HAY QUE PONER LÍMITES A LA MAYORÍA ABSOLUTA.

El PP y sus coaliciones obtuvieron en las últimas elecciones generales de diciembre de 2011, un total de 10.866.566 votos, traducidos en 186 escaños, lo cual constituye una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Con este resultado los populares ganarán en el Congreso, por ostentar dicha mayoría, todas las votaciones que se celebren a lo largo de esta legislatura, sin necesidad de recabar el voto de ningún otro partido.

La población española a 1 de noviembre de 2011 ascendía a 46.815.916 habitantes. En relación con este último valor los votos obtenidos por el PP en las elecciones de diciembre representaban el 23,21 % del total del censo español.

Es decir, con menos del 25 % de votos sobre la población total, el PP podría imponer a todos los ciudadanos españoles, los cuáles sufrirían sus consecuencias positivas o negativas, cualquier iniciativa que se le ocurriera, estuviese o no incluida en su programa electoral, ya que estaría legitimado para ello por las urnas.

Pero cuestiones tan trascendentes o sensibles para la población como son la sanidad, la educación o las pensiones no deberían estar dependientes de una mayoría absoluta, que representa a un porcentaje tan exiguo de la población.

Modificar el carácter público de la sanidad para privatizarla, parece que debería ser objeto de un consenso mayor, que una simple mayoría absoluta, puesto que la decisión que se tome influye en un elemento decisivo para toda la población como es la salud. Y más si esto se hace sin estudios suficientes que demuestren incuestionablemente que el sistema privado es más eficiente y más barato que el público. Esto sería aplicable a la situación existente en las Comunidades Autónomas que tiene transferidas las competencias en sanidad. Por cierto, es un craso error que esas competencias incluyan la capacidad de desmantelar la sanidad pública para pasarla a manos privadas. Esa potestad, en todo caso, habría de corresponder a una competencia estatal de carácter básico.

Por eso habría que modificar de manera urgente la normativa, empezando por la Constitución, para establecer que la modificación del status legal de cuestiones tan fundamentales y sensibles como las anteriores u otras de gran trascendencia para la población, exigiera mayorías cualificadas de 2/3 (66,66 %) o de 3/4 (75 %) de los votos de una cámara sea nacional o autonómica para poder ser modificadas. Y que las competencias autonómicas no incluyeran la capacidad de alterar sustancialmente sistemas trascendentes para los ciudadanos.

En el caso de Madrid, cuyo proceso de privatización de la sanidad se ha frenado gracias a la presión del personal sanitario y de los pacientes, junto a la sensatez de los jueces, se iba a cometer un despropósito al que era contraria la mayoría de la población, aunque no lo fuera la mayoría absoluta del PP. Y esto es inadmisible. Sobre todo si los políticos que adoptan estos acuerdos son irresponsables de las consecuencias de sus actos. Su única responsabilidad sería perder las siguientes elecciones. Y eso no es suficiente. Tendrían que hacerse cargo del coste de los platos que rompan. Si así ocurriera, romperían muy pocos. Seguro.