HAY QUE ESCUCHAR AL SECTOR AGRARIO

El sector agrario pasa por momentos muy difíciles y lo exterioriza con manifestaciones cada día más frecuentes, que se llevan a cabo en diferentes lugares a lo largo y ancho de España y que culminarán en una gran manifestación en Madrid el próximo 20 de marzo.

Este sector suele tener comportamientos tranquilos, se dedica a lo suyo y en general se manifiesta cuando ya está harto y no puede más. Y ahora parece que está llegando a una situación límite y exterioriza su descontento. A veces, como en Lorca o hace unos días en Don Benito, puede que se hayan extralimitado en sus protestas, pero no es lo normal en el sector. Pierden los nervios porque están desesperados y no se les escucha. Y para rematar tenemos sequía. Confío en que mantengan la línea pacífica. Obtendrán mejores resultados en sus justas reivindicaciones.

La agricultura y la ganadería están llegando a una situación crítica por una serie de causas. Examinemos algunas.

Existe una presión ecologista insólita sobre el sector agrario. Desde los lobbies ambientalistas, regados de subvenciones oficiales, que lucen gran fuerza y poderío tanto en Bruselas como en Madrid, se culpabiliza al sector agrario de ser un elemento agresor del medio ambiente. Cuando es todo lo contrario. Pero la fuerza de estos lobbies ante el gobierno español y su fácil acceso a los medios de comunicación y a las redes sociales, está trasmitiendo una imagen negativa del sector a una sociedad, mayormente urbanita, manipulada y desconocedora de lo que es y significa el sector agrario y el medio rural.

Se culpabiliza al sector de llevar a cabo actividades contaminantes respecto a la emisión de gases de efecto invernadero y, en consecuencia, ser uno de los culpables del cambio climático, cuando, en realidad, las superficies agrarias actúan como sumideros de CO2.

Se acusa al regadío de despilfarrar recursos hídricos por ser el uso que más agua utiliza. Pero callan el ahorro de agua que se está produciendo por el aumento de la eficiencia en su utilización como consecuencia de los procesos de modernización y que se estima en un 16 %.  Ocultan interesadamente que en España ya se riegan por métodos de alta eficiencia, como el goteo, más de 2 millones de hectáreas y sigue incrementándose esta superficie.

Y de paso acusan al sector de ser el culpable exclusivo de la contaminación difusa por nitratos o fosfatos cuando existen más fuentes emisoras de estas sustancias distintas de la agricultura o de la ganadería. Y, además, las redes de medida dejan mucho que desear.

Parecen ignorar que el sector agrario es un sector vital para cualquier país de cierta importancia: Francia, Alemania o Estados Unidos mantienen sectores agrarios muy potentes. Porque así aseguran un aspecto fundamental como es la alimentación de sus habitantes a precios razonables sin tener que depender de países terceros.

El sector agrario en España ha sido decisivo para suministrar alimentos sin problemas en los peores períodos de la pandemia. La sociedad parece ignorar esta importante contribución a que los efectos del virus fueran más llevaderos.

Desde diferentes instancias y sin contar con el sector agrario y el medio rural se toman decisiones perjudiciales para sus intereses.

Los burócratas de Bruselas, muy alejados de la realidad rural, están poniendo continuas cortapisas de tipo medioambiental a las actividades agrarias que tienen su reflejo en disposiciones como la Directiva Marco del Agua, la nueva PAC con sus ecoesquemas o la estrategia de la Granja a la Mesa. Están introduciendo en la agricultura y la ganadería una serie de restricciones de tipo medioambiental que reducirán los rendimientos e incrementarán los precios a los consumidores en perjuicio de las clases menos pudientes.  Además, pueden poner en peligro la seguridad alimentaria de Europa. Esto nos llevará a una dependencia de países terceros que, cuando nos tengan en sus manos, pondrán sus condiciones. Ahí está el ejemplo del gas. Parece que no aprendemos.

Pero tal vez el problema más grave que ahoga al sector agrario es la relación perversa entre precios percibidos por los productos del campo y el de los insumos necesarios para conseguirlos.

Frente a precios estabilizados o con ligeros incrementos, se producen aumentos escandalosos en los costes de los insumos que se precisan para su obtención. Esta situación que se mantiene en el tiempo está reduciendo la capacidad de pago de muchas explotaciones agrarias que están abocadas a su cierre. No se puede percibir precios por debajo de los costes sin que se resienta la viabilidad del negocio.

En todo este proceso, la distribución de alimentos aumenta los precios al consumidor elevando el coste de la cesta de la compra, sin que al productor le llegue algo de este incremento que pueda producir una rentabilidad mínima de sus explotaciones.

Una ley de la Cadena Alimentaria recientemente promulgada trata con más voluntad que decisión de solucionar el problema. Veremos qué resulta de esta nueva disposición.

A esto se unen importaciones y acuerdos sobre productos agroalimentarios con países terceros que perjudican al sector al no exigirse las mismas condiciones a los productos foráneos que a los españoles.

Tal vez el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que representa los intereses de agricultores y ganaderos debiera ser más activo y evitar que desde otros ministerios como el de Transición Ecológica o el de Consumo - lo de Garzón ya es cansino - se tomen decisiones que perjudican al sector agrario, sin que el ministerio diga esta boca es mía. Por ejemplo, los planes hidrológicos han optado por una deriva ambientalista que prioriza los caudales ecológicos frente a la satisfacción de las demandas de agua para el riego.

Si el sector agrario protesta es porque se ahoga. El gobierno central y los autonómicos, debieran escuchar sus peticiones y tratar de resolver sus problemas. Si el sector se reduce o desaparece, lo pagaremos caro.