RECLAMACIONES RAZONABLES

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en una reciente comparecencia en el prestigioso Club Siglo XXI de Madrid, ha dado cuenta de la situación deficitaria que padece Extremadura, en relación con la media de servicios que disfrutan otras comunidades autónomas de España.

Extremadura ha sido tradicionalmente una región abandonada del poder central. Incluso en el franquismo y a pesar de los planes de regadío de Badajoz y norte de Cáceres, hubo una considerable emigración de población hacia Europa y hacia las regiones privilegiadas por el franquismo: Cataluña y el País Vasco. Alrededor de 500.000 personas hubieron de emigrar de Extremadura.

Los importantes recursos endógenos agroalimentarios que produce, afortunadamente se transforman cada vez más en Extremadura. Pero todavía hay un porcentaje notable que se exporta en bruto en beneficio de otras regiones, que se quedan con el valor añadido. Hay que transformar el máximo posible de ellos en Extremadura, favoreciendo la instalación de nuevas industrias agroalimentarias.

 Algunos de sus recursos han sido colonizados por el resto de España. Hubo primero una colonización hidráulica con la construcción de presas de aprovechamiento hidroeléctrico en cascada, especialmente en el curso del río Tajo. Esta energía hidráulica era exportada para beneficio de otras regiones.

La segunda colonización energética fue la nuclear. Nos colocaron dos grupos en Almaraz, y gracias a Ibarra no nos construyeron otros dos en Valdecaballeros. Esta energía en su mayor parte se exporta a otras regiones de España para beneficio de empresas no extremeñas.

La tercera colonización es la de las energías renovables. Una invasión de paneles solares y aerogeneradores empieza a apoderarse del territorio extremeño. Aproximadamente de la energía producida en Extremadura de exporta un 80 %.

Pues bien, en lugar de recibir contraprestaciones por esta producción masiva de energía, dotando a Extremadura de una infraestructura de comunicaciones que permitieran su industrialización, usando una energía barata producida en la región, el abandono ha sido patente. Especialmente en lo concerniente a infraestructuras ferroviarias.

María Guardiola cifra en 10.553 Millones de euros, la deuda histórica que España le debe a Extremadura. Supongo que sus equipos de trabajo habrán calculado con cierta precisión esta cifra. Había estudios de la Universidad de Extremadura, de hace unos años, que calculaban esta deuda histórica con la región.

Pero en mi opinión más que cifras cerradas, han de reivindicarse acciones concretas que supongan una nivelación de servicios con el resto de España y unas infraestructuras acordes con la media española.

Sugiero algunas.

En carreteras hay que finalizar la autovía autonómica EX A1, llevándola a la frontera portuguesa, para enlazar allí con la red de autovías lusa. Esta infraestructura es vital para el norte cacereño y una vía rápida entre Madrid y Lisboa. Y el gobierno debería ayudar a la Junta para su pronta terminación. Hay que aligerar la construcción de la autovía entre Cáceres y Badajoz, ya iniciada construyendo simultáneamente varios tramos y acometer las autovías A 43 a Castilla la Mancha y la que nos una a Córdoba y Granada.

En ferrocarriles hay que impulsar la terminación a la mayor brevedad de la línea de alta velocidad entre Badajoz y Madrid por Cáceres, resolviendo el tema de las estaciones en línea en Mérida y Plasencia. De igual modo finalizar el acondicionamiento de la vía férrea entre Mérida y Brazatortas. Y conseguir que la reapertura de la Ruta de la Plata, vía férrea cerrada en 1985 entre Plasencia y Astorga, sea incluida en la Red Básica Ampliada de la Transeuropea de Transportes, con vistas a adelantar actuaciones con un horizonte máximo en 2040 y poder acceder a fondos europeos para su ejecución.

En materia de infraestructuras aéreas hay que conseguir a corto plazo una adecuación del aeropuerto de Badajoz, mejorando su ILS y dotar a Cáceres de un aeródromo. A largo plazo habría que pensar en un aeropuerto regional de AENA, centrado en la región.

Es necesario la dotación de suelo industrial y especialmente promover plataformas logísticas en Cáceres, Plasencia y Don Benito – Villanueva para facilitar la instalación de nuevas industrias relacionadas con las nuevas tecnologías y su logística.

Y asegurar el suministro eléctrico y energético en los puntos de instalación de las empresas.

Es importante que los principales hospitales regionales se doten de mejoras, para poder prestar el máximo de servicios a los usuarios. Reforzar los hospitales de Badajoz, Mérida, Don Benito – Villanueva, Cáceres y Plasencia, sería una importante tarea a acometer. Al igual que las mejoras y ampliaciones de centros de atención a los mayores en diferentes puntos.

Pero me temo, al igual que piensa María Guardiola, que no son tiempos buenos para la lírica, ni para inversiones extraordinarias en Extremadura por parte del gobierno de España. Mientras el sanchismo necesite los votos de separatistas vascos y catalanes para continuar en el poder, el grueso de las inversiones se destinará a esas regiones privilegiadas. Que llevan siglos gozando de privilegios.

Al resto nos darán algunas migajas y mucha sopa boba. Para callarnos y que los resignados extremeños, al igual que los habitantes de otras regiones que recibirán un trato parecido, les sigan votando.

 

 PROTESTAS EN EL SECTOR AGRARIO EUROPEO

Los burócratas de la Unión Europea (UE), con la promulgación de algunas disposiciones preñadas de una ideología ambientalista que tiene tintes de ingenuidad infantil fuera de la realidad, están presionando a la agricultura y a la ganadería europeas, llevándolas a un callejón sin salida.

El sector agrario que debiera ser estratégico en Europa, pues es el que ha de asegurar la alimentación de la población con las suficientes garantías de cantidad, calidad, sanidad y trazabilidad, a precios razonables en sus producciones, parece que está en el punto de mira de una burocracia que está imponiendo una dictadura verde, dando prioridad a los temas ambientales sobre los económicos, debido a un fanatismo ecologista y climático injustificable.

Alzas muy destacadas en el coste de los insumos: agua, electricidad, combustibles, semillas y plantones, fertilizantes, fitosanitarios, piensos, gastos veterinarios, salarios, están poniendo en riesgo la rentabilidad de las explotaciones agrarias, abocadas en muchos casos al cierre, porque los precios percibidos por los productores, a pesar de los incrementos experimentados, son incapaces de cubrir los costes de producción.

En una reciente entrevista, un experto de la categoría de Manuel Pimentel, ingeniero agrónomo y ex ministro de Trabajo de España asegura que “Europa está provocando su suicidio con las políticas agrícolas”.

La Agenda 2030, el Nuevo Pacto Verde Europeo o la PAC (Política Agraria Común) son normas que tratan de frenar las producciones agrarias en Europa poniendo cada vez más trabas ambientales o sobre el bienestar animal y aumentando el papeleo y la burocracia en las explotaciones agrarias. Parece que optan por un medio rural lleno se pajaritos y vías verdes, para solaz de los urbanitas de ciudad, incapaces de comprender la importancia del campo y del sector agrario para la vida de los europeos.

Agricultores y ganaderos, que han sido capaces de proporcionar a Europa durante muchos años, incluida la crisis de la pandemia, una seguridad alimentaria con alimentos a precios razonables asequibles para todas las capas sociales de la población, se encuentran con una fuerte presión normativa que va en contra de sus intereses.

Además, una población urbanita manipulada e ignorante de lo que es el sector agrario y de la importancia de los trabajos de agricultores y ganaderos, desprecia al medio rural y a sus gentes, desde hace muchos años. Da la impresión de que piensan que la leche sale directamente del tetrabrik o de la botella, o que las frutas y verduras nacen solas por generación espontánea en el supermercado.

Las consecuencias de estas políticas absurdas empiezan a percibirse en el bolsillo del consumidor. La ley de oferta y demanda funciona en los mercados y a menor producción, mayor precio para el consumidor. Los primeros perjudicados de todo esto: las capas sociales con menor poder adquisitivo, que ven cómo la cesta de la compra se encarece día tras día, mientras que sus salarios se revelan insuficientes para adquirir los productos alimentarios a los que antes tenían acceso.

Como ejemplo, el importe de la cesta de la compra en España, en el ejercicio 2023, ha sufrido un incremento del 11,8 %. Tres veces más, lo cual es una barbaridad, si se compara con el incremento experimentado por los salarios, entre el 3 y 4 %.

Los burócratas y políticos que andan promoviendo estas normativas de reducción de producciones agrarias, no notan demasiado los incrementos de precios de los alimentos, ya que sus sustanciosos sueldos les permiten adquirirlos sin esfuerzo aparente. Y si hay algún problemilla se suben ellos los sueldos y de paso, para asegurarse su cobro, suben los impuestos a los que no gozan de estas prebendas.

El sector agrario, que ve que está llegando a su límite de resistencia, comienza a protestar sobre la injusta situación a la que lo han conducido. Ha habido alborotos en diversos países europeos: Francia, Holanda e incluso hace unos meses en nuestro país. Ahora se inician en Alemania donde miles de tractores han llegado en su manifestación hasta la mismísima Puerta de Brandeburgo en Berlín, protestando por la eliminación de ayudas al diésel y de otras subvenciones. Y las protestas continuarán en otros países. Ya se anuncian en España.

Como apunta Pimentel en su entrevista, parece que Europa ha optado por dejar de producir ella productos agrarios, para que los produzcan terceros países. Y el desarmar un sector como el agrario europeo tiene riesgos de todo tipo. Que estos burócratas, encastillados en sus poltronas, con incapaces de determinar y valorar su importancia.

Cuando tengamos que depender de países terceros en el abastecimiento de productos agrarios, vamos a comprobar en breve plazo que las condiciones de calidad, sanidad y trazabilidad que rigen ahora en Europa, no serán de aplicación porque esos países terceros tienen sus propias reglas de producción.

 En cuanto esos países suministradores sean conscientes de que Europa depende de ellos para su alimentación, comenzarán a elevar los precios y los productos alimenticios en Europa se encarecerán aún más, en perjuicio de la economía de las clases populares, a las que unos gobiernos que se autocalifican como progresistas, dicen defender.

Parece que no ha tenido bastante con la dependencia exterior de la energía y las subidas de precios del gas y de la electricidad. O con las medicinas. No aprenden.

 

PROBLEMAS DE AGUA EN EL GUADIANA EXTREMEÑO

El tiempo transcurre y no llueve en la cantidad suficiente para que los embalses de la cuenca extremeña del río Guadiana, recojan y almacenen recursos hídricos suficientes para garantizar el regadío de toda la superficie potencialmente regable en la próxima campaña del año 2024.

Da la impresión de que nos encontramos ante un ciclo de sequía de parecidas características al ocurrido en el período 1992 – 1995, que fue uno de los más duros que ha sufrido el regadío extremeño.

Con grandes números en la cuenca extremeña del Guadiana, se necesita disponer de 2.330 Hm3 de agua para atender los diferentes usos socioeconómicos y ambientales durante el próximo año. 120 Hm3 son precisos para asegurar el abastecimiento urbano durante dos campañas; 1.150 Hm3 necesitan los regadíos para cultivos no permanentes y 80 hm3 para cultivos permanentes; 800 Hm3 van destinados a mantener los caudales ecológicos y 180 Hm3 es la evaporación que se produce en nuestros embalses. Estas son las cuentas.

Si no se tienen estos 2.330 hm3 de agua disponibles, y digo disponibles que no es lo mismo que embalsados, ya que aproximadamente un 10 % de lo embalsado, se considera no utilizable, no se podrá regar la totalidad de las tierras en la próxima campaña. Para hacer las cuentas finales supondré que este 10 % es agua no disponible y no podremos contar con ella.

La zona occidental de la cuenca del Guadiana, exceptuando el embalse de La Colada que en principio no influye en Extremadura, dispone de una capacidad máxima de almacenamiento de 8.064,91 Hm3. A fecha 25 de diciembre de 2023 almacenaba un volumen de 2.090,2 Hm3, el 25,9 %. Cuatro puntos porcentuales más que lo almacenado el año anterior.

Considerando el 10 % de lo almacenado como no disponible, tenemos como útil embalsado disponible un volumen de 1.881,18 Hm3. Eso es lo que hay en este momento realmente disponible para atender todos los usos antes reseñados.

Dado que la evaporación es un uso inevitable y el abastecimiento urbano es preferente a todos los usos, en realidad nos quedan disponibles 1.581,18 Hm3 con los que habría que atender a los cultivos permanentes y no permanentes de regadío y a los caudales ecológicos.

Considerando que estos caudales ecológicos gozan de preferencia absoluta, excepto frente al abastecimiento urbano, al ser considerados como una restricción previa a los sistemas de explotación, en realidad quedarían disponibles para el riego 781,18 Hm3. Esto representa solamente el 63,5 % del agua que los regadíos necesitan.

De modo que si no llueve lo suficiente de aquí a finales de febrero que es cuando los regantes han de comenzar los preparativos de sus tierras, nos veríamos ante una sensible reducción de las superficies de posible riego en la próxima campaña. Y llovería sobre mojado ya que las campañas de 2022 y 2023 también se han caracterizado por  restricciones en las superficies regadas.

Así que nos encontramos actualmente en una situación de gran incertidumbre sobre lo que puede ocurrir de aquí a febrero con los volúmenes de agua almacenada, y las posibles cantidades de las que podrán disponer los regadíos extremeños del Guadiana.

El volumen destinado a atender los caudales ecológicos representa el 65 % del volumen destinado a riegos, lo cual es una desmesura, si se considera que los ríos extremeños en régimen natural no cubrirían esta cantidad especialmente en estiaje. Por esta razón dichos caudales ecológicos tienen que ser suministrados desde los embalses existentes restándole garantía al regadío y también a otros usos.

La Instrucción de Planificación Hidrológica en su apartado 3.4.3 permitiría una reducción de los caudales ecológicos en época de sequía cuando se cumplan las condiciones del artículo 38 del Reglamento de Planificación Hidrológica en relación con el deterioro temporal de las masas de agua, excepto en las superficies que pertenezcan a la red Natura 2000 o los humedales del convenio de Ramsar. 

 Como ya propuse en las campañas 2022 y 2023, sin ningún éxito, lo cual era esperable dada la preferencia del Ministerio de Transición Ecológica por los aspectos ambientales, lo que a nuestro juicio habría que hacer para disminuir los efectos de la sequía sobre el regadío. Se trata de reducir esos caudales ecológicos el máximo posible en la campaña 2024, aunque se deteriore algo el estado de las masas de agua afectadas. En todo caso este perjuicio a las masas de agua tendría carácter temporal. La reducción del volumen para caudales ecológicos se destinaría a riegos para mejorar algo el escenario existente.

Una reducción de los caudales ecológicos de un 30 %, supondría poder disponer para el riego de 240 Hm3 más de agua, lo que elevaría a 1.021,18 Hm3 el total disponible que representaría el 83 % de lo necesario, mejorando sensiblemente la situación, sobre la que habría si se mantuvieran los caudales ecológicos en su totalidad.

En todo caso hemos de esperar acontecimientos en relación con la pluviometría del poco más de un mes y medio que resta. Si no lloviera lo suficiente, el regadío extremeño del Guadiana tendrá problemas de agua en la campaña 2024.

 

 

 

AGUA: DIFÍCIL ENCRUCIJADA

Hace unos pocos días he asistido, vía telemática, a una jornada organizada por el SCRATS (Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura) y el diario La Verdad de Murcia. La jornada llevaba por título: Agua, una encrucijada en el Levante Español.

Exponían los participantes, su temor a la reducción de las cantidades a derivar por el trasvase Tajo – Segura, debido al incremento de los caudales ecológicos que recoge el nuevo plan hidrológico de la cuenca del Tajo. Y analizaban las consecuencias que ello tendría en la economía de una pujante agricultura e industria agroalimentaria que se ha desarrollado en el Levante español.

Y es que, en verdad, estamos en una encrucijada en materia de agua, no solo en el Levante español, sino en toda España. Esta encrucijada, ya de por sí difícil y compleja, se ve agravada por la situación de sequía que padecemos.

En el panorama español del agua la situación experimentó un drástico cambio, en el año 1999, cuando en la normativa de aguas nacional se introduce el concepto de caudal ecológico. Sin estudios de base suficientes para justificar esta introducción, ni sus consecuencias posteriores de tipo social, económico o ambiental, a los caudales ecológicos se les otorga, además, la categoría de restricción previa a los sistemas de explotación.

Esto quiere decir que primero aseguramos los caudales ecológicos y con el agua que sobre atendemos los usos socioeconómicos. Sólo se exceptúa un uso como prioritario, en determinados casos, el abastecimiento urbano. Se concede por la norma, un predominio absoluto e injustificado a la componente ambiental sobre el desarrollo económico.

La endeble razón para hacerlo se justifica en las disposiciones de la Directiva Marco del Agua que promueve la consecución del buen estado de las masas de agua, sin que por parte alguna hable dicha norma de los caudales ecológicos, ya que, ni siquiera los define.

Pero aquí como somos más papistas que el Papa, adoptamos los caudales ecológicos como si fueran la panacea universal, sin valorar las consecuencias de hacerlo, dándoles prioridad absoluta en lugar de considerarlos como un uso más. Máxime si se tiene en cuenta que el caudal natural en muchos ríos españoles en época de estiaje tiende a ser nulo. Y los caudales ecológicos en esa época han de suministrarse desde la red de embalses existente. Que no estaba diseñada para suministrar estos nuevos caudales ecológicos.

Tampoco existen estudios contrastados para la determinación del valor de estos caudales. Se aplican unas veces modelos hidrológicos y en otras ocasiones modelos hidrobiológicos, que dan resultados muy dispares. Hasta el punto de que existen estudios de la cátedra de Hidráulica de la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid que cuestionan los valores de esos caudales, que la Confederación Hidrográfica del Tajo aplica en los documentos del tercer ciclo de planificación, en el tramo del río Tajo entre Bolarque y Aranjuez en donde se aumentan de 6 m3/s a 8,3 m3/s sin aparente necesidad.

La introducción de los caudales ecológicos, según un estudio realizado por el catedrático Luis Garrote en dicha cátedra de Hidráulica, supone una reducción media del 16 % en las garantías del resto de usos. Problema de gran importancia, que parece no se tuvo en cuenta en su momento.

La postura lógica tras la introducción de los caudales ecológicos como prioritarios, debería haber sido actuar para incrementar la capacidad de regulación construyendo nuevos embalses, a fin de no disminuir las garantías de otros usos. Pues bien, el Ministerio de Transición Ecológica lleva una temporada en la que se dedica a demoler presas para reducir la regulación. Increíble. No se construyen presas nuevas, que además tendrían más justificación todavía por las previsiones del cambio climático, que asegura que habrá más períodos de sequía y de lluvias torrenciales.

El trasvase Tajo – Segura puede verse afectado por el importante incremento que los caudales ecológicos en el eje del Tajo, han experimentado en el Plan Hidrológico vigente, aprobado hace unos meses.

En el plan hidrológico anterior (2016 – 2021) se fijaron unos caudales mínimos de 6 m3/s (189,2 Hm3/año) en Aranjuez y 10 m3/s (315,3 Hm3/año) en Toledo y Talavera de la Reina.

En el nuevo plan hidrológico, estos caudales ecológicos en el eje del río experimentan alzas desmesuradas. Se establece un período transitorio (siempre con valores de los caudales ecológicos nuevos superiores a los antiguos) y desde el 1 de enero de 2027, se fijan los definitivos que suponen fuertes aumentos sobre la situación actual.

Los valores nuevos a aplicar desde 2027 son 273 Hm3/año en Aranjuez, 544,1 Hm3/año en Toledo y 583,7 Hm3 / año en Talavera de la Reina.

Si se consolidan estos valores, el trasvase Tajo – Segura, que lleva funcionando 43 años, tendrá que reducir sensiblemente las cantidades a trasvasar, poniendo en peligro la economía agroalimentaria de miles de hectáreas del Levante español.  El déficit habrá de compensarse probablemente con agua desalada mucho más cara, o con reutilización de aguas residuales.

De modo que, entre los caudales ecológicos, la sequía y el cambio climático, nos encontramos en una encrucijada hídrica que exige soluciones racionales y no ideológicas de corte ecologista para la problemática del agua en España.

Y en épocas de sequía, como la que padecemos, los caudales ecológicos habría que irlos reduciendo progresivamente según se vayan alcanzando en los Planes Especiales de Sequía de las cuencas hidrográficas, los grados de escasez denominados Prealerta, Alerta y Emergencia, manteniéndolos en su totalidad solamente en situación de Normalidad. Eso sería lo lógico. No actuar así, constituye un nuevo despropósito.

 

 

EXTREMADURA: ¿QUÉ HACER PARA SALIR DEL POZO?

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado dentro de la Contabilidad Regional de España, los datos correspondientes a las macromagnitudes económicas del año 2022.

Extremadura, una vez más, sale malparada y ocupa los puestos de cola en las clasificaciones. Se encuentra en el fondo del pozo. Examinemos algunos datos.

En PIB expresado en términos de volumen, Extremadura es la región que menos creció (2,1 %). A continuación de Extremadura se situaron Castilla la Mancha (2,2 %) y Castilla y León (3,1 %). Las comunidades autónomas que más crecieron fueron Baleares (12,5 %) seguida de Canarias (9,7 %) y Madrid (7,2 %). Es decir, Baleares creció casi 6 veces más que Extremadura. El PIB medio de la UE-27 se situó en el 3,4 %.

Respecto al PIB “per cápita”, Extremadura ocupa el tercer lugar por la cola (21.343 €/hab.). Sólo supera a Andalucía (21.091 €/hab.) y a la ciudad autónoma de Melilla (20.698 €/hab.).

La Comunidad de Madrid se encuentra a la cabeza de este indicador con 38.435 €/hab., seguido del País Vasco (35.832 €/hab.) y Navarra (33.798 €/hab.). Es decir, en Madrid el PIB por habitante es un 80,1 % mayor que en Extremadura. El PIB per cápita medio de la UE – 27 es de 35.440 €/hab. Esto significa que el PIB por habitante extremeño es de un 60,2 % del medio de la Unión Europea.

Respecto a la Renta Bruta Disponible de los Hogares “per cápita”, según los datos publicados por el INE correspondientes al año 2021, encabeza la clasificación el País Vasco (20.865 €) seguido de Madrid (20.357 €). Extremadura, ocupa la penúltima posición (13.378 €) y solamente supera a la ciudad autónoma de Melilla (13.151 €). Es decir, un extremeño tiene una renta bruta disponible del 64,1 % de un vasco.

Otros indicadores como la tasa de pobreza o exclusión social AROPE para el año 2022, indican que Extremadura presenta el más alto valor de España, con el 36,9 %, seguida de Canarias (36,2 %) y Andalucía (35, 8 %). La media de esta tasa a nivel nacional es del 26 %. Extremadura se encuentra más de 10 puntos por encima de este valor medio.

Por otra parte, Extremadura ha sido la única comunidad autónoma española que ha perdido población en el año 2022. El censo se ha reducido en 2.502 personas.

Como puede deducirse, seguimos en el fondo del pozo. Y no se vislumbran visos de mejora.

A la vista de estos datos y de la permanencia de los mismos en el tiempo, se necesita de manera urgente que Extremadura cambie radicalmente sus políticas de desarrollo. Hay que dar un giro de 180º a las mismas.

Los resultados anteriores demuestran que ha sido un grave error aplicar casi exclusivamente políticas de corte ambientalista y proteccionista en Extremadura, que han traído como consecuencia, que en que en la actualidad nos encontremos con una elevada superficie de territorio protegido. Esta protección resulta ser un corsé para el desarrollo y condiciona mucho la economía de una zona. Es evidente que todas las zonas dignas de protección por sus valores ambientales debieran continuar protegidas. Pero esto hay que determinarlo mediante estudios multidisciplinares que demuestren la existencia de valores dignos de protección. En este tema la Universidad de Extremadura podría jugar un importante papel, que hasta ahora no ha desempeñado.

Hay que pasar a políticas de industrialización. En primer lugar, transformando en la región nuestros recursos endógenos para quedarnos con el valor añadido. Extremadura tiene una estructura bastante avanzada de producción agroalimentaria, con una agricultura y ganadería muy tecnificadas, que obtiene productos de elevada calidad. Y su transformación primera y siguientes ha de hacerse en la región y no exportar el producto bruto, del que se beneficien otras comunidades autónomas o países.

Pero esto ha de completarse con políticas que apuestan por las industrias basadas en las nuevas tecnologías, que son las que generan empleos de calidad. Somos uno de los mayores productores de energía renovable. El 80 % de la misma se exporta a otras zonas de España. Debiéramos exigir que una parte de la energía producida se consumiese en nuevas industrias a instalar en la región. Esto sería lo justo y equitativo. Lo otro es someter a Extremadura a una nueva colonización energética.

Es evidente que nuestro potencial turístico puede ser otro importante apoyo para el desarrollo regional. Disponemos de paisajes, ciudades con historia, monumentos, y gastronomía de alta calidad que han de ser puestos en valor. Y eso exige incorporar la región a circuitos internacionales y especialmente al eje Madrid – Lisboa.

Y dejar de lado las políticas de subvenciones y sopa boba, pasando a políticas que generen empleo estable y de calidad. La Universidad ha de impartir las titulaciones necesarias para disponer de personal idóneo, completado con los programas de formación profesional.

Pero Extremadura ha de resolver con urgencia el importante déficit de infraestructuras especialmente ferroviarias que padece y que impide un adecuado desarrollo. Hay que impulsar los tres corredores ferroviarios vitales para la región. La línea de alta velocidad Badajoz – Madrid, la reactivación de la línea férrea Ruta de la Plata, un servicio torpemente eliminado en 1985 y la modernización de la línea Mérida – Brazatortas. Sin estas comunicaciones Extremadura está aislada tanto para transporte de viajeros como de mercancías.

Y habría que empezar a diseñar un marco de infraestructuras aéreas para la región.

Las empresas no vendrán a Extremadura si no hay buenas comunicaciones. El disponer de ellas es algo que deberíamos reivindicar con fuerza los extremeños.

 

Mis mejores deseos de felicidad y alegría para el año 2024, a todos los lectores del Blog.

 

INFORME PISA: POR UNA VEZ EXTREMADURA GANA A CATALUÑA

La educación es un aspecto tan importante de la política de un país, que debiera exigir el consenso de los partidos políticos sobre las disposiciones de las leyes reguladoras de la misma. Esta normativa básica de un estado, debiera ser de aplicación a todo el territorio nacional en iguales condiciones de exigencia a los discentes y contenido de los programas.

En España las cosas no las debemos estar haciendo nada bien, a tenor de los resultados que se obtienen en el informe PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes), que evalúa los niveles de conocimiento del alumnado entre 15 y 16 años, en comprensión lectora, matemáticas y ciencias.

Los resultados del informe PISA del año 2022, no son nada alentadores para España y demuestran que el sistema educativo español deja bastante que desear, a tenor del nivel de conocimiento en dichas materias que presenta el alumnado español.

En compresión lectora los resultados de España (474) son inferiores a la media de la OCDE (476) y de la UE (475), y muy lejos de los resultados de Japón y Corea del Sur (515) e Irlanda (516).

En matemáticas el resultado de España (473) es ligeramente superior a la media de la OCDE (472), pero inferior a la media de la UE (474) y muy lejos de Japón (536) o Corea del Sur (527).

En ciencias España (485) está en la media de la OCDE y ligeramente superior a la UE (484). Seguimos muy lejos de Japón (547) y Corea del Sur (528)

Si, dentro de España, descendemos a niveles autonómicos nos encontramos con algunas sorpresas inesperadas, aunque reflexionando sobre las mismas puede haber alguna explicación que las justifique.

La vencedora indiscutible es Castilla y León, una comunidad autónoma en donde se deben estar haciendo bastante bien las cosas, a tenor de los resultados obtenidos en este informe.

Castilla y León, ocupa el primer lugar en compresión lectora (498) seguida de Asturias (497) y Madrid (496). También lo hace en matemáticas (499) seguida de Cantabria (495) y Madrid (494). Y por último en ciencias Castilla y León (506) empata con Galicia y les siguen Cantabria (504), Asturias (503) y Madrid (502).

Sorprende el dominio absoluto de Castilla y León, pero también las buenas posiciones obtenidas por Asturias, Cantabria o Madrid. Esta última es la comunidad de las de mayor número de habitantes que mejores resultados obtiene. Así que Ayuso seguirá reinando en la comunidad autónoma sede de la capital de España.

En el “pelotón de los torpes” hay resultados sorprendentes. Analizaré con detalle el caso de Extremadura que, a pesar de no ser una región poderosa, presenta mejores resultados que otras regiones que pueden considerarse mucho más ricas desde el punto de vista económico.

En comprensión lectora Extremadura (468) iguala con Murcia y va por delante de País Vasco (466), Canarias (463), Cataluña (462) y Andalucía (461).

En matemáticas Extremadura (469) alcanza la misma puntuación que Cataluña (469) por delante de Castilla la Mancha (464), Murcia (463) Andalucía (457) y Canarias (447)

 

 

Y, en ciencias Extremadura (479) se encuentra por delante de Cataluña (477) y de Castilla la Mancha (475), Andalucía (473) y Canarias (473)

Como se ve una región como Extremadura que ocupa las últimas posiciones en el ranking de indicadores macroeconómicos como PIB, PIB per cápita o renta disponible de España, sorprendentemente supera en el informe PISA a regiones mucho más poderosas como pueden ser Cataluña o el País Vasco.

Respecto a estas dos últimas comunidades autónomas, es probable que la causa del fracaso obtenido radique en los esfuerzos de inmersión lingüística que se están llevando a cabo, para desplazar al idioma español del sistema educativo, en beneficio de los idiomas locales, el catalán y el euskera.

Supongo que los alumnos sufrirán una empanada mental idiomática de categoría, que se traduce en unos resultados nefastos. Por su potencia económica y privilegios que reciben y dado lo bien que gestionan la administración, según presumen sus dirigentes, debieran ocupar los primeros lugares de la clasificación. Y vemos que no es así. Están a la cola.

Pero además los resultados de Cataluña y el País Vasco van de mal en peor. Entre 2018 y 2022 ambas empeoran sensiblemente en las tres materias. En compresión lectora el País Vasco pierde 9 puntos, en matemáticas 17 puntos y en ciencias 7 puntos. La debacle es aún mayor en Cataluña, que pierde 22 puntos en comprensión lectora, 21 puntos en matemáticas y 12 puntos en ciencias. Un desastre mayúsculo.

Así que, en lugar de demostrar tanta arrogancia y supremacía falaces, estas autonomías debieran reflexionar sobre si están siguiendo el mejor camino en materia educativa y sobre todo si perseguir el uso del español les reporta beneficio alguno.

En todo caso por Extremadura estamos contentos, aunque hemos de mejorar sin duda y salir de los puestos de cola. Pero por una vez superamos claramente a Cataluña y en parte al País Vasco. Ya era hora de que les superáramos en algo.

Y a nivel nacional, hay que volver al consenso y promulgar leyes educativas que se apliquen en todo el país con iguales criterios y exigencias al alumnado. Esperemos que se imponga el sentido común. Pero dado como está el panorama, lo dudo.

Feliz Navidad a todos los lectores con mi agradecimiento.

 

 

 

LOS TRENES DEL OESTE

Algunos extremeños se muestran muy contentos, porque ya funciona un tren electrificado en Extremadura. Albórbola, entre los sanchistas principalmente. Alguno de ellos ha calificado el día en que se produjo el acontecimiento como histórico. Llevamos varios días históricos con este tren. Y los que quedan.

Claro que vamos por tramos. Se trata de un tren electrificado a cachos. El tren de alta velocidad, que no es AVE ni nada que se le parezca, ya circula con electricidad. Empezó haciéndolo entre Badajoz y Cáceres solamente y, tras unos días de suspense, parece que ya la circula electrificado entre Badajoz y Monfragüe.

Aunque los Alvia que prestan servicio no pueden alcanzar la máxima velocidad, porque todavía no se ha instalado el mecanismo de control ERTMS (European Rail Traffic Management System). Así que, tranquilos. Dentro de unos años estará instalado. No hay que precipitarse.

 Si pensamos en lo que falta por hacer desde Monfragüe a Madrid, la cosa es para echarse a llorar. Hay algunas obras en marcha hasta Talayuela, con la polémica del soterramiento o no en Navalmoral, y desde allí hasta Madrid nada de nada. Horizonte de terminación: 2030 o “ainda mais” que dicen los portugueses.

Supongo que se habrá resuelto ya el despropósito del túnel de Santa Marina, cerca de Cañaveral, en donde había un salto entre los vagones y el acerado de evacuación de pasajeros, que había que salvar con rampas portátiles. No he visto ninguna noticia sobre la solución de este problema. Así que me temo lo peor.

Con el nuevo tramo electrificado se ahorran ¡cuatro minutos, cuatro ¡entre Badajoz y Madrid. Así que, con estos maravillosos avances, algunos extremeños se muestran encantados. Y pareciera que hemos alcanzado el Edén. Somos pobres hasta para pedir y reivindicar. Por eso nos tratan con desprecio. En Cataluña todo esto no habría ocurrido porque ya habrían declarado la independencia, tres o cuatro veces como mínimo.

En Extremadura como nos conformamos con poco, ni se nos ocurre reivindicar con fuerza, el reacondicionamiento y apertura de la vía férrea del Corredor Oeste – Ruta de la Plata, que en el tramo Plasencia – Astorga fue cerrada al tráfico de viajeros en 1985 y al de mercancías diez años después, en una maniobra de alta traición del gobierno socialista de entonces a Extremadura y al oeste de España.

Todavía hay un buen número de extremeños, que no acaban de entender el carácter estratégico de la vía férrea Ruta de la Plata para Extremadura y para el oeste de España. Es la ruta idónea para la salida y entrada de productos hacia los puertos del norte de España y hacia Europa, sin tener que pasar obligatoriamente por Madrid, que es un cuello de botella para el tráfico ferroviario, y hacia los puertos del sur de España y mercados de África y América. Mejoraría también las conexiones con Portugal. Y además uniría los dos brazos del Corredor Atlántico en España, ahora incomunicados.

Hay movimientos de la sociedad civil del oeste español, que están intentando que el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible y el gobierno de España, soliciten de la Unión Europea la inclusión del tramo Plasencia – Astorga, en la Red Básica Ampliada Transeuropea de Transporte, para que pueda actuarse a la mayor brevedad posible y poder financiarse con fondos europeos. El tiempo de la inclusión en la Red Básica se acaba porque al parecer ha de quedar resuelto en el primer trimestre de 2024. Y si no entra ahora, permanecerá en la Red Global que tiene un horizonte del año 2050.

El abandono del oeste español por parte del gobierno de España es patente. Todos los esfuerzos ferroviarios los centran en el Corredor Mediterráneo, porque claudican ante la presión y el chantaje de los votos de los separatistas catalanes, que mantienen a Sánchez en el poder y que son los principales beneficiados por el corredor.

Con esta y otras actuaciones se está provocando el despoblamiento del oeste español. Como señala el catedrático de la Universidad de Extremadura, Mora Aliseda, si se exceptúa Madrid, nos encontramos ante un desierto demográfico que se extiende desde el eje Lisboa – Oporto hasta el Levante español. Regiones como el Alentejo, Beira Interior, Castilla y León, Extremadura, Castilla la Mancha y parte de Aragón se están despoblando, porque existe un movimiento centrífugo de población hacia las costas y un vaciado de todo el interior de España y Portugal, sin que nadie haga algo por solucionarlo.

La reactivación de la vía férrea del Corredor Oeste – Ruta de la Plata entre Plasencia y Astorga y la conversión de este eje en un corredor multifuncional de viajeros y mercancías, de comunicaciones telemáticas y de transporte de energía, facilitaría la llegada de nuevas industrias al oeste español y la fijación de la población en el territorio, evitando su masiva salida del mismo. Por eso hay que presionar para que se incluya en la Red Básica ampliada cuyo plazo de cierre está muy cercano.

Y no me olvido del eje Mérida – Brazatortas que permitiría la unión entre Lisboa y los puertos portugueses y Valencia. Su remodelación va muy lenta, y sería muy conveniente su urgente modernización para facilitar la comunicación este – oeste de la península ibérica.

 No soy nada optimista sobre el futuro ferroviario de Extremadura. Los acuerdos de Sánchez con separatistas catalanes y vascos para mantenerse en el gobierno, traerán consigo un desvío de inversiones hacia las regiones rebeldes. Y eso perjudicará posibles inversiones en Extremadura.

Los extremeños no debemos consentirlo. Y habría que hacer bastante más de lo que hacemos en materia reivindicativa de estas infraestructuras ferroviarias. Comenzando por nuestro gobierno autonómico, al que deberíamos apoyar todos los extremeños.