MARINA ISLA DE VALDECAÑAS: ES URGENTE REVISAR LAS ZONAS PROTEGIDAS EN EXTREMADURA

 La sentencia del Tribunal Supremo en la que se ordena derribar la totalidad del complejo Marina Isla de Valdecañas, debe hacernos reflexionar a los extremeños sobre si es conveniente para la región mantener la totalidad de zonas protegidas que existen en nuestra comunidad autónoma y que dificultan seriamente su desarrollo, o es urgente llevar a cabo una revisión de las mismas.

La primera consecuencia de esta sentencia, de la que debería tomar buena nota el ejecutivo autonómico, es que no se pueden declarar zonas protegidas a troche y moche, sin que existan unos rigurosos estudios justificativos, llevados a cabo por equipos de expertos multidisciplinares e independientes (por ejemplo, docentes e investigadores de la Universidad de Extremadura y otros especialistas destacados) y no por asociaciones o funcionarios de convicciones ecologistas y conservacionistas.

En dichos estudios han de quedar descritos minuciosamente y acreditados de modo indubitable los valores ambientales existentes, estableciendo la figura de protección más adecuada a cada caso. En las zonas protegidas hasta ahora ¿se han llevado a cabo estudios rigurosos sobre los valores ambientales a proteger? Me temo que no.

Con datos de la Junta de Extremadura, nuestra región acoge actualmente las siguientes superficies protegidas: Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPAs) = 1.089.232,9 ha; Lugares de Interés Comunitario (LICs) = 828.949,17 ha; Espacios Naturales Protegidos (ENPs) = 314.110,89 ha. Total: 2.232.292,96 ha. El 53,5 % del territorio. ¿Les parece poco? Por arte de birlibirloque la Junta asegura que sólo hay 1.276.288,09 ha de superficie protegida, el 30,6 % de la superficie regional.  Supongo que la diferencia puede deberse a que hay zonas que tienen doble o triple figura de protección.

Si nos vamos a datos comparativos con el resto de España, hay que destacar que la superficie protegida por habitante resulta ser en España de 0,29 ha y en Extremadura de 1,2 ha en los datos referidos a la red Natura 2000 que es la más representativa. En la provincia de Cáceres, al norte del río Tajo esta cifra llega a elevarse hasta 1,72 ha.

Ha de tenerse en cuenta que cuando se protege un territorio, se desencadenan una serie de cortapisas y prohibiciones ante posibles inversiones a acometer que son un freno para el desarrollo del mismo y esto debería tenerse muy en cuenta antes de declarar una zona como protegida. Porque una vez que se decide la protección ya no hay vuelta atrás, salvo que se incoe un expediente de desafectación de la figura protectora con los inconvenientes y tediosos trámites que ello conllevaría. Y los jueces se ven abocados a sentenciar aplicando unas normas de protección que ellos no han dictado.

El caso de la ZEPA de Valdecañas es el paradigma de cómo no se deben hacer las cosas. Un territorio con más de 7.000 ha dentro de las cuáles estaba la península sobre la que se asienta la urbanización Marina Isla de Valdecañas con una superficie de unas 153 ha (el 2% de la ZEPA). Esta península no tenía valores ambientales dignos de protección como se ha puesto de manifiesto en diversos informes y, sin embargo, fue incluida dentro de la ZEPA. En consecuencia, no podía construirse sobre ella lo que posteriormente un PIR autonómico autorizó y que las sentencias de los tribunales españoles anularon.

Este desgraciado caso nos va a costar el dinero a los extremeños tanto por el importe de la demolición y acondicionamiento posterior, como por las sustanciosas indemnizaciones que habrá que pagar a los propietarios – puesto que son adquirentes de buena fe - salvo que a algún tribunal de apelación se le encienda la luz de la racionalidad y considerando que la restitución de la zona a su estado anterior es de imposible consecución, evite el escandaloso estropicio del derribo. Difícil.

Toda esta situación ha de urgir a la Junta de Extremadura para que lleve a cabo una revisión en profundidad de todas las zonas protegidas existentes en la comunidad autónoma, a fin de que sólo aquellas que sustenten valores ambientales destacados puedan continuar protegidas, liberando al resto de la protección de que injustificadamente gozan y que se convierte en un corsé para el desarrollo extremeño.

Y esto ha de defenderlo con uñas y dientes ante el gobierno de España y ante la Comisión Europea, digan lo que digan los ecologistas, poniendo de manifiesto la situación de pobreza a la que una política ambientalista, radical y fuera de lugar, ha conducido a Extremadura al dificultar o impedir su desarrollo agrario, industrial y turístico y la ejecución de infraestructuras adecuadas.

Visto todo lo ocurrido con Marina Isla de Valdecañas parece que ha llegado la hora de que la Junta de Extremadura, en base a los estudios de un equipo multidisciplinar experto e independiente, lleve a cabo un Plan de Ordenación del Territorio Extremeño.

Habrán de determinarse en el mismo el tipo de uso de cada zona: zonas protegidas, urbanas y urbanizables, forestales, agrícolas de secano y dehesa, agrícolas de regadío, suelo industrial, llevando a cabo una revisión profunda de todo el territorio protegido hasta la fecha, desafectando de la declaración de protección todas aquellas áreas que no reúnan valores ambientales dignos de ser protegidos y supongan un impedimento para el desarrollo regional.

Sería la lección más importante a extraer de un episodio tan complejo como ha sido el de la Marina Isla de Valdecañas. Tengo serias dudas de que se vaya a hacer nada al respecto. Pero le otorgaré a la Junta de Extremadura el beneficio de la duda. A ver si esta vez hay suerte.