DISCREPANCIAS MINISTERIALES

Luis Planas el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, me parece una persona seria y sensata. Al menos esa es la impresión que he sacado en algunas intervenciones que le he escuchado. La última ha sido en la presentación del libro promovido por FENACORE (Federación Nacional de Comunidades de Regantes) titulado: Externalidades positivas del regadío. Un grupo de autores del que he formado parte, ha escrito este libro para dar a conocer los aspectos positivos del regadío, un sistema agrario que ha transformado el campo español, pero que no es bien conocido por la sociedad española.

El ministro tiene claro que el regadío es un elemento fundamental en la cadena alimentaria española. La FAO también considera que es la solución alimentaria teniendo en cuenta que en el momento actual más de 800 millones de personas en la tierra pasan hambre y de cara al futuro aumento de población. Pero es que el regadío cumple también otras importantes funciones: genera rentas y empleo en las áreas trasformadas, fija la población en el territorio evitando su despoblamiento, es el principal proveedor de materias primas para la industria agroalimentaria y es uno de los principales sectores exportadores en nuestro comercio exterior.

La última remodelación administrativa ha hurtado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación importantes competencias para alojarlas en la vicepresidencia de Transición Ecológica y Reto Demográfico. El subsector forestal, por ejemplo. Todo esto ha dejado al Ministerio de Agricultura como un departamento de segundo nivel, con mucha menos importancia de la que tenía antes. Y eso sin contar con que el ministerio de Transición Ecológica tiene competencias transversales en biodiversidad, medio ambiente o agua que pueden decidir en última instancia aspectos que se refieren a la agricultura y a la ganadería.

Los departamentos de Agricultura y Transición Ecológica discrepan entre ellos con la decisión de la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad de endurecer la restricción a la caza del lobo, pues encuadra a este animal en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre). Esta decisión, trae consigo la prohibición de la caza del animal al norte del Duero, donde estaba permitida. Este acuerdo afecta muy negativamente a los ganaderos de esa zona que contemplarán impotentes como el lobo ataca sus rebaños, ya que, al prohibir la caza de esta especie hasta ahora autorizada, no tendrán medio alguno de impedirlo. Y eso sin considerar que el lobo se reproducirá a mayor velocidad con el riesgo que esto supone para los rebaños.

El ministro se ha puesto del lado de los ganaderos, dice que los comprende y apoya. pero la realidad es que el ministerio de Transición Ecológica y ¿Reto Demográfico?, impone sus tesis ambientalistas y causará un perjuicio notable a los ganaderos del norte de España. El medio ambiente y la biodiversidad han de estar en equilibrio con un desarrollo sostenible. De lo contrario muchas áreas rurales donde el lobo ibérico campará por sus respetos, terminarán vaciándose del todo. Habrá lobos en esos territorios, pero no personas. Si este es el fin, Planas debería hacer todo lo posible para impedirlo y no sólo comprender y apoyar a los ganaderos.

Pero habrá más choques entre Planas y la vicepresidenta cuarta Teresa Ribera. El próximo va a ser con el agua, en la redacción de los planes hidrológicos.

Los regadíos, el uso que más agua utiliza en España entre el 70 – 75 % del consumo anual, dependen, de momento, del ministerio de Agricultura, mientras que el agua es competencia de Transición Ecológica. Y por esta razón van a producirse discrepancias importantes en el próximo futuro.

La regulación se basa en planes hidrológicos tal y como determina la Directiva Marco del Agua (DMA). Estos planes están redactados con una visión eminentemente ambientalista que es la filosofía que sustenta la DMA.  Se da preferencia a los objetivos ambientales (alcanzar el buen estado de las masas de agua) sobre los económicos (satisfacción de las demandas de los regadíos, por ejemplo).

No se tienen en cuenta los esfuerzos que los regantes han hecho desde el año 1998, para modernizar los regadíos y hacerlos más sostenibles. Hoy día se riegan en España 2 millones de hectáreas mediante riegos de alta eficiencia, lo que ha producido importantes ahorros en el consumo de agua (alrededor del 16 %) Tampoco se valoran las actuaciones realizadas por los regantes en la aplicación de nuevos tipos de fertilizantes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y rebajar la contaminación difusa, ni la mejora en la eficiencia energética con la instalación de plantas fotovoltaicas en las estaciones de bombeo. Ni se tiene en cuenta que los regadíos actúan como sumideros de CO2.

Se mantienen desde hace años sistemas de riego deficitarios sin darles solución alguna en los planes hidrológicos y sin proyectar y realizar las pertinentes estructuras de regulación que además de solucionar el déficit existente, servirían para adaptarse mejor al cambio climático.

El objetivo primordial de Transición Ecológica es gravar con nuevos cánones ambientales el coste del agua de riego, sin tener en cuenta si las explotaciones agrarias tienen capacidad de pago suficiente para hacerles frente. Además, parecería lógico que los costes ambientales para mejorar las condiciones de las masas de agua tendrían que ser asumidos por todos los españoles y no sólo por los usuarios del agua.

Por todo lo dicho habrá próximos desacuerdos. Los regantes así se lo han hecho ver al ministro Planas que al igual que los agricultores apuesta por unos regadíos sostenibles. Eso significa que hay que equilibrar medio ambiente y desarrollo. En Transición Ecológica parece que se mueven por otros principios. Y es seguro que habrá discrepancias. Peores que las del lobo.