BRUSELAS Y EL SECTOR AGRARIO: VERDE QUE TE QUIERO VERDE

La burocracia comunitaria de la UE, probablemente influida por los lobbies ecologistas que pululan por Bruselas, y en base a extraños intereses y designios no explicados, está apostando por una política verde medioambiental de carácter ciertamente radical. Me temo que, si alguien no la reconduce, se va a llevar por delante una buena parte de la agricultura y la ganadería de Europa y por tanto de España.

Ya el título del principal documento que contiene las directrices de esta política, da idea de por dónde van los tiros: European Green Deal (Pacto Verde Europeo), que está contenido en la Comunicación (2019) 640 de fecha 11.12.2019 de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. El Pacto Verde Europeo forma parte de la estrategia para aplicar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

El primer párrafo de la introducción advierte de una absoluta sumisión del documento a principios inamovibles como son los desafíos del clima y medio ambiente, a los que otorga la categoría de dogmas de fe, dando por sentado que, de ocho millones de especies del planeta, un millón se encuentra en riesgo de extinción y también que estamos contaminando y destruyendo los bosques y los océanos. Así, sin matices.

También aclara que este Pacto Verde necesita que otros países asuman estas políticas para que sea eficaz. De nada sirve que Europa se erija en adalid de la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEIs), si otros países que son grandes contaminantes como China, India, Rusia, Brasil o Estados Unidos no secundan esta política. Así que esta va a ser una primera gran incógnita.

La estrategia “From Farm to Fork” (de la granja a la mesa) que forma parte del Pacto Verde es la que más directamente afecta al sector agrario. Pretende conseguir que los sistemas alimentarios sean sostenibles, justos, saludables y respetuosos con el medio ambiente. Me recuerda a la Constitución Española de 1812 que en su artículo 6º disponía que los españoles debíamos ser justos y benéficos.

Reconoce que el sistema alimentario es de una gran complejidad pues comprende las fases de producción, transformación, comercialización y consumo de los productos agroalimentarios. También el propio pacto propugna que para que este sistema sea sostenible ha de garantizar la seguridad alimentaria de la población, en nuestro caso de la europea.

Las medidas principales que se proponen en la Estrategia de la Granja a la Mesa son las siguientes para el horizonte del año 2030.

·        Reducción de un 50 % el uso de fitosanitarios.

·        Rebajar como mínimo un 20 % el uso de fertilizantes.

·        Alcanzar un 25 % al menos de tierras dedicadas a la agricultura ecológica.

·        Disminuir un 50 % el uso de antimicrobianos (antibióticos) utilizados en la ganadería y la acuicultura.

Todas estas medidas tienden, en principio, a que las producciones agrarias tal y como las obtenemos en la actualidad disminuyan, salvo que investigaciones biogenéticas nos lleven a nuevas variedades más productivas y las que se lleven a cabo de tipo bioquímico descubran nuevos tipos de insecticidas, fungicidas o tratamientos biológicos, o alumbren nuevos fertilizantes más respetuosos con el medio ambiente, tanto desde el punto de vista de la emisión de GEIs, como de la contaminación difusa de acuíferos subterráneos.

La agricultura ecológica, en general, es menos productiva que la agricultura convencional y si se aplican a rajatabla las medidas del Pacto respecto al sector agrario, lo más probable es que desemboquemos en un proceso de inseguridad alimentaria en Europa. Hay estimaciones que anuncian una disminución de un 15 % en las producciones agrarias europeas. Con lo cual, si se quiere mantener el abastecimiento agroalimentario, habrá que importar determinados productos del exterior. Productos que probablemente no cumplan con los estándares de trazabilidad, calidad y sanidad que se exige a los productos de la UE. Y veremos a qué precios se compran.

Políticas como la PAC (Política Agraria Común) en su última versión para el período que se inicia en el año 2023, ya se adaptan a los principios del Pacto Verde Europeo y establecen condicionalidades o eco regímenes, que le dan un tono verde y llevan a que los agricultores y ganaderos producirán menos con las nuevas orientaciones ambientalistas que se introducen en los Planes Estratégicos. Los empresarios agrarios van a cobrar por no producir. Y, a su vez, esa estrategia la pagaremos cara los consumidores. La reducción de oferta producirá, con alta probabilidad, un incremento en los precios de los alimentos. Que ya andan por las nubes.

En Europa con estas políticas verdes a ultranza, se está desarmando un sector como el agrario, que debería considerarse como un sector estratégico y, con estas medidas, cada vez lo va a ser menos.

 Los países mediterráneos, entre ellos España, se verán más afectados todavía, ya que muchos productos agrarios se obtienen en regadío y políticas como la Directiva Marco del Agua, con su orientación ambientalista, no aseguran las garantías de disponibilidad de agua para el riego y por tanto de la obtención de producciones agrarias de este decisivo subsector.

No obstante, tal vez por la proximidad de elecciones europeas, parece que en Bruselas comienzan a producirse movimientos que cuestionan estas políticas ambientalistas tan radicales, que están causando un grave malestar en el sector agrario. Sin duda que ha hecho efecto la irrupción de un partido Agrario en los Países Bajos y también Macron, que no quiere desarmar su sector agrario francés, da la impresión de que no está por la labor de tanto verde. Aquí, en España, como casi siempre, estamos en la inopia. Y eso que podemos ser uno de los países que peor parado salga.