DISCREPANCIAS MINISTERIALES

Luis Planas el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, me parece una persona seria y sensata. Al menos esa es la impresión que he sacado en algunas intervenciones que le he escuchado. La última ha sido en la presentación del libro promovido por FENACORE (Federación Nacional de Comunidades de Regantes) titulado: Externalidades positivas del regadío. Un grupo de autores del que he formado parte, ha escrito este libro para dar a conocer los aspectos positivos del regadío, un sistema agrario que ha transformado el campo español, pero que no es bien conocido por la sociedad española.

El ministro tiene claro que el regadío es un elemento fundamental en la cadena alimentaria española. La FAO también considera que es la solución alimentaria teniendo en cuenta que en el momento actual más de 800 millones de personas en la tierra pasan hambre y de cara al futuro aumento de población. Pero es que el regadío cumple también otras importantes funciones: genera rentas y empleo en las áreas trasformadas, fija la población en el territorio evitando su despoblamiento, es el principal proveedor de materias primas para la industria agroalimentaria y es uno de los principales sectores exportadores en nuestro comercio exterior.

La última remodelación administrativa ha hurtado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación importantes competencias para alojarlas en la vicepresidencia de Transición Ecológica y Reto Demográfico. El subsector forestal, por ejemplo. Todo esto ha dejado al Ministerio de Agricultura como un departamento de segundo nivel, con mucha menos importancia de la que tenía antes. Y eso sin contar con que el ministerio de Transición Ecológica tiene competencias transversales en biodiversidad, medio ambiente o agua que pueden decidir en última instancia aspectos que se refieren a la agricultura y a la ganadería.

Los departamentos de Agricultura y Transición Ecológica discrepan entre ellos con la decisión de la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad de endurecer la restricción a la caza del lobo, pues encuadra a este animal en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre). Esta decisión, trae consigo la prohibición de la caza del animal al norte del Duero, donde estaba permitida. Este acuerdo afecta muy negativamente a los ganaderos de esa zona que contemplarán impotentes como el lobo ataca sus rebaños, ya que, al prohibir la caza de esta especie hasta ahora autorizada, no tendrán medio alguno de impedirlo. Y eso sin considerar que el lobo se reproducirá a mayor velocidad con el riesgo que esto supone para los rebaños.

El ministro se ha puesto del lado de los ganaderos, dice que los comprende y apoya. pero la realidad es que el ministerio de Transición Ecológica y ¿Reto Demográfico?, impone sus tesis ambientalistas y causará un perjuicio notable a los ganaderos del norte de España. El medio ambiente y la biodiversidad han de estar en equilibrio con un desarrollo sostenible. De lo contrario muchas áreas rurales donde el lobo ibérico campará por sus respetos, terminarán vaciándose del todo. Habrá lobos en esos territorios, pero no personas. Si este es el fin, Planas debería hacer todo lo posible para impedirlo y no sólo comprender y apoyar a los ganaderos.

Pero habrá más choques entre Planas y la vicepresidenta cuarta Teresa Ribera. El próximo va a ser con el agua, en la redacción de los planes hidrológicos.

Los regadíos, el uso que más agua utiliza en España entre el 70 – 75 % del consumo anual, dependen, de momento, del ministerio de Agricultura, mientras que el agua es competencia de Transición Ecológica. Y por esta razón van a producirse discrepancias importantes en el próximo futuro.

La regulación se basa en planes hidrológicos tal y como determina la Directiva Marco del Agua (DMA). Estos planes están redactados con una visión eminentemente ambientalista que es la filosofía que sustenta la DMA.  Se da preferencia a los objetivos ambientales (alcanzar el buen estado de las masas de agua) sobre los económicos (satisfacción de las demandas de los regadíos, por ejemplo).

No se tienen en cuenta los esfuerzos que los regantes han hecho desde el año 1998, para modernizar los regadíos y hacerlos más sostenibles. Hoy día se riegan en España 2 millones de hectáreas mediante riegos de alta eficiencia, lo que ha producido importantes ahorros en el consumo de agua (alrededor del 16 %) Tampoco se valoran las actuaciones realizadas por los regantes en la aplicación de nuevos tipos de fertilizantes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y rebajar la contaminación difusa, ni la mejora en la eficiencia energética con la instalación de plantas fotovoltaicas en las estaciones de bombeo. Ni se tiene en cuenta que los regadíos actúan como sumideros de CO2.

Se mantienen desde hace años sistemas de riego deficitarios sin darles solución alguna en los planes hidrológicos y sin proyectar y realizar las pertinentes estructuras de regulación que además de solucionar el déficit existente, servirían para adaptarse mejor al cambio climático.

El objetivo primordial de Transición Ecológica es gravar con nuevos cánones ambientales el coste del agua de riego, sin tener en cuenta si las explotaciones agrarias tienen capacidad de pago suficiente para hacerles frente. Además, parecería lógico que los costes ambientales para mejorar las condiciones de las masas de agua tendrían que ser asumidos por todos los españoles y no sólo por los usuarios del agua.

Por todo lo dicho habrá próximos desacuerdos. Los regantes así se lo han hecho ver al ministro Planas que al igual que los agricultores apuesta por unos regadíos sostenibles. Eso significa que hay que equilibrar medio ambiente y desarrollo. En Transición Ecológica parece que se mueven por otros principios. Y es seguro que habrá discrepancias. Peores que las del lobo.

 

 

 

VIEJOS DE ESPAÑA: EL TRIAJE HA VUELTO

En una entrada de este blog de hace unas semanas me preguntaba si dada la evolución que llevaba la pandemia y el incremento de ingresos hospitalarios que se estaba produciendo, volveríamos al despiadado “triaje” que se produjo en la primera oleada y en el que los mayores no entraban en las UCIs porque no había sitio, y se daba prioridad a la gente más joven.

Pues bien parece que en esta tercera oleada ya ha comenzado el “triaje” de nuevo y en las UCIs de los hospitales de Granada ya no ingresan los mayores de 80 años porque no son viables. Esa es la denuncia efectuada por el presidente del Sindicato Médico de Granada. Advierte de que se reducirá la edad de los que se ingresan en UCI en función de la demanda que exista.

La sanidad oficial granadina ha matizado diciendo “que se siguen criterios de viabilidad de los pacientes y sus patologías previas” que en el fondo es lo mismo que denuncia el presidente del Sindicato Médico granadino. Que el triaje ha vuelto y a los viejos se los deja a su suerte.

Me malicio que esta misma situación se dará en otras ciudades y hospitales, pero no ha trascendido a los medios de comunicación.

Casi un año después, los mayores vuelven a estar en almoneda y su vida vale muy poco. Eso sí pagan los mismos impuestos que el resto de los españoles. Pero al parecer no tienen derecho a recibir el mismo trato. Una cosa vergonzosa.

Y es que desde que empezó la pandemia no hemos aprendido prácticamente nada. Y por supuesto no culpo al estamento sanitario, el único que ha aprendido algo, que está haciendo lo posible y lo imposible y dejándose la piel y la vida para atender a los enfermos. Del triaje no tienen culpa los médicos ni el personal sanitario. Tienen que llevarlo a cabo porque no hay sitio material para atender a los enfermos con las UCIs llenas hasta las trancas. Nos advirtieron con tiempo de lo que se nos podría venir encima antes de la segunda oleada y de las Navidades. Pero estos políticos que nos mal gobiernan pasan de ellos.

Claro que como en junio ya “habíamos vencido al virus” y “salíamos más fuertes” los políticos y su inexistente comité de expertos se echaron a la bartola y se olvidaron de la pandemia, para centrarse en el veraneo y en la memoria histórica que, al parecer es lo importante ahora. Quitar cruces que se pusieron hace 80 años y de cuya simbología los españoles nos habíamos olvidado, parece ser que es lo que resolverá todos los problemas de la nación, incluida la crisis de la pandemia, las colas en Cáritas y Cruz Roja en demanda de alimentos por parte de miles de familias llevadas a la exclusión por la crisis, los Ertes, el paro galopante que nos agobia y las tribulaciones que están pasando los empresarios titulares de los miles de pequeñas y medianas empresas que están cerrando.

En lugar de aprovechar la tregua que nos dio el virus este verano y mejorar los hospitales aumentando las camas UCIs, buscando colaboración con la sanidad privada para utilizar sus instalaciones redactando los oportunos protocolos de actuación, se dedicaron al veraneo sin pensar que podían venir otras oleadas de ataque del SARS – Cov - 2, como así ha sido. Y eso que el estamento sanitario había advertido de posibles nuevas infecciones masivas del virus.

Se siguen manteniendo 22 ministerios y vicepresidencias para colocar a los colegas podemitas con el fin de asegurar los 35 votos correspondientes. De esta maraña ministerial sobran la mitad de los ministerios y dos o tres vicepresidencias. Los ministerios y la vicepresidencia podemita no cumplen función alguna y se dedican a colocar asesores a manta y a gastar en estupideces a cuál mayor, al marketing y a la propaganda y también a la intriga palaciega y mediática. Su objetivo es cargarse las principales instituciones como la monarquía o el poder judicial, para llevarse por delante la modélica transición que culminó en la Constitución de 1978 que supuso la reconciliación entre españoles que ahora vuelven a estar enfrentados.

Todo ese gasto superfluo se debería haber dedicado a reforzar nuestro sistema sanitario público, de modo que se hubieran mejorado los medios existentes y se hubiera contratado más personal para reforzar a unas plantillas que están agotadas física y psicológicamente y un gran número de ellos atacados por el virus.

La única dirigente que se le ocurre levantar en tiempo récord un hospital de pandemias, que está cumpliendo una estupenda función ante las nuevas oleadas del virus, recibe críticas inmisericordes, de aquellos que en su ineptitud no han sido capaces de mover un dedo ni de invertir un euro para mejorar las condiciones sanitarias de su competencia. Y además se producen sabotajes en este hospital que ponen en peligro la vida de los enfermos. Los que los llevan a cabo o los justifican y fomentan son unos miserables y unos canallas.

Y todo esto ante la mirada inane de un gobierno central que ha abdicado de tener responsabilidad alguna ni de ejercer el liderazgo en la lucha conta la pandemia. La responsabilidad la han trasladado hábilmente a las comunidades autónomas ya que tienen transferidas las competencias en materia sanitarias. Las vacunas son cosa de la UE y no de ellos y si hay problemas de abastecimiento se llaman a andana. Me pregunto qué pito toca el gobierno nacional en todo este asunto.

Las consecuencias las vuelven a pagar los viejos. Los que levantaron España con su trabajo en la dictadura y trajeron el estado del bienestar. Les pagan todos sus esfuerzos con el triaje. Claro que como se sacrificaron tanto, harán un sacrificio más: morirse. De vergüenza.

 

 DIGNIDAD Y DECORO

Personalmente nunca he sido una persona con un alto “espíritu militar” que se decía en mis tiempos juveniles. Quizás porque en aquella época de mi mocedad, mandaba Franco y se aplicaba a rajatabla el ordeno y mando en el ejército.

Hoy día las cosas han cambiado bastante en el estamento militar, creo que para bien. Nuestra pertenencia a la OTAN y la entrada en la UE, han profesionalizado sobremanera a nuestras fuerzas armadas y en ellas podemos encontrar especialistas de primer nivel en las diferentes áreas militares, los cuales están a la altura de los mejores y dan la talla en los organismos internacionales y en las misiones exteriores que se les encomiendan. Creo que tenemos unas fuerzas armadas dignas de nuestro país y a la altura de las de los países de nuestro entorno.

La dignidad, junto a otras características castrenses como la disciplina, la obediencia, el esfuerzo solidario y el espíritu de sacrificio son virtudes que suelen estar muy presentes en el estamento militar. Por supuesto también hay fallos e imperfecciones y las fuerzas armadas no son el Edén.

Hoy voy a referirme a una virtud, que, en general, en España entre los políticos, suele practicarse poco: la dignidad. La RAE en una de sus acepciones la define como: gravedad y decoro de las personas en la manera de comportarse.

Viene al caso de la dimisión del JEMAD (Jefe del Estado Mayor de la Defensa) el general del ejército del Aire, Miguel Ángel Villarroya, el más alto grado militar de nuestras fuerzas armadas -  la ministra y su cúpula de directores generales  son cargos civiles  aunque puedan estar ocupados por militares - como consecuencia de haberse vacunado contra la Covid 19, parece que subvirtiendo el orden de prelación que se lleva en la sociedad civil, y que no tiene por qué ser el mismo que el que rija en el orden militar.

Los medios de comunicación, muchos de ellos al dictado del populismo comunista que se asienta en el gobierno, han arremetido contra el JEMAD, acusándole de aprovecharse de su cargo, para sacar ventaja en el proceso de vacunación respecto al resto de los españolitos.

Al parecer existía un protocolo de vacunación en el ámbito castrense, que consideraba correcta la vacunación del general Villarroya, junto con otros altos mandos militares. Parece ser que el contenido de este protocolo no lo conocía la ministra. Pero si existía el protocolo y se ha cumplido correctamente ¿dónde está el problema?

El JEMAD, ha presentado de inmediato su dimisión a la ministra que la ha aceptado, por lo que un Consejo de Ministros ha procedido a su destitución. El general Villarroya aduce en su carta de dimisión que lo hace para salvar el prestigio de las fuerzas armadas y así evitar en lo posible ataques indiscriminados desde diferentes trincheras que se dedican a desprestigiar las instituciones al menor fallo que se produzca. Estos mismos medios y redes sociales son los que callan ante los aciertos y la excelente labor llevada a cabo por las fuerzas armadas, que ha quedado puesta de manifiesto tanto en la lucha contra la pandemia, como contra los fenómenos meteorológicos de gravedad acontecidos recientemente en España y que ha tenido el reconocimiento de los ciudadanos.

La dimisión del general es un acto de dignidad y decoro en mi opinión. Dimitir cortando una brillante carrera militar de 45 años, anteponiendo los intereses de las fuerzas armadas, a los personales del alto mando, revela una posición digna que ha de ser aplaudida por los españoles de bien que no tenemos intereses políticos. Y no debería constituir un borrón ni un deshonor en su carrera castrense, sino por el contrario ser considerada como un mérito.

Supongo que la ministra no estará muy contenta al perder un colaborador de esta talla, pero no le quedaba otra solución, para acallar a los que ladran, y que solamente buscan la desestabilización de las instituciones. De paso parece haber servido para que algún colega del gabinete ajuste cuentas con la ministra.

Mientras un militar digno presenta su dimisión, aun convencido de que ha actuado correctamente según el protocolo existente en las fuerzas armadas, cientos de politicastros, amiguetes, paniaguados de toda clase y color y hasta un obispo, también se han saltado el protocolo civil de vacunación conocido de todos y se han aprovechado de sus cargos para sacar ventaja ellos y sus familias. En Extremadura han sido más finos, modificando el protocolo sobre la marcha para acoger a los pecadores, aunque la Junta de Extremadura lo niega con rotundidad. Dicen que lo modificado no servirá de tapadera a nadie. El tiempo lo dirá.

Y salvo honrosas excepciones como algunos consejeros y cargos sanitarios autonómicos, que han dimitido o han sido cesados, los “aprovechateguis” ahí siguen aferrados a sus poltronas y a sus prebendas, esperando que escampe y se olvide el asunto para poder seguir chupando del bote. Porque a muchos de ellos si les quitan el bote se quedan a la luna de Valencia. Tal vez la dimisión del JEMAD les va a dificultar su estrategia. Veremos.

No conozco de nada al general Villarroya. Pero quiero resaltar su dignidad y señorío. Virtudes poco comunes entre los políticos y altos cargos que pululan por España. Que tenga un buen pase a la reserva y jubilación posterior. Se lo merece usted, mi general.

 LA DIÁSPORA DE LOS INVESTIGADORES ESPAÑOLES

Históricamente España ha sido un país en el que no se ha dado a la investigación y a la innovación la importancia que realmente tienen, cuando ambos dominios son elementos imprescindibles para el avance y el progreso de una nación. España en esta faceta también es diferente.

La frase pronunciada en su día por Don Miguel de Unamuno “que inventen ellos”, da idea de la escasa importancia que tradicionalmente se ha dado a la investigación en España. La rotunda sentencia pertenece a un intelectual de primer nivel, que fue rector de una universidad de tanta solera como la de Salamanca.

Es tradicional el poco apoyo que históricamente ha tenido la investigación en España. Severo Ochoa ganador del premio Nobel, lo hizo en razón de su trabajo investigador en Estados Unidos y en su condición de ciudadano americano puesto que tenía dicha nacionalidad. España presume de este premio, pero en realidad es un premio americano. Severo Ochoa había nacido y se había formado en España que no es poco. Incluso leyó su tesis doctoral aquí en 1931. Pero el premio Nobel lo obtuvo gracias a la confianza y apoyo que le otorgó la administración yanqui que puso a su disposición los medios necesarios para llevar a buen término sus investigaciones sobre el ADN y el ARN.

Hace un tiempo tuve oportunidad de ver un reportaje de una cadena de televisión en el que entrevistaban a diversos científicos españoles, la mayoría jóvenes, que investigan en el extranjero. Desde Australia a Estados Unidos pasando por Alemania y Reino Unido, hay una pléyade de investigadores españoles que aplica su talento a proyectos de investigación foráneos y constituyen la diáspora de la investigación española. Porque en España no hay sitio para ellos y se ven obligados a emigrar.

Todos estos científicos han sido formados en nuestro país, a costa del erario español y se han visto forzados a abandonar nuestros centros de investigación para poder conseguir unas condiciones adecuadas con las que llevar a cabo sus trabajos. Es decir, España prepara a estos jóvenes investigadores y otros países se aprovechan del talento español. Una inversión ruinosa. Formar un titulado superior cuesta una elevada cantidad de dinero.

Los investigadores que permanecen en España por diferentes razones se ven con poca remuneración y casi sin medios, siempre pendientes de la espada de Damocles relativa a si habrá o no habrá dinero para sus proyectos de investigación, los cuales quedan al albur de los correspondientes recortes presupuestarios.

En nuestro país cuando viene el tío Paco con las rebajas, una de las actividades primeras en las que se hacen podas presupuestarias es en la investigación y en la innovación. Y así es difícil que un país progrese y esté en cabeza de la ciencia y de la tecnología. Un investigador necesita una estabilidad y medios a lo largo del tiempo para llevar a buen fin sus trabajos. Sin una atención presupuestaria sostenida y extendida en el tiempo no es posible mantener un nivel investigador razonable.

Las cifras de inversión en I+D+i en España demuestran nuestra falta de interés en la investigación tanto básica como aplicada. En el último ejercicio cerrado 2017 se llegó a invertir en España el 1,2 % del PIB en investigación. Países como Suecia, Austria, Dinamarca o Alemania dedican más del 3 % del PIB a investigación y desarrollo, porcentaje bastante superior a España, que ocupa el décimo octavo lugar del ranking europeo con ese escaso 1,2 %.  Estamos en la parte de atrás de la lista.

Aunque en los últimos tiempos ha crecido algo el porcentaje destinado a investigación, seguimos ocupando un lugar que no corresponde a un país que es la cuarta potencia económica de la UE. Lo que confirma el poco interés que para nuestros políticos y dirigentes tiene la investigación en España. Nuestra economía se basa en su mayor parte en patentes foráneas y no españolas que hacen que tengamos que abonar los correspondientes royalties.

Un elevado número de investigadores españoles trabajan fuera de España. Casos como Mariano Barbacid o Valentín Fuster son paradigmáticos de la salida de cerebros privilegiados que han abandonado España y han hecho sus “currículum vitae” de investigación en el extranjero sin que se nos mueva un músculo, ni tomemos decisiones al respecto, para mejorar nuestra situación.

Existía la intención de alcanzar en 2020 el 2 % del PIB para investigación. Pero ya hay opiniones como la de la Fundación Cotec presidida por la ex ministra Cristina Garmendia que consideran inalcanzable este objetivo dada la anormal situación sanitaria y económica en la que estamos. Incluso llegando a ese porcentaje quedaríamos bastante lejos de otros países europeos de nuestro entorno.

Habrá que pensar, siendo optimistas, que los efectos del virus SARS – CoV – 2 pudieran ser un toque de atención que lleve a España a reorganizar su investigación e innovación, de modo que empiecen a destinarse presupuesto y medios que permitan a nuestros investigadores permanecer en España y dedicarse a la investigación de temas que interesen a nuestro país.

Pero nos tememos que nuestra incuria investigadora va a seguir vigente. Para que España siga siendo diferente también en esta faceta científica y técnica.

 

 

EXTREMADURA: ENERGÍA MÁS BARATA

Hace unos días asistí en modo telemático, como manda la pandemia, a un interesante Punto de Encuentro de la Sociedad Civil, entidad que dirige Cecilio Venegas presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz. En esta ocasión el tema de debate era muy atractivo: Industrialización de Extremadura, una asignatura pendiente.

Los ponentes participantes rayaron a gran altura, pero quiero destacar la intervención de Fernando López, Catedrático en la escuela de Ingenieros Industriales de la UEX y directivo del Club Senior de Extremadura, que presentó un detallado trabajo realizado por él y su equipo de colaboradores, en el que se estudia la composición del coste de la energía y la posibilidad de conseguir beneficios para Extremadura, reduciendo el coste de la utilizada en la región. Esto permitiría atraer nuevas industrias a Extremadura y de paso favorecer la competitividad de las industrias y actividades regionales ya existentes.

El estudio es riguroso y científicamente avalado por sus autores, todos ellos expertos en el tema y podría convertirse en el primer paso para conseguir un abaratamiento del coste de la energía para los extremeños. Creo que sería un buen mecanismo para que la región comenzara una andadura que la lleve a abandonar el furgón de cola en cuanto a PIB o renta per cápita y poder empezar a converger con los valores medios nacionales.

El estudio da cuenta de que mientras el coste medio de generación del mix energético español se encuentra en 5,32 c€/kWh (el coste de la nuclear está en 1,8 c€/kWh y el de la hidroeléctrica en 0,3 c€ /kWh dentro de los tipos de producción) el precio medio para el consumidor está en 23 c€ kWh. Es decir 4, 3 veces más. Mi conclusión: algunos se están forrando.

Extremadura produce 21.030 GWh de energía (2019). De ellos 4.655 GWh corresponden a energías renovables (23,14%) el resto es no renovable, nuclear en su mayor parte. El consumo de energía en Extremadura es de 4.969 GWh. Con las renovables se cubre el consumo extremeño prácticamente. Exportamos el 76,4 % de la energía que producimos.

La composición del recibo de la energía contiene dos bloques: el bloque de coste de generación que recoge los costes de producción y representa alrededor del 35 % del recibo y el coste regulado formado una serie de peajes y los impuestos que suponen el restante 65 %.

Para no cansarles con números en estos costes regulados o peajes se encuentran costes de distribución, transporte, retribución específica RECORE (Renovables, Cogeneración y Residuos), Sistemas no peninsulares (SNP) y otros de menor cuantía.

El estudio establece un nuevo esquema de costes para Extremadura en el que sobre la  estructura actual,  se establece una nueva reduciendo los costes de generación y en los costes regulados se eliminan parte de los costes de distribución, los costes de transporte (Extremadura prácticamente puede actuar en modo isla), los costes de Sistemas no Peninsulares (es absurdo que un consumidor extremeño tenga que contribuir a que en Baleares y Canarias exista un menor coste de la energía eléctrica cuando son regiones con un PIB y renta per cápita superiores a Extremadura) y otros pequeños ajustes.

El resultado es un ahorro de 324.46 M€ lo que supone una reducción media del coste para Extremadura del 43,12 %. Se reduciría el coste doméstico en un 35 % y el industrial en un 50 %.

 Los nuevos costes se fijan en 427,97 M€, con los que se cubre la generación, los peajes regulados con las reducciones realizadas, y los impuestos. Ello supone que, para una demanda similar a la registrada en el 2019, de 4.959 GWh, el precio medio con el que se debería facturar la electricidad sería de 8,63 c€/kWh.  

Como se deduce de las propuestas del estudio se produciría una importante reducción de los costes de la energía para los usuarios extremeños. Esto significaría un aliciente para la instalación de nuevas industrias en Extremadura y una mejora de la competitividad de las existentes. En el País Vasco que dispone de beneficios fiscales extraordinarios por su cupo, el coste de la energía es inferior al del resto de España. Así que Extremadura no constituiría una excepción, como les pasa a Baleares y Canarias.

La industria agroalimentaria, la extractiva, la siderúrgica y todas las industrias en general se verían beneficiadas y podrían mejorar su competitividad. Sería una cuestión trascendental reducir los costes energéticos en el importante sector del regadío que resultó muy perjudicado por la desaparición de las tarifas especiales de riego en el año 2008.

Creemos que este excelente y documentado estudio de Fernando López y sus colaboradores puede constituir el documento base para que la Junta de Extremadura inste del Estado un tratamiento justo para la región en lo referente al coste de la energía, que nos permita abandonar de una vez por todas el furgón de cola de la economía española en el que estamos.

Extremadura se merece este trato diferencial pues a lo largo de la historia hemos soportado tres colonizaciones energéticas de las que hemos obtenido escasos beneficios: la hidroeléctrica, la nuclear y ahora la fotovoltaica que va a ocupar miles de hectáreas de suelo regional.

Así que ya va siendo hora de que los extremeños obtengamos algún beneficio tangible como es el reducir nuestro coste energético ¿Lo conseguiremos?

 

 

PUENTE ROMANO DE ALCÁNTARA: UN MERECIDO DESCANSO

Desde el año 104 - 105 d.C. este puente, construido en honor del emperador Trajano, lleva prestando un servicio impagable para los ciudadanos al permitir salvar el curso del muy encajado río Tajo. Tras más de 19 siglos de uso, aunque presenta algunos achaques, ahí sigue enhiesto y desafiante a los efectos del paso del tiempo y al del agua que discurre por el río, formando parte de la carretera autonómica extremeña EX – 117 que une la N – 521 y la EX – 108 pasando por Alcántara.

Esta resistente a la vez que esbelta estructura, construida bajo la dirección del arquitecto romano Cayo Julio Lacer, resulta ser un modelo de las obras de ingeniería viaria que se construyeron durante el Imperio Romano. El viaducto está constituido por 6 arcos de medio punto, de luces variables, con una altura máxima de 58,2 m, teniendo una longitud de 194 m. La anchura del puente es de 8 m, de los cuáles 6,7 m corresponden a la calzada, más los pretiles que ocupan 1,3 m.  Los árabes lo denominaron Al Qantarat que significa simplemente: el puente.

Se utilizaron en su construcción sillares graníticos cimentados sobre las rocas pizarrosas del lecho del río. La notable altura con la que se construyó el puente, se debe al hecho de tener que superar las importantes avenidas que antiguamente presentaba el río Tajo en ese punto, hoy laminadas por la construcción, unos 600 m aguas arriba, de la presa de Alcántara (José María de Oriol) (3.160 Hm3 de capacidad), una gran obra de ingeniería hidráulica moderna, de la segunda mitad del siglo XX (1969).

El puente ha sido objeto de diversas restauraciones a consecuencia de daños sufridos en diferentes guerras. Las últimas reformas se hicieron durante el reinado de Isabel II en el siglo XIX y al tiempo que se construía la presa de Alcántara en que se reforzaron algunos pilares que presentaban problemas de descalzamiento.

Debido al paso del tiempo y al hecho de soportar un tráfico cada vez más pesado y más intenso, desde hace ya algunos años pudo constatarse que el puente presentaba problemas importantes de deterioro, que se mantienen en la actualidad, especialmente en la zona de rodadura. Esta situación hace casi imprescindible, tener que optar, bien por una reparación muy intensa con el riesgo que esto supone para mantener el carácter del puente o por la construcción de un viaducto alternativo, para dejar fuera de servicio y protegido, el puente romano que ya ha producido todos los beneficios viarios que podían esperarse de él.

Durante mi estancia en la Dirección General de Infraestructuras y Agua de la Junta de Extremadura entre 2007 y 2011 comencé, junto con la Directora General de Patrimonio, a dar los primeros pasos para solucionar la protección de este puente y evitar males mayores en su estructura.

Hoy veo que la Junta de Extremadura ha optado por la construcción de un nuevo viaducto que se ubicará, según parece, entre el puente romano y la presa y que será la solución, yo creo que la más razonable, para evitar la ruina del espectacular monumento romano y conseguir su preservación.

18 millones de euros y 30 meses que es el plazo de ejecución de la obra, son el dinero y el tiempo que separan a este monumento romano de su merecida jubilación, tras 19 siglos de prestación de servicios para los ciudadanos en diferentes períodos de la historia de España.

La ingeniería romana de estos puentes basada en el trabajo a compresión de los materiales constitutivos, en este caso sillares graníticos que presentan una alta resistencia a los esfuerzos de este tipo, confiere una larga vida a este género de construcción.

Recuerdo lo que ocurría en Salamanca a principios de los años 60 del siglo pasado, en los que yo andaba de estudiante por sus doctas aulas. Se había construido un puente moderno, que no estaba muy allá pues presentaba ciertos problemas de inestabilidad estructural, por lo que en las entradas al mismo figuraba un letrero muy revelador que decía: Camiones de más de 16 t por el puente romano. Ello da idea de las magníficas y resistentes construcciones que los ingenieros romanos llevaron a cabo en la red viaria de Hispania.

Quizás se suscite alguna controversia sobre la construcción del nuevo puente moderno que sustituirá al romano de Alcántara. Todo es opinable y se puede contemplar desde distintos puntos de vista. Pero es imprescindible la construcción de un puente que deje descansar al romano. No parece lógico una reparación y su continuidad prestando servicio.

Yo confío en el buen hacer de los técnicos de la Junta de Extremadura que tendrán a su cargo la supervisión del proyecto y de la ejecución de las obras de la nueva estructura. A muchos de ellos los conozco personalmente pues trabajaron conmigo en los tiempos en que ocupé la Dirección General. Y sé que harán lo mejor para que el nuevo puente no ensombrezca al antiguo. Porque son conscientes del valor de esta joya de la ingeniería romana.

El puente de Alcántara que desde agosto de 1924 tiene el carácter de Monumento Nacional ha de ser preservado y cuidado con esmero, estableciendo la máxima figura de protección que se pueda por parte de la Junta de Extremadura para que quede asegurada por los siglos de los siglos la inscripción que figura en el templete del mismo: PONTEM PERPETUI MANSVRVM IN SECULA MVNDI:  El puente que permanecerá en pie por los siglos del mundo. O algo parecido.

 

 

FONDOS DE RECUPERACIÓN: PRIMER REPARTO, PRIMER PALO.

El pomposo y extenso título que les han adjudicado, Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia, parece tener relación con las elevadas cantidades que se pondrán en juego y es acorde con el desmesurado anhelo que multitud de políticos, instituciones y empresas tienen por hacerse con los sustanciosos pellizcos monetarios que puedan proporcionar.

La palabra resiliencia se ha puesto de moda y la utiliza todo quisque que se precie de ser políticamente correcto que es lo que se lleva ahora. Aprendí su significado cuando estudiaba la asignatura de resistencia de materiales, hace ya un montón de años. La resiliencia es la propiedad que tienen determinados materiales para recuperar su estado inicial una vez que ha cesado la perturbación o fuerza a la que han estado sometidos. La elasticidad de un material era el ejemplo más claro de resiliencia.  

Ha comenzado en España una alocada carrera para hacerse con la mayor parte posible de los 140.000 Millones de euros que Europa nos va a conceder, ya veremos cuando, con el fin de intentar recuperarnos de los efectos de esta cruel y dañina pandemia. De esa cifra algo más de la mitad unos 72.700 M€ serán subvenciones a fondo perdido y el resto habrá que devolverlo en cómodos plazos. Si el PIB español se encuentra en el entorno de los 1,2 miles de millones de euros, los fondos representan menos del 12 % del PIB. Por otra parte, esta notable cantidad se distribuirá a lo largo de varios ejercicios presupuestarios. Veremos si somos capaces de gastarla en su totalidad.

No obstante, como el pastel es suculento, llevamos más de dos meses en los que políticos de toda clase y condición, empresarios del IBEX 35 y de los otros, consultoras, instituciones diversas, intermediarios, muñidores, conseguidores y lobistas de todo tipo y procedencia se han puesto de los nervios y desarrollan una desaforada actividad para llevarse el gato al agua y pillar el máximo que puedan de estos fondos. Se sacan todo tipo de proyectos de los cajones donde yacían por falta de financiación y aparecen profetas del nuevo modelo económico hasta debajo de las piedras.

Los medios de comunicación se hacen eco de la movida existente y algunas instituciones de la sociedad civil opinan y dan cuenta de las acciones que podrían acometerse con dichos fondos.

De las clásicas inversiones en infraestructuras y construcción que era donde se empleaban mayoritariamente las inversiones públicas antaño, hogaño sólo se habla de cambio climático, economía verde y circular, descarbonización de la sociedad, digitalización, sostenibilidad e inversiones resilientes que vaya usted a saber en qué consisten. Con la boca chica se habla de sanidad cuando debería ser lo prioritario. Por si viene otra pandemia cuando salgamos de esta.

Luego está por determinar quién va a repartir los dichosos fondos y si va a existir algún tipo de control en este reparto por parte de la UE. La distribución del pastel parece que va a correr a cargo de Sánchez & Redondo Asociados, a los que sin duda se unirá Iglesias que es el perejil de todas las salsas y que también querrá meter baza y llevarse parte para sí y para sus socios.

El primer reparto de 10.000 M€ del fondo REACT - EU ya ha proporcionado a Extremadura (187 M€) la primera decepción. Con una población del 2,24 % del total, sólo recibe el 1,9 % de esos fondos.

Los criterios de reparto parece que han sido: disminución experimentada en el PIB con 2/3 de peso, desempleo total 2/9 y desempleo juvenil 1/9. En consecuencia, el desempleo representaría pues 1/3 del peso ¿De verdad que Extremadura, última región en PIB y con cifras desesperantes en desempleo y paro juvenil, está en tan buena posición como para resultar perjudicada en la distribución de estos fondos como se verá a continuación?

La cantidad media por habitante en este reparto es de 211 € para el conjunto de España. Pues bien, para Extremadura 176 €, 35 € menos que la media. ¿Quiénes son los beneficiados? Pues los amiguetes del gobierno salvo la excepción de Andalucía (222 €/hab). En el grupo de favorecidos se encuentran: Canarias (290 €/hab), Baleares (256 €/hab), Comunidad Valenciana (248 €/hab), Castilla la Mancha (238 €/hab) y ¡cómo no, Cataluña con 219 €/hab¡ De Navarra y País Vasco ni hablamos: esos ya tienen el chollo con los conciertos y cupos y aun así salen más beneficiados que Extremadura. Además, Aragón, Asturias, Madrid y Rioja también salen mejor parados que los extremeños.

Produce indignación esta nueva tomadura de pelo a nuestra comunidad autónoma. Supongo que nuestro gobierno regional no recibirá impasible como tantas otras veces este nuevo maltrato. Espero que no justifiquen este varapalo con el “principio de legalidad” tal y como han hecho con el más que probable indulto a los golpistas catalanes. ¡Capaces son¡

 Ojalá me equivoque y al final nos den a los extremeños un trato justo y diferenciado que nos sirva para empezar a abandonar la penosa situación económica en la que estamos. Pero veo negro el panorama, después de este primer meneo.

Feliz Año Nuevo, con salud y éxitos para todos mis lectores.