PENSIONES DIGNAS Y SEGURAS

Como es sabido el funcionamiento de las pensiones en España responde a un sistema de reparto por el que los que trabajan en un momento dado, con sus cotizaciones a la Seguridad Social, aseguran el pago de las pensiones de los que están jubilados.

Hasta el año 2012 las pensiones eran actualizadas con el valor del IPC general. Desde entonces el coeficiente de revalorización de todas las pensiones decretado por el gobierno de los populares ha sido del 0,25 % anual. En mi caso jubilado a finales de 2012 llevo 5 años en los que el importe de mi pensión de jubilación se ha revalorizado en cantidades mínimas. Como todas. Veremos si la aprobación de los presupuestos de 2018 nos da un respiro.

Los “expertos” aseguran que en todos estos años las pensiones no han perdido poder adquisitivo. Eso es una verdad a medias. Si se consideran los valores del IPC general pudiera tener una cierta verosimilitud. Pero es que el gran error que se comete es el de considerar el IPC general como el valor del IPC que afecta a los pensionistas.

A los jubilados fundamentalmente les conciernen los precios de la energía eléctrica, del gas, del agua, de los alimentos básicos, de los productos farmacéuticos porque son aquellos que forman la mayor parte de su cesta de la compra. Los precios de los yates, de los hoteles, de los coches, del vestido y del calzado así como de otros aspectos que configuran el IPC general les afectan mucho menos. Por eso el IPC del pensionista es distinto del IPC que afecta al resto de la sociedad. Y de ahí la pérdida de poder adquisitivo que han experimentado las pensiones durante el tiempo en el que la actualización ha sido del 0,25 %. Eso no lo cuentan los “expertos”.

Las pensiones son un derecho que los jubilados tienen como consecuencia del nivel de cotización y de los años en que hayan cotizado a la Seguridad Social. En el sistema de reparto vigente el pago de las pensiones no es un hecho graciable del gobierno de turno. Es un derecho con mayúsculas.

A finales de 2011 cuando los populares accedieron al poder el Fondo de Garantía de Pensiones constituido a raíz del Pacto de Toledo ascendía a 66.000 Millones de Euros. Hoy no queda ni las raspas. Se lo han comido estos años de crisis.

En un sistema de reparto lo que se ingresa en la Seguridad Social por las cotizaciones de los que trabajan ha de ser igual o muy similar a los gastos devengados por las pensiones que se pagan a los ya jubilados para que el sistema sea viable y equilibrado.

Pero se ha producido el desequilibrio en el que nos encontramos por varias razones que apunto:

1 -  La Seguridad Social corre o ha corrido con el abono de las pensiones no contributivas y otros tipos de pensión que debieran pagarse vía impuestos para no sobrecargar al sistema con pagos que no le corresponden.

2 – La crisis de casi diez años de duración ha traído consigo una reducción importante del número de cotizantes a la Seguridad Social, de los sueldos y salarios por los que se cotiza que han caído sensiblemente y además las medidas adoptadas por el gobierno para crear empleo han reducido los montantes de cotización a la Seguridad Social.

La consecuencia ha sido una reducción notable de ingresos al sistema de pensiones los cuales son incapaces de cubrir los costes. No entro en el detalle de si los que se jubilan ahora tienen pensiones medias más altas, pero eso es porque en su día también han cotizado por tipos mayores.

La solución pasa por reequilibrar el sistema desde sus orígenes.

Para conseguirlo el único camino posible es el de generar más actividad económica y más empleo para aumentar sensiblemente el número de cotizantes a la Seguridad Social.

Por otra parte y dado el crecimiento de la economía han de elevarse los salarios percibidos por los que trabajan para que las cotizaciones aumenten y por tanto los ingresos al sistema. Y hay que volver a las bases de cotización empresarial que había antes de la crisis.

Y por último hay que pagar con el sistema solamente las pensiones que hayan contribuido. Las otras han de ser pagadas por otros medios.

Y también se revela necesario retrasar algo la edad de jubilación. Los 67 años parecen una cifra razonable de momento.

Sólo así podrá lograrse equilibrar el diferencial ingresos – costes.

Y es fundamental la vuelta al Pacto de Toledo para asegurar que las pensiones no pierdan poder adquisitivo y que no dependan del talante del gobierno de turno, ni de la proximidad de procesos electorales, sino de un acuerdo consensuado entre todos los partidos. La Constitución ya establece que los españoles hemos de tener pensiones dignas suficientemente actualizadas. El artículo 50 de la Constitución Española dice literalmente: “Los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica durante la tercera edad”.

 Y esa actualización ha de ser para todas las pensiones. Otra cosa es que a las pensiones más bajas del sistema puedan incrementarse algo más la actualización para llegar a importes dignos.

Pero no se puede olvidar que el importe de la pensión que se percibe es función de lo que ha cotizado el jubilado en su vida laboral. Si esto no se tiene en cuenta y se atiende sólo a las pensiones más bajas se estará cometiendo una flagrante injusticia.

Y dejo para otra entrada el hecho de que las pensiones estén sometidas al IRPF. Porque no son un ingreso del trabajo y porque ya cotizaron en su día por ese concepto.