EXTREMADURA: EXCESIVA DEPENDENCIA DE LO PÚBLICO

Me ha parecido interesante llevar a cabo un análisis para estimar qué parte de la población de Extremadura depende de fondos públicos, entendiendo por tal la constituida por todos los habitantes cuyos principales ingresos provienen del sector público sea estatal, autonómico o local. Veamos:

Pensionistas: A inicios de 2020 había en la región un total de 215.666 pensionistas. De ellos 117.395 eran hombres y 97.871 mujeres. Como la población extremeña asciende a 1.062.797 personas, los pensionistas representan el 20,29 % del total de los habitantes de Extremadura. Una quinta parte de los ciudadanos que viven en la región perciben algún tipo de pensión. Se da además la particularidad de que la pensión media en Extremadura es la más baja de España (alrededor de 930 euros para la pensión de jubilación en 2019)

Desempleados: En la EPA correspondiente al primer trimestre de 2020 el número de parados en Extremadura ascendía a 116.000 lo que representa el 10,91 % de la población total de Extremadura y el 23,6 % de la población activa. Los que están afectados por un ERTE no están aquí contemplados, pues no se consideran desempleados.

Funcionarios: El número total de funcionarios en la región es de 88.726.  Con la siguiente distribución: 13.048 de la administración estatal; 49.489 de la administración autonómica y 26.189 de la administración local. Los funcionarios representan el 8,35 % de la población extremeña. Junto con Cantabria somos la región que más porcentaje de funcionarios tiene en relación al número de habitantes.

Sumando estos tres conceptos el número de personas que a finales de marzo de 2020 percibían emolumentos del Estado ascendía a 420.292 personas. Esta cifra representa un 39,55 % de la población total. ¡Casi un 40 % de los extremeños viven de pagas suministradas por el Estado¡

No he tenido en cuenta los empleados de empresas públicas, que no tienen la condición de funcionarios, que aunque se muevan en el ámbito privado, también perciben sueldos públicos.

Tampoco he tenido en consideración el hecho de que el 31,6 % de la renta agraria corresponde a subvenciones de la PAC. En este caso los fondos son europeos pero públicos. Hay en torno a 50.000 perceptores de la PAC en Extremadura.

Asimismo no he incluido los políticos que perciben sueldos oficiales tales como diputados nacionales y autonómicos, senadores, diputados provinciales y alcaldes y concejales.  

El total de ocupados en la EPA del primer trimestre de 2020 ascendía a 375.900. Si descontamos los funcionarios que son 88.726 quedarían 287.174 ocupados en el sector privado. Esto representa un 26,9 % de la población total de Extremadura.

En consecuencia los ocupados en el sector privado son menos que los que cobran del Estado, incluyendo los funcionarios que sí son ocupados. Si de los que cobran del Estado descontamos los funcionarios nos restan un total de 331.666 personas. Un número superior a los ocupados del sector privado y ligeramente inferior al de ocupados totales (375.900).

En la región la ratio ocupados/pensionistas es de 1,74 por debajo de la media española.

Si referimos los datos a la fracción de población con derecho a votar que en Extremadura asciende a 888.175 electores obtenemos los siguientes resultados: Los que cobran del Estado que son 420.292 personas representan el 47,32 % del total de electores. ¡Casi la mitad de los electores extremeños depende de una u otra forma del Estado¡ Este dato quizás puede explicar ciertas derivas de votos en los procesos electorales. También la intención de ciertos partidos políticos por incrementar el número de votantes que cobran del erario público. En resumen la tentación de ir a un voto clientelar.

Como puede inferirse de todo lo anterior una gran parte de la población extremeña necesita del Estado para su supervivencia. Dependemos de fondos públicos en mayor medida que lo hacemos del sector privado. Y también en mayor medida que la mayoría de las comunidades autónomas de España.

Y la cosa se complicará por las consecuencias que la crisis producida por la pandemia del coronavirus traerá para la economía extremeña que incrementará notablemente el número de personas que habrán de percibir ingresos procedentes del sector público: el ingreso mínimo vital está en camino. Esperemos que no sea tan dañino para el empleo como el PER o el AEPSA o como se llame ahora.

Así que el camino que razonablemente habría que seguir es incrementar el número de empresas privadas en Extremadura como fuente creadora de empleo, para en un plazo medio ir reduciendo la dependencia de los salarios extremeños del sector público. Y fomentar el trabajo privado con la percepción de unos sueldos dignos.

En mi opinión es el único camino para salir del pozo en el que nos encontramos. Favorecer la iniciativa privada para crear puestos de trabajo. Eliminando todo lo posible la sopa boba que es un mecanismo que incita a la vagancia. Eso sí manteniendo adecuados niveles de protección social a las familias o personas que estén realmente necesitados.

Y los dineros públicos emplearlos preferentemente en inversiones generadoras de empleo y no en subsidios y subvenciones inútiles.

La cosa no va a resultar fácil pues aquí llevamos muchos años manteniendo la sopa boba. Y así nos va. Con 116.000 parados hay dificultades para encontrar mano de obra para las actividades agrarias de recolección de la fruta por ejemplo. ¿Tiene esto alguna explicación racional?