viernes, 9 de noviembre de 2018


LA FIGURA DEL REY

El artículo 1 de la Constitución Española en su apartado 3 establece que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. El citado artículo en su apartado 2 dispone que la soberanía nacional resida en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado.

El texto constitucional fue sometido a referéndum nacional el día 6 de diciembre de 1978, consiguiendo un 87,9 % de votos afirmativos y un 7,8 % de votos negativos. El resto es decir el 4,3 % fueron votos nulos o en blanco.

Por lo tanto y tras votación democrática por parte de los españoles, España se constituyó en una monarquía parlamentaria que tuvo un primer rey: Juan Carlos I. Este monarca de acuerdo con lo previsto en nuestra Carta Magna, abdicó en su hijo Felipe VI que es el segundo y actual rey legítimo de España, amparado por la Constitución que dio lugar a la transición a la democracia desde el período dictatorial franquista. El Rey de acuerdo con el texto constitucional es el Jefe del Estado.

En el conjunto formado por los ciudadanos españoles estimo que habrá de todo: monárquicos acérrimos o hinchas republicanos y también un amplio subconjunto constituido por personas, entre las que me encuentro, que respetan la forma de Estado que los españoles nos dimos en nuestra Constitución de 1978, ya sean a su vez de simpatías republicanas o monárquicas. Pero que admiten y respetan la legalidad vigente.

En tanto no se modifiquen las disposiciones de la Carta Magna siguiendo la vía establecida en ella para hacerlo, todos los españoles tenemos la obligación de cumplir la ley que es la base de la democracia, y en consecuencia respetar la figura del Rey como representante máximo del Estado y cabeza de la monarquía parlamentaria que se votó en 1978.

Pero en España la cosa no funciona como lo haría en el resto de naciones democráticas y civilizadas de nuestro entorno. Aquí en aras de una libertad de expresión ilimitada al parecer y que puede llegar a extremos de dudosa legalidad, se puede atacar la figura del Rey, vejarlo e insultarlo, quemar su imagen o reprobarlo en un parlamento autonómico como el de Cataluña o en un ayuntamiento como el de Barcelona, sin que ocurra nada, y sin que el poder judicial mueva, de oficio, un solo dedo  para defender y proteger la figura del Jefe del Estado. ¿Alguien puede imaginar al parlamento británico reprobando a su reina?

El poder judicial y los políticos debieran leerse el artículo 18 de la Constitución que establece que los españoles tenemos derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Y yo pregunto ¿quién defiende al Rey, que es un ciudadano español, ante el cúmulo de agresiones y vejaciones que se le están infligiendo en diferentes lugares de España y especialmente en Cataluña y que afectan gravemente a su honor, a su dignidad y a su imagen? ¿La Fiscalía General del Estado como garante de la legalidad no debiera hacer algo para defender al Rey de tantos inicuos ataques?

Un partido político como Podemos, surgido de la nefasta crisis del 2007 y financiado desde el exterior, es el caballo de Troya que el comunismo internacional ha introducido en España para volver a intentar lo que no consiguió en la II República y que terminaría en una guerra civil de consecuencias desastrosas para los ciudadanos. Ahora que en España se quiere ilegalizar todo lo relativo al franquismo no estaría de más que la cuestión se extendiera también al comunismo tal y como se hace con el nazismo hitleriano. Recuerden a Lenin, Stalin y sus cientos de miles de asesinados y a los españoles que perecieron en las “chekas” comunistas de nuestra guerra civil.

Para los podemitas y sus asociados, el Rey, que representa la unidad de España, es el primer obstáculo a batir para conseguir sus propósitos. Necesitan a toda costa desprestigiarlo al igual que hicieran con su bisabuelo Alfonso XIII que se vio compelido a abandonar España en 1931. Quieren instaurar su III República de tintes leninistas y bolivarianos a toda costa y no escatimarán medios aunque no sean legales y democráticos para conseguirlo.

Han aprovechado el aniversario del correcto discurso pronunciado por Felipe VI el 3 O de hace un año, en el que exigió el cumplimiento de la Ley en Cataluña ante un golpe de estado que el débil gobierno de Rajoy no fue capaz de abortar. El desaguisado pudo controlarse gracias al Rey y al poder judicial. Aquel tuvo que intervenir como Jefe del Estado para poner de manifiesto la deslealtad a la Constitución y a España que el Govern y el Parlament de Cataluña llevaron a cabo esos desdichados días. El Rey estuvo es su sitio, donde tenía que estar y estoy seguro que la mayoría de los españoles apoyaron su actuación ese día.

Un año después de aquella alocución a la nación, los ataques y desprecios al Rey se suceden día tras día. Entre otras barrabasadas en el Parlament de Cataluña, a propuesta de Podemos y asociados, han llegado a conseguir su reprobación al igual que en el ayuntamiento de Barcelona.

Alguien empezando por el Gobierno debiera tomar cartas en el asunto para evitar tanta vejación a la primera autoridad del Estado. En otro país democrático no se permitiría lo que está pasando con el Rey de España.

Y les advierto que no soy especialmente monárquico. Pero procuro respetar las leyes vigentes. Sólo así podré exigir respeto para mí.


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