BIENESTAR ANIMAL, MALESTAR CIUDADANO

La Agenda 2030 de la ONU y el Pacto Verde Europeo influidos en sus principios por un ecologismo ideológico, que a su vez queda reflejado en normativa de la UE como la PAC y otras, van a traer consigo que la noble aspiración de conseguir una alimentación adecuada, suficiente y equilibrada para toda la población europea, van a poder alcanzarla, exclusivamente, las clases pudientes.

El sector agrario europeo, tanto en su vertiente agrícola como ganadera, está siendo sometido a una presión ecologista y ambiental, que va a generar dos consecuencias muy importantes para los ciudadanos de la vieja Europa: vamos a producir menos alimentos tanto vegetales como animales y, estos resultarán mucho más caros para los consumidores.

Próximamente se avecinan nuevas modificaciones en las leyes de bienestar animal comunitarias, que van a causar un serio estropicio en el sector.

Las organizaciones agrarias ya han advertido de que la aplicación de esta normativa va a encarecer sensiblemente los alimentos y, por tanto, el coste de la cesta de la compra que ya anda por las nubes. Los consumidores han de saber que los alimentos serán todavía más caros. Los perjudicados: las capas con menor poder adquisitivo de la sociedad, esas que dicen defender los gobiernos autocalificados de “progresistas”.  Afectará a aquellos que llegan con dificultad a fin de mes, los cuáles aumentarán su número y se verán abocados a recurrir a Cáritas o a los Bancos de Alimentos.

La eliminación de jaulas en algunas especies como el conejo y la reducción de densidad por m2 en las de pollos o cerdos, va a traer consigo un encarecimiento notable de las carnes de abasto, aquellas que consumen la mayoría de los ciudadanos y, además, la desaparición de un buen número de explotaciones ganaderas de estas especies.

Las nuevas recomendaciones presentadas por la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria), proponen en pollos la reducción a 11 kg/m2, desde los 33 kg/m2 que actualmente se dan en las granjas de España. Esto supone la tercera parte de lo que existe actualmente. Si se quiere mantener la producción actual se necesitará dos tercios más de espacio del existente ahora, lo que conllevará cuantiosas inversiones adicionales que tendrán que asumir los productores, si quieren mantener sus censos de animales productivos.

Y, como es natural, estos costes adicionales habrá que repercutirlos en los precios de la carne de pollo, un tipo de carne muy consumido por las clases populares. Estimaciones de asociaciones agrarias, calculan que el precio de la carne de pollo se incrementará desde los 3,25 €/kg actuales a 9,75 €/kg. El triple. Esto supone un 200 % de subida del precio sobre el actual.

En porcino, el cambio en las salas de parto que pasarán de albergar 16 cerdas a 12, implicará nuevas inversiones para mantener el censo. La construcción de las nuevas naves de paridera y las remodelaciones, supondrán para una granja de tamaño medio, más de medio millón de euros de inversiones nuevas. Esto encarecerá los precios al consumidor pues el coste se trasladará a los precios de venta.

En el sector cunícola ocurre tres cuartos de lo mismo y la eliminación de jaulas traerá consigo un notable encarecimiento de este tipo de carne y una fuerte disminución del número de granjas. Ya desde 2010 a 2023 se ha pasado de 3.200 granjas de conejos a 850. Las nuevas normas traerán consigo el cierre de la mayor parte de las que todavía operan.

Los resultados de estas políticas puestas en marcha y que conducirán por lógica a una disminución de las producciones, tanto en sectores agrícolas como ganaderos y, en consecuencia, a una muy probable y notable elevación de precios, parecen poco acordes con algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que contiene la Agenda 2030 de la ONU.

El Objetivo Sostenible 1 propugna poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo.

Y el Objetivo Sostenible 2 quiere poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover una agricultura sostenible.

No parece que las decisiones tomadas vayan encaminadas a conseguir estos objetivos. Muy por el contrario, aumentará la pobreza, se pondrá en riesgo la seguridad alimentaria de grandes capas de la población y se encarecerá el precio de los productos agrarios.

Con datos de 2021 de la ONU, 811 millones de personas, más del 10 % de la población mundial está subalimentada. 418 millones de habitantes en Asia, 282 millones en África, y 60 millones en América Latina y Caribe sufren esta lacra.

Pero es que además 3.000 millones de seres humanos (casi el 40 % de la población del mundo) no tienen acceso por su carestía a una dieta saludable. 1.850 millones de habitantes en Asia, 1.000 millones en África, 113 millones en América Latina y Caribe y 17,3 millones en Europa, no pueden costear este tipo de dieta.

La FAO advertía en su publicación World Agriculture: Towards 2030 que, tomando como base las necesidades alimentarias mundiales de 1998, de cara a asegurar la alimentación de la población de la Tierra en el año 2030, habría que aumentar la producción de alimentos en un 81 % y esto habría que conseguirlo incrementando la superficie de tierra cultivada en un 23 % y el uso del agua en un 14 % solamente.

No parece que las nuevas normativas sean coherentes con las previsiones anteriores. No se olvide que la FAO es el organismo de la ONU, especialista en agricultura y alimentación, y parece haber una flagrante contradicción entre sus previsiones y los objetivos de las nuevas políticas, al menos en Europa.

Parece que las medidas adoptadas para mejorar el bienestar animal, causará malestar a los ciudadanos. Especialmente a aquellos con menor poder adquisitivo. Un despropósito.