administrativas que rigen la contratación e intervienen en los procesos de licitación. Los primeros tienden a dar más peso a la evaluación de las características técnicas de las ofertas de las empresas licitadoras y los segundos a la vertiente económica.

Para los burócratas el tipo ideal de adjudicación sería la subasta pura y dura. El que menos oferte se lleva la obra o servicio sin analizar nada más. Esta tesis es defendida desde la UE regida por burócratas en su mayor parte. Esta postura se adopta porque el procedimiento de subasta teóricamente implica un ahorro de dinero público, pero en muchas ocasiones su resultado deviene en un mayor coste para las arcas de la administración.

Los técnicos miran menos el precio y más la capacidad técnica de la empresa adjudicataria para poder ejecutar las obras con la mejor calidad, aunque el precio de adjudicación pueda resultar algo más elevado. Porque en las direcciones de obra es en donde se sufren las consecuencias de lo que analizaremos a continuación.

En la adjudicación y ejecución de una obra pública hay un principio inexorable: la empresa adjudicataria tratará por todos los medios de obtener un beneficio de la ejecución de una obra o servicio. Ninguna empresa está dispuesta a perder. Esto es un axioma y los dirigentes públicos deberían tenerlo muy claro.

Una empresa  puede ofertar por debajo del coste real de una obra para hacerse con ella. Una vez conseguido su objetivo y para no entrar en pérdidas el adjudicatario tratará de rebajar calidad para disminuir costes y salvar los muebles. Otra vía para que el adjudicatario evite las pérdidas transformándolas en ganancias es la de que aprovechando posibles lagunas de los proyectos, que suele haberlas, trate de obtener el beneficio previsto mediante la generación de proyectos modificados, reformados o complementarios durante el plazo de ejecución.

Nada más tomar posesión de su cargo el nuevo ministro de Fomento, Sr. De La Serna, se ha dado de bruces con este problema en la ejecución de las obras del AVE en España que se encuentran en marcha. ADIF adjudicó las mismas dando tres veces más importancia a la valoración de la oferta económica que a la técnica. Para asegurarse su adjudicación y dada la sequía de inversiones en obra pública hundida por los recortes, los licitadores bajaron mucho las ofertas.

La realidad hace ver a los adjudicatarios que es imposible realizar la obra al precio ofertado sin que se produzcan cuantiosas pérdidas. Y a partir de ahí comienzan las presiones al ministerio para evitar la debacle a través de la redacción de proyectos reformados o complementarios de las obras. Llegando a retrasarlas o detenerlas como mecanismo de presión del contratista para conseguir sus propósitos. Como consecuencia muchas de estas obras están empantanadas con ritmos lentos en su ejecución o detenidas.

La administración sólo tiene dos salidas: o transige con los reformados y complementarios para que la empresa pueda terminar las obras en los plazos previstos o con una prórroga razonable de los mismos o toma el camino de la rescisión. En ambas situaciones la obra saldrá más cara de lo inicialmente previsto por la administración.

En el primer caso porque esos nuevos proyectos reformados o complementarios implicarán con absoluta seguridad, más coste para las arcas públicas. En el segundo porque el procedimiento de rescisión es de tal complejidad y lentitud, que la nueva adjudicación que se haga, una vez resuelta la rescisión, además de un retraso muy notable en disponer de la obra terminada trae consigo una sensible elevación del coste.

Por eso en los procesos de adjudicación de una obra o servicio hay que establecer los siguientes principios:

Exigir la mayor calidad en la redacción de los proyectos para que no tengan lagunas técnicas o económicas que puedan ser utilizadas por los adjudicatarios en su beneficio.

Utilizar preferentemente la forma de concurso en el proceso de licitación dando un peso semejante a la oferta técnica y a la económica. Advirtiendo a los licitadores de la imposibilidad de acceder a la redacción de proyectos reformados o complementarios.

Cuando existan bajas temerarias eliminar a las empresas licitadoras que incidan en ellas sin posibilidad de justificación de las mismas.

Establecer cuantiosas penalizaciones por retrasos injustificados.

Es posible que así se redujeran sensiblemente los chantajes que está sufriendo la administración y por ende el bolsillo de los españoles. Pero….