LAS ZEPAS DE ANTES

Continúa la polémica sobre si la ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves) de Valdecañas realmente existe o no. Hay diferentes puntos de vista sobre la cuestión.

Según un reciente auto del TSJEX (Tribunal Superior de Justicia de Extremadura) parece que no hay duda de que la ZEPA existe, aunque no haya una declaración expresa, ni acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, ni expediente administrativo alguno en el que exista un estudio que analice los valores ambientales a proteger, ni proceso de información pública.

Además, exige a la Junta de Extremadura que presente un plan de demolición para que se cumpla la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que taxativamente ordena el derribo de todo lo construido en la urbanización Marina Isla de Valdecañas y la reversión del territorio a su estado inicial. Cuestión esta última que es física y ambientalmente imposible de conseguir por mucho que se empeñe tan alto tribunal.

Para el promotor de la urbanización Marina Isla de Valdecañas, no hay duda de que la ZEPA no existe, porque falta la declaración o acuerdo expreso del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, no hay expediente que la sustente, ni proceso alguno de información pública.

Los ecologistas no dudan en que la ZEPA existe, aunque no haya acuerdo del Consejo de Gobierno porque antes de unas normas publicadas en los años 2006 y 2007, no hacía falta ese acuerdo. Bastaba con el envío de un mapa delimitando el territorio y un formulario de datos para su inclusión. Y este mapa y formulario se enviaron a la UE el año 2003. Así que ZEPA “habemus” según ellos.

Un ciudadano de a pie como quien esto escribe, se encuentra perplejo ante esta situación y no sale de su asombro.

Yo creía que antes y ahora, para declarar una zona protegida como ZEPA deberían de haberse llevado a cabo previamente, una serie de estudios en los que se determinaran detalladamente los valores ambientales a proteger y las especies del hábitat que aconsejaran su protección. En resumen, un estudio serio, concienzudo y detallado, de carácter multidisciplinar sobre la necesidad de proteger el territorio en cuestión, dadas las limitaciones y restricciones de todo tipo para las actuaciones del hombre, que conlleva una declaración como ZEPA. Y paralelamente, abrir un período de información pública para que los propietarios pudiesen alegar en defensa de sus derechos, los cuales iban a ser mediatizados y restringidos por la declaración de ZEPA. Nada de esto hubo en el caso de Valdecañas.

Según ha revelado el director general de Sostenibilidad en comparecencia en la Asamblea de Extremadura, 69 de las 71 ZEPAS existentes en Extremadura, se encuentran en igual situación que la de Valdecañas. Alucinante.

Da la impresión de que “antes” (de la normativa de los años 2006 y 2007) la declaración como ZEPA, se hacía un poco a estilo compadre. Bastaba con un plano o mapa en el que el área se marcaba con un rotulador y un escrito a la UE y ¡hala, ZEPA al canto¡  Este simple mecanismo ponía en marcha todo tipo de restricciones y vestía al territorio con un corsé ambiental que impide o dificulta seriamente su desarrollo y restringe derechos de los propietarios de los terrenos.

Los ecologistas que exigen desaforadamente que se cumpla la rigurosa sentencia del TS o sea, el derribo de todo los construido en la urbanización Marina Isla de Valdecañas: 185 villas, un campo de golf, un hotel de 4 estrellas y una playa artificial con su embarcadero, en lugar de demostrar los valores ambientales, que según ellos aconsejaron en su día la declaración del territorio como ZEPA, se agarran a un clavo ardiendo de que existe una ZEPA, aunque ésta se declarara con pocas justificaciones y garantías ambientales y jurídicas, mediante un mecanismo algo pedestre por calificarlo con benevolencia.

Y en esas estamos.

El culebrón de la urbanización Marina Isla de Valdecañas se va complicando por momentos y parece que en el horizonte se avizoran una panoplia de recursos y más recursos que pueden retrasar la resolución del conflicto “ad calendas graecas”.

Quizás todo se habría resuelto de una manera racional y equitativa, teniendo en cuenta la chapuza administrativa y ambiental en la que ha consistido este proceso desde su origen, si el TS hubiera refrendado la sentencia inicial del TSJEX que, salomónicamente, pero con una gran dosis de sensatez, propugnaba el mantenimiento de lo construido y el derribo de lo que estaba en construcción en la ampliación del complejo.

Si al final se derriba el complejo entero – espero que el sentido común se termine imponiendo de una u otra forma y no se llegue a estos extremos - por Extremadura van a aparecer pocos inversores, si es que alguno se aventura a ello. La inseguridad jurídica es patente y nadie va a arriesgar su dinero en inversiones, en este parque natural en que quieren convertir a Extremadura.

Y el demagógico argumento que sostienen algunos de que hay que derribar la urbanización porque los adquirentes de las villas son personas adineradas o de familias de rancio abolengo, se cae desde sus orígenes. Extremadura está necesitada de muchas inversiones como la de Marina Isla de Valdecañas, que nos permitan salir del furgón de cola de la economía española y del paro en el que estamos inmersos desde hace muchos años.

Las políticas ecologistas radicales ya han demostrado su ineficacia para sacar a Extremadura de su pobreza. Deberíamos abandonarlas. Si continuamos con ellas Extremadura terminará convertida en un precioso parque natural y en un desierto demográfico. Vamos camino de ello. Sólo hay que ver la pérdida de población de Extremadura en la última década. Casi 5.000 habitantes al año de media, según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística).